A la fecha de cierre de este ensayo, 24 de abril de 2026, hay hechos acreditados, versiones oficiales contradictorias, reportes periodísticos con fuentes reservadas e inferencias analíticas que deben mantenerse separados. Está acreditado que murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación en la zona sur de Chihuahua; Manuel Genaro Méndez Montes, agente escolta; y dos funcionarios estadounidenses inicialmente identificados como personal vinculado a la Embajada de Estados Unidos. También está acreditado que, antes del accidente, autoridades mexicanas localizaron dos laboratorios de presunta producción de drogas sintéticas y un campamento en una zona colindante entre Morelos y Guachochi; el propio Gobierno de Chihuahua informó que en ese operativo participaron la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que sigue bajo disputa es el papel exacto de los estadounidenses: AP reportó, con base en un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con el asunto, que trabajaban para la CIA; la Embajada, el Departamento de Estado y la propia CIA no confirmaron públicamente identidades ni adscripción. Esa incertidumbre no disminuye la gravedad del episodio: la aumenta.

La reconstrucción cronológica revela el tamaño político del problema. El operativo se concentró en una zona serrana donde autoridades estatales reportaron el hallazgo de laboratorios clandestinos; uno de los predios tenía aproximadamente 850 metros cuadrados, y otro cerca de 40, con hornos, tambos, cilindros, acetona, contenedores y otros insumos. Esa descripción oficial no basta para cerrar técnicamente el caso, pero sí permite una inferencia razonada: lo localizado apuntaba a una capacidad clandestina de producción de escala relevante, no a una improvisación menor. Después vino el accidente. Las primeras versiones públicas asociaron a los cuatro fallecidos con el retorno del operativo; posteriormente, autoridades de Chihuahua matizaron y sostuvieron que los estadounidenses no habían participado directamente en el aseguramiento, sino que se encontraban en una capacitación en drones antes de integrarse al traslado. La distancia entre esas narrativas —la del retorno de un operativo y la de una presencia vinculada a capacitación— se convirtió en el primer síntoma de una administración deficiente de la información pública.

La reacción federal añadió otro nivel de tensión. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal no tenía conocimiento de una operación conjunta entre autoridades de Chihuahua y personal estadounidense, sostuvo que no puede haber agentes de ninguna institución estadounidense operando en campo mexicano y abrió la posibilidad de revisar si hubo violaciones a la ley. AP documentó, además, que el relato oficial se enredó cuando el gobierno federal reconoció participación del Ejército en el operativo, mientras persistían contradicciones sobre la presencia y el papel de los funcionarios estadounidenses reportados por ese medio como personal de la CIA. Más tarde, el discurso oficial cargó el peso político sobre el gobierno estatal de Chihuahua; el Senado pidió a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal César Jáuregui proporcionar detalles sobre el accidente y el contexto operativo; el Congreso local de Chihuahua, por su parte, rechazó una propuesta para llamar a comparecer a la mandataria estatal. La disputa institucional se transformó velozmente en un litigio partidista.

El problema es que el litigio partidista, aunque políticamente rentable, es analíticamente insuficiente. Puede y debe investigarse si autoridades estatales violaron procedimientos de cooperación, omitieron avisos, sostuvieron contactos irregulares o permitieron que servidores públicos locales actuaran fuera de los cauces previstos para tratar con personal extranjero. También puede y debe exigirse a Chihuahua que informe, con precisión documental, qué supo, qué gestionó, qué solicitó, qué comunicó, qué toleró y qué mandos estatales participaron en la operación o en sus márgenes. Pero esa obligación local de informar no debe confundirse con la responsabilidad federal de autorizar, acreditar, supervisar, coordinar y controlar la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. El estatus, la circunscripción, los límites de actuación, la coordinación superior y la cadena institucional de mando de personal estadounidense vinculado a tareas sensibles no son, por naturaleza, materias estatales: pertenecen al campo federal de la seguridad nacional, la política exterior, la inteligencia, la defensa y la cooperación bilateral. Convertir a la gobernadora en el centro absoluto del escándalo operó políticamente como una reducción conveniente. En materia de narcotráfico transnacional, seguridad nacional, contrainteligencia, presencia de agentes extranjeros, defensa, relaciones exteriores y coordinación estratégica con Estados Unidos, el centro de gravedad no está en el palacio estatal: está en el poder federal.

La Constitución mexicana no deja mucho margen para la fantasía federalista. La seguridad pública es una función coordinada entre órdenes de gobierno, pero la preservación de la seguridad nacional, la conducción de la política exterior, la disposición de la Fuerza Armada permanente, la legislación sobre seguridad nacional y la arquitectura superior de inteligencia pertenecen al núcleo federal del Estado. El artículo 89 faculta al Ejecutivo federal para preservar la seguridad nacional y disponer de la Fuerza Armada permanente; el artículo 73 permite al Congreso expedir leyes en materia de seguridad nacional; y el artículo 21, en su diseño vigente, asigna a la secretaría federal del ramo funciones de formulación, coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como auxilio al Ejecutivo en seguridad nacional y coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. La Ley de Seguridad Nacional, además, regula expresamente a los agentes extranjeros: pueden internarse temporalmente con fines de intercambio de información, pero la acreditación y circunscripción territorial corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina; los servidores públicos locales deben sujetarse a reglas estrictas de contacto e informar a las instancias federales competentes.

Ese marco jurídico produce una conclusión político-jurídica razonada: si los estadounidenses muertos eran sólo instructores, el gobierno federal debe explicar por qué la coordinación, acreditación, circunscripción territorial y supervisión de esa presencia no quedaron suficientemente claras ante la opinión pública. Si eran funcionarios de inteligencia —como reportaron AP y otros medios con fuentes reservadas, sin confirmación pública de Washington—, el problema es aún mayor. Si algún nivel federal conocía esa presencia, debe explicarse por qué no hubo conducción política transparente y por qué el esclarecimiento fue desplazado por la culpabilización periférica. Si la versión federal de desconocimiento es correcta, entonces el país enfrenta una falla grave de inteligencia, contrainteligencia o coordinación interinstitucional. Chihuahua puede tener responsabilidad por actos u omisiones propios; el Estado federal tiene que responder por lo que autorizó, conoció, toleró, permitió, ignoró o no supo detectar.

La disyuntiva es dura, pero no debe formularse como simplificación dogmática. Si la cadena federal fue informada, el caso exhibe opacidad, mala administración política y una posible contradicción entre el discurso soberanista y la práctica real de cooperación. Si no fue informada, entonces personal extranjero pudo moverse en el entorno de una operación sensible vinculada a narcotráfico sintético sin que los órganos federales de defensa, inteligencia, seguridad pública, relaciones exteriores y coordinación diplomática lo detectaran oportunamente. La primera hipótesis exhibe opacidad; la segunda, incompetencia. Ninguna absuelve al gobierno central.

La larga sombra: la CIA en México no empezó en Chihuahua

Chihuahua no inaugura la presencia estadounidense en el sistema mexicano de seguridad. La actual controversia sólo actualiza una historia larga, incómoda y deliberadamente intermitente en la memoria oficial. Desde la Guerra Fría, México fue territorio estratégico para la inteligencia estadounidense: frontera terrestre con Estados Unidos, puente latinoamericano, espacio de vigilancia sobre Cuba, la izquierda continental, diplomáticos soviéticos, movimientos estudiantiles y élites políticas nacionales. La estación de la CIA en México no fue un detalle marginal del paisaje diplomático; fue una plataforma de observación, penetración, intercambio y negociación con el poder mexicano.

El caso Winston Scott es indispensable. Scott, jefe de estación de la CIA en México entre 1956 y 1969, operó desde la Embajada de Estados Unidos y construyó relaciones directas con figuras centrales del régimen priista. Documentos desclasificados y trabajos históricos han mostrado que la red LITEMPO funcionó como un canal informal de intercambio político sensible con altos funcionarios mexicanos; entre los nombres asociados por esas investigaciones aparecen Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios. El National Security Archive documentó que Scott se apoyó en su relación con Díaz Ordaz, Echeverría y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil de 1968. Esa historia no pertenece al folclor conspirativo: forma parte del archivo histórico de la relación bilateral.

Ahí reside la importancia de Manuel Buendía. La CIA en México no debe leerse como una curiosidad de librero ni como una pieza de época. Buendía trabajó, desde el periodismo de investigación, una intuición que conserva vigencia: el problema de la CIA en México no era sólo la existencia de agentes extranjeros, sino la vulnerabilidad de las estructuras políticas mexicanas frente a circuitos de información, influencia, tolerancia, dependencia e intercambio con segmentos del poder nacional. Su libro, publicado por Ediciones Océano en 1984, ordenó materiales sobre presencia, redes, métodos y relaciones de la agencia estadounidense en México; sus columnas en Red Privada insistieron en los puntos de contacto entre opacidad estatal, seguridad, inteligencia, corrupción y zonas oscuras del poder. Conviene formularlo con prudencia: Buendía no “explicó” todos los episodios posteriores ni anticipó mecánicamente el presente; sí dejó una clave interpretativa poderosa para leerlo: la soberanía formal podía convivir con prácticas informales de subordinación, colaboración o negligencia.

Buendía vio, además, una deformación que sigue siendo actual: la inteligencia mexicana fue usada con frecuencia para la vigilancia política interna antes que para la defensa estratégica del Estado. Esa tradición produjo aparatos expertos en mirar adversarios domésticos, periodistas, disidentes o grupos sociales, pero menos sólidos para construir contrainteligencia profesional frente a agencias extranjeras o redes criminales transnacionales. La sombra de la Dirección Federal de Seguridad, la opacidad de los archivos y la dificultad para depurar responsabilidades históricas recuerdan que México no ha resuelto su relación con sus propios sótanos. En ese sentido, Chihuahua no es la aparición repentina de un fantasma: es la reapertura de una pregunta que la democracia mexicana nunca quiso responder del todo.

Carlos Ramírez, desde una lectura opinativa contemporánea de seguridad nacional, ha insistido durante décadas en que la relación México-Estados Unidos debe analizarse desde la intersección entre poder presidencial, agencias extranjeras, narcotráfico, subordinación bilateral y discurso de soberanía. Su aportación debe colocarse en su sitio: no es una fuente factual primaria del caso Chihuahua, sino una voz interpretativa que ayuda a entender la persistencia del problema. Lo útil en esa mirada es la insistencia en que la presencia de la inteligencia estadounidense en México no puede entenderse como anomalía, sino como una constante que cambia de forma: Guerra Fría, narcotráfico, terrorismo, migración, armas, fentanilo, ciberseguridad. En el caso Chihuahua, esa línea de lectura permite formular una pregunta incómoda: si la presencia extranjera ocurrió sin conocimiento del Estado mexicano, el fracaso nacional no está sólo en la audacia de Washington, sino en la fragilidad de México.

La evolución bilateral confirma esa continuidad. La Iniciativa Mérida, anunciada en 2007, institucionalizó un modelo de cooperación en seguridad que incluyó equipo, capacitación, inteligencia, fortalecimiento institucional y combate al crimen organizado. Años después, el Entendimiento Bicentenario sustituyó el marco retórico de Mérida por una agenda más amplia, orientada a seguridad, salud pública, armas, drogas sintéticas y cadenas criminales. La GAO ha señalado que desde 2008 la asistencia estadounidense a México se ha concentrado en promover el Estado de derecho y combatir el narcotráfico, y que el Entendimiento Bicentenario amplió el enfoque de Mérida al incorporar compromisos sobre reducción de demanda de drogas en Estados Unidos y flujo ilegal de armas hacia México. En ambos modelos, México ha defendido formalmente su soberanía y Estados Unidos ha perseguido intereses propios de seguridad nacional. La cooperación no es en sí misma ilegítima; lo ilegítimo es que se desarrolle en zonas grises, sin claridad de mando, sin rendición de cuentas y sin control democrático.

La tragedia chihuahuense se inserta, además, en un contexto nuevo: el narcotráfico sintético. Las grandes organizaciones mexicanas ya no son sólo redes de trasiego de drogas vegetales; son estructuras capaces de articular precursores químicos, laboratorios, rutas financieras, control territorial, armas, corrupción local, redes logísticas y mercados internacionales. La DEA sostuvo en su evaluación de 2025 que el tráfico de drogas sintéticas poderosas, incluido el fentanilo, representa una amenaza para la salud pública, el Estado de derecho y la seguridad nacional de Estados Unidos; la UNODC advirtió ese mismo año que la inestabilidad global fortalece a los grupos delictivos y empuja el consumo de drogas a niveles históricamente altos. No se trata de aceptar sin crítica la narrativa estadounidense, sino de reconocer que la economía criminal se sofisticó y que el Estado mexicano no puede responderle con propaganda.

El centro jurídico-político: narcotráfico, agentes extranjeros y responsabilidad federal

La tesis central debe formularse sin ambigüedad, pero con precisión: el escándalo construido alrededor de la gobernadora de Chihuahua funcionó en los hechos como una reasignación conveniente del foco público frente a problemas más graves. Esto no exonera al gobierno estatal de eventuales responsabilidades administrativas, políticas o legales. Significa que, desde el marco constitucional y la Ley de Seguridad Nacional, la conducción primaria de la seguridad nacional, la política exterior, la acreditación de agentes extranjeros, la cadena militar, la inteligencia y el control superior de estos asuntos recae en la Federación, sin que ello excluya responsabilidades estatales por actos u omisiones propios. La gobernadora puede ser requerida para informar lo que supo o hizo; el fiscal estatal puede ser llamado a explicar comunicaciones, solicitudes, omisiones o contradicciones; los mandos locales pueden incurrir en faltas. Pero el Estado mexicano no puede fingir que la soberanía se defiende desde el gobierno estatal cuando se compromete desde el centro.

El narcotráfico de alto impacto no es una suma de delitos locales. Es un fenómeno de delincuencia organizada con dimensión federal, transnacional, financiera, química, territorial, militar y diplomática. Los gobiernos estatales enfrentan sus efectos inmediatos —homicidios, extorsión, control territorial, policías penetradas, desplazamientos—, pero no poseen por sí mismos las herramientas para controlar fronteras, acreditar agentes extranjeros, perseguir redes internacionales de precursores, coordinar inteligencia estratégica, negociar con Washington, supervisar embajadas, conducir la política exterior o disponer de Fuerzas Armadas. Culpar al nivel estatal de la totalidad del problema es funcional para el oficialismo, pero intelectualmente deshonesto.

Después de casi siete años y medio de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, el país no puede reducir el debate a un accidente y a una acusación de “traición” local. El problema real es que el narcotráfico se ha adaptado, diversificado y sofisticado. La producción de metanfetamina y fentanilo exige laboratorios, precursores químicos, rutas marítimas, cadenas de corrupción, redes financieras y protección territorial. Si un laboratorio de gran extensión puede operar en la sierra de Chihuahua, la pregunta no es sólo quién iba en el vehículo accidentado, sino cómo se consolidó esa infraestructura criminal, durante cuánto tiempo funcionó, qué autoridades la ignoraron, qué redes la abastecieron y qué inteligencia falló antes de que fuera necesario llegar a destruirla. Los hallazgos reportados oficialmente —superficie, hornos, tambos, cilindros, contenedores y acetona— permiten sostener, como inferencia editorial razonada, que el caso apunta a una estructura clandestina de producción de escala considerable.

La presencia de personal extranjero agrava la cuestión porque convierte un caso de seguridad pública en un asunto de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional no permite que agentes extranjeros ejerzan facultades reservadas a autoridades mexicanas ni que operen fuera de los límites de su acreditación; su papel, cuando es autorizado, debe circunscribirse a actividades de enlace e intercambio de información. Si ese marco se cumplió, el gobierno federal debe exhibir la ruta documental: acreditación, autorización, circunscripción territorial, objeto de la presencia, dependencia responsable, informes, cadena de mando y límites operativos. Chihuahua, por su parte, debe entregar la parte local del expediente: comunicaciones sostenidas, solicitudes formuladas, conocimiento de sus mandos, intervención de sus agentes y eventuales omisiones. Si el marco legal no se cumplió, la pregunta no puede agotarse en la conducta del gobierno estatal; debe dirigirse, ante todo, a las instancias federales que tenían la obligación de autorizar, supervisar, coordinar o detectar esa presencia. Ahí se separan con nitidez dos planos que el debate público quiso confundir: el deber local de informar y la responsabilidad federal de responder por la soberanía operativa del Estado.

La contradicción oficial resulta aquí especialmente delicada. Sheinbaum afirmó que no sabía de una operación conjunta y que no puede haber personal estadounidense operando en campo mexicano; al mismo tiempo, se reconoció que fuerzas federales mexicanas participaron en el operativo contra los laboratorios, y autoridades estatales sostuvieron después que los estadounidenses estaban vinculados a capacitación y no al aseguramiento directo. La pregunta se vuelve inevitable: si había elementos federales mexicanos en la operación, ¿qué supieron, qué reportaron y a quién? Si la Defensa no conocía la presencia extranjera, ¿cómo fue posible que una operación con participación militar y estatal se desarrollara en un entorno donde funcionarios estadounidenses terminaron integrados al traslado posterior? Si algún nivel federal sí lo sabía, ¿por qué la Presidencia dijo no saberlo? La discusión no puede quedarse en si la gobernadora contestó o no una llamada; debe ascender hacia el Ejército mexicano dentro de su cadena federal de mando, hacia la SSPC, la SRE, el Centro Nacional de Inteligencia, el Gabinete de Seguridad y la Presidencia de la República.

El siguiente cuadro resume el núcleo de responsabilidad, no como sustituto del ensayo, sino como mapa lógico del problema:

Ese es el punto que el linchamiento político intenta borrar: aun cuando Chihuahua hubiera actuado irregularmente, la falla no termina en Chihuahua. Empieza ahí, pero asciende. La soberanía no es una consigna de conferencia matutina; es una capacidad administrativa, diplomática, militar, policial, jurídica y de inteligencia. Si no se sabe quién entra, qué hace, con quién se coordina, qué información recibe y bajo qué límites opera, la soberanía no se ejerce: se representa.

La distracción: del problema de Estado al teatro de la culpabilización

La operación discursiva posterior al accidente siguió una mecánica conocida. Primero, se singularizó el problema en un actor políticamente rentable: la gobernadora panista de Chihuahua. Después, se moralizó el conflicto bajo la categoría de soberanía violada por una autoridad local. Luego, se llevó el asunto al terreno de la comparecencia, la amonestación y el escarnio legislativo. Finalmente, el debate técnico —inteligencia, cadena de mando, acreditación de agentes, cooperación bilateral, responsabilidad federal— quedó desplazado por una narrativa de culpables periféricos.

Esa estrategia no es exclusiva de un gobierno ni de un partido. Es una técnica de poder: convertir un problema sistémico en una imputación personalizada; transformar una falla institucional en una escena de indignación; reemplazar la auditoría del Estado por el castigo simbólico de un adversario. En Chihuahua, esa técnica funcionó políticamente porque permitió al oficialismo colocarse como defensor de la soberanía mientras evitaba responder por las zonas grises de la cooperación real con Estados Unidos.

La paradoja es evidente. El mismo gobierno que reivindica una soberanía celosa frente a Washington opera en un país donde la cooperación de inteligencia con Estados Unidos nunca ha desaparecido. Reuters documentó en 2025, a partir de fuentes estadounidenses y mexicanas, una cooperación de larga data de la CIA con unidades mexicanas entrenadas, equipadas, financiadas o examinadas por la agencia; su reconstrucción subrayó que esas unidades operaban dentro de estructuras mexicanas y que el gobierno mexicano aprobaba las operaciones de captura. El punto no es afirmar operaciones unilaterales abiertas de la CIA en México; es advertir que la cooperación secreta o semisecreta ha existido y que, por esa misma razón, exige controles, reglas, reciprocidad y rendición de cuentas. Lo que no puede sostenerse es una soberanía retórica para el consumo interno y una cooperación ambigua para la gestión real de la crisis.

El intento del Senado de llamar a Campos y Jáuregui puede ser defendible como ejercicio de control político si busca esclarecer hechos. Pero cuando se convierte en teatro de acusación selectiva, pierde densidad institucional. Del otro lado, el rechazo del Congreso de Chihuahua a llamar a comparecer a la gobernadora tampoco constituye una absolución material; sólo revela que la mayoría local protegió políticamente a su Ejecutivo. Ambos gestos muestran lo mismo: el caso fue capturado por la disputa partidista antes de que pudiera convertirse en una investigación seria de Estado. Reuters reportó que una comisión del Senado pidió a Campos y Jáuregui proporcionar detalles sobre el accidente y comparecer ante comisiones legislativas; esa escena, por sí sola, no sustituye el deslinde federal.

La crítica al gobierno federal no exige defender a la gobernadora. Exige impedir que la rendición de cuentas sea sustituida por una narrativa conveniente. Si Chihuahua omitió avisos, ocultó información o permitió tratos indebidos con agentes extranjeros, debe investigarse. Si funcionarios estadounidenses excedieron su estatus, debe reclamarse diplomáticamente. Si autoridades federales fueron informadas y callaron, deben comparecer. Si no fueron informadas, deben explicar por qué los mecanismos de seguridad nacional fallaron. La investigación no puede descender sólo hacia el estado; debe subir hacia la Federación.

El caso recuerda una vieja intuición de Buendía: el poder mexicano es más opaco precisamente donde más solemne se vuelve. Habla de soberanía cuando no quiere hablar de dependencia; habla de legalidad cuando no quiere mostrar expedientes; habla de patriotismo cuando no quiere exhibir la cadena de decisiones. La CIA en México siempre ha sido, en ese sentido, menos un tema de “espías extranjeros” que un espejo de las debilidades internas del Estado mexicano.

Inteligencia, militarización y recursos estratégicos dilapidados

La pregunta más profunda es por qué México llega a este episodio con un aparato de inteligencia tan vulnerable a la ambigüedad. La transformación del Cisen en Centro Nacional de Inteligencia prometió superar la vieja tradición del espionaje político. Más recientemente, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública buscó regular la integración, funcionamiento y operación de un sistema de investigación e inteligencia para prevenir, investigar y perseguir delitos, con mecanismos de coordinación entre instituciones y autoridades. Sin embargo, la arquitectura legal no equivale a capacidad estratégica. Tener instituciones no significa tener inteligencia; tener bases de datos no significa entender amenazas; tener Fuerzas Armadas desplegadas no significa tener contrainteligencia.

La militarización agrava la paradoja. Durante los últimos años, México ha entregado a las Fuerzas Armadas responsabilidades crecientes en seguridad pública, infraestructura, aduanas, aeropuertos, trenes, empresas estatales, obras civiles y administración logística. Human Rights Watch sostuvo en su informe de 2026 que el gobierno mexicano continuó ampliando el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y civiles, y que el Congreso aprobó reformas para transferir la Guardia Nacional al control del Ejército. El problema no es reconocer la disciplina o capacidad operativa de soldados y marinos, sino cargarles funciones civiles mientras el país necesita capacidades altamente especializadas de inteligencia estratégica, análisis financiero, infiltración criminal, vigilancia tecnológica, control de precursores, cooperación internacional y contraespionaje.

Un Estado serio no confunde presencia territorial con inteligencia. Puede haber convoyes, retenes, patrullajes y decomisos, y al mismo tiempo carecer de comprensión estratégica de las redes criminales. Puede destruir un laboratorio y no desmontar la estructura que lo hizo posible. Puede detener operadores y no tocar circuitos financieros. Puede multiplicar discursos de soberanía y no controlar la actividad de agencias extranjeras. Puede militarizar la seguridad y seguir siendo ciego ante la arquitectura del crimen.

Chihuahua expuso esa contradicción. Si los dos funcionarios estadounidenses muertos eran efectivamente oficiales de la CIA, como reportó AP con fuentes reservadas y sin confirmación pública de Washington, México necesita saber qué hacían ahí. Si no lo eran, necesita saber por qué el caso produjo tal nivel de contradicción, opacidad y disputa sobre su papel. Pero más todavía necesita saber qué hace su propio sistema de inteligencia. La seguridad nacional no puede depender de filtraciones, versiones de prensa, rectificaciones estatales, silencios diplomáticos y conferencias presidenciales. Debe depender de expedientes verificables, controles legislativos, protocolos binacionales, responsabilidad administrativa y conducción profesional.

La dilapidación de recursos estratégicos se vuelve más grave cuando se compara con la sofisticación del adversario. Los grupos criminales no operan como pandillas rurales desarticuladas; integran tecnología, logística, finanzas, redes sociales, armas, corrupción, territorios y mercados internacionales. Frente a eso, la respuesta estatal no puede ser una mezcla de moral pública, improvisación operativa y desplazamiento de culpas. El Estado debe pensar como Estado: anticipar, penetrar, mapear, supervisar, auditar, coordinar y sancionar.

