A la fecha de cierre de este ensayo, 24 de abril de 2026, hay hechos acreditados, versiones oficiales contradictorias, reportes periodísticos con fuentes reservadas e inferencias analíticas que deben mantenerse separados. Está acreditado que murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación en la zona sur de Chihuahua; Manuel Genaro Méndez Montes, agente escolta; y dos funcionarios estadounidenses inicialmente identificados como personal vinculado a la Embajada de Estados Unidos. También está acreditado que, antes del accidente, autoridades mexicanas localizaron dos laboratorios de presunta producción de drogas sintéticas y un campamento en una zona colindante entre Morelos y Guachochi; el propio Gobierno de Chihuahua informó que en ese operativo participaron la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que sigue bajo disputa es el papel exacto de los estadounidenses: AP reportó, con base en un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con el asunto, que trabajaban para la CIA; la Embajada, el Departamento de Estado y la propia CIA no confirmaron públicamente identidades ni adscripción. Esa incertidumbre no disminuye la gravedad del episodio: la aumenta.

La reconstrucción cronológica revela el tamaño político del problema. El operativo se concentró en una zona serrana donde autoridades estatales reportaron el hallazgo de laboratorios clandestinos; uno de los predios tenía aproximadamente 850 metros cuadrados, y otro cerca de 40, con hornos, tambos, cilindros, acetona, contenedores y otros insumos. Esa descripción oficial no basta para cerrar técnicamente el caso, pero sí permite una inferencia razonada: lo localizado apuntaba a una capacidad clandestina de producción de escala relevante, no a una improvisación menor. Después vino el accidente. Las primeras versiones públicas asociaron a los cuatro fallecidos con el retorno del operativo; posteriormente, autoridades de Chihuahua matizaron y sostuvieron que los estadounidenses no habían participado directamente en el aseguramiento, sino que se encontraban en una capacitación en drones antes de integrarse al traslado. La distancia entre esas narrativas —la del retorno de un operativo y la de una presencia vinculada a capacitación— se convirtió en el primer síntoma de una administración deficiente de la información pública.

La reacción federal añadió otro nivel de tensión. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal no tenía conocimiento de una operación conjunta entre autoridades de Chihuahua y personal estadounidense, sostuvo que no puede haber agentes de ninguna institución estadounidense operando en campo mexicano y abrió la posibilidad de revisar si hubo violaciones a la ley. AP documentó, además, que el relato oficial se enredó cuando el gobierno federal reconoció participación del Ejército en el operativo, mientras persistían contradicciones sobre la presencia y el papel de los funcionarios estadounidenses reportados por ese medio como personal de la CIA. Más tarde, el discurso oficial cargó el peso político sobre el gobierno estatal de Chihuahua; el Senado pidió a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal César Jáuregui proporcionar detalles sobre el accidente y el contexto operativo; el Congreso local de Chihuahua, por su parte, rechazó una propuesta para llamar a comparecer a la mandataria estatal. La disputa institucional se transformó velozmente en un litigio partidista.

El problema es que el litigio partidista, aunque políticamente rentable, es analíticamente insuficiente. Puede y debe investigarse si autoridades estatales violaron procedimientos de cooperación, omitieron avisos, sostuvieron contactos irregulares o permitieron que servidores públicos locales actuaran fuera de los cauces previstos para tratar con personal extranjero. También puede y debe exigirse a Chihuahua que informe, con precisión documental, qué supo, qué gestionó, qué solicitó, qué comunicó, qué toleró y qué mandos estatales participaron en la operación o en sus márgenes. Pero esa obligación local de informar no debe confundirse con la responsabilidad federal de autorizar, acreditar, supervisar, coordinar y controlar la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. El estatus, la circunscripción, los límites de actuación, la coordinación superior y la cadena institucional de mando de personal estadounidense vinculado a tareas sensibles no son, por naturaleza, materias estatales: pertenecen al campo federal de la seguridad nacional, la política exterior, la inteligencia, la defensa y la cooperación bilateral. Convertir a la gobernadora en el centro absoluto del escándalo operó políticamente como una reducción conveniente. En materia de narcotráfico transnacional, seguridad nacional, contrainteligencia, presencia de agentes extranjeros, defensa, relaciones exteriores y coordinación estratégica con Estados Unidos, el centro de gravedad no está en el palacio estatal: está en el poder federal.

La Constitución mexicana no deja mucho margen para la fantasía federalista. La seguridad pública es una función coordinada entre órdenes de gobierno, pero la preservación de la seguridad nacional, la conducción de la política exterior, la disposición de la Fuerza Armada permanente, la legislación sobre seguridad nacional y la arquitectura superior de inteligencia pertenecen al núcleo federal del Estado. El artículo 89 faculta al Ejecutivo federal para preservar la seguridad nacional y disponer de la Fuerza Armada permanente; el artículo 73 permite al Congreso expedir leyes en materia de seguridad nacional; y el artículo 21, en su diseño vigente, asigna a la secretaría federal del ramo funciones de formulación, coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como auxilio al Ejecutivo en seguridad nacional y coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. La Ley de Seguridad Nacional, además, regula expresamente a los agentes extranjeros: pueden internarse temporalmente con fines de intercambio de información, pero la acreditación y circunscripción territorial corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina; los servidores públicos locales deben sujetarse a reglas estrictas de contacto e informar a las instancias federales competentes.

Ese marco jurídico produce una conclusión político-jurídica razonada: si los estadounidenses muertos eran sólo instructores, el gobierno federal debe explicar por qué la coordinación, acreditación, circunscripción territorial y supervisión de esa presencia no quedaron suficientemente claras ante la opinión pública. Si eran funcionarios de inteligencia —como reportaron AP y otros medios con fuentes reservadas, sin confirmación pública de Washington—, el problema es aún mayor. Si algún nivel federal conocía esa presencia, debe explicarse por qué no hubo conducción política transparente y por qué el esclarecimiento fue desplazado por la culpabilización periférica. Si la versión federal de desconocimiento es correcta, entonces el país enfrenta una falla grave de inteligencia, contrainteligencia o coordinación interinstitucional. Chihuahua puede tener responsabilidad por actos u omisiones propios; el Estado federal tiene que responder por lo que autorizó, conoció, toleró, permitió, ignoró o no supo detectar.

La disyuntiva es dura, pero no debe formularse como simplificación dogmática. Si la cadena federal fue informada, el caso exhibe opacidad, mala administración política y una posible contradicción entre el discurso soberanista y la práctica real de cooperación. Si no fue informada, entonces personal extranjero pudo moverse en el entorno de una operación sensible vinculada a narcotráfico sintético sin que los órganos federales de defensa, inteligencia, seguridad pública, relaciones exteriores y coordinación diplomática lo detectaran oportunamente. La primera hipótesis exhibe opacidad; la segunda, incompetencia. Ninguna absuelve al gobierno central.

La larga sombra: la CIA en México no empezó en Chihuahua

Chihuahua no inaugura la presencia estadounidense en el sistema mexicano de seguridad. La actual controversia sólo actualiza una historia larga, incómoda y deliberadamente intermitente en la memoria oficial. Desde la Guerra Fría, México fue territorio estratégico para la inteligencia estadounidense: frontera terrestre con Estados Unidos, puente latinoamericano, espacio de vigilancia sobre Cuba, la izquierda continental, diplomáticos soviéticos, movimientos estudiantiles y élites políticas nacionales. La estación de la CIA en México no fue un detalle marginal del paisaje diplomático; fue una plataforma de observación, penetración, intercambio y negociación con el poder mexicano.

El caso Winston Scott es indispensable. Scott, jefe de estación de la CIA en México entre 1956 y 1969, operó desde la Embajada de Estados Unidos y construyó relaciones directas con figuras centrales del régimen priista. Documentos desclasificados y trabajos históricos han mostrado que la red LITEMPO funcionó como un canal informal de intercambio político sensible con altos funcionarios mexicanos; entre los nombres asociados por esas investigaciones aparecen Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios. El National Security Archive documentó que Scott se apoyó en su relación con Díaz Ordaz, Echeverría y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil de 1968. Esa historia no pertenece al folclor conspirativo: forma parte del archivo histórico de la relación bilateral.

Ahí reside la importancia de Manuel Buendía. La CIA en México no debe leerse como una curiosidad de librero ni como una pieza de época. Buendía trabajó, desde el periodismo de investigación, una intuición que conserva vigencia: el problema de la CIA en México no era sólo la existencia de agentes extranjeros, sino la vulnerabilidad de las estructuras políticas mexicanas frente a circuitos de información, influencia, tolerancia, dependencia e intercambio con segmentos del poder nacional. Su libro, publicado por Ediciones Océano en 1984, ordenó materiales sobre presencia, redes, métodos y relaciones de la agencia estadounidense en México; sus columnas en Red Privada insistieron en los puntos de contacto entre opacidad estatal, seguridad, inteligencia, corrupción y zonas oscuras del poder. Conviene formularlo con prudencia: Buendía no “explicó” todos los episodios posteriores ni anticipó mecánicamente el presente; sí dejó una clave interpretativa poderosa para leerlo: la soberanía formal podía convivir con prácticas informales de subordinación, colaboración o negligencia.

Buendía vio, además, una deformación que sigue siendo actual: la inteligencia mexicana fue usada con frecuencia para la vigilancia política interna antes que para la defensa estratégica del Estado. Esa tradición produjo aparatos expertos en mirar adversarios domésticos, periodistas, disidentes o grupos sociales, pero menos sólidos para construir contrainteligencia profesional frente a agencias extranjeras o redes criminales transnacionales. La sombra de la Dirección Federal de Seguridad, la opacidad de los archivos y la dificultad para depurar responsabilidades históricas recuerdan que México no ha resuelto su relación con sus propios sótanos. En ese sentido, Chihuahua no es la aparición repentina de un fantasma: es la reapertura de una pregunta que la democracia mexicana nunca quiso responder del todo.

Carlos Ramírez, desde una lectura opinativa contemporánea de seguridad nacional, ha insistido durante décadas en que la relación México-Estados Unidos debe analizarse desde la intersección entre poder presidencial, agencias extranjeras, narcotráfico, subordinación bilateral y discurso de soberanía. Su aportación debe colocarse en su sitio: no es una fuente factual primaria del caso Chihuahua, sino una voz interpretativa que ayuda a entender la persistencia del problema. Lo útil en esa mirada es la insistencia en que la presencia de la inteligencia estadounidense en México no puede entenderse como anomalía, sino como una constante que cambia de forma: Guerra Fría, narcotráfico, terrorismo, migración, armas, fentanilo, ciberseguridad. En el caso Chihuahua, esa línea de lectura permite formular una pregunta incómoda: si la presencia extranjera ocurrió sin conocimiento del Estado mexicano, el fracaso nacional no está sólo en la audacia de Washington, sino en la fragilidad de México.

La evolución bilateral confirma esa continuidad. La Iniciativa Mérida, anunciada en 2007, institucionalizó un modelo de cooperación en seguridad que incluyó equipo, capacitación, inteligencia, fortalecimiento institucional y combate al crimen organizado. Años después, el Entendimiento Bicentenario sustituyó el marco retórico de Mérida por una agenda más amplia, orientada a seguridad, salud pública, armas, drogas sintéticas y cadenas criminales. La GAO ha señalado que desde 2008 la asistencia estadounidense a México se ha concentrado en promover el Estado de derecho y combatir el narcotráfico, y que el Entendimiento Bicentenario amplió el enfoque de Mérida al incorporar compromisos sobre reducción de demanda de drogas en Estados Unidos y flujo ilegal de armas hacia México. En ambos modelos, México ha defendido formalmente su soberanía y Estados Unidos ha perseguido intereses propios de seguridad nacional. La cooperación no es en sí misma ilegítima; lo ilegítimo es que se desarrolle en zonas grises, sin claridad de mando, sin rendición de cuentas y sin control democrático.

La tragedia chihuahuense se inserta, además, en un contexto nuevo: el narcotráfico sintético. Las grandes organizaciones mexicanas ya no son sólo redes de trasiego de drogas vegetales; son estructuras capaces de articular precursores químicos, laboratorios, rutas financieras, control territorial, armas, corrupción local, redes logísticas y mercados internacionales. La DEA sostuvo en su evaluación de 2025 que el tráfico de drogas sintéticas poderosas, incluido el fentanilo, representa una amenaza para la salud pública, el Estado de derecho y la seguridad nacional de Estados Unidos; la UNODC advirtió ese mismo año que la inestabilidad global fortalece a los grupos delictivos y empuja el consumo de drogas a niveles históricamente altos. No se trata de aceptar sin crítica la narrativa estadounidense, sino de reconocer que la economía criminal se sofisticó y que el Estado mexicano no puede responderle con propaganda.

El centro jurídico-político: narcotráfico, agentes extranjeros y responsabilidad federal

La tesis central debe formularse sin ambigüedad, pero con precisión: el escándalo construido alrededor de la gobernadora de Chihuahua funcionó en los hechos como una reasignación conveniente del foco público frente a problemas más graves. Esto no exonera al gobierno estatal de eventuales responsabilidades administrativas, políticas o legales. Significa que, desde el marco constitucional y la Ley de Seguridad Nacional, la conducción primaria de la seguridad nacional, la política exterior, la acreditación de agentes extranjeros, la cadena militar, la inteligencia y el control superior de estos asuntos recae en la Federación, sin que ello excluya responsabilidades estatales por actos u omisiones propios. La gobernadora puede ser requerida para informar lo que supo o hizo; el fiscal estatal puede ser llamado a explicar comunicaciones, solicitudes, omisiones o contradicciones; los mandos locales pueden incurrir en faltas. Pero el Estado mexicano no puede fingir que la soberanía se defiende desde el gobierno estatal cuando se compromete desde el centro.

El narcotráfico de alto impacto no es una suma de delitos locales. Es un fenómeno de delincuencia organizada con dimensión federal, transnacional, financiera, química, territorial, militar y diplomática. Los gobiernos estatales enfrentan sus efectos inmediatos —homicidios, extorsión, control territorial, policías penetradas, desplazamientos—, pero no poseen por sí mismos las herramientas para controlar fronteras, acreditar agentes extranjeros, perseguir redes internacionales de precursores, coordinar inteligencia estratégica, negociar con Washington, supervisar embajadas, conducir la política exterior o disponer de Fuerzas Armadas. Culpar al nivel estatal de la totalidad del problema es funcional para el oficialismo, pero intelectualmente deshonesto.

Después de casi siete años y medio de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, el país no puede reducir el debate a un accidente y a una acusación de “traición” local. El problema real es que el narcotráfico se ha adaptado, diversificado y sofisticado. La producción de metanfetamina y fentanilo exige laboratorios, precursores químicos, rutas marítimas, cadenas de corrupción, redes financieras y protección territorial. Si un laboratorio de gran extensión puede operar en la sierra de Chihuahua, la pregunta no es sólo quién iba en el vehículo accidentado, sino cómo se consolidó esa infraestructura criminal, durante cuánto tiempo funcionó, qué autoridades la ignoraron, qué redes la abastecieron y qué inteligencia falló antes de que fuera necesario llegar a destruirla. Los hallazgos reportados oficialmente —superficie, hornos, tambos, cilindros, contenedores y acetona— permiten sostener, como inferencia editorial razonada, que el caso apunta a una estructura clandestina de producción de escala considerable.

La presencia de personal extranjero agrava la cuestión porque convierte un caso de seguridad pública en un asunto de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional no permite que agentes extranjeros ejerzan facultades reservadas a autoridades mexicanas ni que operen fuera de los límites de su acreditación; su papel, cuando es autorizado, debe circunscribirse a actividades de enlace e intercambio de información. Si ese marco se cumplió, el gobierno federal debe exhibir la ruta documental: acreditación, autorización, circunscripción territorial, objeto de la presencia, dependencia responsable, informes, cadena de mando y límites operativos. Chihuahua, por su parte, debe entregar la parte local del expediente: comunicaciones sostenidas, solicitudes formuladas, conocimiento de sus mandos, intervención de sus agentes y eventuales omisiones. Si el marco legal no se cumplió, la pregunta no puede agotarse en la conducta del gobierno estatal; debe dirigirse, ante todo, a las instancias federales que tenían la obligación de autorizar, supervisar, coordinar o detectar esa presencia. Ahí se separan con nitidez dos planos que el debate público quiso confundir: el deber local de informar y la responsabilidad federal de responder por la soberanía operativa del Estado.

La contradicción oficial resulta aquí especialmente delicada. Sheinbaum afirmó que no sabía de una operación conjunta y que no puede haber personal estadounidense operando en campo mexicano; al mismo tiempo, se reconoció que fuerzas federales mexicanas participaron en el operativo contra los laboratorios, y autoridades estatales sostuvieron después que los estadounidenses estaban vinculados a capacitación y no al aseguramiento directo. La pregunta se vuelve inevitable: si había elementos federales mexicanos en la operación, ¿qué supieron, qué reportaron y a quién? Si la Defensa no conocía la presencia extranjera, ¿cómo fue posible que una operación con participación militar y estatal se desarrollara en un entorno donde funcionarios estadounidenses terminaron integrados al traslado posterior? Si algún nivel federal sí lo sabía, ¿por qué la Presidencia dijo no saberlo? La discusión no puede quedarse en si la gobernadora contestó o no una llamada; debe ascender hacia el Ejército mexicano dentro de su cadena federal de mando, hacia la SSPC, la SRE, el Centro Nacional de Inteligencia, el Gabinete de Seguridad y la Presidencia de la República.

El siguiente cuadro resume el núcleo de responsabilidad, no como sustituto del ensayo, sino como mapa lógico del problema:

Ese es el punto que el linchamiento político intenta borrar: aun cuando Chihuahua hubiera actuado irregularmente, la falla no termina en Chihuahua. Empieza ahí, pero asciende. La soberanía no es una consigna de conferencia matutina; es una capacidad administrativa, diplomática, militar, policial, jurídica y de inteligencia. Si no se sabe quién entra, qué hace, con quién se coordina, qué información recibe y bajo qué límites opera, la soberanía no se ejerce: se representa.

La distracción: del problema de Estado al teatro de la culpabilización

La operación discursiva posterior al accidente siguió una mecánica conocida. Primero, se singularizó el problema en un actor políticamente rentable: la gobernadora panista de Chihuahua. Después, se moralizó el conflicto bajo la categoría de soberanía violada por una autoridad local. Luego, se llevó el asunto al terreno de la comparecencia, la amonestación y el escarnio legislativo. Finalmente, el debate técnico —inteligencia, cadena de mando, acreditación de agentes, cooperación bilateral, responsabilidad federal— quedó desplazado por una narrativa de culpables periféricos.

Esa estrategia no es exclusiva de un gobierno ni de un partido. Es una técnica de poder: convertir un problema sistémico en una imputación personalizada; transformar una falla institucional en una escena de indignación; reemplazar la auditoría del Estado por el castigo simbólico de un adversario. En Chihuahua, esa técnica funcionó políticamente porque permitió al oficialismo colocarse como defensor de la soberanía mientras evitaba responder por las zonas grises de la cooperación real con Estados Unidos.

La paradoja es evidente. El mismo gobierno que reivindica una soberanía celosa frente a Washington opera en un país donde la cooperación de inteligencia con Estados Unidos nunca ha desaparecido. Reuters documentó en 2025, a partir de fuentes estadounidenses y mexicanas, una cooperación de larga data de la CIA con unidades mexicanas entrenadas, equipadas, financiadas o examinadas por la agencia; su reconstrucción subrayó que esas unidades operaban dentro de estructuras mexicanas y que el gobierno mexicano aprobaba las operaciones de captura. El punto no es afirmar operaciones unilaterales abiertas de la CIA en México; es advertir que la cooperación secreta o semisecreta ha existido y que, por esa misma razón, exige controles, reglas, reciprocidad y rendición de cuentas. Lo que no puede sostenerse es una soberanía retórica para el consumo interno y una cooperación ambigua para la gestión real de la crisis.

El intento del Senado de llamar a Campos y Jáuregui puede ser defendible como ejercicio de control político si busca esclarecer hechos. Pero cuando se convierte en teatro de acusación selectiva, pierde densidad institucional. Del otro lado, el rechazo del Congreso de Chihuahua a llamar a comparecer a la gobernadora tampoco constituye una absolución material; sólo revela que la mayoría local protegió políticamente a su Ejecutivo. Ambos gestos muestran lo mismo: el caso fue capturado por la disputa partidista antes de que pudiera convertirse en una investigación seria de Estado. Reuters reportó que una comisión del Senado pidió a Campos y Jáuregui proporcionar detalles sobre el accidente y comparecer ante comisiones legislativas; esa escena, por sí sola, no sustituye el deslinde federal.

La crítica al gobierno federal no exige defender a la gobernadora. Exige impedir que la rendición de cuentas sea sustituida por una narrativa conveniente. Si Chihuahua omitió avisos, ocultó información o permitió tratos indebidos con agentes extranjeros, debe investigarse. Si funcionarios estadounidenses excedieron su estatus, debe reclamarse diplomáticamente. Si autoridades federales fueron informadas y callaron, deben comparecer. Si no fueron informadas, deben explicar por qué los mecanismos de seguridad nacional fallaron. La investigación no puede descender sólo hacia el estado; debe subir hacia la Federación.

El caso recuerda una vieja intuición de Buendía: el poder mexicano es más opaco precisamente donde más solemne se vuelve. Habla de soberanía cuando no quiere hablar de dependencia; habla de legalidad cuando no quiere mostrar expedientes; habla de patriotismo cuando no quiere exhibir la cadena de decisiones. La CIA en México siempre ha sido, en ese sentido, menos un tema de “espías extranjeros” que un espejo de las debilidades internas del Estado mexicano.

