El México contemporáneo revela un inquietante diagnóstico: un Estado que, lejos de dirigir, se encuentra acorralado en un laberinto de su propia construcción. La administración de Claudia Sheinbaum, heredera de un proyecto político con grandes promesas transformadoras, ha asumido el poder precisamente cuando los mecanismos tradicionales de gobernabilidad exhiben su agotamiento estructural.
No presenciamos una simple crisis coyuntural, sino la manifestación de un fenómeno más profundo: la incapacidad del Estado mexicano para articular un proyecto hegemónico coherente en un escenario donde el poder ya no fluye exclusivamente por los canales institucionales tradicionales.
La Red Desarticulada del Poder
Foucault describía el poder como una red de relaciones en constante circulación. Bajo esta óptica, el gobierno actual demuestra una notable incapacidad para influir en estos flujos que determinan el rumbo nacional. La administración permanece atrapada en un juego reactivo, respondiendo a presiones externas sin lograr imponer su propia agenda.
La política exterior frente a Estados Unidos ilustra esta dinámica: el reciente anuncio de aranceles unilaterales por parte de Trump sobre productos mexicanos encontró al gobierno dividido entre la Secretaría de Economía, que propuso medidas técnicas de negociación, y una Presidencia que recurrió a la retórica nacionalista sin estrategia clara. Este episodio reveló no solo la vulnerabilidad estructural de México ante su principal socio comercial, sino también la ausencia de una política exterior multidimensional que integre comercio, seguridad y soberanía.
De manera similar, la crisis migratoria en la frontera sur se ha gestionado con ambigüedad calculada: mientras públicamente se proclama una «política humanitaria», en la práctica se ha militarizado la contención migratoria para satisfacer exigencias estadounidenses. Esta disociación entre discurso y práctica erosiona la credibilidad gubernamental tanto interna como externamente.
El Magisterio y las Fracturas de la Alianza Histórica
En el plano interno, la relación con el magisterio revela otra dimensión del problema. La CNTE, histórico aliado del movimiento obradorista, ha mantenido plantones y movilizaciones demandando mejoras laborales y rechazando elementos de la reforma educativa. La respuesta gubernamental ha oscilado entre concesiones limitadas y dilaciones burocráticas. El conflicto en Chiapas resulta particularmente ilustrativo: tras 120 días de paro, la administración federal delegó la resolución a autoridades estatales, evidenciando su incapacidad para construir consensos duraderos incluso con sus bases tradicionales de apoyo.
Esta estrategia de aplazamiento reproduce la lógica corporativista del viejo PRI: controlar mediante concesiones selectivas sin abordar transformaciones estructurales. El resultado es una educación pública que permanece en crisis mientras gobierno y sindicatos disputan espacios de poder sin proponer un modelo educativo coherente para el país.
Esta dinámica con el magisterio es manifestación directa de la crisis hegemónica más amplia: el gobierno no ha logrado traducir su capital político electoral en capacidad para reorganizar las relaciones sociales fundamentales. Cuando un aliado histórico como la CNTE mantiene movilizaciones prolongadas, queda en evidencia que la narrativa oficial de «transformación» no ha permeado ni siquiera entre las bases que teóricamente deberían sostenerla.
Fragmentación Administrativa: El Estado Dividido Contra Sí Mismo
La desarticulación institucional del Estado mexicano ha alcanzado niveles alarmantes. Las controversias públicas entre la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad sobre subsidios energéticos; los desencuentros entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía respecto a políticas de inversión sectorial; y la evidente descoordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General en estrategias contra el crimen organizado, representan manifestaciones de un Estado fracturado.
Esta fragmentación no es meramente administrativa, sino conceptual. La Secretaría de Relaciones Exteriores opera bajo paradigmas tecnocráticos heredados del periodo neoliberal, mientras otras áreas del gobierno promueven un nacionalismo económico reminiscente de los años 70. Esta esquizofrenia ideológica impide la construcción de una «razón de Estado integral» —un proyecto coherente que alinee las distintas instituciones hacia objetivos comunes.