Soberanía real o soberanía teatral

El caso Chihuahua obliga a abandonar una comodidad histórica: creer que la soberanía se defiende con declaraciones. México ha convivido durante décadas con una soberanía dual. En el plano ceremonial, invoca no intervención, autodeterminación y respeto territorial. En el plano operativo, negocia cooperación, inteligencia, entrenamiento, tecnología, presión diplomática y prioridades de seguridad con Estados Unidos. Esa dualidad no es necesariamente una traición; puede ser una condición inevitable de la vecindad geopolítica. Lo que sí es inadmisible es administrarla con opacidad y usarla después como arma de propaganda interna.

La historia de la CIA en México enseña que las agencias extranjeras no penetran únicamente por fuerza propia. Penetran porque encuentran interlocutores, vacíos, intereses, complicidades, dependencias o negligencias. La red LITEMPO no fue sólo una operación de Winston Scott; fue también una historia de élites mexicanas dispuestas a compartir información, recibir beneficios, construir canales informales y usar la inteligencia para preservar poder. Buendía lo entendió: el problema no era únicamente la astucia del extranjero, sino la vulnerabilidad del sistema nacional.

La lectura contemporánea de Carlos Ramírez sirve aquí como marco interpretativo, no como prueba factual: México corre el riesgo de confundir soberanía con retórica y cooperación con subordinación inevitable. La exigencia que se desprende del caso es simple y severa: el Estado mexicano debe dejar de actuar como si la presencia estadounidense fuera escándalo sólo cuando se vuelve pública. Si existe cooperación, debe regularse; si hay operaciones encubiertas o semiencubiertas, deben investigarse; si hay agentes acreditados, deben conocerse sus límites; si hay agentes no acreditados, deben expulsarse o procesarse conforme a derecho; si hay autoridades mexicanas que los habilitan irregularmente, deben responder.

El cierre institucional del caso no puede ser una comparecencia de Campos ni una frase presidencial. Debe incluir, al menos, respuestas precisas: cuándo ingresaron los estadounidenses al país; bajo qué calidad migratoria y diplomática; si estaban acreditados como agentes extranjeros conforme a la Ley de Seguridad Nacional; qué dependencia federal autorizó o recibió notificación de su presencia; qué actividad realizaron en Chihuahua; si participaron en planeación, inteligencia, capacitación, vigilancia, análisis o campo; qué supo la Sedena; qué supo la SSPC; qué supo la SRE; qué supo el CNI; qué reportó la Embajada; qué informó Chihuahua; qué documentos existen; y qué sanciones proceden si hubo violaciones.

También debe revisarse la relación bilateral. México no puede combatir redes transnacionales sin inteligencia compartida, pero tampoco puede entregar zonas de operación a agencias extranjeras. Estados Unidos tiene intereses legítimos en frenar drogas sintéticas que matan a miles de sus ciudadanos; México tiene el deber irrenunciable de impedir que esa agenda se traduzca en intervención, unilateralismo o sustitución de autoridad. La cooperación sólo es soberana cuando es transparente para las instituciones responsables, controlada por normas mexicanas y sometida a rendición de cuentas.

La peor salida sería que el episodio terminara absorbido por la coyuntura: Morena acusando al PAN de traición; el PAN acusando a Morena de oportunismo; Washington guardando silencio oficial sobre la adscripción de sus muertos; Chihuahua protegiendo su versión; la Federación reclamando soberanía sin exhibir expedientes; y el crimen organizado reconstruyendo laboratorios en otro punto de la sierra. Esa sería la victoria perfecta de la distracción.

El Estado mexicano necesita menos teatralidad y más Estado. Necesita inteligencia profesional, contrainteligencia real, controles civiles, coordinación federal, archivos claros, protocolos binacionales, rendición de cuentas y una política de seguridad que no use al narcotráfico como campo de propaganda. Necesita Fuerzas Armadas concentradas en misiones estratégicas, no dispersas en encargos administrativos que erosionan su función principal. Necesita un gobierno federal que asuma que la soberanía no consiste en reprender gobernadores, sino en saber qué ocurre en el territorio, quién opera en él, qué intereses se mueven y qué autoridad manda.

Chihuahua no pregunta solamente qué hacían dos funcionarios estadounidenses en un traslado posterior a un operativo. Pregunta qué queda de la soberanía cuando el Estado no puede responder con claridad. Pregunta qué significa combatir al narcotráfico cuando los laboratorios aparecen como industrias clandestinas en territorios disputados. Pregunta qué valor tiene el nacionalismo si no produce inteligencia, control y responsabilidad. Pregunta, en última instancia, si México quiere seguir administrando sombras o construir, por fin, una política de seguridad nacional adulta.

La CIA en México no es un fantasma: es una historia. Y como toda historia larga de poder, no se resuelve negándola, caricaturizándola ni usándola contra adversarios locales. Se resuelve abriendo expedientes, deslindando responsabilidades, corrigiendo instituciones y dejando de confundir soberanía con escenografía. La tragedia de Chihuahua merece duelo; el país merece verdad. Y el Estado mexicano, si todavía quiere llamarse soberano, debe empezar por mirarse a sí mismo sin coartadas.

Referencias

Aguayo Quezada, S. (2001). La charola: Una historia de los servicios de inteligencia en México. Grijalbo.

Associated Press. (2026, 21 de abril). 2 US officials killed in Mexico crash after anti-drug operation worked for CIA, AP sources say.

Astorga, L. (2005). El siglo de las drogas: El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio. Plaza y Janés.

Bailey, J., & Taylor, M. M. (2009). Evade, corrupt, or confront? Organized crime and the state in Brazil and Mexico. Journal of Politics in Latin America, 1(2), 3–29.

Buendía, M. (1984). La CIA en México. Ediciones Océano.

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026a). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026b). Ley de Seguridad Nacional. Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Collado Herrera, M. C. (2017). La Guerra Fría, el movimiento estudiantil de 1968 y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz: La mirada de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Secuencia.

Drug Enforcement Administration. (2025). National Drug Threat Assessment 2025. U.S. Department of Justice.

Flores Pérez, C. A. (2009). El Estado en crisis: Crimen organizado y política. CIESAS.

Gobierno del Estado de Chihuahua. (2026, 18 de abril). Localizan dos laboratorios de metanfetamina en la sierra, entre Morelos y Guachochi.

Government Accountability Office. (2023). U.S. assistance to Mexico: State Department should take steps to assess overall progress (GAO-23-103795).

Human Rights Watch. (2026). World Report 2026: Mexico.

Morley, J. (2006). LITEMPO: Los ojos de la CIA en Tlatelolco. National Security Archive. George Washington University.

Morley, J. (2008). Our man in Mexico: Winston Scott and the hidden history of the CIA. University Press of Kansas.

Ramírez, C. (2026, 24 de abril). La CIA de todos días. El Independiente.

Reuters. (2025, 10 de septiembre). Inside the CIA’s secret fight against Mexico’s drug cartels.

Reuters. (2026, 20 de abril). Mexico to probe role of US officials killed in Chihuahua car crash, Sheinbaum says.

Reuters. (2026, 22 de abril). Mexican senators ask Chihuahua officials to appear over crash that killed US officials.

Trejo, G., & Ley, S. (2020). Votes, drugs, and violence: The political logic of criminal wars in Mexico. Cambridge University Press.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). World Drug Report 2025. United Nations.

U.S. Department of State. (2007). The Mérida Initiative. U.S. Department of State.

Resumen

Este ensayo examina la corrupción en México como fenómeno político, institucional, histórico y cultural que atraviesa los siglos XX y XXI. Partiendo de una conceptualización teórica rigurosa, que distingue la corrupción de nociones vecinas como patrimonialismo, clientelismo, captura del Estado e impunidad, el trabajo argumenta que la corrupción en México no ha constituido una anomalía episódica ni una mera suma de actos individuales inmorales, sino una forma estable de articulación entre poder, institución, norma y beneficio privado. A través del análisis del régimen posrevolucionario, del partido hegemónico, de la tecnocratización neoliberal, de la alternancia política y de los gobiernos del siglo XXI, el ensayo reconstruye las metamorfosis históricas del fenómeno: sus modos de operar, sus vínculos con la gobernabilidad, su papel en la integración de élites y su resistencia estructural al cambio. Se desarrolla asimismo una tesis cultural que, sin incurrir en determinismo antropológico ni en esencialismo, muestra cómo ciertas prácticas corruptas se han naturalizado, tolerado o reproducido en amplios sectores de la sociedad mexicana, configurando un entorno que el poder político ha sabido administrar en su beneficio. El ensayo estudia luego los mecanismos visibles y sutiles que sostienen la impunidad —desde la opacidad burocrática y la fragmentación de responsabilidades hasta el cinismo cívico y la resignación moral— y concluye con un juicio estructural sobre las consecuencias de largo plazo del fenómeno y sobre los obstáculos profundos que enfrenta cualquier proyecto de desmantelarlo.

Palabras clave: corrupción, patrimonialismo, clientelismo, captura del Estado, impunidad, cultura política, México, siglo XX, siglo XXI, régimen político

El Estado Capturado: Corrupción, Poder e Informalidad

en México durante los Siglos XX y XXI

Introducción

Existe una forma peculiar de ceguera política que consiste en ver la corrupción exclusivamente en los demás: en los funcionarios venales, en los gobernadores saqueadores, en los partidos corruptos; y nunca en las estructuras que los producen, ni en las prácticas cotidianas que los reproducen, ni en la sociedad que a veces los tolera, los alimenta o los imita a escala menor. Ese déficit de mirada ha sido uno de los obstáculos más persistentes para comprender el fenómeno y, eventualmente, para confrontarlo con seriedad. El presente ensayo parte de la premisa opuesta: que la corrupción en México es un fenómeno político, histórico, institucional y cultural de largo aliento, que no puede reducirse a la suma de actos individuales reprochables ni a la maldad de élites específicas, y que para entenderlo es necesario analizar conjuntamente las estructuras que lo producen, los incentivos que lo sostienen, las instituciones que lo toleran y las prácticas sociales que, en distintos registros, lo reproducen.

El problema no carece de dimensión teórica. Una de las dificultades centrales para el análisis de la corrupción es precisamente su polisemia: el concepto cubre fenómenos tan distintos como el soborno pagado a un agente de tránsito, el desvío de fondos públicos hacia cuentas privadas, la colusión entre funcionarios y contratistas, la compra de votos, la captura regulatoria por grupos de interés o la subordinación del sistema de justicia a intereses políticos. Esta amplitud semántica no es casual: responde a que la corrupción opera en varios planos simultáneos —individual, organizacional, institucional, cultural— y a que sus manifestaciones varían según el tipo de régimen, el momento histórico y la escala de los actores involucrados. Construir un concepto analíticamente operativo, capaz de capturar esa complejidad sin perder precisión, es la primera tarea de este trabajo.

La segunda tarea es histórica. México ofrece uno de los casos más ricos y complejos para el estudio de la corrupción política en América Latina. No porque sus prácticas corruptas sean cualitativamente únicas —el fenómeno tiene paralelos en otras latitudes— sino porque la historia mexicana del siglo XX produjo un régimen que integró la corrupción de manera sistémica en sus mecanismos de gobernabilidad, reproducción de élites y control social. Comprender ese proceso —su origen posrevolucionario, su institucionalización bajo el partido hegemónico, su metamorfosis durante la transición democrática y su persistencia en el siglo XXI— es indispensable para entender qué clase de problema enfrentamos y por qué resiste con tanta eficacia los intentos de desmantelarlo.

La tercera tarea, más delicada, es cultural. Un análisis que culpe únicamente a las élites políticas sería parcial e intelectualmente deshonesto. Hay evidencia suficiente de que prácticas corruptas —en escala diversa, con distintos grados de conciencia y de compulsión— están normalizadas en amplios segmentos de la sociedad mexicana. Señalarlo no equivale a culpar al pueblo de su propio sometimiento, ni a absolver al Estado de su responsabilidad histórica. Significa reconocer que la corrupción, cuando alcanza cierto nivel de extensión, genera un entorno donde la participación o la tolerancia social se vuelven racionales en términos de supervivencia, adaptación o ventaja comparativa, y que ese entorno a su vez hace más difícil construir los contrapesos que podrían contenerla. El poder político, como se argumentará, no ignora esta dinámica: la administra.

El ensayo se organiza en torno a estas tres dimensiones. Comienza con la construcción del concepto de corrupción y su distinción de nociones afines. Continúa con la reconstrucción histórica del fenómeno en México, desde el régimen posrevolucionario hasta los gobiernos del siglo XXI. Analiza luego la dimensión cultural e institucional de su reproducción. Estudia los mecanismos visibles y sutiles que garantizan la impunidad. Y concluye con un juicio estructural sobre las consecuencias del fenómeno y sobre las condiciones de posibilidad de cualquier transformación genuina.

La Corrupción Como Concepto: Más Allá de la Desviación Individual

Definir la corrupción es más difícil de lo que parece. La definición más extendida en la literatura de ciencia política y economía institucional —uso del cargo público para beneficio privado— tiene el mérito de la claridad, pero el defecto de la estrechez (Rose-Ackerman, 1999; Klitgaard, 1988). Captura bien el cohecho, el desvío de recursos y el tráfico de influencias, pero deja fuera fenómenos que son igualmente corruptos en un sentido político más profundo: la captura regulatoria que beneficia a grupos privados sin pago explícito de sobornos; la colonización partidista de instituciones del Estado; la designación de cargos por lealtad política en lugar de competencia, cuando esa designación implica el sometimiento de la función pública al servicio faccionario; o la impunidad estructural que permite que crímenes de cuello blanco queden sin sanción porque sus autores forman parte de redes de protección política.

Una conceptualización más robusta requiere, en primer lugar, distinguir la corrupción de fenómenos con los que frecuentemente se confunde. El patrimonialismo, en el sentido weberiano, designa un tipo de dominación en el que el gobernante trata los bienes y recursos del Estado como extensión de su patrimonio personal, y en el que las relaciones políticas se organizan como relaciones personales de lealtad y dependencia (Weber, 1922/1997). El patrimonialismo no es idéntico a la corrupción, aunque la contiene: describe una lógica de poder en la que la distinción entre lo público y lo privado es estructuralmente borrosa, no sólo accidentalmente transgredida. El clientelismo, por su parte, es una forma de intercambio político en la que recursos, favores o protecciones se distribuyen a cambio de apoyo político o lealtad electoral (Scott, 1972). El clientelismo tampoco es idéntico a la corrupción, pero en sistemas donde los recursos públicos son el insumo principal del intercambio clientelar, ambos fenómenos se solapan de manera funcional. La distinción importa porque permite ver que no toda corrupción es clientelismo —hay corrupción que beneficia sólo a las élites sin retribución popular— y que no todo clientelismo es estrictamente ilegal, aunque usualmente implica un uso privado de bienes que deberían distribuirse según criterios de universalidad.

La impunidad, a su vez, no es corrupción sino su condición de posibilidad y su consecuencia más importante. Un sistema de impunidad estructural —en el que los actos corruptos raramente son investigados, los investigados raramente son procesados, y los procesados raramente son sancionados de manera proporcional— no es un accidente del sistema legal: es el resultado de arreglos institucionales, políticos y culturales que protegen a los actores corruptos de las consecuencias de sus actos (O’Donnell, 1999). Analizar la corrupción sin analizar la impunidad es como estudiar la enfermedad sin estudiar las condiciones que permiten que el organismo no la combata.

La captura del Estado es un concepto desarrollado originalmente por Hellman et al. (2000) para describir la capacidad de actores privados de moldear las reglas formales del juego —leyes, regulaciones, decretos— en su propio beneficio, mediante pagos u otras formas de influencia sobre funcionarios, legisladores o jueces. A diferencia del soborno transaccional, que obtiene una decisión puntual, la captura del Estado busca cambiar las reglas generales para que el entorno regulatorio favorezca sistemáticamente a quien captura. Esta distinción tiene consecuencias analíticas importantes: mientras el soborno es un abuso dentro de las reglas, la captura es un abuso de las reglas mismas. En México, ambas formas han coexistido y se han reforzado mutuamente.

Partiendo de estas distinciones, propongo entender la corrupción como el conjunto de prácticas mediante las cuales agentes con acceso a recursos, decisiones o funciones de carácter público —o cuasi-público— desvían ese acceso hacia fines privados, facciosos o de grupo, violando o eludiendo las normas formales o los principios de imparcialidad que deberían regir el ejercicio de ese acceso, y haciéndolo mediante intercambios ocultos, relaciones de lealtad selectiva, o la instrumentalización del poder para proteger la impunidad propia y la de sus redes. Esta definición tiene varias virtudes: incluye tanto la corrupción transaccional como la captura institucional; distingue entre corrupción de pequeña escala —burocrática o cotidiana— y corrupción política de gran escala; permite ver la corrupción como sistema y no sólo como acto; e incorpora la dimensión de impunidad como parte constitutiva del fenómeno, no como mero añadido.

Desde el punto de vista teórico, la literatura ha oscilado entre varios marcos explicativos. La teoría del principal-agente (Klitgaard, 1988; Rose-Ackerman, 1999) entiende la corrupción como problema de incentivos: los agentes del Estado tienen discrecionalidad y pueden ejercerla en beneficio propio si los mecanismos de supervisión son débiles y si el beneficio esperado supera el costo esperado del descubrimiento. Este marco es útil para pensar diseños institucionales de control, pero subestima la dimensión colectiva del fenómeno: cuando la corrupción no es la excepción sino la norma, el problema deja de ser de supervisión individual y se convierte en un problema de acción colectiva (Johnston, 2005). La teoría de la acción colectiva (Olson, 1965; Ostrom, 1990), aplicada a la corrupción, señala que cuando todos los actores corruptos se protegen mutuamente, el costo de salirse del sistema es más alto que el de permanecer en él: la honestidad se vuelve estratégicamente irracional en entornos de corrupción generalizada. North (1990) agrega una dimensión institucional fundamental: las instituciones —formales e informales— definen los incentivos de los actores, y cuando las instituciones informales de corrupción son más fuertes que las formales de rendición de cuentas, el sistema se reproduce de manera endógena.

Acemoglu y Robinson (2012) contribuyen con la distinción entre instituciones extractivas e inclusivas: las primeras concentran el poder y la riqueza en manos de élites, mientras las segundas distribuyen derechos y oportunidades de manera más amplia. La corrupción política sistemática es, en esta lectura, un síntoma de institucionalidad extractiva, no una distorsión de institucionalidad inclusiva. Bourdieu (1980) añade la dimensión simbólica: las prácticas corruptas no se mantienen sólo por incentivos materiales sino también por habitus instituidos —disposiciones incorporadas que hacen que ciertos intercambios informales parezcan naturales, normales, incluso obligatorios en ciertos campos sociales. Esta perspectiva es fundamental para entender la dimensión cultural del fenómeno, que se desarrollará más adelante.

La Corrupción Como Estructura: El Régimen Posrevolucionario y la Institucionalización del Intercambio Informal

Para entender la corrupción en México hay que comenzar por el principio institucional: la construcción del Estado posrevolucionario. Tras la guerra civil de 1910-1920 y la consolidación del régimen callista, México construyó un sistema político singular: un Estado fuerte en términos de capacidad de coerción y de integración de actores, pero débil en términos de Estado de derecho, autonomía institucional e imparcialidad. La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 —que se transformaría en Partido Revolucionario Institucional en 1946— fue el dispositivo central de esa construcción. El PRI no fue un partido político en el sentido liberal del término: fue un mecanismo de articulación del conjunto de actores políticos, económicos, sindicales y sociales relevantes bajo la tutela del Estado (Cosío Villegas, 1972; Meyer, 1995).

En ese sistema, la corrupción no era simplemente tolerada: era funcionalmente necesaria. El Estado posrevolucionario carecía de los recursos —materiales, legales y normativos— para construir una burocracia weberiana clásica, racionalmente organizada y pagada a través de salarios suficientes. En su lugar, construyó una burocracia patrimonial en la que el acceso al cargo era en sí mismo una forma de retribución, y en la que la extracción de rentas a través del ejercicio discrecional del poder era una compensación informal por la lealtad política prestada (Camp, 1993). El funcionario que accedía a una posición de poder entendía implícitamente que tenía derecho a explotar ese acceso dentro de ciertos límites, siempre que mantuviera la lealtad al sistema y no pusiera en peligro su estabilidad. La corrupción era, en ese sentido, una forma de salario político no declarado y de integración de élites al régimen.

Este arreglo producía lo que Huntington (1968) llamó —de manera polémica y que debe tomarse con cuidado crítico— la función estabilizadora de la corrupción: en ausencia de mecanismos formales de distribución de recursos y de integración de grupos al sistema político, los intercambios informales y corruptos podían funcionar como lubricante de la gobernabilidad. La advertencia metodológica es obligatoria: el argumento de Huntington no equivale a justificar la corrupción ni a presentarla como virtud. Describe una mecánica funcional, no un ideal normativo. Su limitación principal es que no da cuenta de quién paga los costos de ese lubricante: precisamente los sectores que no tienen acceso al sistema de intercambios informales, es decir, los más pobres, los más débiles, los que no tienen padrino político.

El corporativismo priista fue el mecanismo institucional que articuló esa dinámica. La incorporación de los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas y los grupos populares al PRI no fue una integración democrática: fue una captura política mediante la cual el Estado obtenía lealtad y control social a cambio de prebendas, protecciones y acceso discrecional a recursos públicos (Córdova, 1972). Los líderes sindicales —los llamados charros— no representaban a sus trabajadores en el sentido democrático; los administraban en nombre del régimen. La corrupción sindical no era un desvío del sistema corporativista: era su principio de funcionamiento. El líder sindical corrupto era más útil para el régimen que el líder sindical honesto e independiente, porque el primero era controlable y el segundo no.

La distribución de la tierra después de la Reforma Agraria es otro ejemplo paradigmático. En teoría, la dotación ejidal debía responder a criterios técnicos y sociales. En la práctica, dependía de la voluntad discrecional de funcionarios agrarios, de la capacidad de los solicitantes para movilizar relaciones políticas y, en muchos casos, del pago de sobornos a distintos niveles de la cadena burocrática. La corrupción agraria no fue un accidente de la Reforma Agraria: fue el mecanismo a través del cual el Estado mantenía el control discrecional de la tierra como instrumento de poder político (Warman, 1976). Dar y quitar tierra era dar y quitar poder, y ese poder sólo se ejercía de manera legible y calculable a través de la corrupción, no a través de la norma.

El sistema electoral priista añade otra dimensión del fenómeno. La corrupción electoral —fraude, compra de votos, manipulación de resultados, uso de recursos públicos en campañas— no era simplemente un instrumento para ganar elecciones que el PRI de todos modos habría ganado. Era un dispositivo de reproducción de la lealtad y del control territorial. La comunidad que recibía beneficios a cambio del voto no sólo entregaba el voto: entregaba también una posición de dependencia y de deuda simbólica que el régimen podía activar en el futuro. La corrupción electoral funcionaba así como mecanismo de construcción de clientelas y de producción de ciudadanía administrada, no de ciudadanía autónoma (Schedler, 2000).

Conviene detenerse en la distinción entre corrupción burocrática y corrupción política, porque en el sistema priista ambas operaban de manera articulada pero diferenciada. La corrupción burocrática —cobro de comisiones en la expedición de permisos, mordidas a transportistas, pagos informales para acelerar trámites administrativos— era una forma de extracción de rentas de bajo nivel que el sistema toleraba y en muchos casos organizaba. La corrupción política —desvío de fondos públicos, adjudicación de contratos a empresas vinculadas con funcionarios, financiamiento ilegal de partidos— era una forma de acumulación de capital político y económico de alto nivel, reservada a los actores con acceso a las cúpulas del poder. Ambas coexistían en una cadena de extracción que iba desde el trámite más pequeño hasta la licitación más grande, y en la que cada nivel protegía a los demás porque todos participaban en el mismo sistema.

Tecnocratización, Liberalización y Alternancia: Metamorfosis Sin Ruptura

Los años ochenta introdujeron en México una transformación estructural que modificó la forma de la corrupción sin eliminar su sustancia. La crisis de la deuda de 1982, la adopción de programas de ajuste estructural y la liberalización económica progresiva transformaron el perfil de las élites gobernantes: los políticos tradicionales —los llamados dinosaurios— cedieron espacio a los tecnócratas, formados en universidades extranjeras, que hablaban el lenguaje de la eficiencia, la modernización y la transparencia. Esta transformación fue real en términos de estilo y de discurso, pero engañosa en términos de prácticas institucionales.