Inteligencia, militarización y recursos estratégicos dilapidados

La pregunta más profunda es por qué México llega a este episodio con un aparato de inteligencia tan vulnerable a la ambigüedad. La transformación del Cisen en Centro Nacional de Inteligencia prometió superar la vieja tradición del espionaje político. Más recientemente, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública buscó regular la integración, funcionamiento y operación de un sistema de investigación e inteligencia para prevenir, investigar y perseguir delitos, con mecanismos de coordinación entre instituciones y autoridades. Sin embargo, la arquitectura legal no equivale a capacidad estratégica. Tener instituciones no significa tener inteligencia; tener bases de datos no significa entender amenazas; tener Fuerzas Armadas desplegadas no significa tener contrainteligencia.

La militarización agrava la paradoja. Durante los últimos años, México ha entregado a las Fuerzas Armadas responsabilidades crecientes en seguridad pública, infraestructura, aduanas, aeropuertos, trenes, empresas estatales, obras civiles y administración logística. Human Rights Watch sostuvo en su informe de 2026 que el gobierno mexicano continuó ampliando el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y civiles, y que el Congreso aprobó reformas para transferir la Guardia Nacional al control del Ejército. El problema no es reconocer la disciplina o capacidad operativa de soldados y marinos, sino cargarles funciones civiles mientras el país necesita capacidades altamente especializadas de inteligencia estratégica, análisis financiero, infiltración criminal, vigilancia tecnológica, control de precursores, cooperación internacional y contraespionaje.

Un Estado serio no confunde presencia territorial con inteligencia. Puede haber convoyes, retenes, patrullajes y decomisos, y al mismo tiempo carecer de comprensión estratégica de las redes criminales. Puede destruir un laboratorio y no desmontar la estructura que lo hizo posible. Puede detener operadores y no tocar circuitos financieros. Puede multiplicar discursos de soberanía y no controlar la actividad de agencias extranjeras. Puede militarizar la seguridad y seguir siendo ciego ante la arquitectura del crimen.

Chihuahua expuso esa contradicción. Si los dos funcionarios estadounidenses muertos eran efectivamente oficiales de la CIA, como reportó AP con fuentes reservadas y sin confirmación pública de Washington, México necesita saber qué hacían ahí. Si no lo eran, necesita saber por qué el caso produjo tal nivel de contradicción, opacidad y disputa sobre su papel. Pero más todavía necesita saber qué hace su propio sistema de inteligencia. La seguridad nacional no puede depender de filtraciones, versiones de prensa, rectificaciones estatales, silencios diplomáticos y conferencias presidenciales. Debe depender de expedientes verificables, controles legislativos, protocolos binacionales, responsabilidad administrativa y conducción profesional.

La dilapidación de recursos estratégicos se vuelve más grave cuando se compara con la sofisticación del adversario. Los grupos criminales no operan como pandillas rurales desarticuladas; integran tecnología, logística, finanzas, redes sociales, armas, corrupción, territorios y mercados internacionales. Frente a eso, la respuesta estatal no puede ser una mezcla de moral pública, improvisación operativa y desplazamiento de culpas. El Estado debe pensar como Estado: anticipar, penetrar, mapear, supervisar, auditar, coordinar y sancionar.

Soberanía real o soberanía teatral

El caso Chihuahua obliga a abandonar una comodidad histórica: creer que la soberanía se defiende con declaraciones. México ha convivido durante décadas con una soberanía dual. En el plano ceremonial, invoca no intervención, autodeterminación y respeto territorial. En el plano operativo, negocia cooperación, inteligencia, entrenamiento, tecnología, presión diplomática y prioridades de seguridad con Estados Unidos. Esa dualidad no es necesariamente una traición; puede ser una condición inevitable de la vecindad geopolítica. Lo que sí es inadmisible es administrarla con opacidad y usarla después como arma de propaganda interna.

La historia de la CIA en México enseña que las agencias extranjeras no penetran únicamente por fuerza propia. Penetran porque encuentran interlocutores, vacíos, intereses, complicidades, dependencias o negligencias. La red LITEMPO no fue sólo una operación de Winston Scott; fue también una historia de élites mexicanas dispuestas a compartir información, recibir beneficios, construir canales informales y usar la inteligencia para preservar poder. Buendía lo entendió: el problema no era únicamente la astucia del extranjero, sino la vulnerabilidad del sistema nacional.

La lectura contemporánea de Carlos Ramírez sirve aquí como marco interpretativo, no como prueba factual: México corre el riesgo de confundir soberanía con retórica y cooperación con subordinación inevitable. La exigencia que se desprende del caso es simple y severa: el Estado mexicano debe dejar de actuar como si la presencia estadounidense fuera escándalo sólo cuando se vuelve pública. Si existe cooperación, debe regularse; si hay operaciones encubiertas o semiencubiertas, deben investigarse; si hay agentes acreditados, deben conocerse sus límites; si hay agentes no acreditados, deben expulsarse o procesarse conforme a derecho; si hay autoridades mexicanas que los habilitan irregularmente, deben responder.

El cierre institucional del caso no puede ser una comparecencia de Campos ni una frase presidencial. Debe incluir, al menos, respuestas precisas: cuándo ingresaron los estadounidenses al país; bajo qué calidad migratoria y diplomática; si estaban acreditados como agentes extranjeros conforme a la Ley de Seguridad Nacional; qué dependencia federal autorizó o recibió notificación de su presencia; qué actividad realizaron en Chihuahua; si participaron en planeación, inteligencia, capacitación, vigilancia, análisis o campo; qué supo la Sedena; qué supo la SSPC; qué supo la SRE; qué supo el CNI; qué reportó la Embajada; qué informó Chihuahua; qué documentos existen; y qué sanciones proceden si hubo violaciones.

También debe revisarse la relación bilateral. México no puede combatir redes transnacionales sin inteligencia compartida, pero tampoco puede entregar zonas de operación a agencias extranjeras. Estados Unidos tiene intereses legítimos en frenar drogas sintéticas que matan a miles de sus ciudadanos; México tiene el deber irrenunciable de impedir que esa agenda se traduzca en intervención, unilateralismo o sustitución de autoridad. La cooperación sólo es soberana cuando es transparente para las instituciones responsables, controlada por normas mexicanas y sometida a rendición de cuentas.

La peor salida sería que el episodio terminara absorbido por la coyuntura: Morena acusando al PAN de traición; el PAN acusando a Morena de oportunismo; Washington guardando silencio oficial sobre la adscripción de sus muertos; Chihuahua protegiendo su versión; la Federación reclamando soberanía sin exhibir expedientes; y el crimen organizado reconstruyendo laboratorios en otro punto de la sierra. Esa sería la victoria perfecta de la distracción.

El Estado mexicano necesita menos teatralidad y más Estado. Necesita inteligencia profesional, contrainteligencia real, controles civiles, coordinación federal, archivos claros, protocolos binacionales, rendición de cuentas y una política de seguridad que no use al narcotráfico como campo de propaganda. Necesita Fuerzas Armadas concentradas en misiones estratégicas, no dispersas en encargos administrativos que erosionan su función principal. Necesita un gobierno federal que asuma que la soberanía no consiste en reprender gobernadores, sino en saber qué ocurre en el territorio, quién opera en él, qué intereses se mueven y qué autoridad manda.

Chihuahua no pregunta solamente qué hacían dos funcionarios estadounidenses en un traslado posterior a un operativo. Pregunta qué queda de la soberanía cuando el Estado no puede responder con claridad. Pregunta qué significa combatir al narcotráfico cuando los laboratorios aparecen como industrias clandestinas en territorios disputados. Pregunta qué valor tiene el nacionalismo si no produce inteligencia, control y responsabilidad. Pregunta, en última instancia, si México quiere seguir administrando sombras o construir, por fin, una política de seguridad nacional adulta.

La CIA en México no es un fantasma: es una historia. Y como toda historia larga de poder, no se resuelve negándola, caricaturizándola ni usándola contra adversarios locales. Se resuelve abriendo expedientes, deslindando responsabilidades, corrigiendo instituciones y dejando de confundir soberanía con escenografía. La tragedia de Chihuahua merece duelo; el país merece verdad. Y el Estado mexicano, si todavía quiere llamarse soberano, debe empezar por mirarse a sí mismo sin coartadas.

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Resumen

Este ensayo examina la corrupción en México como fenómeno político, institucional, histórico y cultural que atraviesa los siglos XX y XXI. Partiendo de una conceptualización teórica rigurosa, que distingue la corrupción de nociones vecinas como patrimonialismo, clientelismo, captura del Estado e impunidad, el trabajo argumenta que la corrupción en México no ha constituido una anomalía episódica ni una mera suma de actos individuales inmorales, sino una forma estable de articulación entre poder, institución, norma y beneficio privado. A través del análisis del régimen posrevolucionario, del partido hegemónico, de la tecnocratización neoliberal, de la alternancia política y de los gobiernos del siglo XXI, el ensayo reconstruye las metamorfosis históricas del fenómeno: sus modos de operar, sus vínculos con la gobernabilidad, su papel en la integración de élites y su resistencia estructural al cambio. Se desarrolla asimismo una tesis cultural que, sin incurrir en determinismo antropológico ni en esencialismo, muestra cómo ciertas prácticas corruptas se han naturalizado, tolerado o reproducido en amplios sectores de la sociedad mexicana, configurando un entorno que el poder político ha sabido administrar en su beneficio. El ensayo estudia luego los mecanismos visibles y sutiles que sostienen la impunidad —desde la opacidad burocrática y la fragmentación de responsabilidades hasta el cinismo cívico y la resignación moral— y concluye con un juicio estructural sobre las consecuencias de largo plazo del fenómeno y sobre los obstáculos profundos que enfrenta cualquier proyecto de desmantelarlo.

Palabras clave: corrupción, patrimonialismo, clientelismo, captura del Estado, impunidad, cultura política, México, siglo XX, siglo XXI, régimen político

El Estado Capturado: Corrupción, Poder e Informalidad

en México durante los Siglos XX y XXI

Introducción

Existe una forma peculiar de ceguera política que consiste en ver la corrupción exclusivamente en los demás: en los funcionarios venales, en los gobernadores saqueadores, en los partidos corruptos; y nunca en las estructuras que los producen, ni en las prácticas cotidianas que los reproducen, ni en la sociedad que a veces los tolera, los alimenta o los imita a escala menor. Ese déficit de mirada ha sido uno de los obstáculos más persistentes para comprender el fenómeno y, eventualmente, para confrontarlo con seriedad. El presente ensayo parte de la premisa opuesta: que la corrupción en México es un fenómeno político, histórico, institucional y cultural de largo aliento, que no puede reducirse a la suma de actos individuales reprochables ni a la maldad de élites específicas, y que para entenderlo es necesario analizar conjuntamente las estructuras que lo producen, los incentivos que lo sostienen, las instituciones que lo toleran y las prácticas sociales que, en distintos registros, lo reproducen.

El problema no carece de dimensión teórica. Una de las dificultades centrales para el análisis de la corrupción es precisamente su polisemia: el concepto cubre fenómenos tan distintos como el soborno pagado a un agente de tránsito, el desvío de fondos públicos hacia cuentas privadas, la colusión entre funcionarios y contratistas, la compra de votos, la captura regulatoria por grupos de interés o la subordinación del sistema de justicia a intereses políticos. Esta amplitud semántica no es casual: responde a que la corrupción opera en varios planos simultáneos —individual, organizacional, institucional, cultural— y a que sus manifestaciones varían según el tipo de régimen, el momento histórico y la escala de los actores involucrados. Construir un concepto analíticamente operativo, capaz de capturar esa complejidad sin perder precisión, es la primera tarea de este trabajo.

La segunda tarea es histórica. México ofrece uno de los casos más ricos y complejos para el estudio de la corrupción política en América Latina. No porque sus prácticas corruptas sean cualitativamente únicas —el fenómeno tiene paralelos en otras latitudes— sino porque la historia mexicana del siglo XX produjo un régimen que integró la corrupción de manera sistémica en sus mecanismos de gobernabilidad, reproducción de élites y control social. Comprender ese proceso —su origen posrevolucionario, su institucionalización bajo el partido hegemónico, su metamorfosis durante la transición democrática y su persistencia en el siglo XXI— es indispensable para entender qué clase de problema enfrentamos y por qué resiste con tanta eficacia los intentos de desmantelarlo.

La tercera tarea, más delicada, es cultural. Un análisis que culpe únicamente a las élites políticas sería parcial e intelectualmente deshonesto. Hay evidencia suficiente de que prácticas corruptas —en escala diversa, con distintos grados de conciencia y de compulsión— están normalizadas en amplios segmentos de la sociedad mexicana. Señalarlo no equivale a culpar al pueblo de su propio sometimiento, ni a absolver al Estado de su responsabilidad histórica. Significa reconocer que la corrupción, cuando alcanza cierto nivel de extensión, genera un entorno donde la participación o la tolerancia social se vuelven racionales en términos de supervivencia, adaptación o ventaja comparativa, y que ese entorno a su vez hace más difícil construir los contrapesos que podrían contenerla. El poder político, como se argumentará, no ignora esta dinámica: la administra.

El ensayo se organiza en torno a estas tres dimensiones. Comienza con la construcción del concepto de corrupción y su distinción de nociones afines. Continúa con la reconstrucción histórica del fenómeno en México, desde el régimen posrevolucionario hasta los gobiernos del siglo XXI. Analiza luego la dimensión cultural e institucional de su reproducción. Estudia los mecanismos visibles y sutiles que garantizan la impunidad. Y concluye con un juicio estructural sobre las consecuencias del fenómeno y sobre las condiciones de posibilidad de cualquier transformación genuina.

La Corrupción Como Concepto: Más Allá de la Desviación Individual

Definir la corrupción es más difícil de lo que parece. La definición más extendida en la literatura de ciencia política y economía institucional —uso del cargo público para beneficio privado— tiene el mérito de la claridad, pero el defecto de la estrechez (Rose-Ackerman, 1999; Klitgaard, 1988). Captura bien el cohecho, el desvío de recursos y el tráfico de influencias, pero deja fuera fenómenos que son igualmente corruptos en un sentido político más profundo: la captura regulatoria que beneficia a grupos privados sin pago explícito de sobornos; la colonización partidista de instituciones del Estado; la designación de cargos por lealtad política en lugar de competencia, cuando esa designación implica el sometimiento de la función pública al servicio faccionario; o la impunidad estructural que permite que crímenes de cuello blanco queden sin sanción porque sus autores forman parte de redes de protección política.

Una conceptualización más robusta requiere, en primer lugar, distinguir la corrupción de fenómenos con los que frecuentemente se confunde. El patrimonialismo, en el sentido weberiano, designa un tipo de dominación en el que el gobernante trata los bienes y recursos del Estado como extensión de su patrimonio personal, y en el que las relaciones políticas se organizan como relaciones personales de lealtad y dependencia (Weber, 1922/1997). El patrimonialismo no es idéntico a la corrupción, aunque la contiene: describe una lógica de poder en la que la distinción entre lo público y lo privado es estructuralmente borrosa, no sólo accidentalmente transgredida. El clientelismo, por su parte, es una forma de intercambio político en la que recursos, favores o protecciones se distribuyen a cambio de apoyo político o lealtad electoral (Scott, 1972). El clientelismo tampoco es idéntico a la corrupción, pero en sistemas donde los recursos públicos son el insumo principal del intercambio clientelar, ambos fenómenos se solapan de manera funcional. La distinción importa porque permite ver que no toda corrupción es clientelismo —hay corrupción que beneficia sólo a las élites sin retribución popular— y que no todo clientelismo es estrictamente ilegal, aunque usualmente implica un uso privado de bienes que deberían distribuirse según criterios de universalidad.

La impunidad, a su vez, no es corrupción sino su condición de posibilidad y su consecuencia más importante. Un sistema de impunidad estructural —en el que los actos corruptos raramente son investigados, los investigados raramente son procesados, y los procesados raramente son sancionados de manera proporcional— no es un accidente del sistema legal: es el resultado de arreglos institucionales, políticos y culturales que protegen a los actores corruptos de las consecuencias de sus actos (O’Donnell, 1999). Analizar la corrupción sin analizar la impunidad es como estudiar la enfermedad sin estudiar las condiciones que permiten que el organismo no la combata.

La captura del Estado es un concepto desarrollado originalmente por Hellman et al. (2000) para describir la capacidad de actores privados de moldear las reglas formales del juego —leyes, regulaciones, decretos— en su propio beneficio, mediante pagos u otras formas de influencia sobre funcionarios, legisladores o jueces. A diferencia del soborno transaccional, que obtiene una decisión puntual, la captura del Estado busca cambiar las reglas generales para que el entorno regulatorio favorezca sistemáticamente a quien captura. Esta distinción tiene consecuencias analíticas importantes: mientras el soborno es un abuso dentro de las reglas, la captura es un abuso de las reglas mismas. En México, ambas formas han coexistido y se han reforzado mutuamente.

Partiendo de estas distinciones, propongo entender la corrupción como el conjunto de prácticas mediante las cuales agentes con acceso a recursos, decisiones o funciones de carácter público —o cuasi-público— desvían ese acceso hacia fines privados, facciosos o de grupo, violando o eludiendo las normas formales o los principios de imparcialidad que deberían regir el ejercicio de ese acceso, y haciéndolo mediante intercambios ocultos, relaciones de lealtad selectiva, o la instrumentalización del poder para proteger la impunidad propia y la de sus redes. Esta definición tiene varias virtudes: incluye tanto la corrupción transaccional como la captura institucional; distingue entre corrupción de pequeña escala —burocrática o cotidiana— y corrupción política de gran escala; permite ver la corrupción como sistema y no sólo como acto; e incorpora la dimensión de impunidad como parte constitutiva del fenómeno, no como mero añadido.

Desde el punto de vista teórico, la literatura ha oscilado entre varios marcos explicativos. La teoría del principal-agente (Klitgaard, 1988; Rose-Ackerman, 1999) entiende la corrupción como problema de incentivos: los agentes del Estado tienen discrecionalidad y pueden ejercerla en beneficio propio si los mecanismos de supervisión son débiles y si el beneficio esperado supera el costo esperado del descubrimiento. Este marco es útil para pensar diseños institucionales de control, pero subestima la dimensión colectiva del fenómeno: cuando la corrupción no es la excepción sino la norma, el problema deja de ser de supervisión individual y se convierte en un problema de acción colectiva (Johnston, 2005). La teoría de la acción colectiva (Olson, 1965; Ostrom, 1990), aplicada a la corrupción, señala que cuando todos los actores corruptos se protegen mutuamente, el costo de salirse del sistema es más alto que el de permanecer en él: la honestidad se vuelve estratégicamente irracional en entornos de corrupción generalizada. North (1990) agrega una dimensión institucional fundamental: las instituciones —formales e informales— definen los incentivos de los actores, y cuando las instituciones informales de corrupción son más fuertes que las formales de rendición de cuentas, el sistema se reproduce de manera endógena.

Acemoglu y Robinson (2012) contribuyen con la distinción entre instituciones extractivas e inclusivas: las primeras concentran el poder y la riqueza en manos de élites, mientras las segundas distribuyen derechos y oportunidades de manera más amplia. La corrupción política sistemática es, en esta lectura, un síntoma de institucionalidad extractiva, no una distorsión de institucionalidad inclusiva. Bourdieu (1980) añade la dimensión simbólica: las prácticas corruptas no se mantienen sólo por incentivos materiales sino también por habitus instituidos —disposiciones incorporadas que hacen que ciertos intercambios informales parezcan naturales, normales, incluso obligatorios en ciertos campos sociales. Esta perspectiva es fundamental para entender la dimensión cultural del fenómeno, que se desarrollará más adelante.

La Corrupción Como Estructura: El Régimen Posrevolucionario y la Institucionalización del Intercambio Informal

Para entender la corrupción en México hay que comenzar por el principio institucional: la construcción del Estado posrevolucionario. Tras la guerra civil de 1910-1920 y la consolidación del régimen callista, México construyó un sistema político singular: un Estado fuerte en términos de capacidad de coerción y de integración de actores, pero débil en términos de Estado de derecho, autonomía institucional e imparcialidad. La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 —que se transformaría en Partido Revolucionario Institucional en 1946— fue el dispositivo central de esa construcción. El PRI no fue un partido político en el sentido liberal del término: fue un mecanismo de articulación del conjunto de actores políticos, económicos, sindicales y sociales relevantes bajo la tutela del Estado (Cosío Villegas, 1972; Meyer, 1995).

En ese sistema, la corrupción no era simplemente tolerada: era funcionalmente necesaria. El Estado posrevolucionario carecía de los recursos —materiales, legales y normativos— para construir una burocracia weberiana clásica, racionalmente organizada y pagada a través de salarios suficientes. En su lugar, construyó una burocracia patrimonial en la que el acceso al cargo era en sí mismo una forma de retribución, y en la que la extracción de rentas a través del ejercicio discrecional del poder era una compensación informal por la lealtad política prestada (Camp, 1993). El funcionario que accedía a una posición de poder entendía implícitamente que tenía derecho a explotar ese acceso dentro de ciertos límites, siempre que mantuviera la lealtad al sistema y no pusiera en peligro su estabilidad. La corrupción era, en ese sentido, una forma de salario político no declarado y de integración de élites al régimen.