Esta fragmentación administrativa socava directamente la capacidad estatal para ejercer poder estructural. Por ejemplo, cuando la Secretaría de Seguridad implementa operativos sin coordinación efectiva con fiscalías estatales y federales, el resultado es una dispersión de esfuerzos que beneficia a las organizaciones criminales. De igual manera, la descoordinación entre política económica y energética dificulta la creación de condiciones favorables para la inversión productiva nacional, perpetuando la dependencia de capitales especulativos externos.
El Poder Estructural Perdido
Analizado desde la perspectiva de Susan Strange, el diagnóstico revela que México ha cedido control sobre los cuatro pilares fundamentales del poder estructural: Control sobre seguridad, donde la militarización creciente de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional no ha logrado reducir la violencia. En estados como Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, los cárteles continúan disputando territorios mientras el gobierno federal recurre a la narrativa de «abrazos, no balazos» para justificar su inacción estratégica. Esta ausencia de monopolio efectivo de la violencia legítima constituye la falla fundamental de cualquier Estado moderno. Control sobre producción, donde la dependencia del T-MEC ha profundizado la subordinación económica. Cuando China anunció inversiones en el sector automotriz mexicano, la presión estadounidense bastó para frenar estas iniciativas, demostrando los límites reales de la soberanía económica nacional. Las cadenas de valor responden a intereses transnacionales, no a un proyecto de desarrollo nacional. Control sobre crédito, evidenciado cuando el reciente llamado presidencial para que los bancos redujeran sus tasas de interés fue respondido con un aumento en las mismas, mostrando la impotencia estatal frente al poder financiero. La banca, mayoritariamente extranjera, opera con márgenes de ganancia que duplican los de sus matrices, mientras el gobierno carece de instrumentos efectivos para regular el crédito en función de prioridades nacionales. Control sobre conocimiento, donde la polarización mediática e intelectual ha convertido el debate público en un diálogo de sordos. Los intelectuales oficialistas reproducen acríticamente el discurso gubernamental, mientras la oposición académica carece de propuestas alternativas viables. Así, el espacio para la construcción colectiva de conocimiento socialmente útil se ha reducido.
La pérdida de poder estructural es, en parte, consecuencia directa de la fragmentación administrativa. Cuando las distintas secretarías operan con agendas divergentes, el Estado pierde capacidad para articular políticas coherentes en cada uno de estos ámbitos. Esta conexión entre fractura administrativa y debilidad estructural configura un círculo vicioso: la fragmentación interna debilita la capacidad estatal para ejercer poder, y esta debilidad, a su vez, reduce los incentivos para la coordinación interinstitucional.
La Crisis Hegemónica: Raíces Históricas y Proyección Futura
Esta crisis no surgió espontáneamente. Tiene profundas raíces en la transición incompleta del Estado posrevolucionario mexicano. El desmantelamiento del Estado desarrollista durante el periodo neoliberal (1982-2018) eliminó capacidades institucionales sin construir alternativas funcionales. El actual gobierno prometió revertir ese legado, pero ha terminado administrando sus consecuencias.