La privatización de empresas paraestatales durante los gobiernos de De la Madrid y especialmente de Salinas de Gortari (1988-1994) es quizás el ejemplo más paradigmático de cómo la modernización económica puede coexistir con la corrupción política de gran escala. La venta de Telmex, Bancomer, Televisa y decenas de otras empresas públicas a grupos privados se hizo a través de procesos que, en muchos casos, favorecieron a grupos con conexiones políticas privilegiadas, a precios que sistemáticamente subestimaban el valor real de los activos, y con condiciones regulatorias que garantizaban rentas monopólicas a los compradores (Haber et al., 2003). La privatización no fue simplemente un proceso de transferencia de propiedad: fue una redistribución masiva de rentas del Estado hacia redes de élites políticas y económicas vinculadas al gobierno. La corrupción, en este caso, no operó mediante sobornos individuales sino mediante la captura del proceso regulatorio y la instrumentalización de la política pública para beneficio de grupos específicos.

El gobierno de Salinas representó también una profundización de la lógica de concentración de poder personal en el Ejecutivo. El Programa Nacional de Solidaridad —Pronasol— fue presentado como una innovación de política social que descentralizaba recursos y promovía la participación comunitaria. En la práctica, fue un mecanismo sofisticado de clientelismo presidencial que concentraba la distribución de recursos bajo control directo de Los Pinos, cortocircuitando los mecanismos de distribución partidista existentes y construyendo una red de lealtades personales con el presidente (Molinar y Weldon, 1994). El Pronasol no fue corrupto en el sentido transaccional simple —no había sobornos explícitos en cada transferencia— pero fue una forma de uso privado de recursos públicos en el sentido político más pleno: subordinó la política social a los objetivos electorales del presidente.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la espiral de crisis del mismo año —levantamiento zapatista, crisis del peso, escándalos de corrupción en los más altos niveles del gobierno— pusieron al descubierto la fragilidad del sistema y la profundidad de su corrupción estructural. El hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, fue detenido en 1995 acusado de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico; en cuentas bancarias en Suiza se encontraron depósitos de cientos de millones de dólares cuyo origen nunca fue explicado satisfactoriamente. El caso Raúl Salinas no fue un escándalo aislado: fue la visibilización de un sistema de acumulación que había operado durante décadas en la más completa impunidad, protegido por la concentración del poder presidencial y por la subordinación del sistema judicial al Ejecutivo. El análisis del presidencialismo mexicano y sus mecanismos de concentración de poder —desarrollado a fondo en la obra histórica de Meyer (1995) y en los ensayos de Cosío Villegas (1972)— explica con precisión por qué ese tipo de acumulación era estructuralmente posible e institucionalmente invisible mientras el régimen se sostenía.

El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) intentó una reforma institucional parcial, con la creación del Instituto Federal Electoral autónomo y la reforma al Poder Judicial. Pero el sistema de corrupción política no se desmanteló: se reorganizó. La alternancia de 2000, con la victoria de Vicente Fox y el PAN, fue presentada —dentro y fuera de México— como el inicio de una nueva era de transparencia y rendición de cuentas. Esa expectativa se reveló, en buena medida, infundada. No porque el PAN fuera estructuralmente tan corrupto como el PRI —aunque tuvo sus propios escándalos—, sino porque la alternancia política no implica automáticamente una transformación institucional, y las instituciones heredadas del viejo régimen —ministerios públicos capturados, tribunales con cultura de subordinación política, burocracias acostumbradas al intercambio informal— no se reformaron con el cambio de partido en Los Pinos.

Los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2012) produjeron una paradoja: mayor apertura política y mayor violencia derivada del enfrentamiento con el crimen organizado, pero continuidad estructural de la corrupción en la administración pública, en los estados y en los cuerpos de seguridad. La guerra contra el narcotráfico lanzada por Calderón en 2006 produjo un ciclo devastador: al intentar romper las estructuras del crimen organizado, el gobierno aceleró su fragmentación y multiplicación, lo que aumentó la violencia y la competencia por el control de territorios y de instituciones. La corrupción policial y de los ministerios públicos no fue un efecto secundario de la guerra: fue una de sus causas estructurales más importantes. Las instituciones que debían combatir el crimen estaban, en proporciones variables, capturadas por él (Ríos, 2012).

El retorno del PRI con Enrique Peña Nieto (2012-2018) produjo la expectativa contraria: un partido de Estado experimentado, con capacidad de negociación y de reforma. El Pacto por México de 2012-2013 fue, en efecto, un ejercicio político notable que produjo reformas estructurales en sectores estratégicos. Pero el sexenio terminó sumergido en escándalos de corrupción que resumieron con precisión la continuidad del modelo patrimonial: la Casa Blanca de la primera dama adquirida a un contratista del gobierno; el tren México-Querétaro adjudicado de manera irregular; el gobierno del Estado de México —feudo priista del propio Peña Nieto— con niveles de deuda y de desviación de recursos que desafiaban la legalidad; y, sobre todo, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, que reveló con brutalidad la complicidad entre autoridades locales, policías y crimen organizado en el estado de Guerrero (Animal Político, 2015). Ayotzinapa no fue sólo un crimen: fue la demostración de que en partes del territorio mexicano el Estado había sido sustituido funcionalmente por redes de corrupción y violencia que actuaban con la complicidad o la impotencia total de las instituciones formales.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) llegó con el discurso anticorrupción más contundente de la historia reciente de México. Su diagnóstico era correcto en lo esencial: la corrupción había sido sistémica, había capturado las instituciones, y requería una transformación profunda. Pero sus métodos generaron contradicciones importantes. La concentración de poder en el Ejecutivo, la desarticulación o debilitamiento de organismos autónomos de supervisión, la construcción de obras públicas de gran escala —el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas— sin licitaciones competitivas ni supervisión externa eficaz, y la defensa de funcionarios acusados de irregularidades por razón de lealtad política reprodujeron, en forma nueva, algunos de los patrones del régimen que el presidente declaraba haber superado (Merino, 2024). La paradoja del anticorrupto que concentra poder es una de las más antiguas de la política: el argumento de que se necesita concentración para combatir la corrupción ignora que la concentración de poder sin rendición de cuentas es precisamente la condición que la produce.

El gobierno de Claudia Sheinbaum (2024-presente) ha continuado esa lógica con variaciones de estilo pero con continuidades estructurales en materia de discrecionalidad ejecutiva y de debilidad de contrapesos independientes. Las reformas electorales impulsadas en 2026 —un paquete que modificaba el mecanismo de elección de los 200 diputados de representación proporcional, eliminaba los 32 senadores plurinominales y recortaba 25% el financiamiento a los partidos, y que fue rechazado en el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2026 con 259 votos a favor y 234 en contra al no alcanzar la mayoría calificada de 334 necesaria para reformar la Constitución— ilustran con precisión cómo el discurso de democratización puede coexistir con una lógica de ventaja electoral estructural (CNN en Español, 2026; Infobae, 2026; La Jornada, 2026a). Que los aliados PT y PVEM votaran en contra de su propio gobierno —con el argumento explícito de que la reforma perjudicaría a los partidos de menor tamaño y a la pluralidad en el Congreso (La Jornada, 2026b)— fue, en sí mismo, un síntoma de que el diseño de la propuesta respondía menos a una agenda de pluralismo que a una de concentración de poder. No es que Sheinbaum sea corrupta en el sentido transaccional del término; es que el sistema político que administra sigue operando con lógicas de discrecionalidad, lealtad y concentración de poder que generan las condiciones estructurales para la corrupción, con independencia de las intenciones personales de quien lo encabeza.

La Dimensión Cultural: Normalización, Tolerancia y Participación Social

Una de las incomodidades más productivas del análisis de la corrupción en México es la que genera la siguiente observación: las encuestas de percepción y los estudios cualitativos muestran de manera consistente que amplios sectores de la población mexicana condenan la corrupción como fenómeno general, pero al mismo tiempo declaran haber pagado sobornos, tolerado irregularidades, recurrido a contactos para resolver trámites, o aceptado beneficios derivados de prácticas que en principio reprueban (Transparencia Mexicana, 2019; Latinobarómetro, 2021). Esta contradicción no es hipocresía simple: es el síntoma de una cultura política en la que las normas formales y las normas informales operan en registros distintos y frecuentemente contradictorios.

El análisis cultural de la corrupción requiere, sin embargo, una advertencia metodológica preliminar. El argumento de que la corrupción en México tiene raíces culturales profundas —en la tradición colonial, en el particularismo de la cultura política, en el familismo moral— puede convertirse fácilmente en un determinismo vulgar que culpa a los dominados de su dominación y absuelve a las estructuras de su responsabilidad. Banfield (1958) propuso el concepto de familismo amoral para explicar la falta de cooperación cívica en el sur de Italia, y autores como Harrison y Huntington (2000) han extendido argumentos similares a otras culturas, con resultados metodológicamente problemáticos: la explicación cultural se vuelve circular —la cultura explica la corrupción y la corrupción explica la cultura— y omite las condiciones históricas e institucionales que producen esa cultura. Usarlo sin estas cautelas sería un error grave.

La perspectiva de Bourdieu (1980) ofrece una alternativa más rigurosa. En lugar de postular una cultura nacional fija, propone analizar los habitus: sistemas de disposiciones duraderas que los actores incorporan a través de su experiencia en campos sociales específicos, y que orientan sus prácticas sin determinarlas mecánicamente. Las prácticas corruptas cotidianas en México —la mordida al policía de tránsito, el regalo al médico del IMSS para ser atendido con prontitud, el uso de palancas para conseguir un contrato, el pago informal al empleado de ventanilla para acelerar un trámite— no son el producto de una esencia cultural corrupta sino de habitus formados en la experiencia histórica de que las normas formales no garantizan por sí mismas los resultados, de que las relaciones personales y el pago informal son más confiables que el procedimiento oficial, y de que el Estado no distribuye sus bienes con imparcialidad sino con discrecionalidad. En ese contexto, la racionalidad de la mordida no es irracional: es la racionalidad del débil que navega un sistema donde la legalidad formal sólo protege a quienes ya tienen poder.

Esta perspectiva obliga a distinguir entre distintos tipos de participación social en la corrupción. El soborno pagado bajo coacción —el ciudadano que entrega dinero a un funcionario porque de lo contrario no obtiene el servicio al que tiene derecho— es radicalmente distinto del soborno pagado para obtener una ventaja competitiva ilegítima. El primero es una forma de victimización; el segundo, una forma de participación. La confusión entre ambos produce análisis moralmente torpes y analíticamente poco útiles. Sin embargo, la distinción no puede convertirse en una exculpación general: hay prácticas que están a medio camino —el pago de una gratificación para obtener antes lo que de todas formas obtendría, el uso de una relación personal para saltarse una fila o conseguir un permiso más rápidamente— que combinan victimización y coparticipación en proporciones difíciles de separar, y que se normalizan precisamente porque son tan comunes que dejan de percibirse como problemáticas.

La normalización tiene efectos que se extienden más allá de cada acto individual. Cuando las prácticas corruptas están suficientemente extendidas, producen un entorno de expectativas en el que quien se niega a participar se coloca en desventaja competitiva respecto a quienes sí participan. Este mecanismo —que Johnston (2005) llama syndrome of corruption— genera una trampa de equilibrio: todos preferirían que no existiera la corrupción, pero nadie puede permitirse individualmente ser el primero en salirse del sistema sin incurrir en costos desproporcionados. Este es precisamente el tipo de problema de acción colectiva que no puede resolverse mediante la voluntad individual de cada actor: requiere una transformación institucional que modifique los incentivos del conjunto.

El poder político mexicano ha entendido intuitivamente este mecanismo y lo ha administrado en su beneficio. La tolerancia selectiva de las prácticas corruptas menores cumple al menos tres funciones para el régimen: primera, genera una deuda moral difusa en la población, que participa en el sistema y por tanto tiene dificultades para condenar el sistema en su conjunto; segunda, produce mecanismos de control sobre actores que temen la exposición de sus propias prácticas; y tercera, perpetúa una cultura de tolerancia al incumplimiento normativo que dificulta la construcción de demandas ciudadanas consistentes de rendición de cuentas (Lomnitz, 2000). La corrupción no se reproduce sólo porque el poder político la practica: se reproduce también porque el poder político tolera su difusión social y encuentra en esa difusión una forma de administrar la sociedad.

Foucault (1975/2002) proporciona aquí una perspectiva complementaria que resulta particularmente fecunda. La normalización de la corrupción puede entenderse como una microfísica del poder: no sólo como coerción desde arriba sino como internalización desde abajo de un régimen de prácticas que produce sujetos adaptados a la informalidad, desconfiados de la legalidad formal, y orientados hacia la negociación informal como modo ordinario de relacionarse con el Estado. Este régimen de prácticas no necesita imponerse por la fuerza en cada transacción individual: se reproduce a través de la imitación, la socialización, la expectativa y el cálculo racional de adaptación. El ciudadano que paga la mordida no suele sentir que hace algo moralmente aceptable; siente que hace algo racionalmente necesario. Esa disociación entre moral declarada y práctica efectiva es el síntoma más preciso de la normalización.

La moral diferencial con la que los mexicanos tratan la corrupción es una manifestación adicional de este fenómeno. La gran corrupción —el gobernador que desvía miles de millones, el funcionario que compra mansiones con dinero público— genera indignación masiva y ocupa portadas. La corrupción propia —la mordida pagada, el favor pedido, la factura inflada— se racionaliza como necesidad, como pragmatismo o como respuesta obligada a un sistema injusto. Esta asimetría moral no es simple hipocresía: es el resultado de una experiencia social en la que la gran corrupción parece remota e impersonal mientras la pequeña corrupción se experimenta como parte del tejido cotidiano de la vida. Abordar el fenómeno requiere desnaturalizar ambas escalas, no sólo la grande.

Los Mecanismos de la Impunidad: Lo Visible y Lo Invisible

La persistencia de la corrupción en México no puede explicarse sólo por la debilidad de las instituciones de control o por la maldad de los actores. Requiere analizar los mecanismos —visibles y sutiles— que protegen sistemáticamente a los actores corruptos de las consecuencias de sus actos. Estos mecanismos operan en varios niveles simultáneos y se refuerzan mutuamente de maneras que hacen que ningún cambio parcial sea suficiente para desmantelar el sistema.

Los mecanismos visibles son los mejor documentados. La debilidad del ministerio público como instancia de investigación autónoma ha sido estructural y deliberada: durante décadas, el fiscal general dependía directamente del presidente de la república, lo que garantizaba que las investigaciones podían activarse o desactivarse según la conveniencia política. La reforma de 2014 que creó la Fiscalía General de la República autónoma fue un avance formal, pero la autonomía funcional ha sido intermitente y cuestionada en la práctica. La selección corporativa de jueces, la cultura de subordinación política en el sistema judicial y la sobre-utilización del fuero protegieron durante décadas a los funcionarios con cargos de elección popular de cualquier investigación seria. La fragmentación de la responsabilidad burocrática —en la que cada decisión corrupta es producto de una cadena de trámites, firmas y avales que diluye la responsabilidad individual hasta hacerla prácticamente imposible de acreditar— es otro mecanismo legal que funciona como escudo de impunidad.

Pero los mecanismos sutiles son al menos igualmente importantes. La opacidad burocrática —la resistencia sistemática de las instituciones mexicanas a producir información sobre sus propios procesos de decisión— no es sólo un problema técnico de acceso a datos: es una tecnología política que hace que la corrupción sea difícil de probar y de narrar, incluso cuando es evidente. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue una innovación institucional valiosa, pero su efectividad ha dependido del apoyo político que ha recibido —apoyo que ha sido intermitente— y de la capacidad de los ciudadanos para formular solicitudes precisas sobre irregularidades que frecuentemente no conocen con suficiente detalle para formular la pregunta correcta.

Las lealtades cruzadas en las redes políticas constituyen otro mecanismo sutil pero poderoso. En el sistema político mexicano, los actores que podrían investigar o denunciar actos corruptos frecuentemente forman parte de las mismas redes que los protegen: los fiscales son designados por actores políticos que tienen sus propias historias corruptas; los auditores superiores deben sus cargos a las mismas mayorías parlamentarias que amparan a los funcionarios a auditar; los periodistas que investigan corrupción operan en un entorno de amenazas en el que el Estado —que debería protegerlos— es frecuentemente parte del problema. México fue durante varios años el país sin guerra más peligroso para los reporteros —formulación que Reporteros Sin Fronteras ha sostenido de manera recurrente en sus clasificaciones anuales—, con decenas de asesinatos de periodistas que cubrían corrupción y crimen organizado (Reporteros Sin Fronteras, 2024). Ese dato no es marginal: es la consecuencia lógica de un sistema en el que la impunidad se defiende también con violencia cuando las demás tecnologías de protección fallan.

La simulación de combate a la corrupción es uno de los mecanismos más sofisticados y menos estudiados. Todos los presidentes mexicanos desde al menos los años setenta han proclamado que su gobierno combatiría la corrupción con mayor energía que el anterior. Casi todos han creado nuevas dependencias, reformado leyes, diseñado programas y presentado como signos de compromiso con la transparencia lo que frecuentemente era una reorganización del sistema de corrupción bajo nuevas formas institucionales. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 fue un esfuerzo serio de reforma institucional que produjo mecanismos novedosos, pero su implementación fue saboteada sistemáticamente por actores políticos que firmaron la reforma y luego bloquearon su operación (Casar y Ugalde, 2018). La distancia entre el texto de la ley y su implementación efectiva es uno de los rasgos más constantes de la historia institucional mexicana, y es en sí mismo una forma de producción de impunidad.

El uso faccioso de la ley merece mención especial. La selectividad punitiva —la persecución penal que se activa contra opositores políticos y se desactiva para aliados— no es una anomalía del sistema legal mexicano: ha sido una de sus funciones políticas más importantes. La corrupción investigada y castigada no ha sido necesariamente la corrupción más grave, sino la corrupción políticamente inconveniente. Este patrón produce un efecto perverso: genera la percepción de que la ley no es un instrumento de justicia sino un arma política, lo que a su vez refuerza el cinismo social y la desconfianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía no cree que la ley se aplique con imparcialidad, la disposición a cumplirla voluntariamente se deteriora, y el ciclo de informalidad y corrupción se retroalimenta.

El cansancio cívico y la resignación moral son quizás los mecanismos más difusos pero más eficaces de reproducción de la impunidad. Después de décadas de escándalos que raramente producen consecuencias proporcionales, después de procesos judiciales que se arrastran durante años y terminan en sobreseimientos o en condenas simbólicas, después de reformas institucionales que prometen cambios y entregan continuidad, amplios sectores de la población mexicana han llegado a una conclusión que es racionalmente comprensible aunque sea cívicamente devastadora: que la corrupción es inherente al sistema, que nada puede cambiarla sustancialmente, y que lo más sensato es adaptarse a ella en lugar de combatirla. Este cinismo no es una patología individual: es el resultado acumulado de la experiencia histórica con un sistema que ha sabido protegerse de la reforma. Y es, en última instancia, el capital político más valioso que la corrupción posee.

Consecuencias, Costos y Juicio Estructural

Las consecuencias de la corrupción sistémica en México han sido profundas, multidimensionales y de largo plazo. Reducirlas a estimaciones monetarias —que existen y son reveladoras: diversas estimaciones recogidas por la OCDE ubican el impacto económico de la corrupción en México en un rango de entre 5% y 10% del PIB anual (OCDE, 2017)— sería empobrecerlas. La corrupción no sólo extrae renta; produce formas de vida deteriorada, institucionalidad degradada y ciudadanía mutilada.

El efecto sobre el Estado de derecho es quizás el más fundamental. Un Estado de derecho no es simplemente un sistema de normas escritas: es un sistema en el que las normas se aplican con imparcialidad, en el que nadie está por encima de la ley y en el que los derechos pueden ejercerse sin depender de la capacidad de pago o de las relaciones personales. La corrupción sistémica destruye ese principio de manera más eficaz que cualquier reforma legal puede reconstruirlo: cuando la aplicación de la norma depende de quien la pide, de cuánto puede pagar y de qué redes políticas lo respaldan, la norma deja de ser norma en el sentido sustantivo del término y se convierte en un texto cuya relevancia es contingente. O’Donnell (1993) llamó a este fenómeno zonas marrones: espacios del territorio nacional donde la autoridad del Estado es formalmente reconocida pero sustantivamente inexistente, y donde las transacciones políticas, económicas y sociales se rigen por normas informales que frecuentemente incluyen la violencia. En México, esas zonas marrones se han extendido de manera alarmante durante las últimas décadas.

El efecto sobre la desigualdad es igualmente severo. La corrupción actúa como un impuesto regresivo que pesa más sobre los pobres que sobre los ricos. El ciudadano sin recursos que necesita un servicio público tiene tres opciones: esperar indefinidamente en la fila oficial, pagar la mordida que no puede pagar fácilmente, o renunciar al servicio. El ciudadano con recursos puede pagar, o puede utilizar su red de contactos para obtener la misma cosa gratis. La desigualdad de acceso a los servicios públicos que produce la corrupción no es un efecto lateral del sistema: es parte de su lógica constitutiva. Los ricos se benefician de la corrupción no sólo cuando la practican sino también cuando la toleran, porque en un sistema donde los servicios públicos se distribuyen por corrupción, el que tiene más recursos para pagar siempre gana sobre el que tiene menos (Gupta et al., 2002).

El efecto sobre la seguridad ha sido devastador y documentado con brutalidad durante las últimas dos décadas. La complicidad entre autoridades y crimen organizado —que no es un fenómeno nuevo pero que alcanzó dimensiones sin precedente con la explosión del narcotráfico— produjo un ciclo en el que la corrupción policial y judicial permitió la expansión de las organizaciones criminales, cuya expansión a su vez aumentó la demanda de corrupción institucional para garantizar su operación. El resultado es un sistema en el que la violencia y la impunidad se retroalimentan: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda reportaba más de 110,000 casos sin resolver a julio de 2023 (Comisión Nacional de Búsqueda, 2023); los homicidios acumulados entre 2007 y 2023, según datos sexenales del SESNSP e INEGI, superaron las 400,000 víctimas (INEGI, 2023); y el sistema de justicia no resuelve más del 95% de los delitos que se le reportan. Estos números no son sólo consecuencia de la corrupción, pero la corrupción es una de sus condiciones estructurales más importantes.

El efecto sobre la confianza institucional y sobre la cultura cívica es el más difícil de cuantificar pero quizás el más dañino a largo plazo. Una sociedad que no confía en sus instituciones, que no espera que la ley se aplique con imparcialidad, que ha aprendido a navegar el Estado a través de relaciones informales en lugar de derechos formales, es una sociedad que tiene enormes dificultades para construir los bienes colectivos —salud pública, educación universal, seguridad, infraestructura— que requieren cooperación y contribución voluntaria. La desconfianza generalizada en las instituciones mexicanas —que los barómetros de opinión pública documentan de manera consistente— no es una patología cultural independiente: es el resultado acumulado de décadas de experiencia con un sistema que promete imparcialidad y entrega discrecionalidad.

Acemoglu y Robinson (2012) argumentan que la diferencia entre naciones prósperas y naciones pobres no reside en la geografía, la cultura ni en la dotación de recursos naturales, sino en la calidad de sus instituciones: las instituciones inclusivas producen prosperidad y las extractivas producen pobreza. México no es un país pobre en el sentido de carecer de recursos: tiene una economía que está entre las quince más grandes del mundo. Pero es un país con niveles de desigualdad y de pobreza estructural que no corresponden a esa dimensión económica, y que sí corresponden a la calidad de sus instituciones políticas. La corrupción sistémica no es la única causa de esa brecha, pero es una de las más importantes: desvía recursos que deberían ir a servicios públicos de calidad, protege a los actores que capturan las rentas del Estado en lugar de distribuirlas socialmente, y destruye los incentivos para la inversión productiva al sustituirlos por incentivos para la extracción de rentas.

El Poder Político y la Utilidad de la Corrupción

Una pregunta que el análisis no puede eludir es la más incómoda de todas: ¿por qué el poder político mexicano no ha querido realmente erradicar la corrupción? La respuesta no apela a la maldad de los gobernantes ni a ninguna conspiración planificada; apela a la racionalidad de los incentivos. La corrupción, para el poder político, cumple funciones que la legalidad estricta no puede cumplir, o no puede cumplir con la misma eficiencia.

La primera función es la de disciplina y control. Un actor político o burocrático que ha participado en prácticas corruptas —aunque sea bajo presión o como parte del sistema— es un actor controlable: su participación crea una vulnerabilidad que puede ser activada en su contra si se vuelve incómodo o díscolo. El conocimiento mutuo de las irregularidades de todos crea un equilibrio de terror que disuade las deserciones y las traiciones. El líder político que mantiene archivos informales sobre las corrupciones de sus subordinados —real o metafóricamente— tiene sobre ellos un poder que ninguna norma formal le da. Esta lógica se reproduce en todos los niveles del sistema, desde el presidente hasta el jefe de ventanilla.