Este arreglo producía lo que Huntington (1968) llamó —de manera polémica y que debe tomarse con cuidado crítico— la función estabilizadora de la corrupción: en ausencia de mecanismos formales de distribución de recursos y de integración de grupos al sistema político, los intercambios informales y corruptos podían funcionar como lubricante de la gobernabilidad. La advertencia metodológica es obligatoria: el argumento de Huntington no equivale a justificar la corrupción ni a presentarla como virtud. Describe una mecánica funcional, no un ideal normativo. Su limitación principal es que no da cuenta de quién paga los costos de ese lubricante: precisamente los sectores que no tienen acceso al sistema de intercambios informales, es decir, los más pobres, los más débiles, los que no tienen padrino político.

El corporativismo priista fue el mecanismo institucional que articuló esa dinámica. La incorporación de los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas y los grupos populares al PRI no fue una integración democrática: fue una captura política mediante la cual el Estado obtenía lealtad y control social a cambio de prebendas, protecciones y acceso discrecional a recursos públicos (Córdova, 1972). Los líderes sindicales —los llamados charros— no representaban a sus trabajadores en el sentido democrático; los administraban en nombre del régimen. La corrupción sindical no era un desvío del sistema corporativista: era su principio de funcionamiento. El líder sindical corrupto era más útil para el régimen que el líder sindical honesto e independiente, porque el primero era controlable y el segundo no.

La distribución de la tierra después de la Reforma Agraria es otro ejemplo paradigmático. En teoría, la dotación ejidal debía responder a criterios técnicos y sociales. En la práctica, dependía de la voluntad discrecional de funcionarios agrarios, de la capacidad de los solicitantes para movilizar relaciones políticas y, en muchos casos, del pago de sobornos a distintos niveles de la cadena burocrática. La corrupción agraria no fue un accidente de la Reforma Agraria: fue el mecanismo a través del cual el Estado mantenía el control discrecional de la tierra como instrumento de poder político (Warman, 1976). Dar y quitar tierra era dar y quitar poder, y ese poder sólo se ejercía de manera legible y calculable a través de la corrupción, no a través de la norma.

El sistema electoral priista añade otra dimensión del fenómeno. La corrupción electoral —fraude, compra de votos, manipulación de resultados, uso de recursos públicos en campañas— no era simplemente un instrumento para ganar elecciones que el PRI de todos modos habría ganado. Era un dispositivo de reproducción de la lealtad y del control territorial. La comunidad que recibía beneficios a cambio del voto no sólo entregaba el voto: entregaba también una posición de dependencia y de deuda simbólica que el régimen podía activar en el futuro. La corrupción electoral funcionaba así como mecanismo de construcción de clientelas y de producción de ciudadanía administrada, no de ciudadanía autónoma (Schedler, 2000).

Conviene detenerse en la distinción entre corrupción burocrática y corrupción política, porque en el sistema priista ambas operaban de manera articulada pero diferenciada. La corrupción burocrática —cobro de comisiones en la expedición de permisos, mordidas a transportistas, pagos informales para acelerar trámites administrativos— era una forma de extracción de rentas de bajo nivel que el sistema toleraba y en muchos casos organizaba. La corrupción política —desvío de fondos públicos, adjudicación de contratos a empresas vinculadas con funcionarios, financiamiento ilegal de partidos— era una forma de acumulación de capital político y económico de alto nivel, reservada a los actores con acceso a las cúpulas del poder. Ambas coexistían en una cadena de extracción que iba desde el trámite más pequeño hasta la licitación más grande, y en la que cada nivel protegía a los demás porque todos participaban en el mismo sistema.

Tecnocratización, Liberalización y Alternancia: Metamorfosis Sin Ruptura

Los años ochenta introdujeron en México una transformación estructural que modificó la forma de la corrupción sin eliminar su sustancia. La crisis de la deuda de 1982, la adopción de programas de ajuste estructural y la liberalización económica progresiva transformaron el perfil de las élites gobernantes: los políticos tradicionales —los llamados dinosaurios— cedieron espacio a los tecnócratas, formados en universidades extranjeras, que hablaban el lenguaje de la eficiencia, la modernización y la transparencia. Esta transformación fue real en términos de estilo y de discurso, pero engañosa en términos de prácticas institucionales.

La privatización de empresas paraestatales durante los gobiernos de De la Madrid y especialmente de Salinas de Gortari (1988-1994) es quizás el ejemplo más paradigmático de cómo la modernización económica puede coexistir con la corrupción política de gran escala. La venta de Telmex, Bancomer, Televisa y decenas de otras empresas públicas a grupos privados se hizo a través de procesos que, en muchos casos, favorecieron a grupos con conexiones políticas privilegiadas, a precios que sistemáticamente subestimaban el valor real de los activos, y con condiciones regulatorias que garantizaban rentas monopólicas a los compradores (Haber et al., 2003). La privatización no fue simplemente un proceso de transferencia de propiedad: fue una redistribución masiva de rentas del Estado hacia redes de élites políticas y económicas vinculadas al gobierno. La corrupción, en este caso, no operó mediante sobornos individuales sino mediante la captura del proceso regulatorio y la instrumentalización de la política pública para beneficio de grupos específicos.

El gobierno de Salinas representó también una profundización de la lógica de concentración de poder personal en el Ejecutivo. El Programa Nacional de Solidaridad —Pronasol— fue presentado como una innovación de política social que descentralizaba recursos y promovía la participación comunitaria. En la práctica, fue un mecanismo sofisticado de clientelismo presidencial que concentraba la distribución de recursos bajo control directo de Los Pinos, cortocircuitando los mecanismos de distribución partidista existentes y construyendo una red de lealtades personales con el presidente (Molinar y Weldon, 1994). El Pronasol no fue corrupto en el sentido transaccional simple —no había sobornos explícitos en cada transferencia— pero fue una forma de uso privado de recursos públicos en el sentido político más pleno: subordinó la política social a los objetivos electorales del presidente.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la espiral de crisis del mismo año —levantamiento zapatista, crisis del peso, escándalos de corrupción en los más altos niveles del gobierno— pusieron al descubierto la fragilidad del sistema y la profundidad de su corrupción estructural. El hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, fue detenido en 1995 acusado de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico; en cuentas bancarias en Suiza se encontraron depósitos de cientos de millones de dólares cuyo origen nunca fue explicado satisfactoriamente. El caso Raúl Salinas no fue un escándalo aislado: fue la visibilización de un sistema de acumulación que había operado durante décadas en la más completa impunidad, protegido por la concentración del poder presidencial y por la subordinación del sistema judicial al Ejecutivo. El análisis del presidencialismo mexicano y sus mecanismos de concentración de poder —desarrollado a fondo en la obra histórica de Meyer (1995) y en los ensayos de Cosío Villegas (1972)— explica con precisión por qué ese tipo de acumulación era estructuralmente posible e institucionalmente invisible mientras el régimen se sostenía.

El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) intentó una reforma institucional parcial, con la creación del Instituto Federal Electoral autónomo y la reforma al Poder Judicial. Pero el sistema de corrupción política no se desmanteló: se reorganizó. La alternancia de 2000, con la victoria de Vicente Fox y el PAN, fue presentada —dentro y fuera de México— como el inicio de una nueva era de transparencia y rendición de cuentas. Esa expectativa se reveló, en buena medida, infundada. No porque el PAN fuera estructuralmente tan corrupto como el PRI —aunque tuvo sus propios escándalos—, sino porque la alternancia política no implica automáticamente una transformación institucional, y las instituciones heredadas del viejo régimen —ministerios públicos capturados, tribunales con cultura de subordinación política, burocracias acostumbradas al intercambio informal— no se reformaron con el cambio de partido en Los Pinos.

Los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2012) produjeron una paradoja: mayor apertura política y mayor violencia derivada del enfrentamiento con el crimen organizado, pero continuidad estructural de la corrupción en la administración pública, en los estados y en los cuerpos de seguridad. La guerra contra el narcotráfico lanzada por Calderón en 2006 produjo un ciclo devastador: al intentar romper las estructuras del crimen organizado, el gobierno aceleró su fragmentación y multiplicación, lo que aumentó la violencia y la competencia por el control de territorios y de instituciones. La corrupción policial y de los ministerios públicos no fue un efecto secundario de la guerra: fue una de sus causas estructurales más importantes. Las instituciones que debían combatir el crimen estaban, en proporciones variables, capturadas por él (Ríos, 2012).

El retorno del PRI con Enrique Peña Nieto (2012-2018) produjo la expectativa contraria: un partido de Estado experimentado, con capacidad de negociación y de reforma. El Pacto por México de 2012-2013 fue, en efecto, un ejercicio político notable que produjo reformas estructurales en sectores estratégicos. Pero el sexenio terminó sumergido en escándalos de corrupción que resumieron con precisión la continuidad del modelo patrimonial: la Casa Blanca de la primera dama adquirida a un contratista del gobierno; el tren México-Querétaro adjudicado de manera irregular; el gobierno del Estado de México —feudo priista del propio Peña Nieto— con niveles de deuda y de desviación de recursos que desafiaban la legalidad; y, sobre todo, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, que reveló con brutalidad la complicidad entre autoridades locales, policías y crimen organizado en el estado de Guerrero (Animal Político, 2015). Ayotzinapa no fue sólo un crimen: fue la demostración de que en partes del territorio mexicano el Estado había sido sustituido funcionalmente por redes de corrupción y violencia que actuaban con la complicidad o la impotencia total de las instituciones formales.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) llegó con el discurso anticorrupción más contundente de la historia reciente de México. Su diagnóstico era correcto en lo esencial: la corrupción había sido sistémica, había capturado las instituciones, y requería una transformación profunda. Pero sus métodos generaron contradicciones importantes. La concentración de poder en el Ejecutivo, la desarticulación o debilitamiento de organismos autónomos de supervisión, la construcción de obras públicas de gran escala —el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas— sin licitaciones competitivas ni supervisión externa eficaz, y la defensa de funcionarios acusados de irregularidades por razón de lealtad política reprodujeron, en forma nueva, algunos de los patrones del régimen que el presidente declaraba haber superado (Merino, 2024). La paradoja del anticorrupto que concentra poder es una de las más antiguas de la política: el argumento de que se necesita concentración para combatir la corrupción ignora que la concentración de poder sin rendición de cuentas es precisamente la condición que la produce.

El gobierno de Claudia Sheinbaum (2024-presente) ha continuado esa lógica con variaciones de estilo pero con continuidades estructurales en materia de discrecionalidad ejecutiva y de debilidad de contrapesos independientes. Las reformas electorales impulsadas en 2026 —un paquete que modificaba el mecanismo de elección de los 200 diputados de representación proporcional, eliminaba los 32 senadores plurinominales y recortaba 25% el financiamiento a los partidos, y que fue rechazado en el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2026 con 259 votos a favor y 234 en contra al no alcanzar la mayoría calificada de 334 necesaria para reformar la Constitución— ilustran con precisión cómo el discurso de democratización puede coexistir con una lógica de ventaja electoral estructural (CNN en Español, 2026; Infobae, 2026; La Jornada, 2026a). Que los aliados PT y PVEM votaran en contra de su propio gobierno —con el argumento explícito de que la reforma perjudicaría a los partidos de menor tamaño y a la pluralidad en el Congreso (La Jornada, 2026b)— fue, en sí mismo, un síntoma de que el diseño de la propuesta respondía menos a una agenda de pluralismo que a una de concentración de poder. No es que Sheinbaum sea corrupta en el sentido transaccional del término; es que el sistema político que administra sigue operando con lógicas de discrecionalidad, lealtad y concentración de poder que generan las condiciones estructurales para la corrupción, con independencia de las intenciones personales de quien lo encabeza.

La Dimensión Cultural: Normalización, Tolerancia y Participación Social

Una de las incomodidades más productivas del análisis de la corrupción en México es la que genera la siguiente observación: las encuestas de percepción y los estudios cualitativos muestran de manera consistente que amplios sectores de la población mexicana condenan la corrupción como fenómeno general, pero al mismo tiempo declaran haber pagado sobornos, tolerado irregularidades, recurrido a contactos para resolver trámites, o aceptado beneficios derivados de prácticas que en principio reprueban (Transparencia Mexicana, 2019; Latinobarómetro, 2021). Esta contradicción no es hipocresía simple: es el síntoma de una cultura política en la que las normas formales y las normas informales operan en registros distintos y frecuentemente contradictorios.

El análisis cultural de la corrupción requiere, sin embargo, una advertencia metodológica preliminar. El argumento de que la corrupción en México tiene raíces culturales profundas —en la tradición colonial, en el particularismo de la cultura política, en el familismo moral— puede convertirse fácilmente en un determinismo vulgar que culpa a los dominados de su dominación y absuelve a las estructuras de su responsabilidad. Banfield (1958) propuso el concepto de familismo amoral para explicar la falta de cooperación cívica en el sur de Italia, y autores como Harrison y Huntington (2000) han extendido argumentos similares a otras culturas, con resultados metodológicamente problemáticos: la explicación cultural se vuelve circular —la cultura explica la corrupción y la corrupción explica la cultura— y omite las condiciones históricas e institucionales que producen esa cultura. Usarlo sin estas cautelas sería un error grave.

La perspectiva de Bourdieu (1980) ofrece una alternativa más rigurosa. En lugar de postular una cultura nacional fija, propone analizar los habitus: sistemas de disposiciones duraderas que los actores incorporan a través de su experiencia en campos sociales específicos, y que orientan sus prácticas sin determinarlas mecánicamente. Las prácticas corruptas cotidianas en México —la mordida al policía de tránsito, el regalo al médico del IMSS para ser atendido con prontitud, el uso de palancas para conseguir un contrato, el pago informal al empleado de ventanilla para acelerar un trámite— no son el producto de una esencia cultural corrupta sino de habitus formados en la experiencia histórica de que las normas formales no garantizan por sí mismas los resultados, de que las relaciones personales y el pago informal son más confiables que el procedimiento oficial, y de que el Estado no distribuye sus bienes con imparcialidad sino con discrecionalidad. En ese contexto, la racionalidad de la mordida no es irracional: es la racionalidad del débil que navega un sistema donde la legalidad formal sólo protege a quienes ya tienen poder.

Esta perspectiva obliga a distinguir entre distintos tipos de participación social en la corrupción. El soborno pagado bajo coacción —el ciudadano que entrega dinero a un funcionario porque de lo contrario no obtiene el servicio al que tiene derecho— es radicalmente distinto del soborno pagado para obtener una ventaja competitiva ilegítima. El primero es una forma de victimización; el segundo, una forma de participación. La confusión entre ambos produce análisis moralmente torpes y analíticamente poco útiles. Sin embargo, la distinción no puede convertirse en una exculpación general: hay prácticas que están a medio camino —el pago de una gratificación para obtener antes lo que de todas formas obtendría, el uso de una relación personal para saltarse una fila o conseguir un permiso más rápidamente— que combinan victimización y coparticipación en proporciones difíciles de separar, y que se normalizan precisamente porque son tan comunes que dejan de percibirse como problemáticas.

La normalización tiene efectos que se extienden más allá de cada acto individual. Cuando las prácticas corruptas están suficientemente extendidas, producen un entorno de expectativas en el que quien se niega a participar se coloca en desventaja competitiva respecto a quienes sí participan. Este mecanismo —que Johnston (2005) llama syndrome of corruption— genera una trampa de equilibrio: todos preferirían que no existiera la corrupción, pero nadie puede permitirse individualmente ser el primero en salirse del sistema sin incurrir en costos desproporcionados. Este es precisamente el tipo de problema de acción colectiva que no puede resolverse mediante la voluntad individual de cada actor: requiere una transformación institucional que modifique los incentivos del conjunto.

El poder político mexicano ha entendido intuitivamente este mecanismo y lo ha administrado en su beneficio. La tolerancia selectiva de las prácticas corruptas menores cumple al menos tres funciones para el régimen: primera, genera una deuda moral difusa en la población, que participa en el sistema y por tanto tiene dificultades para condenar el sistema en su conjunto; segunda, produce mecanismos de control sobre actores que temen la exposición de sus propias prácticas; y tercera, perpetúa una cultura de tolerancia al incumplimiento normativo que dificulta la construcción de demandas ciudadanas consistentes de rendición de cuentas (Lomnitz, 2000). La corrupción no se reproduce sólo porque el poder político la practica: se reproduce también porque el poder político tolera su difusión social y encuentra en esa difusión una forma de administrar la sociedad.

Foucault (1975/2002) proporciona aquí una perspectiva complementaria que resulta particularmente fecunda. La normalización de la corrupción puede entenderse como una microfísica del poder: no sólo como coerción desde arriba sino como internalización desde abajo de un régimen de prácticas que produce sujetos adaptados a la informalidad, desconfiados de la legalidad formal, y orientados hacia la negociación informal como modo ordinario de relacionarse con el Estado. Este régimen de prácticas no necesita imponerse por la fuerza en cada transacción individual: se reproduce a través de la imitación, la socialización, la expectativa y el cálculo racional de adaptación. El ciudadano que paga la mordida no suele sentir que hace algo moralmente aceptable; siente que hace algo racionalmente necesario. Esa disociación entre moral declarada y práctica efectiva es el síntoma más preciso de la normalización.

La moral diferencial con la que los mexicanos tratan la corrupción es una manifestación adicional de este fenómeno. La gran corrupción —el gobernador que desvía miles de millones, el funcionario que compra mansiones con dinero público— genera indignación masiva y ocupa portadas. La corrupción propia —la mordida pagada, el favor pedido, la factura inflada— se racionaliza como necesidad, como pragmatismo o como respuesta obligada a un sistema injusto. Esta asimetría moral no es simple hipocresía: es el resultado de una experiencia social en la que la gran corrupción parece remota e impersonal mientras la pequeña corrupción se experimenta como parte del tejido cotidiano de la vida. Abordar el fenómeno requiere desnaturalizar ambas escalas, no sólo la grande.

Los Mecanismos de la Impunidad: Lo Visible y Lo Invisible

La persistencia de la corrupción en México no puede explicarse sólo por la debilidad de las instituciones de control o por la maldad de los actores. Requiere analizar los mecanismos —visibles y sutiles— que protegen sistemáticamente a los actores corruptos de las consecuencias de sus actos. Estos mecanismos operan en varios niveles simultáneos y se refuerzan mutuamente de maneras que hacen que ningún cambio parcial sea suficiente para desmantelar el sistema.

Los mecanismos visibles son los mejor documentados. La debilidad del ministerio público como instancia de investigación autónoma ha sido estructural y deliberada: durante décadas, el fiscal general dependía directamente del presidente de la república, lo que garantizaba que las investigaciones podían activarse o desactivarse según la conveniencia política. La reforma de 2014 que creó la Fiscalía General de la República autónoma fue un avance formal, pero la autonomía funcional ha sido intermitente y cuestionada en la práctica. La selección corporativa de jueces, la cultura de subordinación política en el sistema judicial y la sobre-utilización del fuero protegieron durante décadas a los funcionarios con cargos de elección popular de cualquier investigación seria. La fragmentación de la responsabilidad burocrática —en la que cada decisión corrupta es producto de una cadena de trámites, firmas y avales que diluye la responsabilidad individual hasta hacerla prácticamente imposible de acreditar— es otro mecanismo legal que funciona como escudo de impunidad.

Pero los mecanismos sutiles son al menos igualmente importantes. La opacidad burocrática —la resistencia sistemática de las instituciones mexicanas a producir información sobre sus propios procesos de decisión— no es sólo un problema técnico de acceso a datos: es una tecnología política que hace que la corrupción sea difícil de probar y de narrar, incluso cuando es evidente. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue una innovación institucional valiosa, pero su efectividad ha dependido del apoyo político que ha recibido —apoyo que ha sido intermitente— y de la capacidad de los ciudadanos para formular solicitudes precisas sobre irregularidades que frecuentemente no conocen con suficiente detalle para formular la pregunta correcta.

Las lealtades cruzadas en las redes políticas constituyen otro mecanismo sutil pero poderoso. En el sistema político mexicano, los actores que podrían investigar o denunciar actos corruptos frecuentemente forman parte de las mismas redes que los protegen: los fiscales son designados por actores políticos que tienen sus propias historias corruptas; los auditores superiores deben sus cargos a las mismas mayorías parlamentarias que amparan a los funcionarios a auditar; los periodistas que investigan corrupción operan en un entorno de amenazas en el que el Estado —que debería protegerlos— es frecuentemente parte del problema. México fue durante varios años el país sin guerra más peligroso para los reporteros —formulación que Reporteros Sin Fronteras ha sostenido de manera recurrente en sus clasificaciones anuales—, con decenas de asesinatos de periodistas que cubrían corrupción y crimen organizado (Reporteros Sin Fronteras, 2024). Ese dato no es marginal: es la consecuencia lógica de un sistema en el que la impunidad se defiende también con violencia cuando las demás tecnologías de protección fallan.

La simulación de combate a la corrupción es uno de los mecanismos más sofisticados y menos estudiados. Todos los presidentes mexicanos desde al menos los años setenta han proclamado que su gobierno combatiría la corrupción con mayor energía que el anterior. Casi todos han creado nuevas dependencias, reformado leyes, diseñado programas y presentado como signos de compromiso con la transparencia lo que frecuentemente era una reorganización del sistema de corrupción bajo nuevas formas institucionales. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 fue un esfuerzo serio de reforma institucional que produjo mecanismos novedosos, pero su implementación fue saboteada sistemáticamente por actores políticos que firmaron la reforma y luego bloquearon su operación (Casar y Ugalde, 2018). La distancia entre el texto de la ley y su implementación efectiva es uno de los rasgos más constantes de la historia institucional mexicana, y es en sí mismo una forma de producción de impunidad.