Las causas de esta parálisis transformadora incluyen factores interconectados que crean un entramado complejo de restricciones: La corrupción sistémica ha erosionado capacidades institucionales y legitimidad. Más allá de casos individuales, se ha consolidado como un mecanismo de gobernanza informal que socava cualquier intento de reconstrucción estatal. Los programas anticorrupción se han centrado en aspectos punitivos y simbólicos, sin desmontar las redes de complicidad que permean estructuras públicas y privadas. Casos emblemáticos como el de la «Estafa Maestra» o las irregularidades en contrataciones gubernamentales recientes muestran cómo las prácticas corruptas persisten bajo nuevos ropajes discursivos. La evolución del sistema de partidos desde un autoritarismo de partido hegemónico hacia un pluralismo polarizado ha dificultado la construcción de consensos mínimos. Paradójicamente, el partido oficialista reproduce prácticas clientelares mientras adopta una retórica de ruptura histórica. Esta contradicción entre discurso y práctica dificulta la construcción de un nuevo proyecto hegemónico. La partidización extrema de instituciones autónomas como el INE o la Comisión de Derechos Humanos demuestra cómo el sistema político sigue atrapado en lógicas de control más que de equilibrio democrático. La cooptación de los cuadros gubernamentales por élites burocráticas preexistentes ha creado una administración pública esquizofrénica. Secretarías como Hacienda mantienen intactas estructuras, procedimientos y mentalidades formadas durante décadas de ortodoxia neoliberal, mientras otras áreas intentan implementar visiones estatistas sin las herramientas institucionales necesarias. La continuidad de altos funcionarios tecnocráticos en áreas económicas clave ilustra esta paradoja. La necesidad de mantener estabilidad macroeconómica para evitar fugas de capital limita la capacidad de implementar políticas redistributivas efectivas. El trauma histórico de las crisis económicas ha convertido la estabilidad financiera en un valor supremo. El temor a una devaluación como las experimentadas en 1982, 1987 o 1994 sigue condicionando las decisiones de política económica, incluso a costa de sacrificar objetivos sociales proclamados. La persistencia de enclaves de poder fáctico que condicionan la acción estatal ha creado un entorno donde la soberanía efectiva del Estado está territorialmente fragmentada. En regiones como el «Triángulo Dorado» entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, o zonas de Michoacán y Guerrero, organizaciones criminales ejercen formas de control territorial que compiten con el Estado. Simultáneamente, grupos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial mantienen capacidad de veto sobre decisiones económicas fundamentales.
El entrelazamiento de estos factores configura un panorama donde los intentos de transformación estructural enfrentan resistencias múltiples que se refuerzan mutuamente.
Dimensión Cultural e Ideológica: La Batalla por el Sentido
La crisis del Estado mexicano tiene una dimensión cultural profunda que va más allá de los aspectos institucionales o económicos. Se libra una batalla por el sentido mismo de lo nacional, lo público y lo democrático.
En el plano ideológico, coexisten al menos tres narrativas dominantes que compiten por la hegemonía cultural: El nacionalismo revolucionario revivido, que recupera símbolos y retórica del periodo posrevolucionario, apelando a la soberanía y justicia social como valores fundantes. Esta narrativa, promovida desde el oficialismo, choca con las realidades de un país integrado a la economía global. La reivindicación de figuras como Lázaro Cárdenas o la celebración de la nacionalización petrolera como momento fundacional ilustran esta corriente que busca conectar el presente con un pasado idealizado. El neoliberalismo tecnocrático, que sigue dominando amplios sectores empresariales y académicos, con su énfasis en eficiencia, competitividad y atracción de inversiones como valores supremos. Esta visión mantiene influencia en medios financieros y comerciales. Publicaciones como El Financiero o análisis del sector bancario continúan promoviendo esta perspectiva que ve en cualquier intervención estatal un riesgo de «populismo» o «retroceso». El conservadurismo cultural, que ha cobrado fuerza como reacción a transformaciones en valores y derechos, especialmente en temas como diversidad sexual, derechos reproductivos y laicidad. Esta corriente ha encontrado eco en sectores religiosos y clases medias tradicionales. Organizaciones como el Frente Nacional por la Familia y partidos emergentes como el PES representan esta visión que contrapone «valores tradicionales» a lo que perciben como imposiciones progresistas.
Estas narrativas compiten en un espacio público fragmentado donde las redes sociales han sustituido paulatinamente a medios tradicionales como escenarios de construcción de significados. La polarización resultante dificulta la emergencia de consensos mínimos sobre proyecto nacional.
En este contexto, el gobierno actual ha ganado batallas simbólicas importantes (como la reivindicación de Juárez, Morelos o Villa como figuras centrales del panteón nacional), pero no ha logrado traducir estas victorias culturales en transformaciones estructurales. La disputa por símbolos y relatos ha ocupado un lugar central, mientras las reformas institucionales profundas quedan pendientes.