La segunda función es la de recompensa y lealtad. En sistemas donde los salarios públicos son insuficientes para retribuir la expertise o la dedicación esperadas, donde la carrera burocrática no garantiza ascensos por mérito, y donde los recursos para políticas públicas son siempre insuficientes, la tolerancia de la extracción informal funciona como un complemento salarial no declarado. El funcionario que entiende que puede complementar su ingreso a través de prácticas corruptas toleradas tiene menos incentivos para buscar empleo en el sector privado, y más incentivos para mantener la lealtad al sistema que lo protege. Esta lógica es especialmente poderosa en los puestos medios de la burocracia, donde la retribución formal es baja y la discrecionalidad es alta.

La tercera función es la de incorporación de élites. En el sistema priista, la distribución de oportunidades de corrupción era un mecanismo de integración de los grupos que podían ser peligrosos si quedaban excluidos del reparto. El empresario que recibía contratos a precios favorables, el líder sindical que extraía rentas de sus trabajadores con la tolerancia gubernamental, el gobernador que administraba su estado con amplia discrecionalidad presupuestal: todos ellos eran actores que el sistema incorporaba a su lógica de beneficios y que por tanto tenían razones poderosas para defender ese sistema en lugar de cuestionarlo. La corrupción distribuida estratégicamente es, en este sentido, una forma de construcción de coaliciones y de producción de consenso entre las élites.

La cuarta función es la más política en sentido estricto: la corrupción como fuente de financiamiento político no declarado. Los partidos políticos en México —como en muchos países— requieren recursos que exceden ampliamente los que la ley les permite recibir por la vía del financiamiento público y los donantes declarados. El desvío de recursos públicos hacia campañas, la extracción de comisiones en contratos públicos que se reciclan como financiamiento político, y las contribuciones de grupos empresariales que reciben favores regulatorios son mecanismos bien documentados de financiamiento político corrupto (Ugalde, 2008). Eliminar esos mecanismos requeriría no sólo voluntad política —que falta— sino también la construcción de un sistema de financiamiento alternativo que los partidos tuvieran incentivos para aceptar.

Conclusión: Lo Que la Corrupción Revela

La pregunta con la que comenzó este ensayo —qué es realmente la corrupción en México, cómo se configuró y por qué persiste— puede responderse ahora con más precisión, aunque no con más sencillez. La corrupción en México no es una anomalía del sistema político: es una de sus estructuras constitutivas. No es un defecto de las instituciones: es una de sus funciones. No es un rasgo cultural inmutable: es el producto acumulado de elecciones institucionales, de incentivos diseñados o tolerados, y de experiencias históricas que han producido disposiciones adaptativas en actores a todos los niveles del sistema.

La tesis más importante de este ensayo es también la más incómoda: la corrupción en México ha persistido no a pesar del Estado sino en parte gracias a él, porque el Estado mexicano —en sus distintas configuraciones históricas— ha encontrado en la corrupción un instrumento de gobernabilidad, de integración de élites, de control social y de financiamiento político que la institucionalidad formal no podía proveer. Esto no absuelve a los actores individuales de su responsabilidad. Pero sí explica por qué el discurso anticorrupción, repetido por cada sexenio desde al menos los años setenta, no ha producido transformaciones estructurales: porque el anticorrupto que llega al poder hereda el sistema que produce la corrupción, y si no transforma ese sistema —sus incentivos, su cultura burocrática, su economía política— la corrupción se reproduce bajo nuevas formas independientemente de las intenciones declaradas del gobernante.

El análisis cultural, por su parte, no puede convertirse en una condena de la sociedad mexicana. Las prácticas corruptas normalizadas en amplios sectores de la población son, en su mayor parte, adaptaciones racionales a un sistema donde la norma formal no protege y donde el intercambio informal es más confiable. Desmantelarlas requiere transformar ese sistema, no condenar moralmente a quienes se adaptan a él. Pero también requiere reconocer que esa adaptación tiene costos propios y que su perpetuación —aunque comprensible individualmente— produce a escala colectiva el entorno de tolerancia que el poder político necesita para mantener su propio sistema de corrupción.

Los mecanismos de impunidad que sostienen el sistema son, como se ha mostrado, tanto visibles como sutiles. Los visibles —debilidad judicial, opacidad burocrática, selectividad punitiva— son los que las reformas institucionales intentan atacar. Los sutiles —cinismo cívico, resignación moral, normalización cultural, lealtades cruzadas— son los que las reformas institucionales raramente tocan, porque requieren transformaciones de cultura política que no se decretan ni se legislan. La construcción de una cultura de legalidad —en el sentido que O’Donnell (1993) le daba al Estado de derecho como práctica social, no sólo como texto normativo— es probablemente el desafío más profundo y de más largo plazo que enfrenta cualquier proyecto de transformación institucional en México.

¿Qué revela, en última instancia, la corrupción sobre el Estado y la sociedad mexicana? Revela que la separación entre lo público y lo privado —fundamento jurídico y ético del Estado moderno— ha sido históricamente porosa y contingente en México; que el poder político ha organizado esa porosidad en su beneficio; y que las instituciones que deberían garantizar la imparcialidad han sido frecuentemente instrumentalizadas para garantizar lo contrario. Pero revela también la resiliencia de una sociedad que, a pesar de todo, produce continuamente actores —periodistas, activistas, académicos, funcionarios honestos, ciudadanos indignados— que se resisten al sistema y que insisten en la posibilidad de una república distinta. Esa resistencia no es ingenua: es la única base sobre la que puede construirse algo diferente. La corrupción en México no es un destino: es una historia que todavía no ha terminado de escribirse.

Referencias

Acemoglu, D., y Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Deusto.

Animal Político. (2015, septiembre 7). El caso Iguala: lo que los expertos encontraron. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2015/09/el-caso-iguala-lo-que-los-expertos-encontraron/

Banfield, E. C. (1958). The moral basis of a backward society. The Free Press.

Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Les Éditions de Minuit.

Camp, R. A. (1993). Politics in Mexico. Oxford University Press.

CNN en Español. (2026, marzo 11). Derrota de Sheinbaum en el Congreso: Cámara de Diputados rechaza su reforma electoral, con el voto en contra de sus aliados. CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/mexico/sheinbaum-derrota-congreso-rechaza-reforma-electoral-orix

Casar, M. A., y Ugalde, L. C. (2018). Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Grijalbo / Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Infobae. (2026, marzo 11). Reforma electoral de Sheinbaum es rechazada con votos del PVEM y PT en contra. Infobae México. https://www.infobae.com/mexico/2026/03/11/reforma-electoral-de-sheinbaum-es-rechazada-con-votos-del-pvem-y-pt-en-contra/

Córdova, A. (1972). La formación del poder político en México. Era.

Cosío Villegas, D. (1972). El sistema político mexicano: las posibilidades de cambio. Joaquín Mortiz.

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (A. Garzón del Camino, Trad.; 32.ª ed.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1975)

Gupta, S., Davoodi, H., y Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of Governance, 3(1), 23–45. https://doi.org/10.1007/s101010100039

Haber, S., Razo, A., y Maurer, N. (2003). The politics of property rights: political instability, credible commitments, and economic growth in Mexico, 1876–1929. Cambridge University Press.

Harrison, L. E., y Huntington, S. P. (Eds.). (2000). Culture matters: how values shape human progress. Basic Books.

Hellman, J. S., Jones, G., y Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: state capture, corruption and influence in transition. World Bank Policy Research Working Paper No. 2444. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2444

Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. Yale University Press.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2023. INEGI. https://www.inegi.org.mx

Comisión Nacional de Búsqueda. (2023). Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: informe de casos sin resolver a julio de 2023. Secretaría de Gobernación. https://comisionacionaldebusqueda.segob.gob.mx

Johnston, M. (2005). Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy. Cambridge University Press.

La Jornada. (2026a, marzo 11). Rechaza San Lázaro la reforma electoral de Sheinbaum. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/11/politica/rechaza-san-lazaro-la-reforma-electoral-de-sheinbaum

La Jornada. (2026b, marzo 11). Por vez primera desde 2018, aliados del partido guinda rechazan una propuesta de enmienda constitucional. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/11/politica/rechaza-san-lazaro-la-reforma-electoral-de-sheinbaum

Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.

Latinobarómetro. (2021). Informe Latinobarómetro 2021: la recesión democrática de América Latina. Corporación Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org

Lomnitz, C. (2000). Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México (A. Sheridan, Trad.). CIESAS / Porrúa.

Merino, M. (2024). El Estado capturado: Cómo erradicar la corrupción sistémica en México. Editorial Terracota.

Meyer, L. (1995). Liberalismo autoritario: las contradicciones del sistema político mexicano. Océano.

Molinar, J., y Weldon, J. A. (1994). Electoral determinants and consequences of National Solidarity. En W. Cornelius, A. Craig y J. Fox (Eds.), Transforming state-society relations in Mexico: the national solidarity strategy (pp. 123–142). Center for U.S.-Mexican Studies, UCSD.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

O’Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual problems: a Latin American view with glances at some post-communist countries. World Development, 21(8), 1355–1369. https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90048-E

O’Donnell, G. (1999). Polyarchies and the (un)rule of law in Latin America. En J. E. Méndez, G. O’Donnell y P. S. Pinheiro (Eds.), The (un)rule of law and the underprivileged in Latin America (pp. 303–337). University of Notre Dame Press.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la OCDE sobre integridad en México: adoptando una postura más firme contra la corrupción. OCDE. https://doi.org/10.1787/9789264273207-es

Olson, M. (1965). The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Harvard University Press.

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Reporteros Sin Fronteras. (2024). Clasificación mundial de la libertad de prensa 2024. RSF. https://rsf.org/es/clasificacion-mundial-de-la-libertad-de-prensa-2024-el-periodismo-bajo-las-presiones-politicas

Ríos, V. (2012). Why did Mexico become so violent? A self-reinforcing violent equilibrium caused by competition and enforcement. Trends in Organized Crime, 16(2), 138–155. https://doi.org/10.1007/s12117-012-9155-y

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and government: causes, consequences and reform. Cambridge University Press.

Schedler, A. (2000). The democratic revelation. Journal of Democracy, 11(4), 5–19. https://doi.org/10.1353/jod.2000.0080

Scott, J. C. (1972). Comparative political corruption. Prentice-Hall.

Transparencia Mexicana. (2019). Índice nacional de corrupción y buen gobierno. Transparencia Mexicana. https://www.tm.org.mx

Ugalde, L. C. (2008). La negociación política del presupuesto en México, 1997–2006. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.

Warman, A. (1976). Y venimos a contradecir: los campesinos de Morelos y el Estado nacional. SEP/CIESAS.

Weber, M. (1997). Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva (J. Medina Echavarría et al., Trads.; 2.ª ed. en español, 13.ª reimp.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1922)

Este ensayo sostiene que el uso del salario del Presidente de la República como techo salarial universal del servicio público en México es una solución jurídicamente vigente, pero económicamente defectuosa, metodológicamente engañosa e institucionalmente impropia. La primera tesis es que dicha regla descansa en una comparación nominal incompleta, pues toma como benchmark la remuneración visible del titular del Poder Ejecutivo y la proyecta sobre todo el Estado, aunque ese dato no agota el valor económico real del cargo ni incorpora los costos de vida, seguridad, representación, logística y operación absorbidos por el erario. La segunda tesis es que esa operación revela una concepción del poder público difícilmente compatible con una república constitucional. Utilizar al presidente como parámetro retributivo superior del Legislativo, del Judicial y de órganos constitucionalmente autónomos presupone una cúspide natural del Estado que la Constitución no reconoce. El trabajo distingue entre vigencia positiva y justificación sustantiva, entre constitucionalidad formal y racionalidad constitucional material, y propone sustituir la lógica del techo presidencial por un sistema de bandas salariales diferenciadas, transparentes y fijadas con criterios técnicos compatibles con la austeridad, la capacidad estatal y la autonomía institucional.

Palabras clave: remuneraciones públicas, presidencialismo, división de poderes, república constitucional, compresión salarial, autonomía institucional

La cúspide mal elegida: salario presidencial, diseño del Estado y distorsión republicana en el sistema retributivo mexicano

Hay fórmulas políticas cuyo éxito retórico depende de la rapidez con la que se dejan entender. “Nadie debe ganar más que el presidente” pertenece a esa clase de fórmulas. En una democracia fatigada por la desigualdad, por la sospecha de privilegio burocrático y por la distancia entre Estado y ciudadanía, la frase parece reunir sobriedad moral, pedagogía cívica y promesa de disciplina pública. Su fuerza, sin embargo, es también su pobreza. Lo que se presenta como una regla intuitiva de justicia puede ser, examinado con mayor cuidado, una simplificación severa del problema que pretende resolver.

El artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su fracción II, que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, art. 127). La regla existe, obliga y estructura hoy el derecho positivo mexicano. Pero de la existencia de una norma no se sigue su corrección sustantiva. La positivización constitucional de una solución puede probar su vigencia; no demuestra, por sí sola, su racionalidad económica, su congruencia institucional ni su armonía con los principios materiales de una república de poderes separados. La cuestión decisiva no es, por tanto, si el límite existe, sino si el criterio que adopta describe adecuadamente la realidad que pretende ordenar.

La primera tesis de este ensayo es que el salario presidencial, entendido como cifra nominal visible, no constituye un benchmark serio para organizar la cúspide retributiva de un aparato estatal heterogéneo. La remuneración formal del Ejecutivo no captura por sí sola la economía real del cargo, porque la Presidencia funciona dentro de una infraestructura pública que desplaza hacia el presupuesto del Estado múltiples costos que otros servidores públicos, incluso de alto nivel, deben cubrir con su ingreso disponible. La segunda tesis es más profunda: hacer del presidente la referencia salarial superior del conjunto estatal no sólo simplifica mal una cuestión de economía pública; también expresa una determinada imagen del poder. Supone que la persona titular del Ejecutivo puede servir de medida material para valorar órganos que constitucionalmente no le son inferiores. Allí el problema deja de ser contable y se vuelve republicano.

El benchmark nominal y la ficción de la comparación limpia

Conviene comenzar por una distinción que a menudo se soslaya en el debate público. En materia de remuneraciones, salario nominal, remuneración total, ingreso disponible e ingreso real no son equivalentes. El salario nominal expresa la cantidad formalmente autorizada; la remuneración total incorpora prestaciones y otros componentes de compensación; el ingreso disponible remite a la porción del ingreso que queda una vez atendidas deducciones y cargas privadas; el ingreso real, finalmente, depende también de los costos que la persona efectivamente enfrenta o evita. En este último punto aparece un concepto decisivo para el presente argumento: el costo evitado. Una posición puede parecer salarialmente sobria y, no obstante, sostener una capacidad material de vida superior a la sugerida por su nómina visible porque parte significativa de los gastos de reproducción del cargo es absorbida por la institución.

Los datos presupuestarios de 2026 permiten advertir la insuficiencia de la comparación puramente nominal. El Presupuesto de Egresos de la Federación fija para la persona titular del Ejecutivo una remuneración ordinaria total líquida mensual neta de 134,290 pesos, una percepción ordinaria bruta líquida mensual de 193,706 pesos, una remuneración total anual neta de 2,073,878 pesos, una percepción ordinaria bruta anual de 2,882,131 pesos y una remuneración anual máxima o de referencia de 3,206,868.21 pesos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025). Esas cifras tienen relevancia normativa indiscutible. El problema es creer que agotan el valor económico del cargo.

La propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ayuda, paradójicamente, a entender por qué no lo agotan. La ley excluye de la noción de remuneración diversos gastos propios del desarrollo del trabajo, entre ellos los asociados a residencias asignadas, oficinas, instalaciones, transportes, alimentación, seguridad, protección civil, equipamientos, enseres necesarios y gastos de viaje oficiales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021, arts. 3, 5 y 6). Jurídicamente, esa exclusión es razonable: no todo lo que el Estado gasta alrededor de un cargo puede equipararse a ingreso personal del funcionario. Pero la misma exclusión revela la insuficiencia del benchmark. Si el propio ordenamiento reconoce que existe un universo de recursos materiales esenciales para el cargo y que ese universo no aparece como salario, entonces la cifra salarial visible no puede presentarse honestamente como expresión suficiente de la economía real de la posición.

Este punto exige un matiz indispensable. No todo gasto funcional equivale a beneficio privado, y sería analíticamente deshonesto imputar como ingreso disponible de la persona titular del Ejecutivo cada peso gastado en logística, seguridad o infraestructura presidencial. Sin embargo, el error opuesto es igual de grave: suponer que, por no ser salario en sentido jurídico, esos recursos son irrelevantes para comparar la capacidad material efectiva del cargo con la de otros servidores públicos. Una residencia funcional no se convierte automáticamente en renta apropiable; sí elimina, total o parcialmente, la necesidad de sufragar una vivienda equivalente. Un esquema permanente de seguridad no equivale a efectivo; sí desplaza un costo que, en otras posiciones de alta exposición, tendría que ser asumido privadamente o no podría ser asumido en absoluto. La movilidad oficial, la infraestructura operativa y el soporte institucional no son “dinero de bolsillo”; son, sin embargo, parte del entorno material que libera ingreso, reduce gastos y modifica la economía cotidiana de quien ocupa el cargo.

De ello se sigue que la comparación usual entre “lo que gana el presidente” y “lo que gana cualquier otro servidor público” descansa sobre magnitudes heterogéneas. De un lado se sitúa un salario visible sostenido por una infraestructura estatal de alta densidad; del otro, remuneraciones que con frecuencia deben financiar por sí mismas, total o parcialmente, vivienda, transporte, seguridad complementaria, conectividad, representación profesional y otros costos de reproducción material del cargo. La comparación salarial nominal produce así una ficción de equivalencia. Lo que parece una medida clara de austeridad es, examinado con más rigor, un indicador incompleto.

Esta ficción tiene consecuencias prácticas. La literatura especializada sobre sistemas retributivos del sector público ha mostrado que la compresión salarial excesiva puede deteriorar incentivos, dificultar la atracción y retención de perfiles especializados y empujar hacia mecanismos indirectos u opacos de compensación (IMF, 2024; OECD, 2024; World Bank, 2021). El problema no se reduce a competir con el sector privado; concierne, sobre todo, a la relación entre responsabilidad institucional, especialización funcional y estructura retributiva. Un Estado complejo no puede valorar del mismo modo la jefatura política del Ejecutivo, la independencia jurisdiccional, la regulación económica, la política monetaria o la alta especialización técnica. Cuando toda esa heterogeneidad queda aprisionada bajo un techo anclado a una cifra presidencial materialmente subespecificada, la austeridad deja de ser un principio de sobriedad y se convierte en una tecnología de simplificación institucional.

Sin embargo, el punto decisivo del debate aparece cuando se advierte que el benchmark presidencial no es un mero dato contable; es también una imagen del Estado. En efecto, usar al presidente como techo salarial universal supone que la persona titular del Poder Ejecutivo representa algo más que una función política central: representa la medida superior del valor institucional del aparato público. Esa presuposición es discutible incluso si se aceptara, por hipótesis, que el salario presidencial estuviera perfectamente calculado. El problema no radica únicamente en la mala medición del cargo, sino en la elección misma del cargo como parámetro cúspide.

Del error económico al problema de diseño del Estado

La teoría republicana y la teoría clásica de la separación de poderes ofrecen aquí una advertencia elemental. La división de poderes no fue concebida como una distribución administrativa de tareas dentro de una jerarquía unitaria, sino como una pluralización del poder para evitar su concentración. En Montesquieu, la libertad política exige que el poder frene al poder; en Madison, la separación institucional descansa precisamente en que cada órgano disponga de la energía necesaria para resistir la invasión de otro (Madison, 1788/2001; Montesquieu, 1748/2007). En ese horizonte, el Ejecutivo puede ser políticamente central sin convertirse por ello en la fuente de dignidad material de los demás poderes.

El presidencialismo moderno, desde luego, ha dotado al Ejecutivo de una visibilidad incomparable. Linz (1990) mostró cómo la elección presidencial concentra legitimidad democrática y personaliza el conflicto político. Sartori (1994) insistió, por su parte, en que el presidencialismo tiende a robustecer la centralidad del Ejecutivo en el imaginario político. Pero centralidad no es supremacía constitucional. Que el presidente sea el actor más visible del sistema no significa que el Legislativo y el Judicial deban quedar retributivamente ordenados como apéndices de su figura. La república constitucional no distribuye dignidad institucional desde una persona, sino desde funciones diferenciadas con legitimidad propia.

Por ello, convertir al Ejecutivo en vara salarial dominante introduce una subordinación simbólica que merece ser tomada en serio. El símbolo no es superficial en derecho público. Las reglas también enseñan cómo debe imaginarse el Estado. Y una regla que dispone que nadie puede ganar más que el presidente no sólo comunica disciplina fiscal; comunica, además, que el presidente es la cima natural del valor público. El problema de esa pedagogía institucional es que desliza a la república hacia una representación unipersonal del mando. La estructura del Estado comienza a parecerse, no a una constelación de poderes constitucionalmente diferenciados, sino a una pirámide cuya altura material se mide desde la persona presidencial.

Se dirá que esta lectura carga excesivamente de simbolismo una regla salarial. Sin embargo, el propio debate político mexicano ha mostrado hasta qué punto el techo presidencial se ha convertido en emblema de un modo de concebir el poder público. No se lo presenta sólo como instrumento técnico de contención, sino como criterio moral y jerárquico: si alguien gana más que el presidente, algo en el orden republicano parecería haberse invertido. Pero esa intuición confunde la jefatura política del Ejecutivo con una superioridad institucional que la Constitución no reconoce. El presidente gobierna; no otorga legitimidad a los jueces, no funda al Congreso, no absorbe a los órganos constitucionales autónomos. Tomarlo como medida salarial superior de todos ellos es, por eso mismo, una forma sutil pero real de subordinar materialmente lo que jurídicamente se proclama autónomo.

Esto resulta particularmente visible cuando el parámetro presidencial se proyecta sobre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Los trabajadores de ambos poderes no son trabajadores del Ejecutivo. Sus deberes, riesgos, responsabilidades y lógicas institucionales no derivan del presidente ni le son funcionalmente accesorios. La independencia judicial, por ejemplo, no depende sólo de reglas procesales o de nombramiento; también requiere condiciones materiales que reduzcan vulnerabilidades indebidas y hagan posible una carrera profesional digna y estable. La autonomía de los órganos técnicos y reguladores, del mismo modo, no puede descansar en discursos abstractos si su diseño retributivo queda subordinado a un parámetro fijado por un poder ajeno y políticamente cargado.

No se sostiene aquí que la separación de poderes exija una soberanía salarial absoluta de cada órgano. Todo Estado democrático necesita controles, transparencia, límites y criterios comunes. Pero una cosa es la coordinación constitucional de un sistema retributivo y otra muy distinta la subordinación generalizada a la cifra del Ejecutivo. La primera es compatible con la república; la segunda la tensiona. En la medida en que Legislativo, Judicial y órganos autónomos son constitucionalmente no subordinados, deberían disponer, al menos, de un margen racional de autonomía retributiva relativa, esto es, de la posibilidad de que sus estructuras salariales se construyan conforme a la complejidad, especialización y responsabilidad propias de sus funciones, bajo reglas objetivas y transparentes, no a partir de una obediencia material al referente presidencial.

La experiencia comparada permite advertir que el problema mexicano no es inevitable. En Estados Unidos, la tabla del Executive Schedule para 2026 fija el Level I en 253,100 dólares, pero el propio Office of Personnel Management mantiene regímenes diferenciados para el Senior Executive Service, posiciones senior-level, personal científico-profesional y jueces administrativos; además, la compensación del SES funciona como un sistema basado en desempeño con un rango propio y con topes agregados distintos (U.S. Office of Personnel Management, 2026a, 2026b). En otras palabras, la cifra del vértice político coexiste con arquitecturas salariales no absorbidas por una sola magnitud.

En Canadá, la lógica también es de bandas y no de subordinación unipersonal. La página oficial sobre salary ranges and performance pay muestra rangos distintos para los grupos EX y DM y añade porcentajes de remuneración variable; para 2024-2025, por ejemplo, un DM-4 podía ubicarse entre 350,500 y 412,300 dólares canadienses, con un máximo de 39% de performance award (Government of Canada, 2025). Ese diseño no presupone que la sobriedad pública exija comprimir todo el sistema bajo la referencia personal del primer ministro, sino que la responsabilidad y la complejidad institucional ameritan escalas diferenciadas bajo reglas públicas.