El uso faccioso de la ley merece mención especial. La selectividad punitiva —la persecución penal que se activa contra opositores políticos y se desactiva para aliados— no es una anomalía del sistema legal mexicano: ha sido una de sus funciones políticas más importantes. La corrupción investigada y castigada no ha sido necesariamente la corrupción más grave, sino la corrupción políticamente inconveniente. Este patrón produce un efecto perverso: genera la percepción de que la ley no es un instrumento de justicia sino un arma política, lo que a su vez refuerza el cinismo social y la desconfianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía no cree que la ley se aplique con imparcialidad, la disposición a cumplirla voluntariamente se deteriora, y el ciclo de informalidad y corrupción se retroalimenta.

El cansancio cívico y la resignación moral son quizás los mecanismos más difusos pero más eficaces de reproducción de la impunidad. Después de décadas de escándalos que raramente producen consecuencias proporcionales, después de procesos judiciales que se arrastran durante años y terminan en sobreseimientos o en condenas simbólicas, después de reformas institucionales que prometen cambios y entregan continuidad, amplios sectores de la población mexicana han llegado a una conclusión que es racionalmente comprensible aunque sea cívicamente devastadora: que la corrupción es inherente al sistema, que nada puede cambiarla sustancialmente, y que lo más sensato es adaptarse a ella en lugar de combatirla. Este cinismo no es una patología individual: es el resultado acumulado de la experiencia histórica con un sistema que ha sabido protegerse de la reforma. Y es, en última instancia, el capital político más valioso que la corrupción posee.

Consecuencias, Costos y Juicio Estructural

Las consecuencias de la corrupción sistémica en México han sido profundas, multidimensionales y de largo plazo. Reducirlas a estimaciones monetarias —que existen y son reveladoras: diversas estimaciones recogidas por la OCDE ubican el impacto económico de la corrupción en México en un rango de entre 5% y 10% del PIB anual (OCDE, 2017)— sería empobrecerlas. La corrupción no sólo extrae renta; produce formas de vida deteriorada, institucionalidad degradada y ciudadanía mutilada.

El efecto sobre el Estado de derecho es quizás el más fundamental. Un Estado de derecho no es simplemente un sistema de normas escritas: es un sistema en el que las normas se aplican con imparcialidad, en el que nadie está por encima de la ley y en el que los derechos pueden ejercerse sin depender de la capacidad de pago o de las relaciones personales. La corrupción sistémica destruye ese principio de manera más eficaz que cualquier reforma legal puede reconstruirlo: cuando la aplicación de la norma depende de quien la pide, de cuánto puede pagar y de qué redes políticas lo respaldan, la norma deja de ser norma en el sentido sustantivo del término y se convierte en un texto cuya relevancia es contingente. O’Donnell (1993) llamó a este fenómeno zonas marrones: espacios del territorio nacional donde la autoridad del Estado es formalmente reconocida pero sustantivamente inexistente, y donde las transacciones políticas, económicas y sociales se rigen por normas informales que frecuentemente incluyen la violencia. En México, esas zonas marrones se han extendido de manera alarmante durante las últimas décadas.

El efecto sobre la desigualdad es igualmente severo. La corrupción actúa como un impuesto regresivo que pesa más sobre los pobres que sobre los ricos. El ciudadano sin recursos que necesita un servicio público tiene tres opciones: esperar indefinidamente en la fila oficial, pagar la mordida que no puede pagar fácilmente, o renunciar al servicio. El ciudadano con recursos puede pagar, o puede utilizar su red de contactos para obtener la misma cosa gratis. La desigualdad de acceso a los servicios públicos que produce la corrupción no es un efecto lateral del sistema: es parte de su lógica constitutiva. Los ricos se benefician de la corrupción no sólo cuando la practican sino también cuando la toleran, porque en un sistema donde los servicios públicos se distribuyen por corrupción, el que tiene más recursos para pagar siempre gana sobre el que tiene menos (Gupta et al., 2002).

El efecto sobre la seguridad ha sido devastador y documentado con brutalidad durante las últimas dos décadas. La complicidad entre autoridades y crimen organizado —que no es un fenómeno nuevo pero que alcanzó dimensiones sin precedente con la explosión del narcotráfico— produjo un ciclo en el que la corrupción policial y judicial permitió la expansión de las organizaciones criminales, cuya expansión a su vez aumentó la demanda de corrupción institucional para garantizar su operación. El resultado es un sistema en el que la violencia y la impunidad se retroalimentan: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda reportaba más de 110,000 casos sin resolver a julio de 2023 (Comisión Nacional de Búsqueda, 2023); los homicidios acumulados entre 2007 y 2023, según datos sexenales del SESNSP e INEGI, superaron las 400,000 víctimas (INEGI, 2023); y el sistema de justicia no resuelve más del 95% de los delitos que se le reportan. Estos números no son sólo consecuencia de la corrupción, pero la corrupción es una de sus condiciones estructurales más importantes.

El efecto sobre la confianza institucional y sobre la cultura cívica es el más difícil de cuantificar pero quizás el más dañino a largo plazo. Una sociedad que no confía en sus instituciones, que no espera que la ley se aplique con imparcialidad, que ha aprendido a navegar el Estado a través de relaciones informales en lugar de derechos formales, es una sociedad que tiene enormes dificultades para construir los bienes colectivos —salud pública, educación universal, seguridad, infraestructura— que requieren cooperación y contribución voluntaria. La desconfianza generalizada en las instituciones mexicanas —que los barómetros de opinión pública documentan de manera consistente— no es una patología cultural independiente: es el resultado acumulado de décadas de experiencia con un sistema que promete imparcialidad y entrega discrecionalidad.

Acemoglu y Robinson (2012) argumentan que la diferencia entre naciones prósperas y naciones pobres no reside en la geografía, la cultura ni en la dotación de recursos naturales, sino en la calidad de sus instituciones: las instituciones inclusivas producen prosperidad y las extractivas producen pobreza. México no es un país pobre en el sentido de carecer de recursos: tiene una economía que está entre las quince más grandes del mundo. Pero es un país con niveles de desigualdad y de pobreza estructural que no corresponden a esa dimensión económica, y que sí corresponden a la calidad de sus instituciones políticas. La corrupción sistémica no es la única causa de esa brecha, pero es una de las más importantes: desvía recursos que deberían ir a servicios públicos de calidad, protege a los actores que capturan las rentas del Estado en lugar de distribuirlas socialmente, y destruye los incentivos para la inversión productiva al sustituirlos por incentivos para la extracción de rentas.

El Poder Político y la Utilidad de la Corrupción

Una pregunta que el análisis no puede eludir es la más incómoda de todas: ¿por qué el poder político mexicano no ha querido realmente erradicar la corrupción? La respuesta no apela a la maldad de los gobernantes ni a ninguna conspiración planificada; apela a la racionalidad de los incentivos. La corrupción, para el poder político, cumple funciones que la legalidad estricta no puede cumplir, o no puede cumplir con la misma eficiencia.

La primera función es la de disciplina y control. Un actor político o burocrático que ha participado en prácticas corruptas —aunque sea bajo presión o como parte del sistema— es un actor controlable: su participación crea una vulnerabilidad que puede ser activada en su contra si se vuelve incómodo o díscolo. El conocimiento mutuo de las irregularidades de todos crea un equilibrio de terror que disuade las deserciones y las traiciones. El líder político que mantiene archivos informales sobre las corrupciones de sus subordinados —real o metafóricamente— tiene sobre ellos un poder que ninguna norma formal le da. Esta lógica se reproduce en todos los niveles del sistema, desde el presidente hasta el jefe de ventanilla.

La segunda función es la de recompensa y lealtad. En sistemas donde los salarios públicos son insuficientes para retribuir la expertise o la dedicación esperadas, donde la carrera burocrática no garantiza ascensos por mérito, y donde los recursos para políticas públicas son siempre insuficientes, la tolerancia de la extracción informal funciona como un complemento salarial no declarado. El funcionario que entiende que puede complementar su ingreso a través de prácticas corruptas toleradas tiene menos incentivos para buscar empleo en el sector privado, y más incentivos para mantener la lealtad al sistema que lo protege. Esta lógica es especialmente poderosa en los puestos medios de la burocracia, donde la retribución formal es baja y la discrecionalidad es alta.

La tercera función es la de incorporación de élites. En el sistema priista, la distribución de oportunidades de corrupción era un mecanismo de integración de los grupos que podían ser peligrosos si quedaban excluidos del reparto. El empresario que recibía contratos a precios favorables, el líder sindical que extraía rentas de sus trabajadores con la tolerancia gubernamental, el gobernador que administraba su estado con amplia discrecionalidad presupuestal: todos ellos eran actores que el sistema incorporaba a su lógica de beneficios y que por tanto tenían razones poderosas para defender ese sistema en lugar de cuestionarlo. La corrupción distribuida estratégicamente es, en este sentido, una forma de construcción de coaliciones y de producción de consenso entre las élites.

La cuarta función es la más política en sentido estricto: la corrupción como fuente de financiamiento político no declarado. Los partidos políticos en México —como en muchos países— requieren recursos que exceden ampliamente los que la ley les permite recibir por la vía del financiamiento público y los donantes declarados. El desvío de recursos públicos hacia campañas, la extracción de comisiones en contratos públicos que se reciclan como financiamiento político, y las contribuciones de grupos empresariales que reciben favores regulatorios son mecanismos bien documentados de financiamiento político corrupto (Ugalde, 2008). Eliminar esos mecanismos requeriría no sólo voluntad política —que falta— sino también la construcción de un sistema de financiamiento alternativo que los partidos tuvieran incentivos para aceptar.

Conclusión: Lo Que la Corrupción Revela

La pregunta con la que comenzó este ensayo —qué es realmente la corrupción en México, cómo se configuró y por qué persiste— puede responderse ahora con más precisión, aunque no con más sencillez. La corrupción en México no es una anomalía del sistema político: es una de sus estructuras constitutivas. No es un defecto de las instituciones: es una de sus funciones. No es un rasgo cultural inmutable: es el producto acumulado de elecciones institucionales, de incentivos diseñados o tolerados, y de experiencias históricas que han producido disposiciones adaptativas en actores a todos los niveles del sistema.

La tesis más importante de este ensayo es también la más incómoda: la corrupción en México ha persistido no a pesar del Estado sino en parte gracias a él, porque el Estado mexicano —en sus distintas configuraciones históricas— ha encontrado en la corrupción un instrumento de gobernabilidad, de integración de élites, de control social y de financiamiento político que la institucionalidad formal no podía proveer. Esto no absuelve a los actores individuales de su responsabilidad. Pero sí explica por qué el discurso anticorrupción, repetido por cada sexenio desde al menos los años setenta, no ha producido transformaciones estructurales: porque el anticorrupto que llega al poder hereda el sistema que produce la corrupción, y si no transforma ese sistema —sus incentivos, su cultura burocrática, su economía política— la corrupción se reproduce bajo nuevas formas independientemente de las intenciones declaradas del gobernante.

El análisis cultural, por su parte, no puede convertirse en una condena de la sociedad mexicana. Las prácticas corruptas normalizadas en amplios sectores de la población son, en su mayor parte, adaptaciones racionales a un sistema donde la norma formal no protege y donde el intercambio informal es más confiable. Desmantelarlas requiere transformar ese sistema, no condenar moralmente a quienes se adaptan a él. Pero también requiere reconocer que esa adaptación tiene costos propios y que su perpetuación —aunque comprensible individualmente— produce a escala colectiva el entorno de tolerancia que el poder político necesita para mantener su propio sistema de corrupción.

Los mecanismos de impunidad que sostienen el sistema son, como se ha mostrado, tanto visibles como sutiles. Los visibles —debilidad judicial, opacidad burocrática, selectividad punitiva— son los que las reformas institucionales intentan atacar. Los sutiles —cinismo cívico, resignación moral, normalización cultural, lealtades cruzadas— son los que las reformas institucionales raramente tocan, porque requieren transformaciones de cultura política que no se decretan ni se legislan. La construcción de una cultura de legalidad —en el sentido que O’Donnell (1993) le daba al Estado de derecho como práctica social, no sólo como texto normativo— es probablemente el desafío más profundo y de más largo plazo que enfrenta cualquier proyecto de transformación institucional en México.

¿Qué revela, en última instancia, la corrupción sobre el Estado y la sociedad mexicana? Revela que la separación entre lo público y lo privado —fundamento jurídico y ético del Estado moderno— ha sido históricamente porosa y contingente en México; que el poder político ha organizado esa porosidad en su beneficio; y que las instituciones que deberían garantizar la imparcialidad han sido frecuentemente instrumentalizadas para garantizar lo contrario. Pero revela también la resiliencia de una sociedad que, a pesar de todo, produce continuamente actores —periodistas, activistas, académicos, funcionarios honestos, ciudadanos indignados— que se resisten al sistema y que insisten en la posibilidad de una república distinta. Esa resistencia no es ingenua: es la única base sobre la que puede construirse algo diferente. La corrupción en México no es un destino: es una historia que todavía no ha terminado de escribirse.

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Desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa la propuesta de eliminar a los diputados plurinominales, el debate público se ha centrado casi exclusivamente en un argumento: el ahorro de recursos. «Hay que apretarse el cinturón», dice el discurso oficial. «México no puede darse el lujo de mantener un Congreso tan costoso».

Pero hay algo que no cuadra en esta narrativa. Los números revelan una historia muy diferente: el costo de los 200 diputados plurinominales es insignificante comparado con el despilfarro documentado en programas emblemáticos del gobierno federal. Y lo más preocupante: eliminarlos no ahorraría prácticamente nada al erario, pero sí desmantelaría uno de los pocos contrapesos que quedan en el sistema político mexicano.

Este análisis examina tres dimensiones del debate: cómo surgió el sistema de representación proporcional y por qué, qué funciones cumple realmente en la práctica, y qué está verdaderamente en juego cuando se propone eliminarlo bajo argumentos de «austeridad». Los datos duros cuentan una historia incómoda para quienes promueven la reforma.

De la Hegemonía Priista a la Pluralidad Democrática

El México de un Solo Partido

Para entender por qué existen los diputados plurinominales, hay que recordar cómo era México antes de 1977. El PRI controlaba el Congreso de manera absoluta, traduciendo victorias electorales moderadas en mayorías legislativas abrumadoras gracias al sistema de mayoría relativa pura. Los partidos de oposición existían apenas como decorado democrático.

El punto de quiebre llegó en 1976: el PRI ganó todos los escaños de la Cámara de Diputados. Todos. La crisis de legitimidad era evidente. Algo tenía que cambiar.

La Reforma de 1977: Abrir Válvulas de Escape

Jesús Reyes Heroles, entonces Secretario de Gobernación, impulsó la reforma política de 1977 bajo una premisa clara: había que darle espacio institucional a la oposición antes de que la inconformidad estallara fuera del sistema. El contexto era apremiante: la memoria de 1968 seguía fresca, y movimientos guerrilleros operaban en varias regiones del país.

La solución fue crear 100 diputados de «representación proporcional» que se asignarían según el porcentaje de votos que cada partido obtuviera nacionalmente, no por ganar distritos específicos. La idea era simple pero efectiva: garantizar que partidos con apoyo ciudadano significativo pero disperso geográficamente tuvieran voz en el Congreso.

No fue generosidad democrática; fue supervivencia del sistema. Pero funcionó. La izquierda política se incorporó al juego institucional, y México comenzó una transición gradual hacia un sistema más plural.

La Evolución del Sistema

El diseño se fue refinando con los años:

• 1986: Los plurinominales aumentaron a 200, consolidando el modelo mixto de 300 diputados de mayoría relativa más 200 de representación proporcional.
• 1996: La reforma electoral estableció candados cruciales: ningún partido puede tener más de 300 diputados en total (sumando ambos tipos), y la sobrerrepresentación no puede exceder 8 puntos porcentuales respecto a su votación nacional.

Estos límites no son caprichosos. Son frenos constitucionales diseñados específicamente para evitar que un solo partido, incluso ganando las elecciones, pueda controlar el Congreso de manera absoluta y modificar la Constitución a su antojo.

Cómo Funciona (y Para Qué Sirve) el Sistema Actual

El Mecanismo Electoral

El territorio nacional se divide en cinco circunscripciones plurinominales. Cuando votas, además de elegir al candidato de tu distrito, tu voto cuenta para determinar cuántos diputados plurinominales le corresponden a cada partido en tu circunscripción.

La fórmula busca que el porcentaje de escaños se aproxime al porcentaje de votos. Si un partido obtiene 15% de los votos nacionales, debería tener cerca del 15% de los diputados. Sin este mecanismo, ese mismo partido podría quedar con apenas 2-3% de los escaños si sistemáticamente queda en segundo lugar en todos los distritos.

Las Funciones Reales (Más Allá del Mito)

Mito #1: «Los plurinominales no trabajan»

Los datos dicen otra cosa. Estudios cuantitativos de la producción legislativa muestran que los diputados plurinominales presentan iniciativas, participan en comisiones y contribuyen al trabajo parlamentario de manera similar a los de mayoría relativa. De hecho, frecuentemente encabezan comisiones técnicas especializadas donde importa más la experticia que la capacidad de ganar elecciones distritales.

Mito #2: «No son electos por nadie»

Esto confunde dos tipos de legitimidad. Los plurinominales son electos por votación de lista partidaria, un mecanismo perfectamente legítimo usado en decenas de democracias. El problema real es que las listas son cerradas: las cúpulas partidistas deciden quién entra y en qué orden. Pero ese es un defecto de diseño específico, no del principio de representación proporcional en sí mismo.

Lo que sí hacen (y nadie cuenta)

Los plurinominales cumplen funciones sistémicas críticas:

1. Garantizan representación a minorías políticas: Sin ellos, partidos con 10-15% del voto nacional pero sin concentración geográfica desaparecerían del Congreso. Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PRD en ciertos momentos, existen legislativamente gracias a los plurinominales.
2. Evitan mayorías artificiales: La regla de +8 puntos de sobrerrepresentación funciona como freno constitucional. Sin plurinominales, un partido podría obtener mayoría calificada con apenas 45-48% del voto popular, tal como sucede en sistemas de mayoría simple pura.
3. Facilitan negociación legislativa: Al no depender de clientelas distritales específicas, frecuentemente funcionan como articuladores de acuerdos que trascienden intereses puramente locales.

El Argumento Económico: Cuando los Números Desmienten el Discurso

Lo Que Realmente Cuestan los Plurinominales

Aquí es donde el argumento presidencial se desmorona. Revisemos los datos verificables:

Costo directo anual de 200 diputados plurinominales

• Dieta neta mensual (vigente desde febrero 2025): $79,000
• Costo anual por diputado (solo dieta): $948,000
• Costo total anual de 200 plurinominales (solo dietas): $189.6 millones

Incluyendo apoyos adicionales (asistencia legislativa, atención ciudadana), la cifra asciende aproximadamente a $368.5 millones anuales.

Proporción del gasto total

• Presupuesto ejercido por la Cámara de Diputados en 2024: $9,371.7 millones
• Los plurinominales representan: 2% del gasto de la Cámara (estimación mínima) o 4% (estimación ampliada)
• Proporción del presupuesto federal total: menos del 0.02%

Para ponerlo en perspectiva: eliminar a los 200 plurinominales ahorraría menos de lo que cuesta construir dos estadios deportivos de primer nivel.

El Elefante en la Sala: Dónde Sí Se Fue el Dinero

Ahora comparemos ese «ahorro» con los escándalos financieros de la actual administración:

SEGALMEX: El Fraude Monumental

El desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) representa uno de los mayores fraudes documentados en la historia reciente:

• Desvío estimado: Más de $15,000 millones de pesos
• Equivalente a: El costo de los 200 diputados plurinominales durante 40 años

La Auditoría Superior de la Federación documentó operaciones irregulares por montos estratosféricos. Hablamos de miles de millones que simplemente desaparecieron bajo la etiqueta de «programas sociales».

INSABI: El Desastre del Sistema de Salud

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), creado para reemplazar al Seguro Popular, se convirtió en un ejemplo de mala planeación y despilfarro:

• Inversión sin resultados: Miles de millones gastados en una estructura que nunca funcionó adecuadamente
• Hospitales abandonados: Infraestructura médica inconclusa o subutilizada
• Desabasto crónico: Medicamentos que nunca llegaron pese al gasto

Las auditorías continúan revelando irregularidades que ascienden a miles de millones de pesos en un sistema que colapsó antes de consolidarse.

La Mega Farmacia: Promesa Incumplida

La «Mega Farmacia del Bienestar» costó cientos de millones en su construcción y puesta en marcha, pero nunca operó como se prometió. Las auditorías revelan inversiones masivas en infraestructura que permanece subutilizada o directamente abandonada.

Gas del Bienestar: El Programa Fallido

El programa Gas del Bienestar prometió bajar los precios del gas LP mediante distribución directa del gobierno. La realidad fue muy distinta:

• Compra de pipas al inicio del sexenio de AMLO: Miles de millones invertidos en una flotilla que operó de manera ineficiente
• Cobertura limitada: Nunca alcanzó la cobertura prometida nacionalmente
• Precio sin ventaja real: Los beneficios en precio fueron marginales o inexistentes en muchas zonas
• Subutilización de infraestructura: Gran parte de las pipas adquiridas permanecieron sin uso óptimo

El costo total del programa, incluyendo infraestructura, adquisición de vehículos y operación, asciende a miles de millones sin haber cumplido sus objetivos fundamentales.