Las Consecuencias de la Inestabilidad Hegemónica
Las consecuencias de esta inestabilidad hegemónica se proyectan en múltiples dimensiones interconectadas:
En lo económico: El crecimiento anémico (por debajo del 2% anual) resulta insuficiente para absorber las demandas sociales acumuladas, mientras la precariedad laboral persiste incluso en sectores formales. La inversión extranjera, concentrada en enclaves exportadores, genera islas de modernidad en un mar de economía informal y subsistencia. Esta dualidad económica refuerza desigualdades territoriales y sociales que a su vez alimentan conflictos y migraciones internas.
La paradoja más visible es el contraste entre los indicadores macroeconómicos celebrados (como la estabilidad del peso o la robustez de las reservas internacionales) y la experiencia cotidiana de millones de mexicanos que enfrentan inseguridad laboral, salarios insuficientes y servicios públicos deteriorados. El PIB per cápita apenas ha crecido en términos reales durante las últimas dos décadas, mientras el poder adquisitivo del salario mínimo, a pesar de recientes aumentos, sigue por debajo de los niveles de los años 80.
En lo social: La desigualdad estructural permanece casi intacta, con programas sociales que alivian condiciones extremas pero no modifican las causas de la pobreza. El tejido social continúa fragmentándose en comunidades cerradas: urbanizaciones amuralladas para los privilegiados y territorios abandonados para los marginados. Esta fragmentación espacial refleja y reproduce la fractura social más amplia.
Los programas sociales insignia como «Sembrando Vida» o «Jóvenes Construyendo el Futuro» han tenido efectos paliativos importantes, pero no han logrado construir trayectorias sostenibles de desarrollo comunitario o inserción laboral. La educación pública sigue reproduciendo desigualdades estructurales: mientras escuelas en zonas privilegiadas mantienen condiciones aceptables, planteles en comunidades marginadas carecen de infraestructura básica, evidenciando que la segmentación educativa sigue siendo un mecanismo de reproducción de desigualdades.
En lo internacional: México se encuentra en una posición cada vez más vulnerable, atrapado entre la dependencia económica hacia Estados Unidos y la incapacidad para articular alianzas estratégicas diversificadas. La retórica latinoamericanista no se ha traducido en mecanismos efectivos de integración regional que pudieran ampliar su margen de maniobra. Esta vulnerabilidad externa limita, a su vez, los márgenes para reformas estructurales internas.
El 80% de las exportaciones mexicanas siguen destinándose al mercado estadounidense, una concentración que limita la autonomía política y económica nacional. Los intentos de diversificación comercial hacia Asia o Europa han resultado marginales en comparación con la profundización de la dependencia hacia el norte. Esta subordinación económica se traduce en vulnerabilidad diplomática, como evidencian las concesiones en política migratoria o seguridad fronteriza.
Estas consecuencias interactúan entre sí, creando círculos viciosos que dificultan cualquier transformación significativa. Por ejemplo, la precariedad económica alimenta la expansión de economías ilegales, lo que debilita aún más la capacidad estatal para garantizar seguridad, creando zonas donde la inversión productiva se vuelve inviable, perpetuando así la precariedad original.
Voces Alternativas en un Escenario Polarizado
Mientras el gobierno navega estas turbulencias, otros actores buscan posicionarse en el escenario político con distintos grados de éxito:
La oposición partidista permanece fragmentada, sin lograr construir una alternativa programática coherente. La coalición entre PRI, PAN y PRD intenta capitalizar descontentos pero carece de un proyecto propio más allá del antiobradorismo. Sus propuestas oscilan entre la nostalgia por políticas neoliberales (como la reforma energética de 2013) y un conservadurismo social que busca movilizar valores tradicionales.
Su principal limitación es programática: no ha logrado articular un modelo de desarrollo alternativo que reconozca tanto los fracasos del neoliberalismo como las insuficiencias del nacionalismo estatista. Figuras como Xóchitl Gálvez intentaron construir una narrativa renovadora, pero quedaron atrapadas entre las estructuras partidistas tradicionales y la polarización que beneficia al oficialismo. La sobrevivencia política de estos partidos dependerá de su capacidad para trascender la mera oposición y construir un proyecto de futuro creíble.
