En México, la libertad de prensa atraviesa una etapa crítica: lo que alguna vez fue un ataque disperso, hoy se percibe como una arquitectura sistemática de control. A casos puntuales como la humillación pública de un ciudadano en el Senado por parte del senador Fernández Noroña, la acusación penal a Jorge González Valdez por “incitación al odio” en Campeche y la ilegal penalización de “insultos reiterados” en Puebla —que contempla hasta tres años de prisión y no define claramente qué constituye reiteración— se suma ahora una transformación inédita del Poder Judicial.
El pasado primer domingo de junio de 2025 se celebró la primera elección judicial en el país, para renovar más de 2 600 puestos, incluidos jueces, magistrados y ministros. La participación ciudadana fue inferior al 13 %, y el proceso incluyó boletas complejas, boletas nulas, boletas “acordeón” y denuncias por distribución de listas abiertas, según sugiere el informe preliminar de la OEA. Aunque ese informe no implica un fallo definitivo, sí advierte que el modelo no es ideal para replicar en otras democracias e invita a reflexionar sobre su impacto real en la independencia judicial.
El riesgo —que coinciden en señalar expertos como el jurista Víctor Olea y la OEA— es que la judicialización de la crítica ciudadana adopte tintes institucionales. Hoy, los tribunales pueden validar leyes imprecisas, sancionar a periodistas con criterios extensos, y ejercer una interpretación judicial compatible con los intereses del poder político.
No obstante, este escenario no es absoluto. Algunas resoluciones recientes, como la del Tribunal Colegiado que declaró que las “mañaneras” estigmatizan a la prensa, y los recursos ganados por amparos en Campeche, ofrecen oxígeno al estado de derecho. La existencia de estas “islas de resistencia” confirma que aún hay jueces capaces de priorizar las garantías constitucionales por encima de cualquier presión política.
Cabe destacar también que la 4T no es un bloque homogéneo: existen voces internas que demandan proteger derechos y respetar los equilibrios republicanos. Pero las líneas dominantes, tanto legislativas como retóricas, alientan una visión de la prensa más como adversario que como interlocutor legítimo.
Cabe recordar que esta ofensiva contra los medios no surgió de la noche a la mañana. México arrastra décadas de violencia, autocensura y amenazas. Lo nuevo hoy es la institucionalización parcial del control —un sistema diseñado para sancionar el disenso bajo apariencias legales.
La defensa de la libertad de expresión exige un esfuerzo conjunto: monitoreo independiente de nuevos jueces, acompañamiento internacional, litigios estratégicos, vigilancia ciudadana y narrativa pública informada, que explicite el alcance real de cada norma y cada fallo.
La prensa libre no es un lujo: es un contrapeso fundamental. Quien impone los límites de lo decible desde el poder transforma la crítica —espacio natural de la democracia— en un acto punible. Defender la disidencia informativa es, por tanto, un acto ciudadano indispensable.