Refinería de Dos Bocas: El Proyecto Faraónico

La construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, representa uno de los proyectos más costosos y problemáticos:

• Presupuesto inicial (2018): $8,000 millones de dólares
• Costo real estimado (2024): Entre $16,800 y $18,000 millones de dólares
• Sobrecosto: Más del 100% respecto al presupuesto original
• Equivalente a: Aproximadamente $330,000 millones de pesos
• Comparación: El costo de los plurinominales durante 894 años

Y esto sin contar los problemas operativos: la refinería inaugurada con bombo y platillo aún no opera a su capacidad prometida, presenta fallas técnicas recurrentes, y su viabilidad económica está en entredicho según análisis independientes.

El Aeropuerto de Texcoco: La Cancelación Más Cara

La decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México tuvo costos estratosféricos:

• Costo de la cancelación: Entre $113,000 y $331,996 millones de pesos (según diferentes estimaciones)
• Equivalente a: El costo de los plurinominales durante 307 a 900 años

Esto incluye obras ya construidas que se perdieron, indemnizaciones a contratistas, bonos que el gobierno debe seguir pagando, y el costo de construir Santa Lucía como alternativa.

La Matemática de la Hipocresía

Hagamos el ejercicio completo:

Costo anual de 200 diputados plurinominales: ~$370 millones

Despilfarro documentado en programas de la 4T:

• SEGALMEX: $15,000 millones
• Refinería Dos Bocas (sobrecosto): $165,000 millones
• Cancelación Texcoco (estimación conservadora): $113,000 millones
• INSABI: Miles de millones adicionales
• Gas del Bienestar: Miles de millones adicionales
• Mega Farmacia: Cientos de millones adicionales

Total conservador: Más de $295,000 millones de pesos

Conclusión:

• Con solo el fraude de SEGALMEX se podría pagar el costo de los plurinominales durante 40 años
• Con el sobrecosto de Dos Bocas, durante 446 años
• Con la cancelación de Texcoco, durante 307 años (estimación conservadora)
• Con la suma de estos tres proyectos solamente: casi 800 años de plurinominales

¿Y nos quieren vender que el problema fiscal de México son 200 diputados?

Lo Que Realmente Está En Juego

El Efecto Mecánico de Eliminar la Representación Proporcional

Si se eliminan los plurinominales y México regresa a un sistema de 300 diputados solo por mayoría relativa, los efectos son predecibles y documentados en la teoría electoral:

1. Sobrerrepresentación masiva del ganador

Actualmente, para obtener mayoría calificada constitucional (dos tercios de la Cámara), un partido necesita aproximadamente 55% del voto nacional. Sin plurinominales, podría alcanzarla con apenas 45-48% del voto.

Ejemplo real: En el sistema británico de mayoría simple pura, el Partido Conservador obtuvo 36.9% del voto en 2015 pero controló mayoría absoluta del Parlamento. El UKIP consiguió 12.6% del voto nacional pero apenas un escaño (0.15% de la Cámara).

2. Extinción de partidos minoritarios

Partidos con 10-15% del voto nacional pero sin concentración geográfica simplemente desaparecerían del Congreso. El sistema se reduciría a dos o máximo tres partidos grandes.

3. Mayorías constitucionales fáciles

El partido gobernante podría modificar la Constitución a voluntad con menos de la mitad del voto popular. Los frenos constitucionales que existen actualmente quedarían desmantelados.

El Patrón Preocupante

Esta propuesta no viene sola. Se inserta en una secuencia de reformas que han concentrado progresivamente el poder:

• Reforma al Poder Judicial: Elección popular de jueces y magistrados, debilitando su independencia
• Absorción de órganos autónomos: Desaparición o subordinación de instituciones de control
• Ahora: Eliminación del mecanismo que garantiza pluralidad en el Congreso

Este patrón tiene nombre en ciencia política: «autoritarismo competitivo». Sistemas que mantienen elecciones formales pero desmantelan sistemáticamente los contrapesos institucionales.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos: Venezuela bajo Chávez, Nicaragua con Ortega, El Salvador con Bukele. Todos comenzaron con reformas presentadas como «modernización» o «lucha contra la corrupción». Todos terminaron en regresión democrática.

La Lección Alemana (Ignorada)

Alemania, frecuentemente citada como modelo de eficiencia gubernamental, mantiene un Bundestag con más de 700 miembros para 83 millones de habitantes. Proporcionalmente, tienen más legisladores per cápita que México.

¿Son los alemanes ineficientes o despilfarradores? No. Entienden que la democracia tiene costos institucionales justificados. Su sistema mixto de representación proporcional ha generado gobiernos estables, plurales y de alta calidad durante décadas.

México tiene un diputado por cada 250,000 habitantes. Esto nos ubica en rangos intermedios internacionalmente. No tenemos un Congreso «inflado»; tenemos uno del tamaño estándar para una democracia de nuestra magnitud.

Las Alternativas Que Nadie Propone

Reformar, No Eliminar

Si hay problemas legítimos con el sistema plurinominal, la solución es perfeccionarlo, no destruirlo. Opciones viables incluyen:

1. Listas semiabiertas

Permitir que el votante modifique el orden de la lista del partido. Esto transferiría poder de las cúpulas al electorado. Brasil usa este sistema, con sus pros y contras.

2. Vinculación a entidades federativas

En vez de cinco macro-circunscripciones abstractas, dividir las listas en 32 listas estatales. Cada diputado plurinominal representaría una entidad específica, fortaleciendo el vínculo territorial.

3. Sistema compensatorio (modelo alemán)

Convertir el sistema de «paralelo» a «compensatorio», donde los plurinominales se asignan para que la composición final sea estrictamente proporcional al voto nacional. Esto eliminaría completamente la sobrerrepresentación.

4. Transparencia radical

Obligar a los partidos a publicar los criterios con que arman sus listas, con trazabilidad de carreras legislativas y evaluación ciudadana del desempeño.

Todas estas reformas preservarían las funciones democráticas del sistema mientras atenderían las preocupaciones legítimas sobre accountability y calidad legislativa.

La Pregunta Incómoda

Si el objetivo real fuera mejorar la representación democrática y combatir el despilfarro, ¿por qué no se propone:

• Auditar y castigar el fraude de SEGALMEX con la misma energía que se ataca a los plurinominales?
• Recuperar los miles de millones perdidos en obras canceladas?
• Investigar el sobrecosto estratosférico de Dos Bocas?
• Transparentar el gasto real del Gas del Bienestar y el INSABI?
• Reformar las listas cerradas en vez de eliminar toda la representación proporcional?
• Fortalecer mecanismos de rendición de cuentas para todos los legisladores?

La respuesta es incómoda: porque esto no es realmente sobre ahorro fiscal. Es sobre concentración de poder.

Conclusión: El Costo Real de las Democracias Baratas

Los números no mienten. Eliminar a los 200 diputados plurinominales ahorraría menos del 0.02% del presupuesto federal—una fracción minúscula de lo que se perdió solo en el fraude de SEGALMEX, el sobrecosto de Dos Bocas o la cancelación de Texcoco. Presentar esto como una medida de austeridad relevante es, en el mejor de los casos, una distorsión; en el peor, un engaño deliberado.

Pero el verdadero costo de esta reforma no se mediría en pesos, sino en calidad democrática. México perdería:

• El mecanismo que garantiza representación a minorías políticas
• Los frenos constitucionales contra mayorías artificiales
• Uno de los pocos contrapesos que quedan en el sistema político
• La proporcionalidad entre el voto popular y la composición del Congreso

A cambio obtendríamos un «ahorro» equivalente a dos estadios de futbol, mientras proyectos como Dos Bocas han costado lo equivalente a casi nueve siglos de plurinominales.

La democracia no se mide por cuán barato es mantenerla, sino por cuán bien representa, distribuye el poder y protege libertades. Confundir eficiencia administrativa con calidad democrática es precisamente el error que han cometido países que terminaron en autoritarismo.

Las instituciones democráticas tienen costos. Son costos justificados porque la alternativa—concentración de poder sin contrapesos—siempre termina siendo infinitamente más cara. No en pesos, sino en libertades perdidas.

México conoce bien esa historia. Y debería aprender de ella antes de repetirla.

Anexo: Datos Duros Verificables

Costo de los Diputados Plurinominales (Administración 4T)

Período: 2018-2025

• Dieta neta mensual vigente (2025): $79,000
• Costo anual por diputado (solo dieta): $948,000
• Costo total anual 200 plurinominales: $189.6 millones (solo dietas)
• Con apoyos adicionales: ~$368.5 millones anuales
• Costo total período 2018-2025 (7 años): ~$2,580 millones

Comparativo con Escándalos Financieros 4T

SEGALMEX (Fraude documentado)

• Desvío estimado: $15,000 millones
• Fuente: Auditoría Superior de la Federación
• Equivalente a: 40 años de plurinominales

Refinería de Dos Bocas

• Presupuesto inicial (2018): $8,000 millones de dólares
• Costo real estimado (2024): $16,800-$18,000 millones de dólares
• Sobrecosto: Más del 100%
• En pesos: ~$330,000 millones
• Equivalente a: 894 años de plurinominales

Cancelación Aeropuerto Texcoco

• Costo estimado: $113,000-$331,996 millones
• Fuentes: ASF, analistas financieros, estimaciones oficiales
• Equivalente a: 307-900 años de plurinominales

INSABI (Despilfarro estimado)

• Inversión sin resultados: Miles de millones (auditorías en proceso)
• Hospitales inconclusos, desabasto crónico
• Equivalente a: Múltiples años de plurinominales

Gas del Bienestar

• Compra de pipas e infraestructura: Miles de millones
• Cobertura limitada, objetivos incumplidos
• Equivalente a: Múltiples años de plurinominales

Mega Farmacia (Infraestructura subutilizada)

• Inversión documentada: Cientos de millones
• Equivalente a: Varios años de plurinominales

Total Conservador del Despilfarro

Suma de proyectos principales: Más de $295,000 millones

Equivalente a:

• Aproximadamente 800 años de diputados plurinominales
• Más de 10 veces el presupuesto anual total de la Cámara de Diputados completa

Proporción del Presupuesto Federal

• Presupuesto Federal 2024: ~$9.1 billones
• Costo plurinominales: ~$370 millones
• Proporción: 0.004% del presupuesto total

Nota: Todos los datos son verificables en fuentes oficiales: Cámara de Diputados (transparencia y remuneraciones), Cuenta Pública, reportes de la Auditoría Superior de la Federación, informes de Pemex sobre Dos Bocas, y documentación pública de los casos mencionados.

Claudia Sheinbaum no pierde oportunidad para señalar al Instituto Nacional Electoral como un elefante blanco de la democracia mexicana. Sus críticas al presupuesto del INE se han convertido en un estribillo político recurrente, alimentando la narrativa de que México gasta demasiado en sus instituciones electorales. Pero mientras la presidenta exige austeridad para los árbitros de la democracia, su gobierno mantiene abierta una generosa llave de recursos públicos hacia el exterior, especialmente hacia el régimen cubano. Las cifras oficiales revelan una contradicción brutal: la misma administración que regatea cada peso al INE derrama miles de millones en petróleo subsidiado a Cuba sin exigir el mismo nivel de escrutinio.

Este análisis confronta ambas realidades con números verificables y fuentes oficiales. No hay especulación, solo datos duros que exponen una austeridad selectiva: implacable con las instituciones democráticas internas, generosa hasta la opacidad con aliados ideológicos externos.

El INE bajo la lupa: críticas sin contexto

Cuando Sheinbaum critica el presupuesto del INE, omite sistemáticamente mencionar qué compra ese dinero. El Instituto tiene un presupuesto anual que ronda los 40,000 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación¹. Con ese monto organiza todos los procesos electorales federales y locales del país, fiscaliza los recursos de partidos políticos, mantiene un padrón electoral confiable para más de 98 millones de ciudadanos y promueve la educación cívica.

Para dimensionar: el caso específico que se ha usado como munición política es la elección judicial de 2025. El INE solicitó inicialmente 13,000 millones de pesos, pero finalmente se le asignaron 6,219 millones para este proceso extraordinario². Esta cifra —que representa el costo de organizar una elección sin precedentes para renovar al Poder Judicial— ha sido presentada por críticos oficialistas como evidencia de un gasto excesivo.

Recordemos ese número: 6,219 millones de pesos para elegir jueces en 2025.

Ahora comparémoslo con lo que el mismo gobierno considera un gasto «razonable» cuando el destinatario es Cuba.

El petróleo de la «solidaridad»: miles de millones para Cuba

Mientras el INE es sometido a un escrutinio público despiadado, los envíos de hidrocarburos mexicanos a Cuba operan bajo un manto de eufemismos contables. Gasolinas Bienestar, subsidiaria de Pemex, reporta estas transferencias ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) como «exportaciones» a «tasas de mercado prevalecientes»³. La realidad, sin embargo, es que Cuba —en crisis económica profunda y bajo sanciones internacionales— carece de capacidad de pago. Analistas energéticos y políticos coinciden: estos envíos funcionan de facto como subsidios encubiertos⁴.

Las cifras oficiales son contundentes:

• Segundo semestre de 2023: 6,300 millones de pesos (≈380 millones de dólares)⁵
• Enero-septiembre de 2024: 9,300 millones de pesos⁶
• Año completo 2024: ~600 millones de dólares⁷
• Primer semestre de 2025: 5,300 millones de pesos⁸

Hagamos la comparación que el discurso oficial evita:

Solo en los primeros seis meses de 2025, México envió a Cuba petróleo por 5,300 millones de pesos. Eso equivale al 85% del costo total de organizar la elección judicial ese mismo año (6,219 mdp).

Dicho de otro modo: en medio año, el petróleo regalado a La Habana casi alcanza el presupuesto de un proceso electoral federal completo. Y nadie en Palacio Nacional califica esto como un «gasto excesivo».

El menú completo del gasto exterior: médicos cubanos y Centroamérica

El petróleo no es el único flujo de recursos hacia el exterior:

Médicos cubanos: El IMSS pagó 472.4 millones de pesos a la entidad cubana Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A., según reportó El Universal⁹. Estimaciones del mismo medio sugieren un gasto agregado cercano a los 2,000 millones de pesos por este concepto¹⁰.

Sembrando Vida en Centroamérica: Según la Fundación Prisma, citando datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México asignó 82 millones de dólares para implementar este programa en la región: 31 millones para El Salvador, 31 para Honduras y 20 para Guatemala¹¹.

Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum exige al INE «racionalizar» gastos que están constitucionalmente mandatados y sujetos a auditoría pública exhaustiva.

Dos pesos, dos medidas: democracia vs. geopolítica

La disparidad en el tratamiento del gasto público es flagrante:

El INE: transparencia absoluta, beneficio cuestionado

• Gasto constitucional con rendición de cuentas total
• Cada peso auditado, debatido en el Congreso, público y escrutado
• Beneficio: elecciones libres, legitimidad democrática, paz social postelectoral, ejercicio de derechos políticos
• Crítica oficial: implacable, constante, politizada

El apoyo a Cuba: opacidad contable, beneficio difuso

• Gasto extrapresupuestal camuflado como «exportaciones»
• Sin fiscalización ciudadana efectiva, sin debate legislativo, sin auditoría de recuperación
• Beneficio: «diplomacia solidaria», «alianzas estratégicas» (no cuantificables)
• Crítica oficial: inexistente

La pregunta central es devastadora: ¿Por qué un gasto que sostiene la democracia mexicana merece más escrutinio que uno que sostiene a un régimen extranjero?

El doble discurso desenmascarado

La retórica de austeridad del gobierno de Sheinbaum se desmorona ante los números. No es austeridad republicana lo que practica, sino austeridad selectiva: implacable con las instituciones democráticas autónomas, inexistente con los gastos de lealtad ideológica.

Esta selectividad revela una jerarquía de valores preocupante:

• 6,219 millones para que 98 millones de mexicanos elijan a sus jueces = «excesivo»
• 5,300 millones en seis meses para enviar petróleo a Cuba = «cooperación internacional»

El mensaje implícito es claro: la democracia mexicana debe apretarse el cinturón, pero Cuba puede contar con la generosidad de Pemex, aunque la paraestatal esté endeudada y el país requiera inversión en salud, educación e infraestructura.

Conclusión: ¿A quién sirve realmente esta «austeridad»?

Si el gobierno de Sheinbaum fuera consistente en su discurso de racionalización del gasto público, debería someter todos los flujos de recursos al mismo nivel de transparencia y justificación. Pero la realidad muestra lo contrario: mientras los costos de la democracia interna se ventilan, critican y reducen, los subsidios encubiertos a regímenes extranjeros fluyen sin contrapeso ni debate.

La verdadera pregunta no es si México puede costear instituciones electorales robustas —la respuesta es que debe hacerlo—. La pregunta es: ¿Puede México seguir costeando una política exterior opaca que drena recursos públicos sin rendición de cuentas ni beneficios tangibles para su población?

Los números están sobre la mesa. El doble rasero, también. Lo que falta es que la ciudadanía exija la misma transparencia para el petróleo que se envía a Cuba que para los votos que se cuentan en México.

Porque si hay que hablar de costos excesivos, quizá deberíamos empezar por aquellos que ni siquiera aparecen honestamente en el presupuesto.

Fuentes

¹ Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2024/pef_2024_abro.pdf

² Redacción (31 de mayo de 2025). La elección judicial, un desafío logístico sin precedentes para el INE. El País. https://elpais.com/mexico/2025-05-31/la-eleccion-judicial-un-desafio-logistico-sin-precedentes-para-el-ine.html

³ Petróleos Mexicanos (31 de marzo de 2025). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278225000018/ck0000932782-20250331.htm

⁴ Wainer, A. (2023, abril 12). El petróleo mexicano que sostiene a Cuba. Foreign Affairs Latinoamérica. https://revistafal.com/el-petroleo-mexicano-que-sostiene-a-cuba/

⁵ Godoy, E. (2 de mayo de 2024). Pemex Reveals $380 Million in Fuel Sales to Crisis-Wracked Cuba. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-02/pemex-reveals-380-million-in-fuel-sales-to-crisis-wracked-cuba

⁶ Petróleos Mexicanos (30 de septiembre de 2024). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278224000031/ck0000932782-20240930.htm

⁷ García, A. (6 de mayo de 2025). Mexico’s Pemex increased crude shipments to Cuba in 2024, filing shows. Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/mexicos-pemex-increased-crude-shipments-cuba-2024-filing-shows-2025-05-06

⁸ Petróleos Mexicanos (30 de junio de 2025). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278225000025/ck0000932782-20250630.htm

⁹ Ponce, J. (8 de agosto de 2024). IMSS erogó 472 mdp por la contratación de médicos cubanos. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imss-erogo-472-mdp-por-la-contratacion-de-medicos-cubanos

¹⁰ Redacción (25 de septiembre de 2024). México paga 2 mil millones de pesos por médicos cubanos. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-paga-2-mil-millones-de-pesos-por-medicos-cubanos-el-monto-entregado-en-euros-y-pesos

¹¹ Fundación Prisma (enero 2025). Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2025/01/Sembrando-Vida-y-Jovenes-Construyendo-Futuro-en-CA.pdf

Cada mañana, desde hace siete años, México despierta con un ritual político sin precedentes en su historia democrática. La conferencia matutina presidencial no es simplemente un ejercicio de comunicación gubernamental: es un dispositivo de poder que fabrica realidad, establece enemigos, define verdades y programa percepciones. Lo que ocurre en ese escenario no es información; es teatro político en su expresión más sofisticada.

Michel Foucault advirtió que el poder no solo reprime, también produce: produce discursos, verdades, expertos y silencios. La Cuarta Transformación ha llevado esta premisa a su máxima expresión operativa. No gobierna «a pesar» del discurso ni «además» del discurso. Gobierna «a través» del discurso, convirtiendo la palabra en el andamiaje central de su estructura de dominación.

La Maquinaria Narrativa: Anatomía de un Sistema

La eficacia de la 4T no radica en la calidad de sus políticas públicas ni en la solidez de sus instituciones. Radica en algo mucho más profundo y perturbador: ha logrado instalar una gramática emocional que ordena el sentido común de millones de personas. Esta gramática opera sobre tres pilares inseparables: un pasado oscuro (la corrupción sistémica del «neoliberalismo»), un presente heroico (el gobierno como guía moral del pueblo) y un futuro redentor (la promesa de una nación finalmente liberada).

Cuando un movimiento político logra colocar a la ciudadanía dentro de una narrativa heroica donde cada persona se siente protagonista de un proceso histórico fundacional, la política deja de ser racional para volverse identitaria. Las fallas administrativas, la violencia persistente, los servicios públicos deteriorados no degradan el relato; lo refuerzan al atribuirlos al «enemigo histórico». Esta operación semántica es de una sofisticación brutal: cualquier crisis no cuestiona al gobierno, cuestiona a quienes «sabotean la transformación».

El corazón de esta maquinaria es la mañanera. No es casual que se realice todos los días, a la misma hora, con cobertura masiva. Como bien explicaría Foucault, es un ritual de verdad: un espacio donde se define qué versiones de la realidad «existen» cada jornada. El presidente o la presidenta no informan; establecen el marco interpretativo del día, nombran a los enemigos, dirigen la atención nacional y descalifican las voces críticas antes de que estas articulen su crítica. Es un mecanismo de gobierno simbólico donde los hechos importan menos que su interpretación, y la interpretación importa menos que la autoridad moral de quien la pronuncia.

El Enemigo Funcional y la Polarización Como Estrategia

Ernesto Laclau demostró que toda narrativa populista eficaz necesita dividir el mundo en dos campos morales irreconciliables. La 4T ha perfeccionado este esquema con una etiqueta deliberadamente imprecisa pero devastadoramente efectiva: «los conservadores». Este término no designa una ideología específica ni un grupo definido. Es un significante vacío que permite agrupar bajo una misma categoría moral negativa a periodistas críticos, académicos, organismos autónomos, empresarios, opositores políticos y cualquier voz disidente.

