Resumen

Este ensayo examina la corrupción en México como fenómeno político, institucional, histórico y cultural que atraviesa los siglos XX y XXI. Partiendo de una conceptualización teórica rigurosa, que distingue la corrupción de nociones vecinas como patrimonialismo, clientelismo, captura del Estado e impunidad, el trabajo argumenta que la corrupción en México no ha constituido una anomalía episódica ni una mera suma de actos individuales inmorales, sino una forma estable de articulación entre poder, institución, norma y beneficio privado. A través del análisis del régimen posrevolucionario, del partido hegemónico, de la tecnocratización neoliberal, de la alternancia política y de los gobiernos del siglo XXI, el ensayo reconstruye las metamorfosis históricas del fenómeno: sus modos de operar, sus vínculos con la gobernabilidad, su papel en la integración de élites y su resistencia estructural al cambio. Se desarrolla asimismo una tesis cultural que, sin incurrir en determinismo antropológico ni en esencialismo, muestra cómo ciertas prácticas corruptas se han naturalizado, tolerado o reproducido en amplios sectores de la sociedad mexicana, configurando un entorno que el poder político ha sabido administrar en su beneficio. El ensayo estudia luego los mecanismos visibles y sutiles que sostienen la impunidad —desde la opacidad burocrática y la fragmentación de responsabilidades hasta el cinismo cívico y la resignación moral— y concluye con un juicio estructural sobre las consecuencias de largo plazo del fenómeno y sobre los obstáculos profundos que enfrenta cualquier proyecto de desmantelarlo.

Palabras clave: corrupción, patrimonialismo, clientelismo, captura del Estado, impunidad, cultura política, México, siglo XX, siglo XXI, régimen político

El Estado Capturado: Corrupción, Poder e Informalidad

en México durante los Siglos XX y XXI

Introducción

Existe una forma peculiar de ceguera política que consiste en ver la corrupción exclusivamente en los demás: en los funcionarios venales, en los gobernadores saqueadores, en los partidos corruptos; y nunca en las estructuras que los producen, ni en las prácticas cotidianas que los reproducen, ni en la sociedad que a veces los tolera, los alimenta o los imita a escala menor. Ese déficit de mirada ha sido uno de los obstáculos más persistentes para comprender el fenómeno y, eventualmente, para confrontarlo con seriedad. El presente ensayo parte de la premisa opuesta: que la corrupción en México es un fenómeno político, histórico, institucional y cultural de largo aliento, que no puede reducirse a la suma de actos individuales reprochables ni a la maldad de élites específicas, y que para entenderlo es necesario analizar conjuntamente las estructuras que lo producen, los incentivos que lo sostienen, las instituciones que lo toleran y las prácticas sociales que, en distintos registros, lo reproducen.

El problema no carece de dimensión teórica. Una de las dificultades centrales para el análisis de la corrupción es precisamente su polisemia: el concepto cubre fenómenos tan distintos como el soborno pagado a un agente de tránsito, el desvío de fondos públicos hacia cuentas privadas, la colusión entre funcionarios y contratistas, la compra de votos, la captura regulatoria por grupos de interés o la subordinación del sistema de justicia a intereses políticos. Esta amplitud semántica no es casual: responde a que la corrupción opera en varios planos simultáneos —individual, organizacional, institucional, cultural— y a que sus manifestaciones varían según el tipo de régimen, el momento histórico y la escala de los actores involucrados. Construir un concepto analíticamente operativo, capaz de capturar esa complejidad sin perder precisión, es la primera tarea de este trabajo.

La segunda tarea es histórica. México ofrece uno de los casos más ricos y complejos para el estudio de la corrupción política en América Latina. No porque sus prácticas corruptas sean cualitativamente únicas —el fenómeno tiene paralelos en otras latitudes— sino porque la historia mexicana del siglo XX produjo un régimen que integró la corrupción de manera sistémica en sus mecanismos de gobernabilidad, reproducción de élites y control social. Comprender ese proceso —su origen posrevolucionario, su institucionalización bajo el partido hegemónico, su metamorfosis durante la transición democrática y su persistencia en el siglo XXI— es indispensable para entender qué clase de problema enfrentamos y por qué resiste con tanta eficacia los intentos de desmantelarlo.