Los movimientos sociales autónomos han desarrollado experiencias significativas pero territorialmente limitadas. El zapatismo en Chiapas mantiene sus estructuras de autogobierno pero con influencia nacional decreciente. Las organizaciones indígenas han logrado victorias jurídicas importantes contra megaproyectos (como el freno al Tren Maya en tramos específicos), pero enfrentan dificultades para traducir estas victorias en un proyecto político más amplio.
Experiencias como la Policía Comunitaria en Guerrero o los municipios autónomos zapatistas demuestran la viabilidad de formas alternativas de gobernanza local, pero su escalamiento nacional enfrenta obstáculos formidables. El movimiento feminista ha logrado colocar en la agenda pública temas como la violencia de género y los derechos reproductivos, pero su incidencia en políticas públicas concretas sigue siendo limitada por resistencias institucionales y culturales.
El sector empresarial ha adoptado una estrategia pragmática: negociar concesiones sectoriales con el gobierno mientras mantiene sus operaciones dentro de la lógica global. Los grandes conglomerados nacionales (como Grupo México, Grupo Salinas o Grupo Carso) han desarrollado capacidad para adaptarse a distintos regímenes políticos sin modificar sustancialmente sus prácticas.
El Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los empresarios más poderosos del país, ha transitado de una confrontación inicial con el gobierno obradorista hacia una coexistencia pragmática. La inversión privada nacional se ha mantenido cautelosa pero estable, concentrándose en sectores de rentabilidad segura más que en proyectos de desarrollo productivo de largo plazo. Esta adaptabilidad limita cualquier intento de transformación económica estructural, pero también proporciona estabilidad en periodos de transición política.
La sociedad civil organizada enfrenta una crisis de representatividad y recursos. Las ONG, debilitadas por recortes presupuestales y estigmatización oficial, luchan por mantener su relevancia. Organizaciones antes influyentes en temas como transparencia, derechos humanos o medioambiente han visto reducidos sus espacios de incidencia.
La polarización política ha colocado a muchas organizaciones en una posición difícil: si critican al gobierno son acusadas de conservadoras o neoliberales; si colaboran con él, pierden credibilidad ante sectores críticos. Esta disyuntiva ha fragmentado el ecosistema de sociedad civil, debilitando su capacidad para articular demandas transversales. Experiencias como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que en su momento logró articular víctimas de violencia de diversos sectores, no han encontrado continuidad en el actual panorama polarizado.
Estas voces alternativas comparten una limitación fundamental: ninguna ha logrado articular un proyecto nacional que integre las dimensiones económica, política y cultural en una propuesta coherente. Sus agendas parciales no configuran una alternativa hegemónica viable al actual estado de cosas.
Caminos Hacia la Reinvención: Posibilidades en el Horizonte
Frente a este diagnóstico, cabe preguntarse: ¿existen posibles vías de reinvención para el Estado mexicano? Sin caer en voluntarismos ingenuos, podemos identificar al menos tres caminos potenciales:
Reinvención desde las instituciones: Un primer camino implicaría la reforma profunda de las instituciones existentes para reconstruir capacidades estatales efectivas. Esto requeriría: Una reforma administrativa que trascienda la visión burocrática tradicional, implementando mecanismos de coordinación transversal entre secretarías y niveles de gobierno. La reconstrucción del servicio civil de carrera, devastado por décadas de politización y clientelismo, para crear un núcleo de funcionarios profesionales con visión de Estado. La descentralización efectiva que transfiera no solo responsabilidades sino recursos y capacidades decisorias a gobiernos subnacionales y comunidades locales. La implementación de mecanismos de participación ciudadana vinculantes que trasciendan la democracia meramente electoral.
Experiencias como la reciente reforma judicial, más allá de controversias específicas, demuestran que existen posibilidades de transformación institucional significativa cuando se articulan voluntad política y demanda social. Sin embargo, reformas aisladas resultarán insuficientes sin un proyecto coherente de transformación estatal.