La brillantez táctica de esta operación radica en su maleabilidad. «Los conservadores» pueden ser simultáneamente la élite rapaz que saqueó al país durante décadas y los intelectuales que cuestionan una obra pública. Pueden ser los políticos corruptos del pasado y los activistas que defienden el medio ambiente. La imprecisión no es un defecto; es la característica central que permite su uso universal como arma de deslegitimación.

Esta estrategia genera dos efectos simultáneos: construye unidad interna mediante un enemigo común y neutraliza la crítica al convertirla en sospecha moral. Cualquier cuestionamiento técnico, cualquier señalamiento de irregularidades, cualquier advertencia institucional puede ser reinterpretado como «ataque de los conservadores». La política se ha moralizado hasta convertirse en un campo de virtud y pecado donde no hay espacio para matices ni complejidades.

La Ingeniería Emocional: Agravio, Gratitud y Orgullo

Pero ninguna narrativa política sobrevive solo con enemigos. Necesita también combustible emocional positivo. La 4T ha construido una arquitectura afectiva de tres pisos: agravio, gratitud y orgullo.

El agravio histórico es la emoción primaria. Décadas de abandono, corrupción y desprecio a las mayorías populares se convierten en la deuda moral que el régimen actual promete saldar. Este agravio no es solo colectivo; se vuelve personal. «Antes nadie nos veía, ahora sí». Esta sensación de reconocimiento después de la invisibilización es extraordinariamente poderosa porque toca la dignidad individual de millones de personas.

La gratitud es el pegamento simbólico. Los programas sociales no se narran como políticas redistributivas técnicas sino como actos de justicia histórica. Cada entrega de apoyo es un ritual que refuerza el vínculo: el beneficiario recibe algo tangible, el gobierno se presenta como proveedor legítimo, la transacción genera deuda emocional. Esta deuda no se expresa en discursos; se expresa en lealtad electoral. La oposición, por contraste, no genera gratitud porque carece de actos de contacto, rituales, símbolos y presencia territorial continua.

El orgullo nacionalista completa el triángulo. La 4T ha rescatado símbolos históricos —Juárez, Cárdenas, Madero, los héroes de la Independencia— y ha asociado el proyecto actual con esos momentos fundacionales. El ciudadano que apoya la transformación no solo vota por un partido: se inscribe en una tradición heroica. Este orgullo cumple funciones políticas precisas: moviliza identidad, genera cohesión y convierte la política en épica.

Las Técnicas de Propaganda Adaptadas al Siglo XXI

La propaganda moderna no necesita censurar ni prohibir. Basta con inundar, emocionar, marcar enemigos y desviar la atención. La 4T opera con una combinación sofisticada de técnicas documentadas en estudios sobre persuasión masiva, adaptadas al contexto democrático y digital mexicano.

La centralización narrativa es total. Existe un centro semántico que organiza todo el ecosistema comunicativo: la mañanera es la sala de máquinas, las vocerías gubernamentales repiten el guion, los gobernadores afines lo replican en sus estados, las redes sociales lo amplifican en formatos más breves. Esta coherencia vertical es algo que la oposición fragmentada jamás ha logrado construir.

La repetición obsesiva convierte frases en verdades intuitivas. «Primero los pobres», «no somos iguales», «humanismo mexicano», «conservadores». No es casual que estas fórmulas aparezcan todos los días en múltiples plataformas. La repetición genera familiaridad, y la familiaridad se percibe como verdad.

La sobrecarga informativa neutraliza crisis. Cuando surgen escándalos o datos incómodos, el gobierno no esconde: ahoga. Inunda el espacio público con anuncios, giras, acusaciones contra opositores, cifras parciales, videos emotivos, nuevas disputas. Esto genera tres efectos devastadores: distrae, fragmenta la atención pública e imposibilita la acumulación narrativa de daño. Cada escándalo borra el anterior porque la ciudadanía recuerda emociones, no detalles.

El Desastre Narrativo de la Oposición

La oposición mexicana no ha perdido por falta de votos ni por ausencia de cuadros técnicos. Ha perdido por falta de relato. Ha competido con discurso técnico contra discurso emocional, con datos contra pertenencia, con crítica contra identidad, con reacción contra iniciativa.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no constituyen un bloque. No comparten proyecto común ni marco narrativo unificador. Cada quien tiene su propio léxico, sus propios agravios, sus propios públicos. En lugar de un «nosotros» coherente, existe una colcha de retazos. La 4T, en contraste, habla como un solo cuerpo semántico.

El PAN sigue hablando de instituciones, contrapesos, legalidad y Estado de derecho mientras la 4T habla de pueblo, justicia, derechos y transformación. Es una batalla de códigos simbólicos desiguales. El PAN presenta argumentos; la 4T presenta historias. Y en política contemporánea, las historias siempre ganan.

El PRI nunca logró explicar su cambio. Pasó de ser «el partido de la estabilidad» a convertirse en «el partido del pasado». La 4T lo transformó en villano funcional, en la explicación moral del pasado negativo. Contra esa fuerza simbólica, la respuesta priista ha sido tecnocrática, dispersa o defensiva.

Movimiento Ciudadano domina las redes y el marketing político, pero carece de identidad clara frente a la 4T. Se percibe ambiguo, sin articulación nacional, fuerte en urbes pero débil en periferias. Es estética sin marco, forma sin fondo.

El PRD, otrora motor del progresismo mexicano, perdió su registro nacional en 2024. Su desaparición electoral es el símbolo más contundente de lo que ocurre cuando un partido pierde su narrativa y no logra distinguirse del proyecto que ocupó su espacio histórico. Fue absorbido por la misma fuerza que nació de sus entrañas.

El hallazgo fundamental es simple pero devastador: la oposición intenta convencer, la 4T intenta emocionar. Este desfase explica toda la derrota. La batalla no es de información, es de significado. Y el significado se construye con emoción organizada, no con datos técnicos.

La Desinformación Como Arma de Combate Simbólico

El ecosistema político mexicano está saturado de información falsa, manipulada o sacada de contexto. La desinformación no es accidente ni anomalía: es forma de combate. Sus funciones son confundir, cansar, polarizar, neutralizar el pensamiento crítico y saturar el espacio público.

Imágenes manipuladas digitalmente inventan símbolos. Videos recortados eliminan contexto y convierten un segundo de ironía en «confesión». Estadísticas reales se presentan sin periodo temporal, sin comparativo histórico, sin dimensión porcentual, produciendo interpretaciones engañosas aunque el dato base sea correcto. Un dato cierto puede convertirse en engaño si se omite el marco.

Cuentas falsas suplantan figuras mediáticas para publicar mensajes incendiarios. Errores administrativos aislados se presentan como prueba de conspiración sistémica. La desinformación circula más rápido que las correcciones porque apela a emoción, no a razón. Un mensaje falso que confirma prejuicios es más aceptado que un mensaje verdadero que los cuestiona.

Las Fisuras del Relato y el Horizonte Posible

El relato de la 4T, sin embargo, no es invulnerable. Tiene fisuras reales y aprovechables: el deterioro institucional visible, los problemas persistentes en servicios públicos, la inseguridad que no disminuye pese al discurso, el agotamiento emocional en clases medias, las contradicciones entre discurso moral y resultados tangibles, el desgaste por promesas incumplidas.

Cada fisura es un punto de entrada para una contra-narrativa. Pero solo si se construye con método, emoción y presencia territorial. La oposición necesita entender que no puede competir con un marco que ha instalado palabras como «transformación», «pueblo», «soberanía» y «humanismo» usando lenguaje de «procedimientos», «instituciones» o «tecnicismos legales».

La alternativa no puede ser anti-4T. La negación no moviliza. Tampoco puede ser nostalgia del pasado: nadie quiere regresar a lo anterior. No puede ser mera técnica: los números no emocionan. No puede ser un grito moral: la indignación sola no construye. Debe ser post-4T: una narrativa que reconozca aciertos donde existan, señale fallas con evidencia y empatía, ofrezca una visión de futuro más ambiciosa y conecte emocionalmente con aspiraciones ciudadanas.

Reflexión Final: El Significado Como Campo de Batalla

Este análisis no toma partido. No juzga moralmente. No recomienda votar por nadie. Su propósito es comprender cómo funciona el poder narrativo en el México contemporáneo. Ofrece herramientas analíticas para quien necesite operar en este campo, sea desde el gobierno, la oposición, el análisis académico o la ciudadanía crítica.

La narrativa política no es mentira ni verdad: es significado organizado. Y en democracia, el significado se disputa con métodos, no con magia. La 4T construyó su narrativa durante 18 años antes de llegar al poder. Una alternativa competitiva requiere tiempo, método y disciplina equivalentes.

Quien controla el marco semántico obliga al adversario a responder dentro de ese marco. Y quien responde dentro del marco del adversario ya perdió. Esta es la lección que la oposición mexicana aún no aprende. Mientras siga debatiendo «temas» sin entender que está debatiendo el marco mismo del discurso, seguirá compitiendo en un terreno donde las reglas las define su adversario.

La mañanera no es un capricho autoritario ni un exceso comunicativo. Es la manifestación más visible de una verdad incómoda: en la política del siglo XXI, quien controla la plataforma diaria del discurso controla la agenda pública, las prioridades nacionales, la jerarquía moral de los hechos y el prestigio o deslegitimación de los actores políticos.

El poder ya no se ejerce principalmente desde la norma, la fuerza o el presupuesto. Se ejerce desde el lenguaje, desde los significados que gobiernan lo posible y lo imposible. México vive bajo un régimen que ha comprendido esto con claridad absoluta. La pregunta no es si este modelo es bueno o malo. La pregunta es: ¿qué hacemos quienes entendemos cómo funciona?

La respuesta requiere honestidad brutal: construir una narrativa alternativa con la misma sofisticación, la misma coherencia y la misma capacidad de resonancia emocional. O resignarse a ser espectadores de un teatro donde nunca entenderemos el guion.

I. El sábado que la izquierda aprendió a temer

Este 15 de noviembre de 2025, México presenció una paradoja histórica: la izquierda que nació en las calles levantó vallas de hasta tres metros para protegerse de ellas.

Miles de jóvenes de la Generación Z marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, convocados por redes sociales, sin estructura partidista, con banderas del anime One Piece como estandarte improvisado. No pedían ideología, pedían lo elemental: seguridad, justicia por el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, y el fin de la normalización del miedo.

La respuesta del gobierno fue la crónica de una represión actualizada: vallas metálicas y barricadas de concreto blindando Palacio Nacional, un operativo con cientos de elementos de seguridad de la SSC y Guardia Nacional, gas lacrimógeno y polvo de extintores dispersados cuando manifestantes intentaron derribar las barreras, y la presencia inevitable del «bloque negro» —encapuchados que lanzaron artefactos incendiarios y transformaron una demanda ciudadana en un espectáculo de caos.

Los enfrentamientos se desataron alrededor del mediodía cuando manifestantes lograron abrir brechas en las vallas, provocando que policías lanzaran gas lacrimógeno, polvo de extintores y petardos desde el interior del perímetro de seguridad. Los mismos gases que en 1968 hubieran sido denunciados como represión estatal, hoy se justifican como «protección del patrimonio histórico».

El poder no cambió de manos. Solo cambió de retórica.

II. Exhibir para silenciar: la nueva tecnología del control

Dos días antes de la marcha, la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió en su conferencia matutina los nombres, rostros y perfiles de redes sociales de jóvenes convocantes. Según el análisis oficial presentado por «Infodemia», la movilización fue calificada como «inorgánica, pagada y promovida por la derecha internacional», alegando actividad de cuentas impulsadas por inteligencia artificial y bots.

Edson Andrade, uno de los jóvenes señalados, respondió con una frase que resume la angustia de esta generación: «La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme, porque me expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian, como ocurrió con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo».

No es un detalle menor. En un país donde más de 125,000 personas permanecen desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y donde los jóvenes son el grupo más vulnerable a la violencia del crimen organizado, ser exhibido desde Palacio Nacional no es transparencia: es una amenaza disfrazada de información pública.

Esta táctica tiene un precedente inmediato. En 2024, el expresidente López Obrador difundió públicamente el número telefónico de una periodista de The New York Times, provocando una ola de acoso digital. Posteriormente se filtraron los datos personales de más de 300 periodistas acreditados, casos documentados por Artículo 19 y el INAI.

El patrón es claro: la izquierda en el poder no necesita balas para silenciar. Le basta con exponer.

III. De Tlatelolco a las vallas del Zócalo: medio siglo de mutación

La historia de la izquierda mexicana se escribió en las calles. El movimiento estudiantil de 1968, las marchas del CEU en los ochenta, la huelga de la UNAM en 1999, el plantón de Reforma en 2006: todos fueron actos de resistencia que construyeron un capital moral incuestionable.

El discurso era simple y poderoso: la calle es del pueblo, la protesta es un derecho, el Estado es el adversario.

Ese discurso sostuvo a Andrés Manuel López Obrador durante dos décadas. Lo llevó a ocupar Paseo de la Reforma durante meses en 2006, a desconocer al gobierno de Felipe Calderón, a declararse «presidente legítimo» y a convertir la desobediencia civil en performance política.

Pero cuando Morena llegó al poder en 2018, el guion se invirtió. La protesta dejó de ser «voz del pueblo» para convertirse en «maniobra de adversarios». Los manifestantes ya no son ciudadanos conscientes, sino «manipulados», «bots financiados» o —en el mejor de los casos— «jóvenes confundidos por la oposición».

La presidenta Sheinbaum calificó la marcha como asumida por la oposición e ironizó sobre la presencia de figuras como Vicente Fox y legisladores del PRI: «No es muy de la generación Z, ¿verdad? Ni a chavorrucos llegan».

El argumento es perverso: si alguien de la oposición apoya una causa, entonces la causa pierde legitimidad. Bajo esa lógica, ningún reclamo ciudadano sería válido, porque siempre habrá un político intentando capitalizarlo.

IV. El bloque negro: la función útil del caos

En cada protesta masiva de los últimos años —8M, Ayotzinapa, ahora la Generación Z— aparece el mismo actor: un grupo de encapuchados que genera violencia justo cuando la manifestación llega a su clímax.

Este sábado, jóvenes vestidos de negro intentaron derribar las vallas con esmeriles y alicatas, lanzaron artefactos incendiarios y provocaron enfrentamientos que desviaron la atención mediática del mensaje central.

Su presencia no requiere conspiración para ser funcional. Opera como un mecanismo de deslegitimación automática:

1. Disuasión: Los ciudadanos pacíficos evitan manifestarse por miedo a la violencia.

2. Desplazamiento narrativo: Los medios cubren los destrozos, no las demandas.

3. Justificación estatal: El gobierno reclama el orden en nombre de la seguridad.

No es necesario probar coordinación gubernamental para constatar el resultado político: los beneficiarios del caos son siempre los mismos. El poder consigue disolver el disenso sin mancharse de sangre, sin generar mártires, sin repetir Tlatelolco.

Es la versión actualizada de los Halcones: no entrenados por el Estado, pero insertos en una ecología política que premia su existencia.

V. La narrativa del poder: paternalismo e inquisición

El discurso oficial oscila entre dos registros complementarios:

Registro paternalista: «Nosotros representamos al pueblo, siempre escuchamos a los jóvenes, invertimos históricamente en programas sociales para ellos».

Registro inquisitorial: «Esta movilización es artificial, financiada, promovida por cuentas de inteligencia artificial y la derecha internacional».

Según el análisis oficial presentado por Infodemia y la Presidencia, «la mayoría de las cuentas que promueven la convocatoria son de Inteligencia Artificial» y que la marcha está «llena de IA por cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok». Estudios privados y gubernamentales han señalado millones de bots en redes, aunque sin auditorías independientes que lo corroboren.

El argumento es absurdo por diseño: si la juventud protesta, es porque está manipulada; si no protesta, es porque el gobierno tiene legitimidad. No hay escenario posible donde el disenso juvenil sea auténtico.

Esa lógica infantiliza al ciudadano y anula el espacio cívico. Si el gobierno ya es el pueblo, entonces quien protesta se convierte en enemigo del pueblo. La democracia se transforma en sospecha.

VI. Los datos incómodos: la Generación Z no es morenista

Los números contradicen la narrativa oficial. Según encuestas de *El Financiero*, el 69% de la Generación Z reprueba los resultados del gobierno en materia de seguridad, siendo el grupo etario más crítico con la gestión de Sheinbaum.

La marcha de este sábado reunió a miles de personas en más de 50 ciudades en 31 estados del país, desde Tijuana hasta Mérida. Familias enteras se sumaron, exigiendo «no más miedo, queremos un gobierno que proteja la vida».

No fueron «bots». No fueron «infiltrados del PRI». Fueron ciudadanos hartos de normalizar el asesinato de alcaldes, la extorsión a agricultores, la desaparición cotidiana de jóvenes.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, había solicitado mayor apoyo federal para combatir al crimen organizado, según reportes de prensa. Ahora su abuela, en silla de ruedas, acudió a la marcha exigiendo lo que su nieto no logró en vida: que el Estado proteja a quienes gobiernan.

 VII. Las consecuencias: del miedo al cinismo

La estrategia de deslegitimación y exposición pública tiene efectos acumulativos:

Desmovilización: El miedo a ser señalado reduce la participación ciudadana.

Desconfianza: Se instala la idea de que toda protesta está infiltrada, que nada es auténtico.

Desafección: Los jóvenes asumen que la protesta no sirve, que el poder todo lo coopta o lo criminaliza.

Cinismo social: La indignación pierde valor político. Si todo es teatro, nada importa.

El resultado es devastador para la propia izquierda. El capital moral que la llevó al poder —la empatía con el descontento, la defensa de la libertad de manifestación— se convierte en déficit político.

Una ciudadanía desmovilizada es un poder sin contrapeso. Pero también es un poder sin legitimidad.

VIII. Conclusión: el espejo invertido

La izquierda mexicana no traicionó su historia: la institucionalizó. Transformó la protesta —su antigua fuente de legitimidad— en una amenaza que administrar.

En 1968, el PRI masacró estudiantes en Tlatelolco. Ese régimen nunca se recuperó moralmente.

En 2025, Morena exhibe jóvenes en la mañanera, blinda el Zócalo con vallas de hasta tres metros y responde con gas lacrimógeno a quienes intentan acercarse a Palacio Nacional.

No es lo mismo. Pero el resultado político converge: el poder teme a la juventud porque la juventud es la forma viva de la memoria.

El país que en 1968 gritó «¡No queremos olimpiadas, queremos revolución!» hoy tiene un Palacio Nacional cercado por vallas metálicas y un gobierno que se proclama «del pueblo» mientras protege al poder del pueblo.

La izquierda ya no encarna la rebeldía: la regula.

Y en ese espejo invertido, el reflejo no es de revolución, sino de continuidad.

Epílogo: lo que viene

Este 15 de noviembre marca un quiebre. Por primera vez en décadas, la juventud mexicana protesta contra un gobierno que se asume de izquierda sin tener que justificarse ideológicamente.

No piden socialismo ni capitalismo. Piden lo elemental: poder caminar sin miedo, que los alcaldes no sean asesinados, que el Estado cumpla su función básica de proteger la vida.

Si el gobierno persiste en exhibir, deslegitimar y reprimir, solo acelerará su propio desgaste. El cinismo tiene límites. El hartazgo, ninguno.

La historia enseña que ningún régimen sobrevive cuando deja de escuchar a su juventud. Y la izquierda mexicana, que nació escuchando la calle, hoy solo escucha sus propios ecos de poder.

El círculo se cerró. Pero no de la manera que Morena imaginó.

Fuentes consultadas: Proceso, El Universal, El Financiero, La Jornada, Milenio, Ríodoce, SinEmbargo, El Sol de México, LatinUS, ADN Noticias, CNN, AP News, Los Angeles Times, El País, informes de Artículo 19, INAI, R3D, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO/SEGOB), análisis oficial de Infodemia, versión estenográfica de la conferencia presidencial del 13 de noviembre de 2025, cobertura en tiempo real del 15 de noviembre de 2025.

Hay una narrativa oficial que habla de austeridad, de «primero los pobres», de transformación. Pero cuando revisas los números con lupa, descubres una historia radicalmente distinta: la de un país que pagó muy caro seis años de decisiones ideológicas vestidas de pragmatismo económico.

Este no es un artículo de militancia partidista. Es un análisis sobre quién paga realmente cuando el Estado falla. Cuando cancela lo construido para levantar monumentos personales. Cuando la corrupción se disfraza de programa social. Cuando la inseguridad se normaliza como «parte del paisaje».

La respuesta es siempre la misma: pagan las familias mexicanas.

El Despilfarro en Números: Las Cifras que Nadie Quiere Ver

Entre 2018 y 2025, México vivió uno de los periodos de mayor destrucción de valor público jamás documentado. La siguiente tabla resume las pérdidas y sobrecostos directos, todos con fuentes verificables:

Tabla 1: Pérdidas y Sobrecostos Directos Cuantificados (2018-2025)

Para dimensionar: este subtotal conservador representa entre 11.7% y 12.7% de los ingresos presupuestarios totales de 2024 (7.49 billones de pesos).

*Notas: *Dos Bocas: cifra de seguimiento periodístico, pendiente documento oficial consolidado. *CFE-Tabasco: estimación conservadora, requiere documento patrimonial oficial.