El trasfondo mexicano y la defensa insuficiente de la austeridad simplificadora

El Reino Unido ofrece otra variante instructiva. El Senior Salaries Review Body no es una oficina ceremonial, sino un órgano que formula recomendaciones específicas sobre la remuneración del senior civil service, de la judicatura, de los oficiales superiores de las fuerzas armadas y de otros cargos altos del sector público. Su reporte de 2025 reitera precisamente esa lógica de revisión técnica y diferenciada por familias funcionales (Review Body on Senior Salaries, 2025). La lección no es que desaparezca el control político, sino que éste se ejerce sobre un dispositivo institucional más sofisticado que la simple apelación al salario del jefe de gobierno.

Nueva Zelanda profundiza aún más en la dirección de la transparencia diferenciada. La Public Service Commission publica de manera específica la remuneración de chief executives y explica que las remuneraciones de los líderes del sector público se determinan de manera distinta según el tipo de agencia; además, las tablas de 2025 reportan la evolución del promedio de remuneración de secretaries of departments y chief executives of departmental agencies y separan el régimen aplicable a otras entidades públicas (New Zealand Public Service Commission, 2026a, 2026b). La comparación internacional, en suma, no sugiere que México deba copiar mecánicamente un modelo ajeno; sí muestra que las democracias administrativas maduras controlan y transparentan, pero raramente reducen toda la cúspide del Estado a un benchmark personal único.

El trasfondo mexicano vuelve la objeción todavía más significativa. El presidencialismo mexicano no fue sólo una forma de gobierno; fue durante décadas una cultura de organización del poder, una gramática de centralidad desde la cual el Estado tendió a leerse, administrarse y simbolizarse. Incluso cuando la transición democrática erosionó los poderes metaconstitucionales de la Presidencia, la imaginación pública del orden estatal siguió gravitando alrededor de la figura presidencial. En ese contexto, no sorprende que una regla presentada como austera y moralizadora reproduzca, sin decirlo, la vieja lógica de la centralidad presidencial. La novedad consiste en que esa centralidad ya no se expresa únicamente en facultades políticas o en capacidad de mando, sino en la pretensión de que el valor material del conjunto estatal se ordene desde la figura del Ejecutivo.

La propia historia jurídica reciente del tema confirma esa inestabilidad. Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversos preceptos de la primera Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y obligó, en los hechos, a una recomposición legislativa posterior; el comunicado oficial del Tribunal Pleno subrayó, entre otros aspectos, la insuficiencia normativa del diseño legal originalmente aprobado (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019). Esa secuencia no demuestra por sí sola la incorrección material del techo presidencial, pero sí muestra que la materia fue abordada legislativamente con una mezcla de urgencia política y escasa fineza técnica. No es casual: cuando una solución se legitima ante todo por su rendimiento simbólico, suele posponer el trabajo más arduo del diseño institucional.

Conviene, con todo, tomar en serio las razones de quienes defienden la regla. Una democracia desigual tiene derecho a desconfiar de burocracias opulentas. La ciudadanía puede considerar inaceptable que ciertos altos funcionarios perciban remuneraciones ostensiblemente superiores a la del presidente. También es comprensible el temor a que un sistema diferenciado de salarios abra espacio a privilegios corporativos o a una tecnocracia inmune al control democrático. Esas preocupaciones son legítimas. El problema es creer que sólo pueden atenderse a través del techo presidencial universal.

La austeridad es un valor político atendible, pero no es el único. Weber (1978/2014) recordaba que el Estado moderno depende también de una administración profesional capaz. North (1990) y Acemoglu y Robinson (2012) mostraron, desde perspectivas distintas, que la calidad institucional no puede separarse del modo en que se estructuran incentivos, capacidades y márgenes de autonomía dentro del Estado. Una política retributiva razonable debe, por tanto, equilibrar moderación fiscal, legitimidad democrática, integridad pública y capacidad estatal. El techo presidencial universal fracasa justamente porque transforma ese equilibrio delicado en una regla única. Lo que gana en visibilidad lo pierde en precisión.

Hacia un diseño retributivo compatible con la república constitucional

Tampoco basta replicar que el artículo 127 ya resolvió definitivamente la discusión. Las constituciones resuelven controversias de forma positiva, pero la teoría constitucional existe precisamente porque la validez formal no liquida la discusión sobre el sentido material de las normas. Entre constitucionalidad formal y constitucionalidad material puede haber tensiones. Una regla puede ser válida y, sin embargo, proyectar una racionalidad deficiente sobre la estructura del Estado. Criticar esa tensión no equivale a desconocer la Constitución; equivale, por el contrario, a tratarla como objeto de interpretación seria y no como oráculo autosuficiente.

La crítica sería insuficiente si sólo desmontara el techo presidencial sin ofrecer una salida. La alternativa no pasa por desregular salarios ni por conceder a cada poder libertad irrestricta para fijar remuneraciones. Pasa por sustituir la lógica unipersonal por una lógica institucional. Ello exige, en primer lugar, abandonar la idea de un benchmark único y adoptar bandas salariales diferenciadas por familia funcional, nivel de responsabilidad, autonomía constitucional, complejidad decisional y escasez técnica. Un juez constitucional, un regulador financiero, un alto directivo administrativo y un operador político de primer nivel pueden compartir estatura institucional sin ser retributivamente intercambiables. La igualdad republicana no exige uniformidad ciega; exige criterios públicos de justificación.

En segundo lugar, la comparación relevante no puede limitarse al salario nominal. Los sistemas retributivos deberían transparentar, hasta donde sea metodológicamente posible, la diferencia entre remuneración monetaria, prestaciones, beneficios en especie y costos funcionales absorbidos por el Estado. No para transformar todo gasto operativo en ingreso personal, sino para evitar que la contención simbólica de una cifra oculte la economía material real de ciertos cargos. En tercer lugar, la fijación de remuneraciones superiores no debería depender primordialmente de coyunturas políticas ni de la pedagogía moral del Ejecutivo. Resulta más compatible con una república constitucional la intervención de un órgano técnico independiente o de una comisión especializada que produzca metodologías públicas, revise escalas con periodicidad, compare funciones equivalentes y someta sus decisiones a control democrático y transparencia.

Conclusión

Por último, una austeridad bien diseñada no es enemiga de la capacidad estatal. Un Estado sobrio puede pagar mejor de forma selectiva donde la responsabilidad, la complejidad o la autonomía institucional así lo exijan, siempre que lo haga bajo reglas objetivas, publicidad plena y control efectivo. Lo contrario —aplanar la cúspide del sistema bajo un referente presidencial incompleto— corre el riesgo de producir exactamente aquello que dice combatir: opacidad compensatoria, deterioro institucional y desprestigio del servicio público.

El problema del salario del Presidente de la República como techo salarial del servicio público en México nunca fue sólo un problema de monto. Fue, desde el principio, un problema de forma estatal. La crítica económica muestra ya algo decisivo: el salario visible de la jefatura del Ejecutivo no agota la economía real del cargo, porque omite los costos absorbidos por el Estado y, con ello, falsea la comparación con otros servidores públicos. Pero la crítica más profunda comienza donde termina esa constatación. Usar al presidente como parámetro retributivo superior del conjunto estatal no sólo adopta un benchmark defectuoso; insinúa que el valor institucional de los demás poderes puede medirse desde la persona del Ejecutivo.

Esa insinuación es incompatible con la promesa normativa de una república constitucional. México no es una monarquía salarial, ni un imperio administrativo, ni un régimen unipersonal en el que toda dignidad pública descienda materialmente de la cúspide presidencial. Es, al menos en su diseño constitucional, un Estado de poderes diferenciados, legitimidades concurrentes y autonomías que deben preservarse también en el plano material. Cuando el Ejecutivo se convierte en referencia retributiva dominante de órganos que no le son subordinados, el presidencialismo deja de ser sólo una tradición política y se convierte en criterio de organización salarial del Estado. La austeridad puede ser una virtud republicana. La simplificación institucional, no. Una república seria no corrige los abusos levantando una pirámide retributiva coronada por la persona presidencial. Los corrige mediante reglas generales, transparencia integral, diferenciación funcional y órganos capaces de valorar cada responsabilidad pública según su complejidad, su autonomía y su contribución a la capacidad del Estado. Allí reside la diferencia entre una política salarial que sólo persuade y una arquitectura institucional que, además, merece ser defendida.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRemSP_190521.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2026.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Government of Canada. (2025). Salary ranges and performance pay. https://www.canada.ca/en/privy-council/programs/appointments/governor-council-appointments/compensation-terms-conditions-employment/salary-ranges-performance-pay.html

International Monetary Fund. (2024). How to set compensation for government employees. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/HowToNotes/2024/English/HTNEA2024003.ashx

Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. Journal of Democracy, 1(1), 51–69.

Madison, J. (2001). Federalist No. 51. En A. Hamilton, J. Madison, & J. Jay, The Federalist Papers (C. Rossiter, Ed.). Signet Classics. (Trabajo original publicado en 1788)

Montesquieu. (2007). Del espíritu de las leyes (M. Blázquez & P. de Vega, Trads.). Tecnos. (Trabajo original publicado en 1748)

New Zealand Public Service Commission. (2026a). Chief executive remuneration. https://www.publicservice.govt.nz/system/leaders/appointing-leaders/leader-pay/chief-executive-remuneration

New Zealand Public Service Commission. (2026b). Public service leaders’ pay. https://www.publicservice.govt.nz/system/leaders/appointing-leaders/leader-pay

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Salary systems in public administration and their reforms. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/06/salary-systems-in-public-administration-and-their-reforms_40fa6658/8f08a005-en.pdf

Review Body on Senior Salaries. (2025). Senior Salaries Review Body Report: 2025. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/senior-salaries-review-body-report-2025

Sartori, G. (1994). Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives and outcomes. New York University Press.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2019, 20 de mayo). Acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 [Comunicado de prensa]. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5881

U.S. Office of Personnel Management. (2026a). 2026 executive & senior level employee pay tables. https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/2026/executive-senior-level

U.S. Office of Personnel Management. (2026b). Salary Table No. 2026-EX. https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/salary-tables/26Tables/exec/html/EX.aspx

Weber, M. (2014). Economía y sociedad (J. Medina Echavarría et al., Trads.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1978)

World Bank. (2021). Public sector employment and compensation: An assessment framework. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/324801640074379484/public-sector-employment-and-compensation-an-assessment-framework

Hay fórmulas políticas cuyo éxito retórico depende de la rapidez con la que se dejan entender. “Nadie debe ganar más que el presidente” pertenece a esa clase de fórmulas. En una democracia fatigada por la desigualdad, por la sospecha de privilegio burocrático y por la distancia entre Estado y ciudadanía, la frase parece reunir sobriedad moral, pedagogía cívica y promesa de disciplina pública. Su fuerza, sin embargo, es también su pobreza. Lo que se presenta como una regla intuitiva de justicia puede ser, examinado con mayor cuidado, una simplificación severa del problema que pretende resolver.

El artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su fracción II, que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, art. 127). La regla existe, obliga y estructura hoy el derecho positivo mexicano. Pero de la existencia de una norma no se sigue su corrección sustantiva. La positivización constitucional de una solución puede probar su vigencia; no demuestra, por sí sola, su racionalidad económica, su congruencia institucional ni su armonía con los principios materiales de una república de poderes separados. La cuestión decisiva no es, por tanto, si el límite existe, sino si el criterio que adopta describe adecuadamente la realidad que pretende ordenar.

La primera tesis de este ensayo es que el salario presidencial, entendido como cifra nominal visible, no constituye un benchmark serio para organizar la cúspide retributiva de un aparato estatal heterogéneo. La remuneración formal del Ejecutivo no captura por sí sola la economía real del cargo, porque la Presidencia funciona dentro de una infraestructura pública

que desplaza hacia el presupuesto del Estado múltiples costos que otros servidores públicos, incluso de alto nivel, deben cubrir con su ingreso disponible. La segunda tesis es más profunda: hacer del presidente la referencia salarial superior del conjunto estatal no sólo simplifica mal una cuestión de economía pública; también expresa una determinada imagen del poder. Supone que la persona titular del Ejecutivo puede servir de medida material para valorar órganos que constitucionalmente no le son inferiores. Allí el problema deja de ser contable y se vuelve republicano.

El benchmark nominal y la ficción de la comparación limpia

Conviene comenzar por una distinción que a menudo se soslaya en el debate público. En materia de remuneraciones, salario nominal, remuneración total, ingreso disponible e ingreso real no son equivalentes. El salario nominal expresa la cantidad formalmente autorizada; la remuneración total incorpora prestaciones y otros componentes de compensación; el ingreso disponible remite a la porción del ingreso que queda una vez atendidas deducciones y cargas privadas; el ingreso real, finalmente, depende también de los costos que la persona efectivamente enfrenta o evita. En este último punto aparece un concepto decisivo para el presente argumento: el costo evitado. Una posición puede parecer salarialmente sobria y, no obstante, sostener una capacidad material de vida superior a la sugerida por su nómina visible porque parte significativa de los gastos de reproducción del cargo es absorbida por la institución.

Los datos presupuestarios de 2026 permiten advertir la insuficiencia de la comparación puramente nominal. El Presupuesto de Egresos de la Federación fija para la persona titular del Ejecutivo una remuneración ordinaria total líquida mensual neta de 134,290 pesos, una percepción ordinaria bruta líquida mensual de 193,706 pesos, una remuneración total anual neta de 2,073,878 pesos, una percepción ordinaria bruta anual de 2,882,131 pesos y una remuneración

anual máxima o de referencia de 3,206,868.21 pesos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025). Esas cifras tienen relevancia normativa indiscutible. El problema es creer que agotan el valor económico del cargo.

La propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ayuda, paradójicamente, a entender por qué no lo agotan. La ley excluye de la noción de remuneración diversos gastos propios del desarrollo del trabajo, entre ellos los asociados a residencias asignadas, oficinas, instalaciones, transportes, alimentación, seguridad, protección civil, equipamientos, enseres necesarios y gastos de viaje oficiales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021, arts. 3, 5 y 6). Jurídicamente, esa exclusión es razonable: no todo lo que el Estado gasta alrededor de un cargo puede equipararse a ingreso personal del funcionario. Pero la misma exclusión revela la insuficiencia del benchmark. Si el propio ordenamiento reconoce que existe un universo de recursos materiales esenciales para el cargo y que ese universo no aparece como salario, entonces la cifra salarial visible no puede presentarse honestamente como expresión suficiente de la economía real de la posición.

Este punto exige un matiz indispensable. No todo gasto funcional equivale a beneficio privado, y sería analíticamente deshonesto imputar como ingreso disponible de la persona titular del Ejecutivo cada peso gastado en logística, seguridad o infraestructura presidencial. Sin embargo, el error opuesto es igual de grave: suponer que, por no ser salario en sentido jurídico, esos recursos son irrelevantes para comparar la capacidad material efectiva del cargo con la de otros servidores públicos. Una residencia funcional no se convierte automáticamente en renta apropiable; sí elimina, total o parcialmente, la necesidad de sufragar una vivienda equivalente.

Un esquema permanente de seguridad no equivale a efectivo; sí desplaza un costo que, en otras posiciones de alta exposición, tendría que ser asumido privadamente o no podría ser asumido en

absoluto. La movilidad oficial, la infraestructura operativa y el soporte institucional no son “dinero de bolsillo”; son, sin embargo, parte del entorno material que libera ingreso, reduce gastos y modifica la economía cotidiana de quien ocupa el cargo.

De ello se sigue que la comparación usual entre “lo que gana el presidente” y “lo que gana cualquier otro servidor público” descansa sobre magnitudes heterogéneas. De un lado se sitúa un salario visible sostenido por una infraestructura estatal de alta densidad; del otro, remuneraciones que con frecuencia deben financiar por sí mismas, total o parcialmente, vivienda, transporte, seguridad complementaria, conectividad, representación profesional y otros costos de reproducción material del cargo. La comparación salarial nominal produce así una ficción de equivalencia. Lo que parece una medida clara de austeridad es, examinado con más rigor, un indicador incompleto.

Esta ficción tiene consecuencias prácticas. La literatura especializada sobre sistemas retributivos del sector público ha mostrado que la compresión salarial excesiva puede deteriorar incentivos, dificultar la atracción y retención de perfiles especializados y empujar hacia mecanismos indirectos u opacos de compensación (IMF, 2024; OECD, 2024; World Bank, 2021). El problema no se reduce a competir con el sector privado; concierne, sobre todo, a la relación entre responsabilidad institucional, especialización funcional y estructura retributiva. Un Estado complejo no puede valorar del mismo modo la jefatura política del Ejecutivo, la independencia jurisdiccional, la regulación económica, la política monetaria o la alta especialización técnica. Cuando toda esa heterogeneidad queda aprisionada bajo un techo anclado a una cifra presidencial materialmente subespecificada, la austeridad deja de ser un principio de sobriedad y se convierte en una tecnología de simplificación institucional.

Sin embargo, el punto decisivo del debate aparece cuando se advierte que el benchmark presidencial no es un mero dato contable; es también una imagen del Estado. En efecto, usar al presidente como techo salarial universal supone que la persona titular del Poder Ejecutivo representa algo más que una función política central: representa la medida superior del valor institucional del aparato público. Esa presuposición es discutible incluso si se aceptara, por hipótesis, que el salario presidencial estuviera perfectamente calculado. El problema no radica únicamente en la mala medición del cargo, sino en la elección misma del cargo como parámetro cúspide.

Del error económico al problema de diseño del Estado

La teoría republicana y la teoría clásica de la separación de poderes ofrecen aquí una advertencia elemental. La división de poderes no fue concebida como una distribución administrativa de tareas dentro de una jerarquía unitaria, sino como una pluralización del poder para evitar su concentración. En Montesquieu, la libertad política exige que el poder frene al poder; en Madison, la separación institucional descansa precisamente en que cada órgano disponga de la energía necesaria para resistir la invasión de otro (Madison, 1788/2001; Montesquieu, 1748/2007). En ese horizonte, el Ejecutivo puede ser políticamente central sin convertirse por ello en la fuente de dignidad material de los demás poderes.

El presidencialismo moderno, desde luego, ha dotado al Ejecutivo de una visibilidad incomparable. Linz (1990) mostró cómo la elección presidencial concentra legitimidad democrática y personaliza el conflicto político. Sartori (1994) insistió, por su parte, en que el presidencialismo tiende a robustecer la centralidad del Ejecutivo en el imaginario político. Pero centralidad no es supremacía constitucional. Que el presidente sea el actor más visible del sistema no significa que el Legislativo y el Judicial deban quedar retributivamente ordenados

como apéndices de su figura. La república constitucional no distribuye dignidad institucional desde una persona, sino desde funciones diferenciadas con legitimidad propia.

Por ello, convertir al Ejecutivo en vara salarial dominante introduce una subordinación simbólica que merece ser tomada en serio. El símbolo no es superficial en derecho público. Las reglas también enseñan cómo debe imaginarse el Estado. Y una regla que dispone que nadie puede ganar más que el presidente no sólo comunica disciplina fiscal; comunica, además, que el presidente es la cima natural del valor público. El problema de esa pedagogía institucional es que desliza a la república hacia una representación unipersonal del mando. La estructura del Estado comienza a parecerse, no a una constelación de poderes constitucionalmente diferenciados, sino a una pirámide cuya altura material se mide desde la persona presidencial.

Se dirá que esta lectura carga excesivamente de simbolismo una regla salarial. Sin embargo, el propio debate político mexicano ha mostrado hasta qué punto el techo presidencial se ha convertido en emblema de un modo de concebir el poder público. No se lo presenta sólo como instrumento técnico de contención, sino como criterio moral y jerárquico: si alguien gana más que el presidente, algo en el orden republicano parecería haberse invertido. Pero esa intuición confunde la jefatura política del Ejecutivo con una superioridad institucional que la Constitución no reconoce. El presidente gobierna; no otorga legitimidad a los jueces, no funda al Congreso, no absorbe a los órganos constitucionales autónomos. Tomarlo como medida salarial superior de todos ellos es, por eso mismo, una forma sutil pero real de subordinar materialmente lo que jurídicamente se proclama autónomo.

Esto resulta particularmente visible cuando el parámetro presidencial se proyecta sobre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Los trabajadores de ambos poderes no son trabajadores del Ejecutivo. Sus deberes, riesgos, responsabilidades y lógicas institucionales no derivan del

presidente ni le son funcionalmente accesorios. La independencia judicial, por ejemplo, no depende sólo de reglas procesales o de nombramiento; también requiere condiciones materiales que reduzcan vulnerabilidades indebidas y hagan posible una carrera profesional digna y estable. La autonomía de los órganos técnicos y reguladores, del mismo modo, no puede descansar en discursos abstractos si su diseño retributivo queda subordinado a un parámetro fijado por un poder ajeno y políticamente cargado.

No se sostiene aquí que la separación de poderes exija una soberanía salarial absoluta de cada órgano. Todo Estado democrático necesita controles, transparencia, límites y criterios comunes. Pero una cosa es la coordinación constitucional de un sistema retributivo y otra muy distinta la subordinación generalizada a la cifra del Ejecutivo. La primera es compatible con la república; la segunda la tensiona. En la medida en que Legislativo, Judicial y órganos autónomos son constitucionalmente no subordinados, deberían disponer, al menos, de un margen racional de autonomía retributiva relativa, esto es, de la posibilidad de que sus estructuras salariales se construyan conforme a la complejidad, especialización y responsabilidad propias de sus funciones, bajo reglas objetivas y transparentes, no a partir de una obediencia material al referente presidencial.

La experiencia comparada permite advertir que el problema mexicano no es inevitable. En Estados Unidos, la tabla del Executive Schedule para 2026 fija el Level I en 253,100 dólares, pero el propio Office of Personnel Management mantiene regímenes diferenciados para el Senior Executive Service, posiciones senior-level, personal científico-profesional y jueces administrativos; además, la compensación del SES funciona como un sistema basado en desempeño con un rango propio y con topes agregados distintos (U.S. Office of Personnel

Management, 2026a, 2026b). En otras palabras, la cifra del vértice político coexiste con arquitecturas salariales no absorbidas por una sola magnitud.

En Canadá, la lógica también es de bandas y no de subordinación unipersonal. La página oficial sobre salary ranges and performance pay muestra rangos distintos para los grupos EX y DM y añade porcentajes de remuneración variable; para 2024-2025, por ejemplo, un DM-4 podía ubicarse entre 350,500 y 412,300 dólares canadienses, con un máximo de 39% de performance award (Government of Canada, 2025). Ese diseño no presupone que la sobriedad pública exija comprimir todo el sistema bajo la referencia personal del primer ministro, sino que la responsabilidad y la complejidad institucional ameritan escalas diferenciadas bajo reglas públicas.

El trasfondo mexicano y la defensa insuficiente de la austeridad simplificadora

El Reino Unido ofrece otra variante instructiva. El Senior Salaries Review Body no es una oficina ceremonial, sino un órgano que formula recomendaciones específicas sobre la remuneración del senior civil service, de la judicatura, de los oficiales superiores de las fuerzas armadas y de otros cargos altos del sector público. Su reporte de 2025 reitera precisamente esa lógica de revisión técnica y diferenciada por familias funcionales (Review Body on Senior Salaries, 2025). La lección no es que desaparezca el control político, sino que éste se ejerce sobre un dispositivo institucional más sofisticado que la simple apelación al salario del jefe de gobierno.

Nueva Zelanda profundiza aún más en la dirección de la transparencia diferenciada. La Public Service Commission publica de manera específica la remuneración de chief executives y explica que las remuneraciones de los líderes del sector público se determinan de manera distinta según el tipo de agencia; además, las tablas de 2025 reportan la evolución del promedio de

remuneración de secretaries of departments y chief executives of departmental agencies y separan el régimen aplicable a otras entidades públicas (New Zealand Public Service Commission, 2026a, 2026b). La comparación internacional, en suma, no sugiere que México deba copiar mecánicamente un modelo ajeno; sí muestra que las democracias administrativas maduras controlan y transparentan, pero raramente reducen toda la cúspide del Estado a un benchmark personal único.

El trasfondo mexicano vuelve la objeción todavía más significativa. El presidencialismo mexicano no fue sólo una forma de gobierno; fue durante décadas una cultura de organización del poder, una gramática de centralidad desde la cual el Estado tendió a leerse, administrarse y simbolizarse. Incluso cuando la transición democrática erosionó los poderes metaconstitucionales de la Presidencia, la imaginación pública del orden estatal siguió gravitando alrededor de la figura presidencial. En ese contexto, no sorprende que una regla presentada como austera y moralizadora reproduzca, sin decirlo, la vieja lógica de la centralidad presidencial. La novedad consiste en que esa centralidad ya no se expresa únicamente en facultades políticas o en capacidad de mando, sino en la pretensión de que el valor material del conjunto estatal se ordene desde la figura del Ejecutivo.