La tercera tarea, más delicada, es cultural. Un análisis que culpe únicamente a las élites políticas sería parcial e intelectualmente deshonesto. Hay evidencia suficiente de que prácticas corruptas —en escala diversa, con distintos grados de conciencia y de compulsión— están normalizadas en amplios segmentos de la sociedad mexicana. Señalarlo no equivale a culpar al pueblo de su propio sometimiento, ni a absolver al Estado de su responsabilidad histórica. Significa reconocer que la corrupción, cuando alcanza cierto nivel de extensión, genera un entorno donde la participación o la tolerancia social se vuelven racionales en términos de supervivencia, adaptación o ventaja comparativa, y que ese entorno a su vez hace más difícil construir los contrapesos que podrían contenerla. El poder político, como se argumentará, no ignora esta dinámica: la administra.

El ensayo se organiza en torno a estas tres dimensiones. Comienza con la construcción del concepto de corrupción y su distinción de nociones afines. Continúa con la reconstrucción histórica del fenómeno en México, desde el régimen posrevolucionario hasta los gobiernos del siglo XXI. Analiza luego la dimensión cultural e institucional de su reproducción. Estudia los mecanismos visibles y sutiles que garantizan la impunidad. Y concluye con un juicio estructural sobre las consecuencias del fenómeno y sobre las condiciones de posibilidad de cualquier transformación genuina.

La Corrupción Como Concepto: Más Allá de la Desviación Individual

Definir la corrupción es más difícil de lo que parece. La definición más extendida en la literatura de ciencia política y economía institucional —uso del cargo público para beneficio privado— tiene el mérito de la claridad, pero el defecto de la estrechez (Rose-Ackerman, 1999; Klitgaard, 1988). Captura bien el cohecho, el desvío de recursos y el tráfico de influencias, pero deja fuera fenómenos que son igualmente corruptos en un sentido político más profundo: la captura regulatoria que beneficia a grupos privados sin pago explícito de sobornos; la colonización partidista de instituciones del Estado; la designación de cargos por lealtad política en lugar de competencia, cuando esa designación implica el sometimiento de la función pública al servicio faccionario; o la impunidad estructural que permite que crímenes de cuello blanco queden sin sanción porque sus autores forman parte de redes de protección política.

Una conceptualización más robusta requiere, en primer lugar, distinguir la corrupción de fenómenos con los que frecuentemente se confunde. El patrimonialismo, en el sentido weberiano, designa un tipo de dominación en el que el gobernante trata los bienes y recursos del Estado como extensión de su patrimonio personal, y en el que las relaciones políticas se organizan como relaciones personales de lealtad y dependencia (Weber, 1922/1997). El patrimonialismo no es idéntico a la corrupción, aunque la contiene: describe una lógica de poder en la que la distinción entre lo público y lo privado es estructuralmente borrosa, no sólo accidentalmente transgredida. El clientelismo, por su parte, es una forma de intercambio político en la que recursos, favores o protecciones se distribuyen a cambio de apoyo político o lealtad electoral (Scott, 1972). El clientelismo tampoco es idéntico a la corrupción, pero en sistemas donde los recursos públicos son el insumo principal del intercambio clientelar, ambos fenómenos se solapan de manera funcional. La distinción importa porque permite ver que no toda corrupción es clientelismo —hay corrupción que beneficia sólo a las élites sin retribución popular— y que no todo clientelismo es estrictamente ilegal, aunque usualmente implica un uso privado de bienes que deberían distribuirse según criterios de universalidad.