La Anatomía del Despilfarro: Caso por Caso

1. La Cancelación del NAIM: El Capricho más Caro de la Historia

Costo documentado: 332,000 millones de pesos (ASF 2019-1394-a)

En noviembre de 2018, una consulta cuestionable decidió el destino de la obra de infraestructura más importante del país. La Auditoría Superior de la Federación documentó un costo mínimo de 332,000 millones que incluye bonos de deuda que se siguieron pagando, indemnizaciones a contratistas, mantenimiento de estructura abandonada y capital invertido sin recuperación posible.

El resultado: 332,000 millones sin activo productivo. Sin aeropuerto. Solo deuda.

Mientras tanto, Santa Lucía —la alternativa improvisada— opera con limitaciones técnicas evidentes, saturando aún más el aeropuerto actual de la Ciudad de México.

2. Tren Maya: El Sueño Faraónico sin Rentabilidad

Costo acumulado: 511,000 a 551,000 millones de pesos (IMCO dic-2023; SHCP 2024)

Lo que se vendió como un proyecto de 156,000 millones terminó costando más del triple según el seguimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad con datos de cierre 2024. El sobrecosto estimado alcanza aproximadamente 326,000 millones de pesos.

¿Por qué importa? Porque cada peso de sobrecosto es deuda que pagaremos durante décadas. La obra exigirá subsidios operativos perpetuos porque su rentabilidad comercial es, en el mejor de los casos, cuestionable. El impacto ambiental y arqueológico es irreversible.

Este no es un proyecto de infraestructura sustentable: es financieramente insostenible y operativamente deficitario.

3. Dos Bocas: La Refinería del Pasado

Costo reportado: 20,000-21,000 millones de dólares (~400,000-420,000 millones de pesos)

Fuentes: El Financiero 2025; El País 2025; seguimiento Pemex

El sobrecosto estimado sobre la proyección original de 8,000 millones de dólares alcanza aproximadamente 235,000 millones de pesos.

En un mundo que transita hacia energías limpias, México apostó por el pasado construyendo una refinería cuando las existentes operaban al 40% de capacidad. La refinería Olmeca no refinará eficientemente el tipo de crudo que produce México, operará con márgenes negativos en muchos productos, aumenta la deuda de Pemex (ya técnicamente insolvente) y genera pasivos ambientales por décadas.

Es el triunfo de la ideología sobre la racionalidad técnica y económica.

4. SEGALMEX: Corrupción Disfrazada de Programa Social

Desfalco comprobado: 2,700 a 9,500 millones de pesos (SFP sep-2024; ASF ago-2024)

El mayor escándalo de corrupción del sexenio ocurrió en el organismo encargado de la seguridad alimentaria de los más pobres. Seguridad Alimentaria Mexicana —que sustituyó a Diconsa y Liconsa— se convirtió en una red de desvíos, sobrecostos, compras fantasma y contratos a empresas fachada.

La tragedia es doble: no solo se desviaron recursos públicos, sino que los programas alimentarios colapsaron, dejando a millones de familias sin acceso a productos básicos subsidiados.

5. Servidores de la Nación: El Ejército Electoral con Presupuesto Federal

Costo acumulado: 19,554 millones de pesos (PEF 2024-U020; Emeequis ene-2024)

Aproximadamente 20,000 personas forman parte del programa «Servidores de la Nación». Su función oficial: operar programas sociales. La realidad documentada es distinta: funcionan como estructura político-electoral permanente financiada con presupuesto federal.

No generan valor público medible. No construyen capacidades institucionales. Son, en la práctica, una asignación de recursos públicos a funciones político-partidistas.

6. Condonación CFE-Tabasco: El Riesgo Moral Institucionalizado

Monto condonado: 11,000 a 15,000 millones de pesos (CFE/SHCP Tabasco 2024)

En un acto sin precedente reciente, se condonó la deuda eléctrica de Tabasco —estado natal del entonces presidente— deteriorando el patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Qué mensaje envía? Que la deuda por servicios públicos puede perdonarse por voluntad política. Que las empresas productivas del Estado pueden usarse discrecionalmente. Se institucionaliza el riesgo moral: ¿por qué pagar si puedo esperar perdón?

7. Consultas Populares: Teatro Democrático sin Efectos Reales

Costo: 522 a 1,738 millones de pesos (INE 2021-2022; El País ene-2022)

Las consultas populares de 2021 y el ejercicio de revocación de mandato de 2022 le costaron al Instituto Nacional Electoral entre 522 y 1,738 millones.

Ninguna tuvo efectos legales vinculantes. Ninguna modificó política pública alguna. Fueron ejercicios de legitimación política financiados con recursos públicos sin consecuencias prácticas.

El Costo Invisible: Cuando el Ciudadano Paga lo que el Estado Dejó de Hacer

Los números anteriores representan pérdidas directas cuantificables. Pero existe un costo más perverso: el que pagan las familias cuando el Estado deja de cumplir sus funciones básicas.

La Salud como Gasto Privado Obligatorio

Datos verificables:

• Gasto de bolsillo como % del gasto total en salud: 41% (OCDE Health at a Glance 2023)
• Aumento real del gasto de bolsillo por hogar: +41.4% entre 2018-2024 (México Evalúa jul-2025; ENIGH 2024)

¿Qué significa esto en términos reales? Que el Estado dejó de financiar lo que constitucionalmente debe financiar, y las familias compensaron esa ausencia con sus propios recursos. Consultas médicas, medicamentos, estudios, hospitalizaciones: todo lo que antes cubría (aunque imperfectamente) el Seguro Popular o el IMSS, ahora lo paga directamente el ciudadano.

Este es el impuesto más regresivo que existe: afecta proporcionalmente más a los pobres, quienes deben elegir entre alimentación o medicamentos, entre pagar vivienda o atención médica.

La desaparición del Seguro Popular y el fallido experimento del INSABI (posteriormente IMSS-Bienestar) dejaron en desamparo a más de 50 millones de personas. El desabasto de medicamentos oncológicos, insulinas y antivirales se volvió crónico.

Hablamos de cientos de miles de millones de pesos transferidos del presupuesto público al gasto familiar directo. Familias que se endeudan para pagar tratamientos, enfermedades crónicas sin control, muertes evitables por falta de acceso.

La Inseguridad como Impuesto Indirecto: El Robo de Carga

Datos sectoriales verificables:

• Eventos anuales de robo a carga: 9,000-16,000 (AMIS; ANERPV, 2024-2025)
• Incremento en primas de seguro: 15%-25% (El Economista 2025; CANACAR)
• Sobrecosto operativo en rutas críticas: 10%-20% (IMT; T21)

¿Quién paga esto? Las aseguradoras incrementaron primas. Las empresas transportistas invierten en sistemas GPS, custodias privadas, blindaje de vehículos, cambios de ruta que aumentan distancias y consumo. Y al final, los consumidores a quienes se trasladan estos sobrecostos.

El sobrecosto logístico estimado por inseguridad alcanza entre 10% y 20% en rutas críticas. Esto se traduce en alimentos más caros, medicinas más caras, insumos industriales más caros. Inflación estructural no monetaria.

Es un impuesto indirecto oculto que todos pagamos en cada compra del supermercado. La inseguridad no solo mata personas: encarece la vida cotidiana.

Nota metodológica: Este costo es trasladable a precios y constituye un impacto inflacionario. Es conceptualmente distinto del costo social de la violencia medido por el IEP (Índice de Paz México), que cuantifica pérdidas por homicidios y gasto en seguridad pública. Ambos son reales, pero no deben sumarse.

La Economía Informal: El Subsidio Forzoso del Sector Formal

Más del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Esto significa que no pagan impuestos sobre la renta, no cotizan al seguro social, no generan ingresos fiscales directos. Pero sí demandan servicios públicos: hospitales, escuelas, policía, infraestructura, programas sociales.

¿Quién financia estos servicios? El sector formal. Los trabajadores asalariados formales y las empresas registradas sostienen con sus impuestos no solo sus propios servicios, sino también los de más de la mitad de la población.

Este es un subsidio involuntario masivo que erosiona la capacidad del Estado de invertir en desarrollo. Una ecuación fiscalmente insostenible que la 4T no resolvió —incluso profundizó al no generar empleo formal significativo.

Impactos Sectoriales: El Daño en Cascada

El Campo: Producción Abandonada

La desaparición de programas especializados (Procampo), los recortes a Sader, la crisis de sanidad animal (tuberculosis bovina, garrapatas) y el desmantelamiento de sistemas de sanidad vegetal generaron:

• Pérdidas millonarias en exportaciones restringidas por incumplimiento de estándares sanitarios
• Presión inflacionaria directa en productos de la canasta básica
• Migración campo-ciudad, aumentando presión sobre servicios urbanos saturados

El campo mexicano dejó de ser prioridad productiva para convertirse en cliente electoral de programas asistencialistas que no generan capacidades técnicas, solo dependencia política.

La Industria: Producir en México se Encareció

La combinación de inseguridad en carreteras, altos costos de energía por una CFE ineficiente que rechazó inversión privada, incertidumbre regulatoria e infraestructura insuficiente generó un entorno hostil para la inversión productiva.

El nearshoring —la gran oportunidad histórica post-pandemia— no se aprovechó plenamente porque las empresas enfrentan barreras operativas que encarecen producción y aumentan riesgos.

Finanzas Públicas 2024: El Peso de la Deuda

Datos verificables (CEFP/IMCO 2025; SHCP):

• Ingresos presupuestarios 2024: 7,492,930 mdp
• Costo financiero del sector público 2024: 1,150,000 mdp (intereses + comisiones)
• Déficit público 2024: ~4.9% del PIB
• Deuda bruta cierre 2024: ~18,100,000 mdp

Estos números significan que 15.3% de los ingresos presupuestarios se destinan a pagar intereses de deuda, no a invertir en educación, salud, infraestructura productiva o desarrollo.

Las obras faraónicas, los rescates perpetuos a Pemex y CFE, los programas clientelares —financiados con deuda— crean una hipoteca generacional: las próximas generaciones pagarán por décadas decisiones que no tomaron.

La Hipoteca Nacional: El Legado Real de la 4T

El verdadero costo de estos seis años no se mide solo en pesos perdidos. Se mide en:

Hipoteca Social

• Ciudadanos más pobres, más enfermos, menos protegidos
• Sistema de salud colapsado que tardará años en reconstruirse
• Generaciones de niños con aprendizajes incompletos
• Aumento del gasto de bolsillo en salud (+41.4%) que empobrece familias

Hipoteca Fiscal

• Estado más endeudado con menor capacidad de inversión
• 15.3% de ingresos destinados a pagar deuda
• Pemex y CFE en insolvencia técnica que exigen rescates constantes
• Menor capacidad de respuesta ante crisis futuras

Hipoteca Productiva

• Capital humano deteriorado por deficiencias en salud y educación
• Infraestructura mal planeada o incompleta
• Costos operativos elevados por inseguridad
• Pérdida de competitividad internacional
• Oportunidad de nearshoring desaprovechada

Conclusión: El Verdadero Significado de «Primero los Pobres»

Durante seis años escuchamos «primero los pobres». Los números revelan que lo que realmente ocurrió fue una transferencia masiva de responsabilidades del Estado hacia las familias más vulnerables.

Cuando el Estado deja de proveer salud, los pobres pagan de su bolsillo (+41.4% real) o mueren. Cuando la inseguridad colapsa la logística, los pobres pagan más por alimentos. Cuando se destruye capital en obras faraónicas, la deuda la pagan todos, pero afecta más a los pobres.

El costo fiscal cuantificado alcanza entre 876,773 y 948,789 millones de pesos en pérdidas directas verificables, pero el verdadero daño es estructural e intergeneracional.

México no solo perdió dinero. Perdió tiempo, oportunidades, vidas y futuro.

Y mientras las obras llevan nombres y tienen placas inaugurales, las familias que pagaron la factura no tienen monumento. Solo deudas, enfermedades sin tratar, salarios insuficientes y un país menos preparado para competir en el siglo XXI.

Esa es la transformación real: de un Estado proveedor a un Estado que transfiere sus obligaciones constitucionales a quien menos puede pagarlas.

Y eso no tiene ideología: es simplemente una transferencia regresiva de costos.

Tabla Resumen Ejecutivo

Pérdidas Directas Verificables (Subtotal Conservador)

Costos Trasladados al Sector Privado y Hogares

(No sumables al subtotal anterior)

Documento elaborado con información de fuentes públicas verificables. Las opiniones y análisis expresados son responsabilidad del autor. Los datos presentados provienen de fuentes oficiales y públicas citadas. Se invita al lector a verificar las fuentes primarias y formar su propio criterio.

Última actualización: 30 de octubre de 2025

Glosario Rápido

MDP/mdp → Millones de pesos
OCDE → Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (club de países desarrollados)
OOP → Out-of-Pocket = Gasto de bolsillo (lo que pagas directo de tu ingreso)
ASF → Auditoría Superior de la Federación (fiscaliza el gasto público)
RFSP → Requerimientos Financieros del Sector Público (medida más amplia del déficit)
IEP → Institute for Economics and Peace (mide costo social de violencia)
Trasladable a precios → Costo que las empresas te cobran en el precio final del producto

A finales de octubre, tractores cerraron carreteras en al menos 20 estados del país. Los productores de maíz del Bajío y Sinaloa exigían 7,200 pesos por tonelada. El gobierno ofrecía 6,050. Tras dos días de tensión, la Secretaría de Agricultura anunció un acuerdo: 950 pesos de apoyo directo por tonelada, créditos con tasas reducidas y seguros agropecuarios para pequeños productores.

Pero no todos levantaron los bloqueos. Y ahí surgió la frase que merece análisis.

«También hay otros intereses, no tan legítimos, en estos cierres de carreteras», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de octubre, según publicó La Jornada. La declaración trazó una línea: de un lado, demandas legítimas; del otro, intereses políticos que contaminan la protesta.

El problema es que Morena nació haciendo exactamente eso: politizar conflictos sociales.

La contradicción en el espejo

Antes de ser partido, Morena fue movimiento. Plantones, marchas, asambleas. El plantón de 2006 en Reforma. Las brigadas territoriales. El «voto por voto». Andrés Manuel López Obrador construyó su liderazgo convirtiendo el malestar ciudadano en agenda política. Claudia Sheinbaum se formó en esa tradición: activismo estudiantil, carrera académica, gestión pública siempre cercana a causas sociales.

Esa politización del descontento fue la herramienta. Sin ella, difícilmente Morena habría llegado al poder en 2018.

Lo que ayer fue virtud —transformar problemas sociales en batallas políticas— hoy se vuelve sospechoso cuando lo hacen otros. La politización no es el problema; el problema es quién politiza. Cuando lo hace el gobierno, es legítimo. Cuando lo hacen los agricultores, se convierte en maniobra turbia.

Más que semántica: una operación de poder

La frase presidencial no entra al fondo de las demandas. No discute si 7,200 pesos por tonelada es justo o si los 950 pesos de apoyo más créditos y seguros son suficientes. En cambio, debilita al mensajero sugiriendo que sus motivos no son puros.

Esta operación tiene nombre en la teoría política. Michel Foucault explicó que el poder no solo reprime: produce «verdad». Cuando el gobierno clasifica una protesta como «no tan legítima», no está describiendo la realidad; está construyéndola. Define quién merece ser escuchado y quién no.

Hannah Arendt enseñó que lo político es el espacio donde los distintos disputan sentidos comunes. Chantal Mouffe sostiene que la democracia requiere adversarios que batallan dentro de reglas compartidas. Antonio Gramsci mostró que la sociedad es un terreno de hegemonía donde proyectos compiten por volverse sentido común.

En todas estas lecturas, politizar no degrada: es el procedimiento normal de la democracia.

Los números detrás del conflicto

La brecha es real. Los agricultores pedían 7,200 pesos; el gobierno ofreció 6,050, argumentando que supera el precio internacional de referencia. El acuerdo incluyó 950 pesos de apoyo complementario (800 federales y 150 estatales), dirigido a unos 90,000 productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, con tope de 200 toneladas por productor. También se anunció la creación de un Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz.

Esto no es un «nuevo precio de garantía» nacional, como algunos medios inicialmente reportaron. Es un apoyo focalizado. La diferencia importa.

El desacuerdo tiene gramática de política pública: costos de producción, estacionalidad, márgenes de intermediación, impactos presupuestales, elasticidades, aranceles. Es política, no moral. Los bloqueos tienen costos —congestión, pérdidas, interrupción del abasto— y el Estado debe proteger los derechos de terceros. Pero esa es una discusión distinta a invalidar la demanda por ser «política».

Del movimiento al poder (y contra el movimiento)

El giro es histórico. Morena se forjó agregando demandas dispersas bajo un significante amplio: «el pueblo», «la regeneración». En esos años, politizar era la estrategia: convertir malestares particulares en proyecto nacional. Hoy, en el poder, esa misma lógica se invierte. Ya no se suman demandas; se expulsan cuando provienen de terceros.

No es anomalía mexicana. Las izquierdas en gobierno suelen tensarse con sus tradiciones de protesta. Pero aquí resulta más problemático porque el capital simbólico de Morena proviene precisamente de la politización del conflicto. Desautorizarla en manos ajenas instala una doble vara.

Sin el plantón de 2006, sin las marchas de 2012, sin la pedagogía territorial, difícilmente habría coalición social que llevara a Morena a la presidencia. Esa protesta pidió reconocimiento, no deslegitimación. La frase de 2025 contradice esa memoria: lo que entonces se exigió para el propio movimiento hoy se regatea a otros.

La falacia funcional

Separar «lo político» de «lo legítimo» es una falacia funcional. En democracia, la legitimidad nace de admitir que los intereses en juego son políticos y deben dirimirse con información, reglas y representación. Llamar «no tan legítimos» ciertos cierres no vuelve ilícita la pretensión; simplemente evita el debate de fondo.

Pierre Bourdieu explicó que quien nombra el mundo social impone clasificaciones y jerarquías. Si el gobierno se reserva la potestad de definir qué demandas son «legítimas» y cuáles «políticas», centraliza la validación simbólica y estrecha el perímetro de lo decible. La deslegitimación opera como tecnología de gobierno: neutraliza sin negociar.

El resultado práctico: el gobierno se queda con la exclusividad de la politicidad aceptable. Al resto se le exige una imposible pureza apolítica.

Tres claves para entender la trampa

Primero: la política no es ilegítima. Declarar «no tan legítimos» ciertos cierres por sus «intereses» no vuelve impropia la protesta. La reconoce por lo que es: una intervención en la distribución de poder y recursos.

Segundo: la separación entre «político» y «legítimo» es estrategia de control. Si solo se validan reclamos «despolitizados», el gobierno se arroga la curaduría discrecional de la agenda. Es una forma de concentrar autoridad simbólica en el Ejecutivo.

Tercero: deslegitimar sirve para justificar inacción o coerción. En vez de entrar al detalle —estructuras de costos, márgenes de intermediación, impactos fiscales—, la etiqueta de «intereses no tan legítimos» abarata decisiones duras: ignorar, posponer o reprimir. Esta es la perversidad: convertir un comodín moral en coartada para eludir la deliberación.

Gobernar con pluralidad o controlar con etiquetas

El gobierno no está obligado a concederlo todo. Pero sí a reconocer que todas las demandas sociales son, por naturaleza, políticas. Que la politización no es marca de infamia, sino condición de ciudadanía. Que deslegitimar al otro bajo el rótulo de «intereses no tan legítimos» empobrece la democracia y entorpece la gobernabilidad.

Si el apoyo de 950 pesos por tonelada, los créditos y los seguros no satisfacen a todos —y rara vez lo harán—, el camino es abrir mecanismos de interlocución verificables, transparentar criterios técnicos, publicar datos de costos e impacto fiscal, institucionalizar mesas con representación territorial y sectorial plural.

Las mejores políticas de desarrollo rural se construyen con los actores, no contra ellos.

La invitación final

Deslegitimar adversarios puede reducir costos políticos en el corto plazo, pero erosiona el capital democrático que el propio movimiento en el poder dice custodiar. Gobernar con visión plural exige más trabajo —datos, negociación, escucha—, pero fortalece la autoridad por convicción, no por exclusión.

Política y legitimidad no son antónimos. Si México quiere un campo con futuro, necesita más política —y mejor política—, no menos. Y un poder que recuerde que la politización del conflicto fue su cuna, no su enemigo.

Fuentes consultadas:

• La Jornada, 31 de octubre de 2025
• El País, 29 de octubre de 2025
• Versión estenográfica, Presidencia de la República, 29 de octubre de 2025
• La Jornada, 30 de octubre de 2025

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 (PPEF-2026) presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum revela una paradoja que define el corazón del proyecto de la Cuarta Transformación: mientras el discurso oficial proclama la atención «primero los pobres» y el fortalecimiento de los derechos sociales, los números cuentan una historia radicalmente diferente. Con un gasto neto total de 10.19 billones de pesos, este presupuesto expone una arquitectura de prioridades donde el costo de la deuda supera a la salud, donde trenes y plantas eléctricas reciben más atención que hospitales y escuelas, y donde el Estado mexicano parece más comprometido con construir monumentos de concreto que con garantizar los derechos humanos fundamentales de su población.

La aritmética brutal: cuando pagar deudas vale más que salvar vidas

El dato más revelador del PPEF-2026 es que el costo financiero representa aproximadamente 4.1% del PIB (alrededor de 1.572 billones de pesos), mientras que el sector salud alcanza apenas 2.6% del PIB con 996.5 mil millones de pesos. Leamos esto de nuevo: México destinará más recursos a pagar los intereses de su deuda que a cuidar la salud de más de 133 millones de personas.