Reinvención desde los territorios: Un segundo camino surgiría de la multiplicación y articulación de experiencias locales exitosas de gobernanza alternativa. México alberga numerosas experiencias de innovación social y política a nivel local: Municipios que han implementado presupuestos participativos efectivos, como San Pedro Garza García (Nuevo León) o Tlajomulco (Jalisco). Comunidades indígenas que han desarrollado modelos de gestión territorial sustentable, como la Unión de Comunidades Forestales Zapoteco-Chinanteca en Oaxaca. Cooperativas productivas que han construido cadenas de valor alternativas, como Tosepan Titataniske en la Sierra Norte de Puebla. Iniciativas de seguridad comunitaria legítima y efectiva, como la experiencia de Cherán en Michoacán.
El reto sería crear mecanismos para que estas experiencias locales exitosas puedan escalar e influir en políticas públicas nacionales, sin perder su arraigo territorial y legitimidad comunitaria. La articulación de redes de innovación social podría generar masa crítica para transformaciones más amplias.
Reinvención desde la ciudadanía: Un tercer camino emergería del fortalecimiento de la esfera pública crítica y la reconstrucción de tejido social. Esto implica: La creación de espacios deliberativos que trasciendan la polarización actual, permitiendo diálogos constructivos entre sectores diversos. El fortalecimiento de organizaciones ciudadanas autónomas, con capacidad para articular demandas transversales más allá de clivajes ideológicos tradicionales. La renovación de la cultura política, transitando del clientelismo y la confrontación hacia prácticas de corresponsabilidad y construcción colectiva. La formación de nuevos liderazgos con capacidad para articular visiones de futuro inclusivas y proyectos viables de país.
Movimientos como los observatorios ciudadanos independientes, las redes de economía solidaria o las iniciativas de periodismo colaborativo ofrecen ejemplos de cómo la sociedad civil puede generar espacios autónomos de acción colectiva.
Estos tres caminos no son mutuamente excluyentes. De hecho, una reinvención efectiva del Estado mexicano probablemente requeriría su combinación: reformas institucionales significativas, escalamiento de experiencias territoriales exitosas y fortalecimiento de la esfera pública ciudadana.
Escenarios Futuros: ¿Reinvención o Desmoronamiento?
El futuro del Estado mexicano parece bifurcarse en tres escenarios posibles, con distintas probabilidades:
Escenario de continuidad adaptativa: La más probable evolución es la persistencia del actual modelo: un Estado que mantiene rituales democráticos formales mientras negocia espacios de poder con actores fácticos diversos. Esta continuidad supondría un deterioro gradual de capacidades institucionales, compensado con gestos simbólicos que alimenten la ilusión de cambio. El costo sería un crecimiento económico mediocre, persistencia de violencia territorial y profundización de desigualdades.
En este escenario, la nueva administración federal mantendría los programas sociales emblemáticos y la retórica transformadora, pero sin modificar sustancialmente las relaciones de poder económico o la estructura productiva. La estabilidad macroeconómica continuaría como prioridad implícita, mientras se administran conflictos sociales mediante negociaciones parciales y concesiones selectivas. Las reformas constitucionales recientes serían implementadas con criterios pragmáticos más que transformadores.
Escenario de recentralización autoritaria: Una posibilidad intermedia sería el fortalecimiento de tendencias centralistas ya visibles, con mayor concentración de poder en el Ejecutivo, debilitamiento de contrapesos institucionales y subordinación de gobiernos subnacionales. Este escenario podría ofrecer mayor estabilidad aparente a corto plazo, pero al costo de derechos democráticos y tensiones acumuladas que eventualmente estallarían.
Las reformas recientes al Poder Judicial, junto con el control mayoritario del Congreso, podrían facilitar esta deriva centralizadora. La renovación de organismos autónomos como el INAI o la CNDH con perfiles afines al oficialismo también apunta en esta dirección. Sin embargo, esta recentralización enfrentaría resistencias significativas tanto de gobiernos estatales como de sectores sociales organizados, generando tensiones crecientes que podrían desembocar en crisis de gobernabilidad localizadas.