La impunidad, a su vez, no es corrupción sino su condición de posibilidad y su consecuencia más importante. Un sistema de impunidad estructural —en el que los actos corruptos raramente son investigados, los investigados raramente son procesados, y los procesados raramente son sancionados de manera proporcional— no es un accidente del sistema legal: es el resultado de arreglos institucionales, políticos y culturales que protegen a los actores corruptos de las consecuencias de sus actos (O’Donnell, 1999). Analizar la corrupción sin analizar la impunidad es como estudiar la enfermedad sin estudiar las condiciones que permiten que el organismo no la combata.

La captura del Estado es un concepto desarrollado originalmente por Hellman et al. (2000) para describir la capacidad de actores privados de moldear las reglas formales del juego —leyes, regulaciones, decretos— en su propio beneficio, mediante pagos u otras formas de influencia sobre funcionarios, legisladores o jueces. A diferencia del soborno transaccional, que obtiene una decisión puntual, la captura del Estado busca cambiar las reglas generales para que el entorno regulatorio favorezca sistemáticamente a quien captura. Esta distinción tiene consecuencias analíticas importantes: mientras el soborno es un abuso dentro de las reglas, la captura es un abuso de las reglas mismas. En México, ambas formas han coexistido y se han reforzado mutuamente.

Partiendo de estas distinciones, propongo entender la corrupción como el conjunto de prácticas mediante las cuales agentes con acceso a recursos, decisiones o funciones de carácter público —o cuasi-público— desvían ese acceso hacia fines privados, facciosos o de grupo, violando o eludiendo las normas formales o los principios de imparcialidad que deberían regir el ejercicio de ese acceso, y haciéndolo mediante intercambios ocultos, relaciones de lealtad selectiva, o la instrumentalización del poder para proteger la impunidad propia y la de sus redes. Esta definición tiene varias virtudes: incluye tanto la corrupción transaccional como la captura institucional; distingue entre corrupción de pequeña escala —burocrática o cotidiana— y corrupción política de gran escala; permite ver la corrupción como sistema y no sólo como acto; e incorpora la dimensión de impunidad como parte constitutiva del fenómeno, no como mero añadido.

Desde el punto de vista teórico, la literatura ha oscilado entre varios marcos explicativos. La teoría del principal-agente (Klitgaard, 1988; Rose-Ackerman, 1999) entiende la corrupción como problema de incentivos: los agentes del Estado tienen discrecionalidad y pueden ejercerla en beneficio propio si los mecanismos de supervisión son débiles y si el beneficio esperado supera el costo esperado del descubrimiento. Este marco es útil para pensar diseños institucionales de control, pero subestima la dimensión colectiva del fenómeno: cuando la corrupción no es la excepción sino la norma, el problema deja de ser de supervisión individual y se convierte en un problema de acción colectiva (Johnston, 2005). La teoría de la acción colectiva (Olson, 1965; Ostrom, 1990), aplicada a la corrupción, señala que cuando todos los actores corruptos se protegen mutuamente, el costo de salirse del sistema es más alto que el de permanecer en él: la honestidad se vuelve estratégicamente irracional en entornos de corrupción generalizada. North (1990) agrega una dimensión institucional fundamental: las instituciones —formales e informales— definen los incentivos de los actores, y cuando las instituciones informales de corrupción son más fuertes que las formales de rendición de cuentas, el sistema se reproduce de manera endógena.

Acemoglu y Robinson (2012) contribuyen con la distinción entre instituciones extractivas e inclusivas: las primeras concentran el poder y la riqueza en manos de élites, mientras las segundas distribuyen derechos y oportunidades de manera más amplia. La corrupción política sistemática es, en esta lectura, un síntoma de institucionalidad extractiva, no una distorsión de institucionalidad inclusiva. Bourdieu (1980) añade la dimensión simbólica: las prácticas corruptas no se mantienen sólo por incentivos materiales sino también por habitus instituidos —disposiciones incorporadas que hacen que ciertos intercambios informales parezcan naturales, normales, incluso obligatorios en ciertos campos sociales. Esta perspectiva es fundamental para entender la dimensión cultural del fenómeno, que se desarrollará más adelante.