Esta cifra de 2.6% del PIB está dramáticamente por debajo de la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de destinar al menos 6% del PIB en gasto público a salud. No estamos hablando de una diferencia marginal: para cumplir con el estándar internacional, México necesitaría más del doble de lo presupuestado. Mientras tanto, el gasto en salud aumenta apenas 55.6 mil millones de pesos respecto a 2025, un incremento que difícilmente cubrirá la inflación y el crecimiento poblacional.

Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto per cápita en salud para la población sin seguridad social es de apenas 4,412 pesos anuales, mientras que para derechohabientes del IMSS alcanza 10,074 pesos. Esta brecha de 2.3 veces entre asegurados y no asegurados evidencia un sistema de salud profundamente desigual, donde los más vulnerables reciben menos de la mitad de recursos por persona. Con una población estimada por CONAPO de más de 133 millones de habitantes para 2026, el gasto agregado per cápita del sector salud ronda los 7,500 pesos anuales—aproximadamente 20 pesos diarios por persona para toda la atención médica en el país.

Es importante aclarar que estos 996.5 mil millones de pesos corresponden al sector salud consolidado (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Secretaría de Salud y otros), no únicamente al Ramo 12. Algunas cifras oficiales mencionan 966 mil millones, probablemente por diferencias en el universo considerado, pero la estimación integral del CIEP alcanza los 996.5 mil millones.

Trenes de lujo mientras los hospitales se desmoronan

La inversión en infraestructura del PPEF-2026 revela las verdaderas prioridades del gobierno. Se destinarán 104.6 mil millones de pesos a nuevos trenes de pasajeros (México-Querétaro, AIFA-Pachuca, Irapuato-Guadalajara) y 327.6 mil millones de pesos al sector energético, principalmente CFE e infraestructura relacionada. Sumados, estos rubros representan 432.2 mil millones de pesos—aproximadamente 43% del presupuesto total del sector salud del país.

Del total de inversión física de 960.1 mil millones de pesos, 536.8 mil millones se clasifican oficialmente como «proyectos prioritarios», obras emblemáticas que consumen recursos masivos con beneficios sociales cuestionables. Estos proyectos no solo requieren inversiones iniciales gigantescas, sino que, como ha demostrado el Tren Maya, demandarán subsidios operativos permanentes que drenarán recursos de programas sociales durante décadas.

Los números del Tren Maya son contundentes: según estados financieros reportados, en el primer semestre de 2025 las pérdidas superaron los 2,000 millones de pesos, con ingresos propios que cubren apenas 9.6% de los gastos operativos. En 2024, los ingresos fueron de 275 millones de pesos contra gastos de 2,837 millones. Estos subsidios operativos masivos y recurrentes son el futuro que espera a los nuevos proyectos ferroviarios del PPEF-2026.

Vale la pena señalar que esta comparación, aunque ilustrativa, contrasta montos de inversión física (capex) con gasto funcional programable—naturalezas de gasto diferentes. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿cuántos hospitales de tercer nivel, cuántas clínicas rurales, cuántos centros de salud podrían construirse y operarse con 104.6 mil millones de pesos? ¿Cuántos médicos y enfermeras podrían contratarse? ¿Cuántos medicamentos podrían comprarse? Las respuestas son incómodas porque evidencian la irracionalidad de estas prioridades.

Educación: el discurso de la transformación sin recursos para transformar

El sector educativo recibe aproximadamente 1.267 billones de pesos, equivalente a 3.3% del PIB—una cifra inferior al costo financiero de 4.1%. Esta asignación sigue siendo insuficiente para un país con rezagos educativos masivos, infraestructura escolar deteriorada y salarios docentes que no han recuperado el poder adquisitivo perdido en las últimas dos décadas. México está pagando más por los errores fiscales del pasado que por educar a sus futuras generaciones.

No hay inversiones significativas en infraestructura educativa, actualización tecnológica de escuelas, o programas masivos de capacitación docente. Mientras el discurso oficial habla de «excelencia educativa» y «nueva escuela mexicana», los recursos siguen siendo insuficientes para garantizar que todos los niños mexicanos tengan acceso a escuelas dignas, con sanitarios funcionales, agua potable, y materiales educativos adecuados.

Seguridad: recortes peligrosos en medio de la crisis

El presupuesto para la Guardia Nacional muestra una caída preocupante: de aproximadamente 33.8-35.4 mil millones de pesos en 2025 bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a 23.5 mil millones de pesos en 2026 ahora bajo SEDENA. Es importante señalar que esta comparación requiere cautela debido al cambio de universo administrativo y la posible exclusión de ciertos rubros de inversión física en las cifras reportadas. No obstante, la dirección es clara: reducción de recursos para seguridad pública en un país que registra más de 30,000 homicidios anuales. Adicionalmente, el propio sector SSPC también muestra recortes significativos.

La seguridad pública aparece con variación negativa en el presupuesto. Esto en un contexto donde la violencia criminal sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas y donde regiones enteras del país permanecen bajo control efectivo del crimen organizado. La transferencia de la Guardia Nacional a SEDENA, sumada a esta reducción presupuestal, sugiere una militarización de la seguridad con menos recursos civiles—exactamente lo opuesto a lo que recomiendan los expertos en seguridad pública y derechos humanos.

Vivienda: el derecho constitucional olvidado

El PPEF-2026 no presenta cifras significativas para vivienda digna, uno de los derechos humanos fundamentales consagrados en el artículo 4° constitucional. En un país donde millones de familias viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a servicios básicos, y donde el rezago habitacional ronda entre 8.4 y 9.0 millones de viviendas según datos de CONAVI y SEDATU (considerando diferentes años y definiciones), la ausencia de una estrategia presupuestal robusta para vivienda es una omisión inexcusable.

Mientras se destinan 104.6 mil millones de pesos a trenes que conectarán ciudades para pasajeros de clase media y alta, no existe un programa equivalente para garantizar que las familias mexicanas tengan un techo digno. Los programas sociales de vivienda han sido históricamente insuficientes, fragmentados y mal focalizados—y nada en este presupuesto sugiere que 2026 será diferente.

El peso insostenible de la deuda: hipotecando el futuro

El costo financiero de aproximadamente 1.572 billones de pesos (4.1% del PIB) no solo es alto, sino que representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal. Cuando un país gasta más en pagar intereses de deuda que en cuidar la salud de su población, está enviando un mensaje claro sobre sus prioridades—y ese mensaje no incluye a los más vulnerables.

La Cuarta Transformación heredó problemas fiscales, ciertamente, pero sus decisiones los han exacerbado. Los megaproyectos financiados con deuda, las empresas estatales deficitarias sostenidas con transferencias presupuestales masivas (como evidencian las pérdidas operativas del Tren Maya), y la resistencia ideológica a reformas fiscales progresivas han creado una bomba de tiempo fiscal. Recursos equivalentes a 4.1% del PIB que de otra manera podrían destinarse a salud, educación, ciencia, cultura, o cualquier área que realmente contribuya al desarrollo humano.

La falacia de las «obras que se quedan»

El gobierno argumenta que los megaproyectos de infraestructura son «inversiones que se quedan», que beneficiarán a generaciones futuras. Pero esta narrativa ignora tres realidades fundamentales:

Primera: La infraestructura física se deprecia y requiere mantenimiento constante. Los trenes, refinerías y plantas eléctricas de hoy serán las cargas presupuestales de mañana, demandando subsidios operativos que competirán con programas sociales. El Tren Maya ya está demostrando este patrón, con ingresos que cubren menos del 10% de sus gastos operativos.

Segunda: La infraestructura solo genera valor si responde a necesidades reales de la población. Un tren de pasajeros que requiere subsidios para operar porque los usuarios no pueden pagar tarifas que cubran costos es, por definición, una mala inversión social. Ese dinero en salud preventiva, educación de calidad, o transferencias directas a familias en pobreza extrema tendría impactos sociales mucho mayores y más inmediatos.

Tercera: La verdadera infraestructura que «se queda» es la humana. Un niño bien nutrido y educado, con acceso a servicios de salud de calidad, generará valor para la sociedad durante toda su vida productiva. Un adulto sano contribuye más a la economía que uno enfermo. La inversión en capital humano tiene retornos sociales exponencialmente superiores a la inversión en concreto y acero.

¿Derechos humanos o monumentos gubernamentales?

El marco de derechos humanos establece obligaciones claras para los Estados: deben utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales. El PPEF-2026 parece contradecir este principio. No es que no haya recursos—hay 10.19 billones de pesos. El problema es cómo se distribuyen.

Cuando un gobierno elige destinar más de 100 mil millones de pesos a trenes de pasajeros mientras mantiene el gasto público en salud muy por debajo del 6% del PIB recomendado por OPS/OMS, está haciendo una elección consciente: prioriza la visibilidad política de megaproyectos sobre la atención a derechos fundamentales. Cuando gasta el equivalente a 43% del presupuesto de salud en nuevos proyectos de infraestructura cuestionable, está diciendo que las placas inaugurales importan más que salvar vidas.

Con brechas enormes en gasto per cápita entre población asegurada y sin seguro social (2.3 veces de diferencia), con hospitales sin medicamentos, con infraestructura educativa colapsada, con un rezago habitacional de más de 8 millones de viviendas, la decisión de priorizar trenes y plantas eléctricas no solo es cuestionable económicamente—es moralmente indefensible desde una perspectiva de derechos humanos.

El camino no tomado: lo que debería ser prioritario

Un presupuesto verdaderamente transformador requeriría decisiones radicalmente diferentes. Debería establecer reglas internas para contener el crecimiento del gasto corriente y crear pisos multianuales de inversión con rentabilidad social demostrable. En salud, la prioridad absoluta debería ser el primer nivel de atención y el abasto de medicamentos, cerrando la inaceptable brecha per cápita entre población asegurada y sin seguridad social (actualmente de 4,412 vs 10,074 pesos), con metas claras de reducción de tiempos de espera y desabasto.

Los proyectos de infraestructura deberían acompañarse de tableros públicos con análisis de Valor Presente Social, cronogramas realistas y porcentajes de avance verificables, evitando la dispersión de recursos en obras que nunca se concluyen o que operan con déficit crónico. En seguridad, se necesita evaluar rigurosamente la productividad del gasto, fortalecer la coordinación con los estados, y privilegiar la prevención sobre la militarización.

Finalmente, urge un plan robusto para manejar el costo financiero y el perfil de deuda, con metas explícitas de balance primario. Sin estas correcciones, la situación fiscal seguirá deteriorándose, y serán precisamente los programas sociales los que terminarán recortándose cuando la crisis se agudice.

Conclusión: un presupuesto que traiciona su discurso

La Cuarta Transformación llegó al poder con promesas de poner al pueblo en el centro, de atender primero a los pobres, de garantizar derechos fundamentales. El PPEF-2026 demuestra que entre el discurso y la realidad existe un abismo.

Un país que gasta 4.1% del PIB en costo financiero pero solo 2.6% en salud, que prioriza trenes sobre hospitales, que reduce recursos para seguridad en medio de una crisis de violencia, y que ignora sistemáticamente el derecho a la vivienda digna, no está cumpliendo con su obligación constitucional de garantizar los derechos humanos de su población.

Lo que México necesita es inversión masiva en su gente: salud universal de calidad que alcance al menos el 6% del PIB en gasto público recomendado por OPS/OMS, educación de excelencia que supere el 3.3% actual, vivienda digna para los más de 8 millones de hogares en rezago habitacional. Necesita un Estado que entienda que la verdadera transformación no se mide en kilómetros de vías férreas o en megavatios de capacidad eléctrica, sino en esperanza de vida, en años de escolaridad, en reducción de pobreza, en niños bien alimentados y adultos con oportunidades reales de desarrollo.

El PPEF-2026 representa, en opinión de quien escribe, un presupuesto de prioridades invertidas, donde la infraestructura monumental recibe más atención presupuestal que los derechos humanos fundamentales, y donde el discurso progresista contrasta dramáticamente con decisiones de asignación regresivas.

La pregunta final es incómoda pero inevitable: Si el gobierno de la Cuarta Transformación no puede priorizar salud, educación y vivienda sobre trenes y refinerías que requieren subsidios operativos permanentes, ¿en qué se diferencia realmente de los gobiernos que tanto critica? Los números del PPEF-2026 sugieren que la respuesta está en el espejo.

Análisis basado en el PPEF-2026 (SHCP), datos del CIEP, CEFP, IMCO, CONAPO, CONAVI/SEDATU, OPS/OMS y estados financieros de empresas públicas. Todas las cifras son verificables en documentos oficiales y fuentes técnicas especializadas.

México insiste en mirarse al espejo como potencia solidaria mientras en el reflejo aparecen salas de urgencias sin medicamentos, aulas agrietadas y caminos que siguen sin pavimentarse. En nombre de la “cooperación”, el gobierno ha ensanchado una cartera de compromisos fuera de casa que mezcla ventas, servicios y programas sociales. La etiqueta es amable; el costo político y social, no. La solidaridad, cuando borra fronteras contables, se vuelve propaganda.

La primera confusión es semántica. Bajo un mismo paraguas caben tres rubros de naturaleza distinta: exportaciones petroleras a Cuba; contratación de médicos cubanos (IMSS‑Bienestar); y cooperación bilateral en Centroamérica a través de Sembrando Vida (SV) y Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF). Sumarlo todo como “ayuda” miente por exceso y oculta por diseño: no es lo mismo vender crudo que financiar becas ni contratar brigadas médicas. Sin distinción jurídica ni presupuestal, la diplomacia se vuelve contabilidad creativa.

La pieza más visible del rompecabezas es el petróleo. De acuerdo con documentos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y despachos de agencia, México exportó a Cuba alrededor de 400 millones de dólares en 2023 y cerca de 600 millones en 2024. No fueron donativos, sino ventas. Convertido a pesos constantes, el flujo de 2024 ronda los 7,970 millones. Pero el gobierno ha evitado desglosar condiciones de pago, plazos o eventuales facilidades crediticias. ¿Hubo venta en firme, crédito, o subsidio implícito vía precio y logística? El silencio es la política. La opacidad vuelve imposible distinguir solidaridad de negocio y deja a los contribuyentes sin respuesta básica: ¿se cobró, cuándo y a qué tasa?

La segunda pieza es la contratación de médicos cubanos. Entre 2012 y junio de 2025, el gasto acumulado asciende al menos a 2,019 millones de pesos nominales. falta trazabilidad sobre la nómina real de profesionales enviados, su distribución por especialidad y estado, el cumplimiento de jornadas, los resultados en mortalidad evitable o tiempos de espera, y los términos exactos de los convenios con la empresa estatal cubana. La ausencia de un tablero público convierte la evaluación en fe. La narrativa presume “cobertura”; los datos disponibles no permiten medir impacto.

Tercera pieza: la cooperación en el Triángulo Norte. Entre 2020 y 2024, México destinó 82 millones de dólares para SV y JCF en Centroamérica: 31 millones de dólares (USD) a El Salvador, 31 millones de dólares (USD) a Honduras y 20 millones de dólares (USD) a Guatemala. El objetivo oficial fue contener la migración mediante ingresos temporales, capacitación y apoyo agroforestal. La intención es legítima. El problema es otro: sin indicadores verificables —permanencia en empleo, tasas de reinsertados al sistema educativo, hectáreas efectivamente restauradas—, la cooperación queda atrapada en la foto del arranque y no en la película de los resultados.

Hay, además, capítulos que revelan más preguntas que respuestas. Sobre convenios con teleSUR, no existe evidencia pública de contratos vigentes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ni en los portales de transparencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). En materia de vuelos de retorno de migrantes, el único dato consolidado y verificable es el de 2024: 22 vuelos confirmados por el Instituto Nacional de Migración (INM). La cifra inflada de 111 vuelos en 2023 carece de respaldo documental y debe descartarse. Cuando el gobierno presenta preliminares como verdades, la política pública se construye sobre arena.

La comparación internacional desnuda la paradoja. Las economías avanzadas cooperan porque pueden: en 2024, España reportó una razón de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD/ODA) sobre Producto Interno Bruto (PIB) de 0.25%; Portugal, 0.24%; Canadá, 0.34%. México no es miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no reporta AOD/INB (ODA/GNI) y cuantifica su cooperación vía TOSSD —Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible— a través de AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo). No se trata de impedir la cooperación mexicana, sino de llamarla por su nombre y ponerla a prueba con estándares que otros ya cumplen. Mientras los socios del CAD miden y rinden cuentas, México mezcla rubros, confunde conceptos y convierte la “solidaridad” en espectáculo doméstico.

La aritmética pública exige cortes finos. Exportar crudo es una operación comercial; contratar brigadas médicas, gasto operativo; financiar programas sociales fuera de nuestras fronteras, cooperación internacional. Sumarlos como si fueran “ayuda” es propaganda fiscal. Y presumirlos sin transparencia es pedirle al contribuyente que aplauda con los ojos vendados.

No es sólo un asunto de dinero, sino de prioridades. En un país con hospitales que racionan antibióticos, comunidades sin médicos de tiempo completo y escuelas que hacen colecta para reparar techos, cada peso que cruza la frontera debe rendir cuentas dobles. La cooperación que México merece no oculta contratos, no diluye métricas, no confunde ventas con donaciones. La solidaridad, cuando es seria, no necesita adjetivos: se mide.

Resumen de apoyos al exterior

Notas de método

1. Conversión a pesos constantes: INPC (base 2018=100). 2) Tipo de cambio FIX promedio anual. 3) Exportaciones energéticas no califican como ODA ni TOSSD. 4) Contratación de servicios (médicos cubanos) se clasifica como gasto operativo, no cooperación. 5) Los 2,019 mdp son al menos; la cifra es nominal por falta de microdatos verificables para deflactar por momento del devengo. 6) Vuelos de retorno: sólo 2024 (22) cuenta con respaldo público consolidado; 2023 (111) fue eliminado por no verificable.

Veredicto editorial

México no necesita maquillar solidaridad: necesita gobernarla. La cooperación responsable distingue rubros, publica contratos, mide impactos y prioriza a su propia gente sin renunciar a la región. Lo demás —la suma indiscriminada, la opacidad, la épica sin datos— es humo caro. En tiempos de escasez, llamar solidaridad a la confusión es una falta ética. La política exterior que vale se sostiene en cifras auditables; la que presume sin cuentas, se desploma al primer soplo de realidad.

Notas y fuentes verificables

1. Reuters. “Mexico’s Pemex increased crude shipments to Cuba in 2024, filing shows.” 6 mayo 2025. https://www.reuters.com/business/energy/mexicos-pemex-increased-crude-shipments-cuba-2024-filing-shows-2025-05-06/
2. Reuters. “Mexico to resume oil exports to Cuba after 3‑month pause – data.” 29 mayo 2024. https://www.reuters.com/world/americas/mexico-resume-oil-exports-cuba-after-3-month-pause-data-2024-05-29/
3. El Universal. Alelhí Salgado. “México paga 2 mil millones de pesos por médicos cubanos; el monto, entregado en euros y pesos.” 17 junio 2025. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-paga-2-mil-millones-de-pesos-por-medicos-cubanos-el-monto-entregado-en-euros-y-pesos/
4. ASF — Auditoría Superior de la Federación. “Informe de auditoría 2024_0411_a (IMSS‑Bienestar/FONSABI).” 2025. https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2024_0411_a.pdf
5. PRISMA. Ileana Gómez y Valeria Ramón. Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Noviembre 2024. https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2025/01/Sembrando-Vida-y-Jovenes-Construyendo-Futuro-en-CA.pdf
6. PNUD México. Nuestras voces, desde abajo: diagnóstico sobre los resultados de SV y JCF en El Salvador y Honduras. 20 enero 2023. https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/nuestras-voces-desde-abajo-diagnostico-sobre-los-resultados-de-sembrando-vida-y-jovenes-construyendo-el-futuro-en-el-salvador-y
7. OCDE — Perfiles de Cooperación. España. 11 junio 2025 (dato preliminar 2024: ODA/GNI 0.25%). https://www.oecd.org/en/publications/development-co-operation-profiles_04b376d7-en/spain_63702c87-en.html
8. OCDE — Perfiles de Cooperación. Portugal. 11 junio 2025 (dato preliminar 2024: ODA/GNI 0.24%). https://www.oecd.org/en/publications/development-co-operation-profiles_04b376d7-en/portugal_3b225e0a-en.html
9. OCDE — Perfiles de Cooperación. Canadá. 11 junio 2025 (dato preliminar 2024: ODA/GNI 0.34%). https://www.oecd.org/en/publications/development-co-operation-profiles_04b376d7-en/canada_0c742aaa-en.html
10. OCDE — Perfiles de Cooperación. México (no miembro del CAD; reporta TOSSD). 2025. https://www.oecd.org/en/publications/development-co-operation-profiles_04b376d7-en/mexico_d55d3494-en.html
11. INM — Instituto Nacional de Migración. “Acuerdan México y Honduras retorno humanitario de 41 personas menores…” 13 marzo 2024. https://www.gob.mx/inm/prensa/acuerdan-mexico-y-honduras-retorno-humanitario-de-41-personas-menores-de-18-anos-originarias-de-ese-pais
12. INM — Opinión Migración. “110124.” 11 enero 2024 (reinicio de vuelos de retorno asistido). https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/opinion-migracion-110124/
13. DOF — Diario Oficial de la Federación. Búsqueda pública de contratos/ convenios “teleSUR”, 2023–2025: sin resultados. https://www.dof.gob.mx/
14. SPR — Sistema Público de Radiodifusión. Perfil institucional y portal de datos abiertos (revisión de contratos; sin evidencia de convenios vigentes con teleSUR). 2025. https://datos.gob.mx/organization/spr