La propia historia jurídica reciente del tema confirma esa inestabilidad. Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversos preceptos de la primera Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y obligó, en los hechos, a una recomposición legislativa posterior; el comunicado oficial del Tribunal Pleno subrayó, entre otros aspectos, la insuficiencia normativa del diseño legal originalmente aprobado (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019). Esa secuencia no demuestra por sí sola la incorrección material del techo presidencial, pero sí

muestra que la materia fue abordada legislativamente con una mezcla de urgencia política y escasa fineza técnica. No es casual: cuando una solución se legitima ante todo por su rendimiento simbólico, suele posponer el trabajo más arduo del diseño institucional.

Conviene, con todo, tomar en serio las razones de quienes defienden la regla. Una democracia desigual tiene derecho a desconfiar de burocracias opulentas. La ciudadanía puede considerar inaceptable que ciertos altos funcionarios perciban remuneraciones ostensiblemente superiores a la del presidente. También es comprensible el temor a que un sistema diferenciado de salarios abra espacio a privilegios corporativos o a una tecnocracia inmune al control democrático. Esas preocupaciones son legítimas. El problema es creer que sólo pueden atenderse a través del techo presidencial universal.

La austeridad es un valor político atendible, pero no es el único. Weber (1978/2014) recordaba que el Estado moderno depende también de una administración profesional capaz. North (1990) y Acemoglu y Robinson (2012) mostraron, desde perspectivas distintas, que la calidad institucional no puede separarse del modo en que se estructuran incentivos, capacidades y márgenes de autonomía dentro del Estado. Una política retributiva razonable debe, por tanto, equilibrar moderación fiscal, legitimidad democrática, integridad pública y capacidad estatal. El techo presidencial universal fracasa justamente porque transforma ese equilibrio delicado en una regla única. Lo que gana en visibilidad lo pierde en precisión.

Hacia un diseño retributivo compatible con la república constitucional

Tampoco basta replicar que el artículo 127 ya resolvió definitivamente la discusión. Las constituciones resuelven controversias de forma positiva, pero la teoría constitucional existe precisamente porque la validez formal no liquida la discusión sobre el sentido material de las normas. Entre constitucionalidad formal y constitucionalidad material puede haber tensiones.

Una regla puede ser válida y, sin embargo, proyectar una racionalidad deficiente sobre la estructura del Estado. Criticar esa tensión no equivale a desconocer la Constitución; equivale, por el contrario, a tratarla como objeto de interpretación seria y no como oráculo autosuficiente.

La crítica sería insuficiente si sólo desmontara el techo presidencial sin ofrecer una salida. La alternativa no pasa por desregular salarios ni por conceder a cada poder libertad irrestricta para fijar remuneraciones. Pasa por sustituir la lógica unipersonal por una lógica institucional. Ello exige, en primer lugar, abandonar la idea de un benchmark único y adoptar bandas salariales diferenciadas por familia funcional, nivel de responsabilidad, autonomía constitucional, complejidad decisional y escasez técnica. Un juez constitucional, un regulador financiero, un alto directivo administrativo y un operador político de primer nivel pueden compartir estatura institucional sin ser retributivamente intercambiables. La igualdad republicana no exige uniformidad ciega; exige criterios públicos de justificación.

En segundo lugar, la comparación relevante no puede limitarse al salario nominal. Los sistemas retributivos deberían transparentar, hasta donde sea metodológicamente posible, la diferencia entre remuneración monetaria, prestaciones, beneficios en especie y costos funcionales absorbidos por el Estado. No para transformar todo gasto operativo en ingreso personal, sino para evitar que la contención simbólica de una cifra oculte la economía material real de ciertos cargos. En tercer lugar, la fijación de remuneraciones superiores no debería depender primordialmente de coyunturas políticas ni de la pedagogía moral del Ejecutivo.

Resulta más compatible con una república constitucional la intervención de un órgano técnico independiente o de una comisión especializada que produzca metodologías públicas, revise escalas con periodicidad, compare funciones equivalentes y someta sus decisiones a control democrático y transparencia.

Conclusión

Por último, una austeridad bien diseñada no es enemiga de la capacidad estatal. Un Estado sobrio puede pagar mejor de forma selectiva donde la responsabilidad, la complejidad o la autonomía institucional así lo exijan, siempre que lo haga bajo reglas objetivas, publicidad plena y control efectivo. Lo contrario —aplanar la cúspide del sistema bajo un referente presidencial incompleto— corre el riesgo de producir exactamente aquello que dice combatir: opacidad compensatoria, deterioro institucional y desprestigio del servicio público.

El problema del salario del Presidente de la República como techo salarial del servicio público en México nunca fue sólo un problema de monto. Fue, desde el principio, un problema de forma estatal. La crítica económica muestra ya algo decisivo: el salario visible de la jefatura del Ejecutivo no agota la economía real del cargo, porque omite los costos absorbidos por el Estado y, con ello, falsea la comparación con otros servidores públicos. Pero la crítica más profunda comienza donde termina esa constatación. Usar al presidente como parámetro retributivo superior del conjunto estatal no sólo adopta un benchmark defectuoso; insinúa que el valor institucional de los demás poderes puede medirse desde la persona del Ejecutivo.

Esa insinuación es incompatible con la promesa normativa de una república constitucional. México no es una monarquía salarial, ni un imperio administrativo, ni un régimen unipersonal en el que toda dignidad pública descienda materialmente de la cúspide presidencial. Es, al menos en su diseño constitucional, un Estado de poderes diferenciados, legitimidades concurrentes y autonomías que deben preservarse también en el plano material. Cuando el Ejecutivo se convierte en referencia retributiva dominante de órganos que no le son subordinados, el presidencialismo deja de ser sólo una tradición política y se convierte en criterio de organización salarial del Estado. La austeridad puede ser una virtud republicana. La

simplificación institucional, no. Una república seria no corrige los abusos levantando una pirámide retributiva coronada por la persona presidencial. Los corrige mediante reglas generales, transparencia integral, diferenciación funcional y órganos capaces de valorar cada responsabilidad pública según su complejidad, su autonomía y su contribución a la capacidad del Estado. Allí reside la diferencia entre una política salarial que sólo persuade y una arquitectura institucional que, además, merece ser defendida.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRemSP_190521.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2026.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Government of Canada. (2025). Salary ranges and performance pay. https://www.canada.ca/en/privy-council/programs/appointments/governor-council-appointments/compensation-terms-conditions-employment/salary-ranges-performance-pay.html

International Monetary Fund. (2024). How to set compensation for government employees. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/HowToNotes/2024/English/ HTNEA2024003.ashx

Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. Journal of Democracy, 1(1), 51–69.

Madison, J. (2001). Federalist No. 51. En A. Hamilton, J. Madison, & J. Jay, The Federalist Papers (C. Rossiter, Ed.). Signet Classics. (Trabajo original publicado en 1788)

Montesquieu. (2007). Del espíritu de las leyes (M. Blázquez & P. de Vega, Trads.). Tecnos. (Trabajo original publicado en 1748)

New Zealand Public Service Commission. (2026a). Chief executive remuneration. https://www.publicservice.govt.nz/system/leaders/appointing-leaders/leader-pay/chief-executive-remuneration

New Zealand Public Service Commission. (2026b). Public service leaders’ pay. https://www.publicservice.govt.nz/system/leaders/appointing-leaders/leader-pay

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Salary systems in public administration and their reforms. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/06/salary-systems-in-public-administration-and-their-reforms_40fa6658/8f08a005-en.pdf

Review Body on Senior Salaries. (2025). Senior Salaries Review Body Report: 2025. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/senior-salaries-review-body-report-2025

Sartori, G. (1994). Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives and outcomes. New York University Press.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2019, 20 de mayo). Acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 [Comunicado de prensa]. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5881

U.S. Office of Personnel Management. (2026a). 2026 executive & senior level employee pay tables. https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/2026/ executive-senior-level

U.S. Office of Personnel Management. (2026b). Salary Table No. 2026-EX. https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/salary-tables/ 26Tables/exec/html/EX.aspx

Weber, M. (2014). Economía y sociedad (J. Medina Echavarría et al., Trads.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1978)

World Bank. (2021). Public sector employment and compensation: An assessment framework. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/ 324801640074379484/public-sector-employment-and-compensation-an-assessment-framework

Desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa la propuesta de eliminar a los diputados plurinominales, el debate público se ha centrado casi exclusivamente en un argumento: el ahorro de recursos. «Hay que apretarse el cinturón», dice el discurso oficial. «México no puede darse el lujo de mantener un Congreso tan costoso».

Pero hay algo que no cuadra en esta narrativa. Los números revelan una historia muy diferente: el costo de los 200 diputados plurinominales es insignificante comparado con el despilfarro documentado en programas emblemáticos del gobierno federal. Y lo más preocupante: eliminarlos no ahorraría prácticamente nada al erario, pero sí desmantelaría uno de los pocos contrapesos que quedan en el sistema político mexicano.

Este análisis examina tres dimensiones del debate: cómo surgió el sistema de representación proporcional y por qué, qué funciones cumple realmente en la práctica, y qué está verdaderamente en juego cuando se propone eliminarlo bajo argumentos de «austeridad». Los datos duros cuentan una historia incómoda para quienes promueven la reforma.

De la Hegemonía Priista a la Pluralidad Democrática

El México de un Solo Partido

Para entender por qué existen los diputados plurinominales, hay que recordar cómo era México antes de 1977. El PRI controlaba el Congreso de manera absoluta, traduciendo victorias electorales moderadas en mayorías legislativas abrumadoras gracias al sistema de mayoría relativa pura. Los partidos de oposición existían apenas como decorado democrático.

El punto de quiebre llegó en 1976: el PRI ganó todos los escaños de la Cámara de Diputados. Todos. La crisis de legitimidad era evidente. Algo tenía que cambiar.

La Reforma de 1977: Abrir Válvulas de Escape

Jesús Reyes Heroles, entonces Secretario de Gobernación, impulsó la reforma política de 1977 bajo una premisa clara: había que darle espacio institucional a la oposición antes de que la inconformidad estallara fuera del sistema. El contexto era apremiante: la memoria de 1968 seguía fresca, y movimientos guerrilleros operaban en varias regiones del país.

La solución fue crear 100 diputados de «representación proporcional» que se asignarían según el porcentaje de votos que cada partido obtuviera nacionalmente, no por ganar distritos específicos. La idea era simple pero efectiva: garantizar que partidos con apoyo ciudadano significativo pero disperso geográficamente tuvieran voz en el Congreso.

No fue generosidad democrática; fue supervivencia del sistema. Pero funcionó. La izquierda política se incorporó al juego institucional, y México comenzó una transición gradual hacia un sistema más plural.

La Evolución del Sistema

El diseño se fue refinando con los años:

• 1986: Los plurinominales aumentaron a 200, consolidando el modelo mixto de 300 diputados de mayoría relativa más 200 de representación proporcional.
• 1996: La reforma electoral estableció candados cruciales: ningún partido puede tener más de 300 diputados en total (sumando ambos tipos), y la sobrerrepresentación no puede exceder 8 puntos porcentuales respecto a su votación nacional.

Estos límites no son caprichosos. Son frenos constitucionales diseñados específicamente para evitar que un solo partido, incluso ganando las elecciones, pueda controlar el Congreso de manera absoluta y modificar la Constitución a su antojo.

Cómo Funciona (y Para Qué Sirve) el Sistema Actual

El Mecanismo Electoral

El territorio nacional se divide en cinco circunscripciones plurinominales. Cuando votas, además de elegir al candidato de tu distrito, tu voto cuenta para determinar cuántos diputados plurinominales le corresponden a cada partido en tu circunscripción.

La fórmula busca que el porcentaje de escaños se aproxime al porcentaje de votos. Si un partido obtiene 15% de los votos nacionales, debería tener cerca del 15% de los diputados. Sin este mecanismo, ese mismo partido podría quedar con apenas 2-3% de los escaños si sistemáticamente queda en segundo lugar en todos los distritos.

Las Funciones Reales (Más Allá del Mito)

Mito #1: «Los plurinominales no trabajan»

Los datos dicen otra cosa. Estudios cuantitativos de la producción legislativa muestran que los diputados plurinominales presentan iniciativas, participan en comisiones y contribuyen al trabajo parlamentario de manera similar a los de mayoría relativa. De hecho, frecuentemente encabezan comisiones técnicas especializadas donde importa más la experticia que la capacidad de ganar elecciones distritales.

Mito #2: «No son electos por nadie»

Esto confunde dos tipos de legitimidad. Los plurinominales son electos por votación de lista partidaria, un mecanismo perfectamente legítimo usado en decenas de democracias. El problema real es que las listas son cerradas: las cúpulas partidistas deciden quién entra y en qué orden. Pero ese es un defecto de diseño específico, no del principio de representación proporcional en sí mismo.

Lo que sí hacen (y nadie cuenta)

Los plurinominales cumplen funciones sistémicas críticas:

1. Garantizan representación a minorías políticas: Sin ellos, partidos con 10-15% del voto nacional pero sin concentración geográfica desaparecerían del Congreso. Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PRD en ciertos momentos, existen legislativamente gracias a los plurinominales.
2. Evitan mayorías artificiales: La regla de +8 puntos de sobrerrepresentación funciona como freno constitucional. Sin plurinominales, un partido podría obtener mayoría calificada con apenas 45-48% del voto popular, tal como sucede en sistemas de mayoría simple pura.
3. Facilitan negociación legislativa: Al no depender de clientelas distritales específicas, frecuentemente funcionan como articuladores de acuerdos que trascienden intereses puramente locales.

El Argumento Económico: Cuando los Números Desmienten el Discurso

Lo Que Realmente Cuestan los Plurinominales

Aquí es donde el argumento presidencial se desmorona. Revisemos los datos verificables:

Costo directo anual de 200 diputados plurinominales

• Dieta neta mensual (vigente desde febrero 2025): $79,000
• Costo anual por diputado (solo dieta): $948,000
• Costo total anual de 200 plurinominales (solo dietas): $189.6 millones

Incluyendo apoyos adicionales (asistencia legislativa, atención ciudadana), la cifra asciende aproximadamente a $368.5 millones anuales.

Proporción del gasto total

• Presupuesto ejercido por la Cámara de Diputados en 2024: $9,371.7 millones
• Los plurinominales representan: 2% del gasto de la Cámara (estimación mínima) o 4% (estimación ampliada)
• Proporción del presupuesto federal total: menos del 0.02%

Para ponerlo en perspectiva: eliminar a los 200 plurinominales ahorraría menos de lo que cuesta construir dos estadios deportivos de primer nivel.

El Elefante en la Sala: Dónde Sí Se Fue el Dinero

Ahora comparemos ese «ahorro» con los escándalos financieros de la actual administración:

SEGALMEX: El Fraude Monumental

El desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) representa uno de los mayores fraudes documentados en la historia reciente:

• Desvío estimado: Más de $15,000 millones de pesos
• Equivalente a: El costo de los 200 diputados plurinominales durante 40 años

La Auditoría Superior de la Federación documentó operaciones irregulares por montos estratosféricos. Hablamos de miles de millones que simplemente desaparecieron bajo la etiqueta de «programas sociales».

INSABI: El Desastre del Sistema de Salud

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), creado para reemplazar al Seguro Popular, se convirtió en un ejemplo de mala planeación y despilfarro:

• Inversión sin resultados: Miles de millones gastados en una estructura que nunca funcionó adecuadamente
• Hospitales abandonados: Infraestructura médica inconclusa o subutilizada
• Desabasto crónico: Medicamentos que nunca llegaron pese al gasto

Las auditorías continúan revelando irregularidades que ascienden a miles de millones de pesos en un sistema que colapsó antes de consolidarse.

La Mega Farmacia: Promesa Incumplida

La «Mega Farmacia del Bienestar» costó cientos de millones en su construcción y puesta en marcha, pero nunca operó como se prometió. Las auditorías revelan inversiones masivas en infraestructura que permanece subutilizada o directamente abandonada.

Gas del Bienestar: El Programa Fallido

El programa Gas del Bienestar prometió bajar los precios del gas LP mediante distribución directa del gobierno. La realidad fue muy distinta:

• Compra de pipas al inicio del sexenio de AMLO: Miles de millones invertidos en una flotilla que operó de manera ineficiente
• Cobertura limitada: Nunca alcanzó la cobertura prometida nacionalmente
• Precio sin ventaja real: Los beneficios en precio fueron marginales o inexistentes en muchas zonas
• Subutilización de infraestructura: Gran parte de las pipas adquiridas permanecieron sin uso óptimo

El costo total del programa, incluyendo infraestructura, adquisición de vehículos y operación, asciende a miles de millones sin haber cumplido sus objetivos fundamentales.

Refinería de Dos Bocas: El Proyecto Faraónico

La construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, representa uno de los proyectos más costosos y problemáticos:

• Presupuesto inicial (2018): $8,000 millones de dólares
• Costo real estimado (2024): Entre $16,800 y $18,000 millones de dólares
• Sobrecosto: Más del 100% respecto al presupuesto original
• Equivalente a: Aproximadamente $330,000 millones de pesos
• Comparación: El costo de los plurinominales durante 894 años

Y esto sin contar los problemas operativos: la refinería inaugurada con bombo y platillo aún no opera a su capacidad prometida, presenta fallas técnicas recurrentes, y su viabilidad económica está en entredicho según análisis independientes.

El Aeropuerto de Texcoco: La Cancelación Más Cara

La decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México tuvo costos estratosféricos:

• Costo de la cancelación: Entre $113,000 y $331,996 millones de pesos (según diferentes estimaciones)
• Equivalente a: El costo de los plurinominales durante 307 a 900 años

Esto incluye obras ya construidas que se perdieron, indemnizaciones a contratistas, bonos que el gobierno debe seguir pagando, y el costo de construir Santa Lucía como alternativa.

La Matemática de la Hipocresía

Hagamos el ejercicio completo:

Costo anual de 200 diputados plurinominales: ~$370 millones

Despilfarro documentado en programas de la 4T:

• SEGALMEX: $15,000 millones
• Refinería Dos Bocas (sobrecosto): $165,000 millones
• Cancelación Texcoco (estimación conservadora): $113,000 millones
• INSABI: Miles de millones adicionales
• Gas del Bienestar: Miles de millones adicionales
• Mega Farmacia: Cientos de millones adicionales

Total conservador: Más de $295,000 millones de pesos

Conclusión:

• Con solo el fraude de SEGALMEX se podría pagar el costo de los plurinominales durante 40 años
• Con el sobrecosto de Dos Bocas, durante 446 años
• Con la cancelación de Texcoco, durante 307 años (estimación conservadora)
• Con la suma de estos tres proyectos solamente: casi 800 años de plurinominales

¿Y nos quieren vender que el problema fiscal de México son 200 diputados?

Lo Que Realmente Está En Juego

El Efecto Mecánico de Eliminar la Representación Proporcional

Si se eliminan los plurinominales y México regresa a un sistema de 300 diputados solo por mayoría relativa, los efectos son predecibles y documentados en la teoría electoral:

1. Sobrerrepresentación masiva del ganador

Actualmente, para obtener mayoría calificada constitucional (dos tercios de la Cámara), un partido necesita aproximadamente 55% del voto nacional. Sin plurinominales, podría alcanzarla con apenas 45-48% del voto.

Ejemplo real: En el sistema británico de mayoría simple pura, el Partido Conservador obtuvo 36.9% del voto en 2015 pero controló mayoría absoluta del Parlamento. El UKIP consiguió 12.6% del voto nacional pero apenas un escaño (0.15% de la Cámara).

2. Extinción de partidos minoritarios

Partidos con 10-15% del voto nacional pero sin concentración geográfica simplemente desaparecerían del Congreso. El sistema se reduciría a dos o máximo tres partidos grandes.

3. Mayorías constitucionales fáciles

El partido gobernante podría modificar la Constitución a voluntad con menos de la mitad del voto popular. Los frenos constitucionales que existen actualmente quedarían desmantelados.

El Patrón Preocupante

Esta propuesta no viene sola. Se inserta en una secuencia de reformas que han concentrado progresivamente el poder:

• Reforma al Poder Judicial: Elección popular de jueces y magistrados, debilitando su independencia
• Absorción de órganos autónomos: Desaparición o subordinación de instituciones de control
• Ahora: Eliminación del mecanismo que garantiza pluralidad en el Congreso

Este patrón tiene nombre en ciencia política: «autoritarismo competitivo». Sistemas que mantienen elecciones formales pero desmantelan sistemáticamente los contrapesos institucionales.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos: Venezuela bajo Chávez, Nicaragua con Ortega, El Salvador con Bukele. Todos comenzaron con reformas presentadas como «modernización» o «lucha contra la corrupción». Todos terminaron en regresión democrática.

La Lección Alemana (Ignorada)

Alemania, frecuentemente citada como modelo de eficiencia gubernamental, mantiene un Bundestag con más de 700 miembros para 83 millones de habitantes. Proporcionalmente, tienen más legisladores per cápita que México.

¿Son los alemanes ineficientes o despilfarradores? No. Entienden que la democracia tiene costos institucionales justificados. Su sistema mixto de representación proporcional ha generado gobiernos estables, plurales y de alta calidad durante décadas.

México tiene un diputado por cada 250,000 habitantes. Esto nos ubica en rangos intermedios internacionalmente. No tenemos un Congreso «inflado»; tenemos uno del tamaño estándar para una democracia de nuestra magnitud.

Las Alternativas Que Nadie Propone

Reformar, No Eliminar

Si hay problemas legítimos con el sistema plurinominal, la solución es perfeccionarlo, no destruirlo. Opciones viables incluyen:

1. Listas semiabiertas

Permitir que el votante modifique el orden de la lista del partido. Esto transferiría poder de las cúpulas al electorado. Brasil usa este sistema, con sus pros y contras.

2. Vinculación a entidades federativas

En vez de cinco macro-circunscripciones abstractas, dividir las listas en 32 listas estatales. Cada diputado plurinominal representaría una entidad específica, fortaleciendo el vínculo territorial.

3. Sistema compensatorio (modelo alemán)

Convertir el sistema de «paralelo» a «compensatorio», donde los plurinominales se asignan para que la composición final sea estrictamente proporcional al voto nacional. Esto eliminaría completamente la sobrerrepresentación.

4. Transparencia radical

Obligar a los partidos a publicar los criterios con que arman sus listas, con trazabilidad de carreras legislativas y evaluación ciudadana del desempeño.

Todas estas reformas preservarían las funciones democráticas del sistema mientras atenderían las preocupaciones legítimas sobre accountability y calidad legislativa.

La Pregunta Incómoda

Si el objetivo real fuera mejorar la representación democrática y combatir el despilfarro, ¿por qué no se propone:

• Auditar y castigar el fraude de SEGALMEX con la misma energía que se ataca a los plurinominales?
• Recuperar los miles de millones perdidos en obras canceladas?
• Investigar el sobrecosto estratosférico de Dos Bocas?
• Transparentar el gasto real del Gas del Bienestar y el INSABI?
• Reformar las listas cerradas en vez de eliminar toda la representación proporcional?
• Fortalecer mecanismos de rendición de cuentas para todos los legisladores?

La respuesta es incómoda: porque esto no es realmente sobre ahorro fiscal. Es sobre concentración de poder.

Conclusión: El Costo Real de las Democracias Baratas

Los números no mienten. Eliminar a los 200 diputados plurinominales ahorraría menos del 0.02% del presupuesto federal—una fracción minúscula de lo que se perdió solo en el fraude de SEGALMEX, el sobrecosto de Dos Bocas o la cancelación de Texcoco. Presentar esto como una medida de austeridad relevante es, en el mejor de los casos, una distorsión; en el peor, un engaño deliberado.

Pero el verdadero costo de esta reforma no se mediría en pesos, sino en calidad democrática. México perdería:

• El mecanismo que garantiza representación a minorías políticas
• Los frenos constitucionales contra mayorías artificiales
• Uno de los pocos contrapesos que quedan en el sistema político
• La proporcionalidad entre el voto popular y la composición del Congreso

A cambio obtendríamos un «ahorro» equivalente a dos estadios de futbol, mientras proyectos como Dos Bocas han costado lo equivalente a casi nueve siglos de plurinominales.

La democracia no se mide por cuán barato es mantenerla, sino por cuán bien representa, distribuye el poder y protege libertades. Confundir eficiencia administrativa con calidad democrática es precisamente el error que han cometido países que terminaron en autoritarismo.

Las instituciones democráticas tienen costos. Son costos justificados porque la alternativa—concentración de poder sin contrapesos—siempre termina siendo infinitamente más cara. No en pesos, sino en libertades perdidas.