La Corrupción Como Estructura: El Régimen Posrevolucionario y la Institucionalización del Intercambio Informal

Para entender la corrupción en México hay que comenzar por el principio institucional: la construcción del Estado posrevolucionario. Tras la guerra civil de 1910-1920 y la consolidación del régimen callista, México construyó un sistema político singular: un Estado fuerte en términos de capacidad de coerción y de integración de actores, pero débil en términos de Estado de derecho, autonomía institucional e imparcialidad. La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 —que se transformaría en Partido Revolucionario Institucional en 1946— fue el dispositivo central de esa construcción. El PRI no fue un partido político en el sentido liberal del término: fue un mecanismo de articulación del conjunto de actores políticos, económicos, sindicales y sociales relevantes bajo la tutela del Estado (Cosío Villegas, 1972; Meyer, 1995).

En ese sistema, la corrupción no era simplemente tolerada: era funcionalmente necesaria. El Estado posrevolucionario carecía de los recursos —materiales, legales y normativos— para construir una burocracia weberiana clásica, racionalmente organizada y pagada a través de salarios suficientes. En su lugar, construyó una burocracia patrimonial en la que el acceso al cargo era en sí mismo una forma de retribución, y en la que la extracción de rentas a través del ejercicio discrecional del poder era una compensación informal por la lealtad política prestada (Camp, 1993). El funcionario que accedía a una posición de poder entendía implícitamente que tenía derecho a explotar ese acceso dentro de ciertos límites, siempre que mantuviera la lealtad al sistema y no pusiera en peligro su estabilidad. La corrupción era, en ese sentido, una forma de salario político no declarado y de integración de élites al régimen.

Este arreglo producía lo que Huntington (1968) llamó —de manera polémica y que debe tomarse con cuidado crítico— la función estabilizadora de la corrupción: en ausencia de mecanismos formales de distribución de recursos y de integración de grupos al sistema político, los intercambios informales y corruptos podían funcionar como lubricante de la gobernabilidad. La advertencia metodológica es obligatoria: el argumento de Huntington no equivale a justificar la corrupción ni a presentarla como virtud. Describe una mecánica funcional, no un ideal normativo. Su limitación principal es que no da cuenta de quién paga los costos de ese lubricante: precisamente los sectores que no tienen acceso al sistema de intercambios informales, es decir, los más pobres, los más débiles, los que no tienen padrino político.

El corporativismo priista fue el mecanismo institucional que articuló esa dinámica. La incorporación de los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas y los grupos populares al PRI no fue una integración democrática: fue una captura política mediante la cual el Estado obtenía lealtad y control social a cambio de prebendas, protecciones y acceso discrecional a recursos públicos (Córdova, 1972). Los líderes sindicales —los llamados charros— no representaban a sus trabajadores en el sentido democrático; los administraban en nombre del régimen. La corrupción sindical no era un desvío del sistema corporativista: era su principio de funcionamiento. El líder sindical corrupto era más útil para el régimen que el líder sindical honesto e independiente, porque el primero era controlable y el segundo no.

La distribución de la tierra después de la Reforma Agraria es otro ejemplo paradigmático. En teoría, la dotación ejidal debía responder a criterios técnicos y sociales. En la práctica, dependía de la voluntad discrecional de funcionarios agrarios, de la capacidad de los solicitantes para movilizar relaciones políticas y, en muchos casos, del pago de sobornos a distintos niveles de la cadena burocrática. La corrupción agraria no fue un accidente de la Reforma Agraria: fue el mecanismo a través del cual el Estado mantenía el control discrecional de la tierra como instrumento de poder político (Warman, 1976). Dar y quitar tierra era dar y quitar poder, y ese poder sólo se ejercía de manera legible y calculable a través de la corrupción, no a través de la norma.

