En el México de las transformaciones inconclusas y las promesas incumplidas, pocas áreas exhiben tan claramente el abismo entre la retórica gubernamental y la cruda realidad como el sistema de salud pública. La administración de Andrés Manuel López Obrador llegó con la grandilocuente promesa de construir un sistema «como el de Dinamarca», pero seis años después, lo que hereda Claudia Sheinbaum es un entramado burocrático en ruinas, con pacientes desesperados y trabajadores de la salud exhaustos, atrapados en la vorágine de experimentos administrativos fallidos.
El diagnóstico inicial: Un sistema enfermo pero funcional
El sistema que AMLO recibió en 2018 distaba mucho de ser perfecto. Fragmentado entre el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular, sufría de subfinanciamiento crónico (menos del 6% del PIB, cuando la OCDE recomienda mínimo el 6%), infraestructura obsoleta y corrupción en la adquisición de medicamentos. Para entonces, el Seguro Popular cubría a aproximadamente 53.5 millones de mexicanos, con un presupuesto anual cercano a los 80,000 millones de pesos, y aunque padecía de problemas operativos, había logrado reducir el gasto de bolsillo en salud del 50% al 41% entre 2000 y 2018.
La realidad es que AMLO heredó problemas estructurales graves—401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, según declaró en su segundo informe de gobierno—, pero también un andamiaje institucional que, aunque imperfecto, ofrecía certidumbre a millones de mexicanos sin acceso a la seguridad social tradicional.
La operación a corazón abierto: Desmantelar para reconstruir
Con la impetuosidad que caracterizó su gobierno, AMLO decidió no reparar sino demoler. El Seguro Popular fue eliminado abruptamente el 1 de enero de 2020 para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), una transición que según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se realizó sin manuales operativos, sin reglas claras de financiamiento y sin garantizar la continuidad en la atención médica.
Esta primera intervención mostró deficiencias significativas: el INSABI inició operaciones sin reglas de operación formalmente publicadas hasta julio de 2020, siete meses después de su creación. Datos del INEGI revelaron que durante 2020, el primer año del INSABI, 15.6 millones de personas que necesitaron atención médica no la recibieron, un aumento del 22% respecto al año anterior.
Paralelamente, el gobierno emprendió una cruzada contra lo que denominó «corrupción en la distribución de medicamentos», cancelando contratos con proveedores nacionales para centralizar las compras con organismos internacionales. Según cifras de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), el desabasto de medicamentos alcanzó un nivel histórico: el no surtimiento de recetas pasó del 5% en 2018 al 24.1% en 2021. Este desabasto afectó especialmente a 1,600 niños con cáncer que vieron interrumpidos sus tratamientos de quimioterapia durante meses, según reportes de organizaciones como «Nariz Roja».
La pandemia: El colapso inevitable
Cuando la COVID-19 golpeó México en marzo de 2020, el sistema de salud ya estaba gravemente debilitado por las improvisadas reformas. La pandemia expuso brutalmente las carencias: México tenía solo 1.4 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes (frente a 8 en Alemania) y 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes (frente a 4.3 en la OCDE).
La respuesta gubernamental incluyó la habilitación de 970 hospitales COVID, según reportes oficiales, pero solo 184 de estos contaban con ventiladores suficientes. El Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) documentó que México alcanzó un exceso de mortalidad de más de 650,000 personas entre 2020 y 2021, posicionándose como el cuarto país con mayor mortalidad excedente per cápita en el mundo.
La controvertida contratación de médicos cubanos
Ante la evidente escasez de personal médico, especialmente en zonas rurales y marginadas, el gobierno de López Obrador optó por una solución tan polémica como ineficaz: la contratación de médicos cubanos. En mayo de 2022, anunció un acuerdo con el gobierno de Cuba para la llegada de 500 médicos, que posteriormente se amplió a más de 2,000.
Esta medida generó fuertes críticas desde múltiples sectores. La Federación Nacional de Colegios Médicos denunció que el convenio ignoraba a los más de 50,000 médicos mexicanos desempleados o subempleados. Adicionalmente, una investigación de la revista Proceso reveló que México pagaba aproximadamente 140,000 pesos mensuales por cada médico cubano, pero los profesionales solo recibían alrededor del 10% de ese monto, mientras el resto era retenido por el gobierno cubano.
El impacto real de estos médicos en el sistema de salud ha sido limitado. Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación señaló que el 37% de los médicos cubanos carecía de la documentación que acreditara su especialidad, y que existían serias deficiencias en la asignación de estos profesionales a las zonas de mayor necesidad. Para finales de 2023, menos del 60% de los médicos cubanos contratados permanecían ejerciendo en México, evidenciando el fracaso de esta costosa estrategia.
El segundo experimento: Del INSABI al IMSS-Bienestar
En agosto de 2022, apenas 31 meses después de la creación del INSABI, el gobierno ejecutó otro giro radical: la creación del IMSS-Bienestar como nuevo rector del sistema de salud para la población sin seguridad social. Este segundo experimento implicó la federalización de los servicios estatales de salud, pero generó resistencias: para finales de 2023, solo 23 de los 32 estados habían firmado el acuerdo de federalización, según reportes de la Secretaría de Salud.