México conoce bien esa historia. Y debería aprender de ella antes de repetirla.

Anexo: Datos Duros Verificables

Costo de los Diputados Plurinominales (Administración 4T)

Período: 2018-2025

• Dieta neta mensual vigente (2025): $79,000
• Costo anual por diputado (solo dieta): $948,000
• Costo total anual 200 plurinominales: $189.6 millones (solo dietas)
• Con apoyos adicionales: ~$368.5 millones anuales
• Costo total período 2018-2025 (7 años): ~$2,580 millones

Comparativo con Escándalos Financieros 4T

SEGALMEX (Fraude documentado)

• Desvío estimado: $15,000 millones
• Fuente: Auditoría Superior de la Federación
• Equivalente a: 40 años de plurinominales

Refinería de Dos Bocas

• Presupuesto inicial (2018): $8,000 millones de dólares
• Costo real estimado (2024): $16,800-$18,000 millones de dólares
• Sobrecosto: Más del 100%
• En pesos: ~$330,000 millones
• Equivalente a: 894 años de plurinominales

Cancelación Aeropuerto Texcoco

• Costo estimado: $113,000-$331,996 millones
• Fuentes: ASF, analistas financieros, estimaciones oficiales
• Equivalente a: 307-900 años de plurinominales

INSABI (Despilfarro estimado)

• Inversión sin resultados: Miles de millones (auditorías en proceso)
• Hospitales inconclusos, desabasto crónico
• Equivalente a: Múltiples años de plurinominales

Gas del Bienestar

• Compra de pipas e infraestructura: Miles de millones
• Cobertura limitada, objetivos incumplidos
• Equivalente a: Múltiples años de plurinominales

Mega Farmacia (Infraestructura subutilizada)

• Inversión documentada: Cientos de millones
• Equivalente a: Varios años de plurinominales

Total Conservador del Despilfarro

Suma de proyectos principales: Más de $295,000 millones

Equivalente a:

• Aproximadamente 800 años de diputados plurinominales
• Más de 10 veces el presupuesto anual total de la Cámara de Diputados completa

Proporción del Presupuesto Federal

• Presupuesto Federal 2024: ~$9.1 billones
• Costo plurinominales: ~$370 millones
• Proporción: 0.004% del presupuesto total

Nota: Todos los datos son verificables en fuentes oficiales: Cámara de Diputados (transparencia y remuneraciones), Cuenta Pública, reportes de la Auditoría Superior de la Federación, informes de Pemex sobre Dos Bocas, y documentación pública de los casos mencionados.

Claudia Sheinbaum no pierde oportunidad para señalar al Instituto Nacional Electoral como un elefante blanco de la democracia mexicana. Sus críticas al presupuesto del INE se han convertido en un estribillo político recurrente, alimentando la narrativa de que México gasta demasiado en sus instituciones electorales. Pero mientras la presidenta exige austeridad para los árbitros de la democracia, su gobierno mantiene abierta una generosa llave de recursos públicos hacia el exterior, especialmente hacia el régimen cubano. Las cifras oficiales revelan una contradicción brutal: la misma administración que regatea cada peso al INE derrama miles de millones en petróleo subsidiado a Cuba sin exigir el mismo nivel de escrutinio.

Este análisis confronta ambas realidades con números verificables y fuentes oficiales. No hay especulación, solo datos duros que exponen una austeridad selectiva: implacable con las instituciones democráticas internas, generosa hasta la opacidad con aliados ideológicos externos.

El INE bajo la lupa: críticas sin contexto

Cuando Sheinbaum critica el presupuesto del INE, omite sistemáticamente mencionar qué compra ese dinero. El Instituto tiene un presupuesto anual que ronda los 40,000 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación¹. Con ese monto organiza todos los procesos electorales federales y locales del país, fiscaliza los recursos de partidos políticos, mantiene un padrón electoral confiable para más de 98 millones de ciudadanos y promueve la educación cívica.

Para dimensionar: el caso específico que se ha usado como munición política es la elección judicial de 2025. El INE solicitó inicialmente 13,000 millones de pesos, pero finalmente se le asignaron 6,219 millones para este proceso extraordinario². Esta cifra —que representa el costo de organizar una elección sin precedentes para renovar al Poder Judicial— ha sido presentada por críticos oficialistas como evidencia de un gasto excesivo.

Recordemos ese número: 6,219 millones de pesos para elegir jueces en 2025.

Ahora comparémoslo con lo que el mismo gobierno considera un gasto «razonable» cuando el destinatario es Cuba.

El petróleo de la «solidaridad»: miles de millones para Cuba

Mientras el INE es sometido a un escrutinio público despiadado, los envíos de hidrocarburos mexicanos a Cuba operan bajo un manto de eufemismos contables. Gasolinas Bienestar, subsidiaria de Pemex, reporta estas transferencias ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) como «exportaciones» a «tasas de mercado prevalecientes»³. La realidad, sin embargo, es que Cuba —en crisis económica profunda y bajo sanciones internacionales— carece de capacidad de pago. Analistas energéticos y políticos coinciden: estos envíos funcionan de facto como subsidios encubiertos⁴.

Las cifras oficiales son contundentes:

• Segundo semestre de 2023: 6,300 millones de pesos (≈380 millones de dólares)⁵
• Enero-septiembre de 2024: 9,300 millones de pesos⁶
• Año completo 2024: ~600 millones de dólares⁷
• Primer semestre de 2025: 5,300 millones de pesos⁸

Hagamos la comparación que el discurso oficial evita:

Solo en los primeros seis meses de 2025, México envió a Cuba petróleo por 5,300 millones de pesos. Eso equivale al 85% del costo total de organizar la elección judicial ese mismo año (6,219 mdp).

Dicho de otro modo: en medio año, el petróleo regalado a La Habana casi alcanza el presupuesto de un proceso electoral federal completo. Y nadie en Palacio Nacional califica esto como un «gasto excesivo».

El menú completo del gasto exterior: médicos cubanos y Centroamérica

El petróleo no es el único flujo de recursos hacia el exterior:

Médicos cubanos: El IMSS pagó 472.4 millones de pesos a la entidad cubana Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A., según reportó El Universal⁹. Estimaciones del mismo medio sugieren un gasto agregado cercano a los 2,000 millones de pesos por este concepto¹⁰.

Sembrando Vida en Centroamérica: Según la Fundación Prisma, citando datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México asignó 82 millones de dólares para implementar este programa en la región: 31 millones para El Salvador, 31 para Honduras y 20 para Guatemala¹¹.

Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum exige al INE «racionalizar» gastos que están constitucionalmente mandatados y sujetos a auditoría pública exhaustiva.

Dos pesos, dos medidas: democracia vs. geopolítica

La disparidad en el tratamiento del gasto público es flagrante:

El INE: transparencia absoluta, beneficio cuestionado

• Gasto constitucional con rendición de cuentas total
• Cada peso auditado, debatido en el Congreso, público y escrutado
• Beneficio: elecciones libres, legitimidad democrática, paz social postelectoral, ejercicio de derechos políticos
• Crítica oficial: implacable, constante, politizada

El apoyo a Cuba: opacidad contable, beneficio difuso

• Gasto extrapresupuestal camuflado como «exportaciones»
• Sin fiscalización ciudadana efectiva, sin debate legislativo, sin auditoría de recuperación
• Beneficio: «diplomacia solidaria», «alianzas estratégicas» (no cuantificables)
• Crítica oficial: inexistente

La pregunta central es devastadora: ¿Por qué un gasto que sostiene la democracia mexicana merece más escrutinio que uno que sostiene a un régimen extranjero?

El doble discurso desenmascarado

La retórica de austeridad del gobierno de Sheinbaum se desmorona ante los números. No es austeridad republicana lo que practica, sino austeridad selectiva: implacable con las instituciones democráticas autónomas, inexistente con los gastos de lealtad ideológica.

Esta selectividad revela una jerarquía de valores preocupante:

• 6,219 millones para que 98 millones de mexicanos elijan a sus jueces = «excesivo»
• 5,300 millones en seis meses para enviar petróleo a Cuba = «cooperación internacional»

El mensaje implícito es claro: la democracia mexicana debe apretarse el cinturón, pero Cuba puede contar con la generosidad de Pemex, aunque la paraestatal esté endeudada y el país requiera inversión en salud, educación e infraestructura.

Conclusión: ¿A quién sirve realmente esta «austeridad»?

Si el gobierno de Sheinbaum fuera consistente en su discurso de racionalización del gasto público, debería someter todos los flujos de recursos al mismo nivel de transparencia y justificación. Pero la realidad muestra lo contrario: mientras los costos de la democracia interna se ventilan, critican y reducen, los subsidios encubiertos a regímenes extranjeros fluyen sin contrapeso ni debate.

La verdadera pregunta no es si México puede costear instituciones electorales robustas —la respuesta es que debe hacerlo—. La pregunta es: ¿Puede México seguir costeando una política exterior opaca que drena recursos públicos sin rendición de cuentas ni beneficios tangibles para su población?

Los números están sobre la mesa. El doble rasero, también. Lo que falta es que la ciudadanía exija la misma transparencia para el petróleo que se envía a Cuba que para los votos que se cuentan en México.

Porque si hay que hablar de costos excesivos, quizá deberíamos empezar por aquellos que ni siquiera aparecen honestamente en el presupuesto.

Fuentes

¹ Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2024/pef_2024_abro.pdf

² Redacción (31 de mayo de 2025). La elección judicial, un desafío logístico sin precedentes para el INE. El País. https://elpais.com/mexico/2025-05-31/la-eleccion-judicial-un-desafio-logistico-sin-precedentes-para-el-ine.html

³ Petróleos Mexicanos (31 de marzo de 2025). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278225000018/ck0000932782-20250331.htm

⁴ Wainer, A. (2023, abril 12). El petróleo mexicano que sostiene a Cuba. Foreign Affairs Latinoamérica. https://revistafal.com/el-petroleo-mexicano-que-sostiene-a-cuba/

⁵ Godoy, E. (2 de mayo de 2024). Pemex Reveals $380 Million in Fuel Sales to Crisis-Wracked Cuba. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-02/pemex-reveals-380-million-in-fuel-sales-to-crisis-wracked-cuba

⁶ Petróleos Mexicanos (30 de septiembre de 2024). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278224000031/ck0000932782-20240930.htm

⁷ García, A. (6 de mayo de 2025). Mexico’s Pemex increased crude shipments to Cuba in 2024, filing shows. Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/mexicos-pemex-increased-crude-shipments-cuba-2024-filing-shows-2025-05-06

⁸ Petróleos Mexicanos (30 de junio de 2025). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278225000025/ck0000932782-20250630.htm

⁹ Ponce, J. (8 de agosto de 2024). IMSS erogó 472 mdp por la contratación de médicos cubanos. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imss-erogo-472-mdp-por-la-contratacion-de-medicos-cubanos

¹⁰ Redacción (25 de septiembre de 2024). México paga 2 mil millones de pesos por médicos cubanos. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-paga-2-mil-millones-de-pesos-por-medicos-cubanos-el-monto-entregado-en-euros-y-pesos

¹¹ Fundación Prisma (enero 2025). Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2025/01/Sembrando-Vida-y-Jovenes-Construyendo-Futuro-en-CA.pdf

El 3 de enero de 2026, las fuerzas especiales de Estados Unidos convirtieron a Caracas en un escenario operativo. La detención y extracción de Nicolás Maduro, un jefe de Estado en ejercicio, es un hecho verificado por cables y cobertura en tiempo real de agencias internacionales, acompañado por el cierre del espacio aéreo del Caribe ordenado por la FAA. Pero este evento explosivo no emerge de un vacío. Es el dramático epílogo de dos décadas de una trama compleja, donde la ilegitimidad crónica de un régimen interno chocó con la ilegalidad oportunista de una potencia externa. El resultado no es un nuevo amanecer, sino una noche incierta, cuyos riesgos los pagarán, una vez más, los venezolanos y la frágil arquitectura del continente.

La implosión de un régimen: La ilegitimidad como proyecto de Estado

Para comprender el evento de enero de 2026, es imperativo desmontar el mito de que el chavismo fue derrotado únicamente por fuerzas externas. Su caída, en gran medida, fue un suicidio institucional. El análisis político, lejos de la retórica ideológica, nos muestra una trayectoria clara: desde 1999, Venezuela transitó de un sistema democrático defectuoso a un autoritarismo competitivo y, finalmente, bajo Maduro, a un autoritarismo hegemónico.

Los hechos son contundentes y trazables. El régimen no fue víctima de un «golpe blando» mediático, sino que sistemáticamente desmanteló los contrapesos. La Unión Europea dejó asentado oficialmente que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 «no fueron libres ni justas». La Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora, fue judicialmente anulada. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral dejaron de ser árbitros para convertirse en herramientas del partido oficial. Este proceso no fue secreto; está documentado por la UE, el Centro Carter y Human Rights Watch.

La ilegitimidad no fue solo política, sino también social y económica. El Estado, capturado por una élite cívico-militar, transformó la renta petrolera en un mecanismo de cooptación y castigo. Los datos del Fondo Monetario Internacional no dejan lugar a dudas: Venezuela experimentó la contracción económica más profunda de la historia moderna de América Latina, con una caída estimada entre el 75% y el 80% del PIB desde 2013, la más aguda para un país no en guerra. La hiperinflación pulverizó salarios y ahorros. La diáspora, que alcanza a casi 7.9 millones de personas según ACNUR (2024/25), es el testimonio humano más elocuente de este fracaso. El régimen de Maduro, por tanto, perdió su legitimidad de origen (por el fraude electoral) y de ejercicio (por la destrucción del bien común y la represión sistemática). Sobrevivió por el control coercitivo de las Fuerzas Armadas —cuya cúpula se integró profundamente a la gestión de industrias estratégicas y a redes de corrupción documentadas por la justicia estadounidense— y de cuerpos parapoliciales, no por el consentimiento de los gobernados.

El garrote imperial: La ilegalidad como política exterior

Sin embargo, la respuesta de la administración Trump a esta tragedia no ha sido la de restablecer la legalidad, sino la de imponer su propia ley del más fuerte. La operación del 3 de enero no es una intervención humanitaria; diversos gobiernos, el Secretario General de la ONU y expertos en derecho internacional la califican como una acción contraria al derecho internacional, específicamente al Artículo 2(4) de la Carta de la ONU. Y aquí el análisis debe ser igualmente frío y fundamentado en el derecho.

El presidente Trump anunció que EE.UU. «va a administrar» Venezuela. Esta declaración, un hecho confirmado, es de una crudeza imperial que no se veía en el hemisferio desde hace décadas. El derecho internacional ofrece caminos para actuar frente a crisis humanitarias o regímenes criminales: el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que autoriza al Consejo de Seguridad a tomar medidas, incluyendo el uso de la fuerza. A esta hora no existe resolución del CSNU autorizando la fuerza. La justificación de «autodefensa» (Artículo 51) no ha sido acreditada públicamente con pruebas. Lo que queda, entonces, es el ejercicio del poder puro.

La ilegalidad es doble. A nivel internacional, se quebranta la piedra angular del sistema. A nivel interno de EE.UU., la acción se ejecutó en medio de cuestionamientos bipartidistas sobre su base legal y el respeto a la War Powers Resolution, tal como reporta The Guardian y lo han expresado legisladores. Trump no solo capturó a Maduro; desafió los controles domésticos e internacionales. La ironía es amarga: para llevar ante la justicia a un autócrata acusado de delitos, se pisotean los procedimientos democráticos y el derecho internacional. La lección que queda para el mundo, y especialmente para potencias como Rusia y China, es nefasta: las reglas son para los débiles.

La tormenta perfecta: Consecuencias probables en el laberinto venezolano

La opinión de este análisis es que la acción de Trump, lejos de resolver la crisis venezolana, la ha multiplicado y transformado en una amenaza regional de primer orden. No se anticipa un camino hacia la estabilidad, sino una serie de escenarios de alto riesgo.

La prospectiva más probable, en el corto plazo, es la de una insurgencia híbrida. Las Fuerzas Armadas venezolanas, fracturadas y con mandos vinculados a economías ilícitas, no se rendirán en bloque. Facciones leales, unidas a los temibles «colectivos» —los grupos parapoliciales que actuaron como brazo armado del chavismo— tienen todos los incentivos para resistir. El territorio venezolano, con su geografía compleja y sus fronteras porosas, es ideal para una guerra de desgaste. El apoyo externo a esta resistencia podría llegar de manera encubierta, convirtiendo a Venezuela en un nuevo teatro de conflicto por poderes.

El impacto regional será inmediato. Migración: Un nuevo y masivo éxodo venezolano presionará a Colombia, Perú, Ecuador y Chile hasta el límite. Seguridad: El flujo de armas, combatientes y actividades criminales a través de las fronteras se disparará. Economía: La volatilidad en el precio del petróleo y el aumento del riesgo-país para toda la región ahuyentará inversiones. El mensaje de Washington a las petroleras para que «reordenen el sector», confirmado por reportes de Argus Media del 3 de enero, garantiza que la inestabilidad será prolongada, pues cualquier arreglo será visto como un botín de guerra y no como una solución nacional.

Una hoja de ruta para América Latina: Entre la no intervención y la no indiferencia

Frente a este panorama desolador, los gobiernos de América Latina no pueden caer en la trampa del falso dilema: aplaudir la acción de Trump o defender la legacía de Maduro. Existe un camino estrecho, difícil, pero imprescindible, basado en el derecho, la soberanía y el pragmatismo.

Primero, debe haber una condena unánime y clara a la violación de la soberanía venezolana. No para blanquear al régimen anterior, sino para defender el principio de no intervención, que es un escudo para todos los países de la región, grandes y pequeños. El silencio hoy es una licencia para la intervención mañana.

Segundo, y de manera urgente, los países latinoamericanos, con el apoyo de la Unión Europea y Canadá, deben formar un Grupo de Contacto de Alto Nivel de emergencia. Su mandato no sería administrar Venezuela, sino presionar a Washington para que transfiera inmediatamente la autoridad a un mecanismo multilateral provisional bajo auspicio de la ONU. Este mecanismo debería tener un objetivo único y acotado: garantizar la asistencia humanitaria masiva y crear las condiciones mínimas de seguridad para la celebración de elecciones libres en un plazo estricto, supervisadas por organismos internacionales de máxima credibilidad.

Tercero, se debe activar la Corte Penal Internacional de lleno. La justicia para los crímenes del chavismo no puede quedar en manos de un tribunal estadounidense motivado por intereses políticos. Debe ser un proceso imparcial e internacional. Esto le quitaría a Washington el monopolio de la narrativa de la justicia.

Finalmente, América Latina debe releer su historia. La Doctrina Estrada, el principio de no intervención y el derecho de asilo no son reliquias del pasado. Son las herramientas que los Estados medianos y pequeños tienen para sobrevivir en un mundo de gigantes. La respuesta al fracaso de un proyecto nacional-popular no puede ser la imposición de un proyecto neoimperial. La tarea de reconstruir la democracia en Venezuela es titánica y le corresponde, en primer lugar, a los venezolanos. El rol del continente debe ser el de crear un cordón sanitario: contener la crisis humanitaria, aislar a los actores violentos de todos los signos y garantizar que cualquier solución emerja de la voluntad popular y no del cañón de un fusil extranjero. De lo contrario, el 3 de enero de 2026 no será recordado como el fin de una dictadura, sino como el inicio de una nueva y más oscura época de inestabilidad hemisférica.

Anexo Metodológico:
Hechos: Basados en reportes de agencias del 3 de enero de 2026 (AP, Reuters, ABC News) confirmando la operación y declaración presidencial; informe de la UE sobre las elecciones de 2018 (EUR-Lex); datos de ACNUR sobre migración (2024/25) y estimaciones del FMI sobre contracción del PIB (Biblioteca del FMI, Serie WEO).
Análisis: Basado en teoría política (autoritarismo competitivo/hegemónico), derecho internacional (Carta de la ONU) y economía política.
Opinión: Juicio crítico sobre las consecuencias de las acciones de ambos gobiernos y las posibles respuestas regionales.
Prospectiva: Escenarios basados en el análisis estructural de actores y patrones históricos de conflictos asimétricos, explícitamente etiquetados como tal.

Mérida no es solo una ciudad; es, o era, la anomalía estadística de México. En un país asolado por la inseguridad y el colapso de los servicios públicos, la capital yucateca se mantenía como un oasis de orden, plusvalía y cohesión social. Sin embargo, nuestra investigación revela que este estatus no es una garantía, sino el blanco de una conspiración técnica y política de dos frentes.

El destino de Mérida parece estar siendo sellado en despachos privados, donde la ambición económica de los nuevos grupos de poder de MORENA se cruza con la claudicación —pactada o negligente— de la vieja guardia del PAN. El objetivo: convertir a Mérida en una capital más del «molde MORENA», donde la dependencia del subsidio estatal sustituya a la autonomía municipal.

I. El «Manual de la Capital Caída»: ¿Mérida tras los pasos de Chilpancingo o Colima?

El patrón es histórico y recurrente. Cuando MORENA asedia una capital estatal gobernada por la oposición, el primer paso es el estrangulamiento fiscal. Al bloquear la actualización de las tablas catastrales y los derechos de piso bajo el eslogan de «proteger al pobre», no se busca justicia distributiva, sino la insuficiencia operativa.

• La Trampa del Catastro: Al impedir que Mérida recaude lo justo en las zonas de lujo, los conspiradores aseguran que la ciudad entre en un déficit de mantenimiento. Una ciudad sucia y bacheada es más fácil de «vender» como un fracaso administrativo en las urnas de 2027.
• La Ironía de la Pobreza: Mientras los regidores de MORENA protegen el bolsillo del tianguista de un ajuste de pesos, el Gobierno del Estado (MORENA) aplica el rigor legal para retener el 50% del aguinaldo de sus trabajadores hasta enero. El mensaje es claro: la compasión es una herramienta de marketing, no una política de estado.

II. Los Conspiradores del Silencio: La Entrega de la Ciudad

La investigación apunta a que la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada está operando en un territorio minado por su propio bando. La «excepción yucateca» está siendo demolida desde adentro:

1. El Eje Vila-Cetina: ¿Una Gubernatura por una Jubilación?

Resulta estadísticamente inexplicable que Mauricio Vila Dosal, tras liderar sistemáticamente los rankings de aprobación nacional, entregara el estado a la oposición con tal facilidad. La inacción de Álvaro Cetina, actual presidente del PAN estatal y hombre de absoluta confianza de Vila, refuerza la tesis del pacto. Cetina, aunque activo en redes sociales defendiendo su postura personal como diputado, ha evitado deliberadamente organizar al panismo como un bloque de resistencia. El PAN estatal no es una oposición; es un espectador de lujo en el funeral de su propia hegemonía.

2. El Caballo de Troya Municipal: Brenda Ruz Durán

El PAN municipal, bajo la batuta de la maestra Brenda Ruz Durán, ha dejado de ser un órgano político para convertirse en una estructura gremial de docentes adeptos a su figura, pero distantes —cuando no indiferentes— a la alcaldesa. Este vacío de apoyo institucional deja a la munícipe sin el «ejército» necesario para contrarrestar las arengas de MORENA en las colonias.

III. El Sabotaje del «Fuego Amigo»

Dentro del propio Ayuntamiento, la traición se viste de obediencia. Nuestra investigación detectó un patrón de omisión sistemática en direcciones operativas clave. Cuando un servicio falla, los funcionarios han adoptado una respuesta coordinada para erosionar la figura de la alcaldesa: «Son órdenes de ella».

Este uso de la «obediencia debida» como excusa para la ineficiencia es, quizás, la forma más insidiosa de sabotaje. Al interiorizar la culpa en la figura de Patrón Laviada, los funcionarios protegen sus propias ambiciones políticas futuras, mientras le entregan a la maquinaria mediática de MORENA —financiada con generosos contratos de comunicación estatal— la narrativa perfecta de una «alcaldesa que no puede con el paquete».

IV. Análisis Profundo: La Ambición Económica Detrás del Caos

¿Por qué destruir la joya de la corona? La respuesta es el control de la plusvalía.

Mérida vive un boom inmobiliario sin precedentes. Controlar el catastro y las licencias de construcción no se trata de «ayudar a los pobres», sino de tener la llave de entrada y salida para los grandes desarrollos vinculados al «Renacimiento Maya».

Los conspiradores saben que una Mérida autónoma y fuerte es un contrapeso al poder centralizado del Gobernador Joaquín «Huacho» Díaz Mena. Para que el proyecto político de MORENA sea total, Mérida debe dejar de ser una ciudad de ciudadanos libres y pasar a ser una ciudad de clientes dependientes.