Escenario de reinvención democrática: El menos probable pero más deseable escenario implicaría una renovación profunda del pacto social, con participación amplia de sectores diversos y reinvención institucional. Este camino requeriría un catalizador que aún no se vislumbra en el horizonte político: un liderazgo transformador, un movimiento social articulador o una crisis que haga inevitable la reinvención.
Este escenario supondría la emergencia de un nuevo proyecto hegemónico capaz de articular crecimiento económico con justicia social, pluralismo cultural con unidad nacional, y participación democrática con eficacia gubernamental. Requeriría un nuevo consenso básico sobre el papel del Estado, el mercado y la comunidad en la construcción de bienestar colectivo. Ejemplos parciales como la transición democrática española post-franquista o la reconstrucción del Estado uruguayo tras la dictadura podrían ofrecer lecciones relevantes.
Los obstáculos para este último escenario son formidables, pero no insuperables. La historia mexicana muestra momentos de reinvención profunda tras crisis aparentemente terminales: la República Restaurada tras la Intervención Francesa, la reconstrucción institucional post-revolucionaria, o la paulatina democratización tras la crisis del 68. En cada caso, confluencias inéditas de actores diversos permitieron superar inercias institucionales y construir nuevos arreglos políticos.
Conclusión: Buscando el Hilo de Ariadna
El laberinto en que se encuentra atrapado el Estado mexicano es producto de contradicciones históricas no resueltas, agravadas por un contexto global cada vez más complejo. La administración actual, heredera de un capital político considerable, ha optado por administrar estas contradicciones en lugar de transformarlas, reproduciendo así la lógica de gobiernos anteriores bajo una retórica diferente.
La metáfora del laberinto no es casual: implica la existencia potencial de una salida. El mito griego de Ariadna sugiere que para escapar no basta la fuerza del héroe (Teseo), sino también la inteligencia estratégica (el hilo) que permite navegar la complejidad sin perderse.
El hilo de Ariadna para el Estado mexicano contemporáneo podría consistir en reconocer honestamente sus limitaciones estructurales, abandonar la simulación transformadora y convocar a un diálogo nacional genuino sobre un nuevo pacto social posible. Este diálogo requeriría: Superar la polarización simplificadora entre «conservadores» y «transformadores» para reconocer la complejidad de desafíos que trascienden etiquetas ideológicas. Articular una visión de desarrollo que integre competitividad económica con inclusión social y sostenibilidad ambiental. Reconstruir relaciones intergubernamentales basadas en corresponsabilidad más que en subordinación o antagonismo. Renovar la relación entre Estado y ciudadanía, transitando del clientelismo hacia una cultura de derechos efectivos y responsabilidades compartidas.
México se aproxima así a una fase de transición hegemónica inestable, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, como diría Gramsci. A diferencia del interregno que el pensador italiano describía para la Europa de su tiempo, en el México contemporáneo la crisis no parece estar generando los «monstruos» transformadores que podrían reconfigurarlo, sino más bien fantasmas del pasado que se disfrazan de futuro.
La sociedad mexicana, mientras tanto, desarrolla estrategias adaptativas diversas: desde el refugio en comunidades cerradas hasta la migración, desde la economía informal hasta la autogestión local. Estas respuestas sociales fragmentadas reflejan la ausencia de un proyecto colectivo capaz de articular la diversidad nacional en una nueva síntesis.
El dilema fundamental persiste: ¿podrá el Estado mexicano reinventarse como articulador de una nueva hegemonía inclusiva, o continuará su lento desmoronamiento bajo apariencias de transformación? La respuesta dependerá no solo de decisiones gubernamentales, sino de la capacidad de la sociedad para presionar, proponer y construir alternativas desde espacios diversos.
El laberinto tiene salida, pero encontrarla requerirá mucho más que seguir los caminos ya transitados. Necesitará un nuevo mapa conceptual que integre la memoria histórica con la imaginación política, las capacidades institucionales con las energías ciudadanas, y la identidad nacional con la apertura al mundo. Solo así el Estado mexicano podrá escapar del laberinto de contradicciones en que se encuentra atrapado y convertirse en instrumento efectivo de un proyecto de nación a la altura de los desafíos contemporáneos.