Las deficiencias del INSABI quedaron documentadas en la Evaluación de Diseño 2022 realizada por el CONEVAL, que señaló: «El programa careció de un diagnóstico adecuado, no contó con reglas de operación claras y no estableció mecanismos de coordinación efectivos con los sistemas estatales de salud». Durante sus tres años de existencia, el INSABI operó con tres diferentes directores, reflejando la inestabilidad administrativa que caracterizó su implementación.
El legado para Sheinbaum: Un paciente en estado crítico
Lo que Claudia Sheinbaum recibe no es un sistema en vías de transformación, sino uno en estado crítico:
- Persistente desabasto de medicamentos: Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, el 40% de los pacientes con enfermedades crónicas reportó no haber recibido todos sus medicamentos en su última visita médica, frente al 25% en 2018.
- Infraestructura deteriorada: De los 80 hospitales prometidos para construcción o rehabilitación entre 2019 y 2024, solo 32 fueron concluidos, según la Auditoría Superior de la Federación.
- Desigualdad en la atención: La brecha de cobertura entre estados ricos y pobres se ha ampliado. Mientras Nuevo León mantiene una cobertura efectiva del 72%, Chiapas apenas alcanza el 38%, según el Observatorio Mexicano de Salud.
- Falta de personal especializado: México tiene un déficit de 200,000 médicos y 300,000 enfermeras para alcanzar los estándares de la OCDE, y esta brecha se ha incrementado en los últimos años debido al deterioro de las condiciones laborales en el sector público.
- Procesos administrativos ineficientes: Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) encontró que el tiempo promedio para agendar una cita de especialidad aumentó de 3.4 semanas en 2018 a 5.2 semanas en 2023.
Los retos de la nueva administración: Entre la lealtad y la necesidad
Sheinbaum enfrenta un dilema formidable: mantener la fidelidad al proyecto obradorista—del cual ella misma es continuadora—o reconocer tácitamente el fracaso del modelo implementado y corregir el rumbo. Sus propuestas iniciales sugieren una continuidad con ajustes moderados:
- Fortalecimiento del IMSS-Bienestar: Insistir en el modelo de federalización y centralización, buscando incorporar a los 9 estados restantes que se han resistido a ceder el control de sus sistemas de salud.
- Revisión del modelo de compras consolidadas: Un reconocimiento implícito del fracaso de la estrategia anterior, con señales de apertura para reincorporar a proveedores nacionales en las cadenas de distribución, algo que AMLO había rechazado tajantemente.
- Inversión en infraestructura y personal médico: La promesa de destinar 200,000 millones de pesos adicionales en los próximos tres años para rehabilitación hospitalaria[^20], cifra similar a la prometida por AMLO en 2019 y que no se materializó completamente.
- Digitalización y telemedicina: Una apuesta tecnológica que contrasta con la realidad de un sistema donde, según la ENSANUT 2022, el 38% de los centros de salud rurales carecen de conexión a internet estable.
- Incremento presupuestal: El compromiso de aumentar gradualmente el presupuesto en salud hasta alcanzar el 6% del PIB para 2028, meta que México ha perseguido sin éxito desde la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015.
Perspectiva comparativa: Más allá de Dinamarca
La promesa de un sistema «como el de Dinamarca» siempre fue retóricamente efectiva pero prácticamente irrealizable. Dinamarca invierte el 10.1% de su PIB en salud (frente al 5.4% de México) y cuenta con 3.9 médicos por cada 1,000 habitantes (frente a 2.4 en México). Incluso comparado con países de desarrollo similar, el desempeño mexicano es deficiente: Chile destina el 8.9% de su PIB a salud y ha logrado una cobertura efectiva del 85%, mientras que Costa Rica, con un modelo unificado y descentralizado, ha alcanzado indicadores de salud comparables a países desarrollados con menos recursos.
Perspectiva crítica: Salud en la encrucijada
El análisis objetivo revela que la administración de AMLO, lejos de construir un sistema de salud mejorado, desmanteló uno imperfecto pero funcional para reemplazarlo con experimentos fallidos que han costado miles de vidas y un sufrimiento incalculable. La obstinación en implementar modelos centralizados sin la infraestructura necesaria, la improvisación administrativa y la negación sistemática de las evidencias de fracaso han caracterizado esta transformación frustrada.
Para Claudia Sheinbaum, el reto va más allá de lo técnico o financiero. Implica un dilema político fundamental: reconocer que la estrategia de su predecesor falló y arriesgarse a la percepción de distanciamiento, o persistir en un modelo que ha demostrado serias deficiencias. Su decisión determinará no solo la evolución del sistema de salud sino también su propio legado político.
La salud pública mexicana se encuentra en la encrucijada entre la lealtad política y la responsabilidad histórica. Mientras tanto, millones de mexicanos siguen esperando en pasillos de hospitales saturados, buscando medicamentos agotados o postergando atención médica esencial. La pregunta ya no es si el sistema de salud mexicano puede emular al danés, sino si podrá recuperar al menos la funcionalidad básica que tenía antes de ser «transformado». El tiempo dirá si la administración Sheinbaum representa una segunda oportunidad para la construcción de un verdadero sistema universal de salud, o la consolidación de uno de los mayores fracasos de la política social mexicana en décadas. Lo único cierto es que las vidas y el bienestar de millones dependen de esta decisión,