V. Conclusión: El Destino de la Excepción

Mérida no merece el destino de otras capitales mexicanas que han visto su tejido social desmoronarse tras ser convertidas en botines de guerra política. Sin embargo, la historia nos enseña que las mejores ciudades no caen por la fuerza de sus enemigos, sino por la claudicación de sus líderes y la ambición de quienes, debiendo protegerlas, prefirieron negociar las llaves de la ciudad.

La alcaldesa Cecilia Patrón libra hoy una batalla contra dos relojes: el de la asfixia financiera de MORENA y el de la traición interna de un PAN que parece haber olvidado cómo ser oposición. Si los ciudadanos no despiertan ante esta conspiración de «guante blanco», la Mérida que conocemos pronto será solo un recuerdo en las crónicas de lo que pudo haber sido.

COLUMNA FINAL: EL PRECIO DE LA TRAICIÓN

La caída de las grandes ciudades rara vez ocurre por una invasión externa; casi siempre es un trabajo interno de demolición. En Mérida, los «conspiradores» han entendido que para ganar en 2027, no necesitan convencer al ciudadano, sino vencer su resistencia mediante el cansancio.

• El Silencio Comprado: La inacción de la cúpula estatal del PAN y la irrelevancia del comité municipal no son accidentes. Son el resultado de un cálculo político donde Mérida es la moneda de cambio para mantener privilegios grupales.
• La Trampa del «Buen Gobierno»: MORENA utiliza el presupuesto estatal para comprar lealtades mediáticas y para financiar el acoso en los tianguis, mientras el Ayuntamiento se desangra financieramente.
• El Ciudadano como Víctima: Al final, el meridano que espera el bacheo o el policía que vigila su colonia son quienes pagan la factura de este «juego de tronos».

Mérida está en una encrucijada: o despierta ante el sabotaje de sus propios funcionarios y la indiferencia de sus aliados, o se resigna a ser una capital más en la lista de ciudades que perdieron su brillo bajo el peso de la ambición política.

Cada mañana, desde hace siete años, México despierta con un ritual político sin precedentes en su historia democrática. La conferencia matutina presidencial no es simplemente un ejercicio de comunicación gubernamental: es un dispositivo de poder que fabrica realidad, establece enemigos, define verdades y programa percepciones. Lo que ocurre en ese escenario no es información; es teatro político en su expresión más sofisticada.

Michel Foucault advirtió que el poder no solo reprime, también produce: produce discursos, verdades, expertos y silencios. La Cuarta Transformación ha llevado esta premisa a su máxima expresión operativa. No gobierna «a pesar» del discurso ni «además» del discurso. Gobierna «a través» del discurso, convirtiendo la palabra en el andamiaje central de su estructura de dominación.

La Maquinaria Narrativa: Anatomía de un Sistema

La eficacia de la 4T no radica en la calidad de sus políticas públicas ni en la solidez de sus instituciones. Radica en algo mucho más profundo y perturbador: ha logrado instalar una gramática emocional que ordena el sentido común de millones de personas. Esta gramática opera sobre tres pilares inseparables: un pasado oscuro (la corrupción sistémica del «neoliberalismo»), un presente heroico (el gobierno como guía moral del pueblo) y un futuro redentor (la promesa de una nación finalmente liberada).

Cuando un movimiento político logra colocar a la ciudadanía dentro de una narrativa heroica donde cada persona se siente protagonista de un proceso histórico fundacional, la política deja de ser racional para volverse identitaria. Las fallas administrativas, la violencia persistente, los servicios públicos deteriorados no degradan el relato; lo refuerzan al atribuirlos al «enemigo histórico». Esta operación semántica es de una sofisticación brutal: cualquier crisis no cuestiona al gobierno, cuestiona a quienes «sabotean la transformación».

El corazón de esta maquinaria es la mañanera. No es casual que se realice todos los días, a la misma hora, con cobertura masiva. Como bien explicaría Foucault, es un ritual de verdad: un espacio donde se define qué versiones de la realidad «existen» cada jornada. El presidente o la presidenta no informan; establecen el marco interpretativo del día, nombran a los enemigos, dirigen la atención nacional y descalifican las voces críticas antes de que estas articulen su crítica. Es un mecanismo de gobierno simbólico donde los hechos importan menos que su interpretación, y la interpretación importa menos que la autoridad moral de quien la pronuncia.

El Enemigo Funcional y la Polarización Como Estrategia

Ernesto Laclau demostró que toda narrativa populista eficaz necesita dividir el mundo en dos campos morales irreconciliables. La 4T ha perfeccionado este esquema con una etiqueta deliberadamente imprecisa pero devastadoramente efectiva: «los conservadores». Este término no designa una ideología específica ni un grupo definido. Es un significante vacío que permite agrupar bajo una misma categoría moral negativa a periodistas críticos, académicos, organismos autónomos, empresarios, opositores políticos y cualquier voz disidente.

La brillantez táctica de esta operación radica en su maleabilidad. «Los conservadores» pueden ser simultáneamente la élite rapaz que saqueó al país durante décadas y los intelectuales que cuestionan una obra pública. Pueden ser los políticos corruptos del pasado y los activistas que defienden el medio ambiente. La imprecisión no es un defecto; es la característica central que permite su uso universal como arma de deslegitimación.

Esta estrategia genera dos efectos simultáneos: construye unidad interna mediante un enemigo común y neutraliza la crítica al convertirla en sospecha moral. Cualquier cuestionamiento técnico, cualquier señalamiento de irregularidades, cualquier advertencia institucional puede ser reinterpretado como «ataque de los conservadores». La política se ha moralizado hasta convertirse en un campo de virtud y pecado donde no hay espacio para matices ni complejidades.

La Ingeniería Emocional: Agravio, Gratitud y Orgullo

Pero ninguna narrativa política sobrevive solo con enemigos. Necesita también combustible emocional positivo. La 4T ha construido una arquitectura afectiva de tres pisos: agravio, gratitud y orgullo.

El agravio histórico es la emoción primaria. Décadas de abandono, corrupción y desprecio a las mayorías populares se convierten en la deuda moral que el régimen actual promete saldar. Este agravio no es solo colectivo; se vuelve personal. «Antes nadie nos veía, ahora sí». Esta sensación de reconocimiento después de la invisibilización es extraordinariamente poderosa porque toca la dignidad individual de millones de personas.

La gratitud es el pegamento simbólico. Los programas sociales no se narran como políticas redistributivas técnicas sino como actos de justicia histórica. Cada entrega de apoyo es un ritual que refuerza el vínculo: el beneficiario recibe algo tangible, el gobierno se presenta como proveedor legítimo, la transacción genera deuda emocional. Esta deuda no se expresa en discursos; se expresa en lealtad electoral. La oposición, por contraste, no genera gratitud porque carece de actos de contacto, rituales, símbolos y presencia territorial continua.

El orgullo nacionalista completa el triángulo. La 4T ha rescatado símbolos históricos —Juárez, Cárdenas, Madero, los héroes de la Independencia— y ha asociado el proyecto actual con esos momentos fundacionales. El ciudadano que apoya la transformación no solo vota por un partido: se inscribe en una tradición heroica. Este orgullo cumple funciones políticas precisas: moviliza identidad, genera cohesión y convierte la política en épica.

Las Técnicas de Propaganda Adaptadas al Siglo XXI

La propaganda moderna no necesita censurar ni prohibir. Basta con inundar, emocionar, marcar enemigos y desviar la atención. La 4T opera con una combinación sofisticada de técnicas documentadas en estudios sobre persuasión masiva, adaptadas al contexto democrático y digital mexicano.

La centralización narrativa es total. Existe un centro semántico que organiza todo el ecosistema comunicativo: la mañanera es la sala de máquinas, las vocerías gubernamentales repiten el guion, los gobernadores afines lo replican en sus estados, las redes sociales lo amplifican en formatos más breves. Esta coherencia vertical es algo que la oposición fragmentada jamás ha logrado construir.

La repetición obsesiva convierte frases en verdades intuitivas. «Primero los pobres», «no somos iguales», «humanismo mexicano», «conservadores». No es casual que estas fórmulas aparezcan todos los días en múltiples plataformas. La repetición genera familiaridad, y la familiaridad se percibe como verdad.

La sobrecarga informativa neutraliza crisis. Cuando surgen escándalos o datos incómodos, el gobierno no esconde: ahoga. Inunda el espacio público con anuncios, giras, acusaciones contra opositores, cifras parciales, videos emotivos, nuevas disputas. Esto genera tres efectos devastadores: distrae, fragmenta la atención pública e imposibilita la acumulación narrativa de daño. Cada escándalo borra el anterior porque la ciudadanía recuerda emociones, no detalles.

El Desastre Narrativo de la Oposición

La oposición mexicana no ha perdido por falta de votos ni por ausencia de cuadros técnicos. Ha perdido por falta de relato. Ha competido con discurso técnico contra discurso emocional, con datos contra pertenencia, con crítica contra identidad, con reacción contra iniciativa.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no constituyen un bloque. No comparten proyecto común ni marco narrativo unificador. Cada quien tiene su propio léxico, sus propios agravios, sus propios públicos. En lugar de un «nosotros» coherente, existe una colcha de retazos. La 4T, en contraste, habla como un solo cuerpo semántico.

El PAN sigue hablando de instituciones, contrapesos, legalidad y Estado de derecho mientras la 4T habla de pueblo, justicia, derechos y transformación. Es una batalla de códigos simbólicos desiguales. El PAN presenta argumentos; la 4T presenta historias. Y en política contemporánea, las historias siempre ganan.

El PRI nunca logró explicar su cambio. Pasó de ser «el partido de la estabilidad» a convertirse en «el partido del pasado». La 4T lo transformó en villano funcional, en la explicación moral del pasado negativo. Contra esa fuerza simbólica, la respuesta priista ha sido tecnocrática, dispersa o defensiva.

Movimiento Ciudadano domina las redes y el marketing político, pero carece de identidad clara frente a la 4T. Se percibe ambiguo, sin articulación nacional, fuerte en urbes pero débil en periferias. Es estética sin marco, forma sin fondo.

El PRD, otrora motor del progresismo mexicano, perdió su registro nacional en 2024. Su desaparición electoral es el símbolo más contundente de lo que ocurre cuando un partido pierde su narrativa y no logra distinguirse del proyecto que ocupó su espacio histórico. Fue absorbido por la misma fuerza que nació de sus entrañas.

El hallazgo fundamental es simple pero devastador: la oposición intenta convencer, la 4T intenta emocionar. Este desfase explica toda la derrota. La batalla no es de información, es de significado. Y el significado se construye con emoción organizada, no con datos técnicos.

La Desinformación Como Arma de Combate Simbólico

El ecosistema político mexicano está saturado de información falsa, manipulada o sacada de contexto. La desinformación no es accidente ni anomalía: es forma de combate. Sus funciones son confundir, cansar, polarizar, neutralizar el pensamiento crítico y saturar el espacio público.

Imágenes manipuladas digitalmente inventan símbolos. Videos recortados eliminan contexto y convierten un segundo de ironía en «confesión». Estadísticas reales se presentan sin periodo temporal, sin comparativo histórico, sin dimensión porcentual, produciendo interpretaciones engañosas aunque el dato base sea correcto. Un dato cierto puede convertirse en engaño si se omite el marco.

Cuentas falsas suplantan figuras mediáticas para publicar mensajes incendiarios. Errores administrativos aislados se presentan como prueba de conspiración sistémica. La desinformación circula más rápido que las correcciones porque apela a emoción, no a razón. Un mensaje falso que confirma prejuicios es más aceptado que un mensaje verdadero que los cuestiona.

Las Fisuras del Relato y el Horizonte Posible

El relato de la 4T, sin embargo, no es invulnerable. Tiene fisuras reales y aprovechables: el deterioro institucional visible, los problemas persistentes en servicios públicos, la inseguridad que no disminuye pese al discurso, el agotamiento emocional en clases medias, las contradicciones entre discurso moral y resultados tangibles, el desgaste por promesas incumplidas.

Cada fisura es un punto de entrada para una contra-narrativa. Pero solo si se construye con método, emoción y presencia territorial. La oposición necesita entender que no puede competir con un marco que ha instalado palabras como «transformación», «pueblo», «soberanía» y «humanismo» usando lenguaje de «procedimientos», «instituciones» o «tecnicismos legales».

La alternativa no puede ser anti-4T. La negación no moviliza. Tampoco puede ser nostalgia del pasado: nadie quiere regresar a lo anterior. No puede ser mera técnica: los números no emocionan. No puede ser un grito moral: la indignación sola no construye. Debe ser post-4T: una narrativa que reconozca aciertos donde existan, señale fallas con evidencia y empatía, ofrezca una visión de futuro más ambiciosa y conecte emocionalmente con aspiraciones ciudadanas.

Reflexión Final: El Significado Como Campo de Batalla

Este análisis no toma partido. No juzga moralmente. No recomienda votar por nadie. Su propósito es comprender cómo funciona el poder narrativo en el México contemporáneo. Ofrece herramientas analíticas para quien necesite operar en este campo, sea desde el gobierno, la oposición, el análisis académico o la ciudadanía crítica.

La narrativa política no es mentira ni verdad: es significado organizado. Y en democracia, el significado se disputa con métodos, no con magia. La 4T construyó su narrativa durante 18 años antes de llegar al poder. Una alternativa competitiva requiere tiempo, método y disciplina equivalentes.

Quien controla el marco semántico obliga al adversario a responder dentro de ese marco. Y quien responde dentro del marco del adversario ya perdió. Esta es la lección que la oposición mexicana aún no aprende. Mientras siga debatiendo «temas» sin entender que está debatiendo el marco mismo del discurso, seguirá compitiendo en un terreno donde las reglas las define su adversario.

La mañanera no es un capricho autoritario ni un exceso comunicativo. Es la manifestación más visible de una verdad incómoda: en la política del siglo XXI, quien controla la plataforma diaria del discurso controla la agenda pública, las prioridades nacionales, la jerarquía moral de los hechos y el prestigio o deslegitimación de los actores políticos.

El poder ya no se ejerce principalmente desde la norma, la fuerza o el presupuesto. Se ejerce desde el lenguaje, desde los significados que gobiernan lo posible y lo imposible. México vive bajo un régimen que ha comprendido esto con claridad absoluta. La pregunta no es si este modelo es bueno o malo. La pregunta es: ¿qué hacemos quienes entendemos cómo funciona?

La respuesta requiere honestidad brutal: construir una narrativa alternativa con la misma sofisticación, la misma coherencia y la misma capacidad de resonancia emocional. O resignarse a ser espectadores de un teatro donde nunca entenderemos el guion.

I. El sábado que la izquierda aprendió a temer

Este 15 de noviembre de 2025, México presenció una paradoja histórica: la izquierda que nació en las calles levantó vallas de hasta tres metros para protegerse de ellas.

Miles de jóvenes de la Generación Z marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, convocados por redes sociales, sin estructura partidista, con banderas del anime One Piece como estandarte improvisado. No pedían ideología, pedían lo elemental: seguridad, justicia por el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, y el fin de la normalización del miedo.

La respuesta del gobierno fue la crónica de una represión actualizada: vallas metálicas y barricadas de concreto blindando Palacio Nacional, un operativo con cientos de elementos de seguridad de la SSC y Guardia Nacional, gas lacrimógeno y polvo de extintores dispersados cuando manifestantes intentaron derribar las barreras, y la presencia inevitable del «bloque negro» —encapuchados que lanzaron artefactos incendiarios y transformaron una demanda ciudadana en un espectáculo de caos.

Los enfrentamientos se desataron alrededor del mediodía cuando manifestantes lograron abrir brechas en las vallas, provocando que policías lanzaran gas lacrimógeno, polvo de extintores y petardos desde el interior del perímetro de seguridad. Los mismos gases que en 1968 hubieran sido denunciados como represión estatal, hoy se justifican como «protección del patrimonio histórico».

El poder no cambió de manos. Solo cambió de retórica.

II. Exhibir para silenciar: la nueva tecnología del control

Dos días antes de la marcha, la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió en su conferencia matutina los nombres, rostros y perfiles de redes sociales de jóvenes convocantes. Según el análisis oficial presentado por «Infodemia», la movilización fue calificada como «inorgánica, pagada y promovida por la derecha internacional», alegando actividad de cuentas impulsadas por inteligencia artificial y bots.

Edson Andrade, uno de los jóvenes señalados, respondió con una frase que resume la angustia de esta generación: «La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme, porque me expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian, como ocurrió con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo».

No es un detalle menor. En un país donde más de 125,000 personas permanecen desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y donde los jóvenes son el grupo más vulnerable a la violencia del crimen organizado, ser exhibido desde Palacio Nacional no es transparencia: es una amenaza disfrazada de información pública.

Esta táctica tiene un precedente inmediato. En 2024, el expresidente López Obrador difundió públicamente el número telefónico de una periodista de The New York Times, provocando una ola de acoso digital. Posteriormente se filtraron los datos personales de más de 300 periodistas acreditados, casos documentados por Artículo 19 y el INAI.

El patrón es claro: la izquierda en el poder no necesita balas para silenciar. Le basta con exponer.

III. De Tlatelolco a las vallas del Zócalo: medio siglo de mutación

La historia de la izquierda mexicana se escribió en las calles. El movimiento estudiantil de 1968, las marchas del CEU en los ochenta, la huelga de la UNAM en 1999, el plantón de Reforma en 2006: todos fueron actos de resistencia que construyeron un capital moral incuestionable.

El discurso era simple y poderoso: la calle es del pueblo, la protesta es un derecho, el Estado es el adversario.

Ese discurso sostuvo a Andrés Manuel López Obrador durante dos décadas. Lo llevó a ocupar Paseo de la Reforma durante meses en 2006, a desconocer al gobierno de Felipe Calderón, a declararse «presidente legítimo» y a convertir la desobediencia civil en performance política.

Pero cuando Morena llegó al poder en 2018, el guion se invirtió. La protesta dejó de ser «voz del pueblo» para convertirse en «maniobra de adversarios». Los manifestantes ya no son ciudadanos conscientes, sino «manipulados», «bots financiados» o —en el mejor de los casos— «jóvenes confundidos por la oposición».

La presidenta Sheinbaum calificó la marcha como asumida por la oposición e ironizó sobre la presencia de figuras como Vicente Fox y legisladores del PRI: «No es muy de la generación Z, ¿verdad? Ni a chavorrucos llegan».

El argumento es perverso: si alguien de la oposición apoya una causa, entonces la causa pierde legitimidad. Bajo esa lógica, ningún reclamo ciudadano sería válido, porque siempre habrá un político intentando capitalizarlo.

IV. El bloque negro: la función útil del caos

En cada protesta masiva de los últimos años —8M, Ayotzinapa, ahora la Generación Z— aparece el mismo actor: un grupo de encapuchados que genera violencia justo cuando la manifestación llega a su clímax.

Este sábado, jóvenes vestidos de negro intentaron derribar las vallas con esmeriles y alicatas, lanzaron artefactos incendiarios y provocaron enfrentamientos que desviaron la atención mediática del mensaje central.

Su presencia no requiere conspiración para ser funcional. Opera como un mecanismo de deslegitimación automática:

1. Disuasión: Los ciudadanos pacíficos evitan manifestarse por miedo a la violencia.

2. Desplazamiento narrativo: Los medios cubren los destrozos, no las demandas.

3. Justificación estatal: El gobierno reclama el orden en nombre de la seguridad.

No es necesario probar coordinación gubernamental para constatar el resultado político: los beneficiarios del caos son siempre los mismos. El poder consigue disolver el disenso sin mancharse de sangre, sin generar mártires, sin repetir Tlatelolco.

Es la versión actualizada de los Halcones: no entrenados por el Estado, pero insertos en una ecología política que premia su existencia.

V. La narrativa del poder: paternalismo e inquisición

El discurso oficial oscila entre dos registros complementarios:

Registro paternalista: «Nosotros representamos al pueblo, siempre escuchamos a los jóvenes, invertimos históricamente en programas sociales para ellos».

Registro inquisitorial: «Esta movilización es artificial, financiada, promovida por cuentas de inteligencia artificial y la derecha internacional».

Según el análisis oficial presentado por Infodemia y la Presidencia, «la mayoría de las cuentas que promueven la convocatoria son de Inteligencia Artificial» y que la marcha está «llena de IA por cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok». Estudios privados y gubernamentales han señalado millones de bots en redes, aunque sin auditorías independientes que lo corroboren.

El argumento es absurdo por diseño: si la juventud protesta, es porque está manipulada; si no protesta, es porque el gobierno tiene legitimidad. No hay escenario posible donde el disenso juvenil sea auténtico.

Esa lógica infantiliza al ciudadano y anula el espacio cívico. Si el gobierno ya es el pueblo, entonces quien protesta se convierte en enemigo del pueblo. La democracia se transforma en sospecha.

VI. Los datos incómodos: la Generación Z no es morenista

Los números contradicen la narrativa oficial. Según encuestas de *El Financiero*, el 69% de la Generación Z reprueba los resultados del gobierno en materia de seguridad, siendo el grupo etario más crítico con la gestión de Sheinbaum.

La marcha de este sábado reunió a miles de personas en más de 50 ciudades en 31 estados del país, desde Tijuana hasta Mérida. Familias enteras se sumaron, exigiendo «no más miedo, queremos un gobierno que proteja la vida».

No fueron «bots». No fueron «infiltrados del PRI». Fueron ciudadanos hartos de normalizar el asesinato de alcaldes, la extorsión a agricultores, la desaparición cotidiana de jóvenes.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, había solicitado mayor apoyo federal para combatir al crimen organizado, según reportes de prensa. Ahora su abuela, en silla de ruedas, acudió a la marcha exigiendo lo que su nieto no logró en vida: que el Estado proteja a quienes gobiernan.

 VII. Las consecuencias: del miedo al cinismo

La estrategia de deslegitimación y exposición pública tiene efectos acumulativos:

Desmovilización: El miedo a ser señalado reduce la participación ciudadana.

Desconfianza: Se instala la idea de que toda protesta está infiltrada, que nada es auténtico.

Desafección: Los jóvenes asumen que la protesta no sirve, que el poder todo lo coopta o lo criminaliza.

Cinismo social: La indignación pierde valor político. Si todo es teatro, nada importa.

El resultado es devastador para la propia izquierda. El capital moral que la llevó al poder —la empatía con el descontento, la defensa de la libertad de manifestación— se convierte en déficit político.

Una ciudadanía desmovilizada es un poder sin contrapeso. Pero también es un poder sin legitimidad.

VIII. Conclusión: el espejo invertido

La izquierda mexicana no traicionó su historia: la institucionalizó. Transformó la protesta —su antigua fuente de legitimidad— en una amenaza que administrar.

En 1968, el PRI masacró estudiantes en Tlatelolco. Ese régimen nunca se recuperó moralmente.

En 2025, Morena exhibe jóvenes en la mañanera, blinda el Zócalo con vallas de hasta tres metros y responde con gas lacrimógeno a quienes intentan acercarse a Palacio Nacional.

No es lo mismo. Pero el resultado político converge: el poder teme a la juventud porque la juventud es la forma viva de la memoria.

El país que en 1968 gritó «¡No queremos olimpiadas, queremos revolución!» hoy tiene un Palacio Nacional cercado por vallas metálicas y un gobierno que se proclama «del pueblo» mientras protege al poder del pueblo.

La izquierda ya no encarna la rebeldía: la regula.

Y en ese espejo invertido, el reflejo no es de revolución, sino de continuidad.

Epílogo: lo que viene

Este 15 de noviembre marca un quiebre. Por primera vez en décadas, la juventud mexicana protesta contra un gobierno que se asume de izquierda sin tener que justificarse ideológicamente.

No piden socialismo ni capitalismo. Piden lo elemental: poder caminar sin miedo, que los alcaldes no sean asesinados, que el Estado cumpla su función básica de proteger la vida.

Si el gobierno persiste en exhibir, deslegitimar y reprimir, solo acelerará su propio desgaste. El cinismo tiene límites. El hartazgo, ninguno.

La historia enseña que ningún régimen sobrevive cuando deja de escuchar a su juventud. Y la izquierda mexicana, que nació escuchando la calle, hoy solo escucha sus propios ecos de poder.

El círculo se cerró. Pero no de la manera que Morena imaginó.

Fuentes consultadas: Proceso, El Universal, El Financiero, La Jornada, Milenio, Ríodoce, SinEmbargo, El Sol de México, LatinUS, ADN Noticias, CNN, AP News, Los Angeles Times, El País, informes de Artículo 19, INAI, R3D, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO/SEGOB), análisis oficial de Infodemia, versión estenográfica de la conferencia presidencial del 13 de noviembre de 2025, cobertura en tiempo real del 15 de noviembre de 2025.