El sistema electoral priista añade otra dimensión del fenómeno. La corrupción electoral —fraude, compra de votos, manipulación de resultados, uso de recursos públicos en campañas— no era simplemente un instrumento para ganar elecciones que el PRI de todos modos habría ganado. Era un dispositivo de reproducción de la lealtad y del control territorial. La comunidad que recibía beneficios a cambio del voto no sólo entregaba el voto: entregaba también una posición de dependencia y de deuda simbólica que el régimen podía activar en el futuro. La corrupción electoral funcionaba así como mecanismo de construcción de clientelas y de producción de ciudadanía administrada, no de ciudadanía autónoma (Schedler, 2000).

Conviene detenerse en la distinción entre corrupción burocrática y corrupción política, porque en el sistema priista ambas operaban de manera articulada pero diferenciada. La corrupción burocrática —cobro de comisiones en la expedición de permisos, mordidas a transportistas, pagos informales para acelerar trámites administrativos— era una forma de extracción de rentas de bajo nivel que el sistema toleraba y en muchos casos organizaba. La corrupción política —desvío de fondos públicos, adjudicación de contratos a empresas vinculadas con funcionarios, financiamiento ilegal de partidos— era una forma de acumulación de capital político y económico de alto nivel, reservada a los actores con acceso a las cúpulas del poder. Ambas coexistían en una cadena de extracción que iba desde el trámite más pequeño hasta la licitación más grande, y en la que cada nivel protegía a los demás porque todos participaban en el mismo sistema.

Tecnocratización, Liberalización y Alternancia: Metamorfosis Sin Ruptura

Los años ochenta introdujeron en México una transformación estructural que modificó la forma de la corrupción sin eliminar su sustancia. La crisis de la deuda de 1982, la adopción de programas de ajuste estructural y la liberalización económica progresiva transformaron el perfil de las élites gobernantes: los políticos tradicionales —los llamados dinosaurios— cedieron espacio a los tecnócratas, formados en universidades extranjeras, que hablaban el lenguaje de la eficiencia, la modernización y la transparencia. Esta transformación fue real en términos de estilo y de discurso, pero engañosa en términos de prácticas institucionales.

La privatización de empresas paraestatales durante los gobiernos de De la Madrid y especialmente de Salinas de Gortari (1988-1994) es quizás el ejemplo más paradigmático de cómo la modernización económica puede coexistir con la corrupción política de gran escala. La venta de Telmex, Bancomer, Televisa y decenas de otras empresas públicas a grupos privados se hizo a través de procesos que, en muchos casos, favorecieron a grupos con conexiones políticas privilegiadas, a precios que sistemáticamente subestimaban el valor real de los activos, y con condiciones regulatorias que garantizaban rentas monopólicas a los compradores (Haber et al., 2003). La privatización no fue simplemente un proceso de transferencia de propiedad: fue una redistribución masiva de rentas del Estado hacia redes de élites políticas y económicas vinculadas al gobierno. La corrupción, en este caso, no operó mediante sobornos individuales sino mediante la captura del proceso regulatorio y la instrumentalización de la política pública para beneficio de grupos específicos.

El gobierno de Salinas representó también una profundización de la lógica de concentración de poder personal en el Ejecutivo. El Programa Nacional de Solidaridad —Pronasol— fue presentado como una innovación de política social que descentralizaba recursos y promovía la participación comunitaria. En la práctica, fue un mecanismo sofisticado de clientelismo presidencial que concentraba la distribución de recursos bajo control directo de Los Pinos, cortocircuitando los mecanismos de distribución partidista existentes y construyendo una red de lealtades personales con el presidente (Molinar y Weldon, 1994). El Pronasol no fue corrupto en el sentido transaccional simple —no había sobornos explícitos en cada transferencia— pero fue una forma de uso privado de recursos públicos en el sentido político más pleno: subordinó la política social a los objetivos electorales del presidente.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la espiral de crisis del mismo año —levantamiento zapatista, crisis del peso, escándalos de corrupción en los más altos niveles del gobierno— pusieron al descubierto la fragilidad del sistema y la profundidad de su corrupción estructural. El hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, fue detenido en 1995 acusado de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico; en cuentas bancarias en Suiza se encontraron depósitos de cientos de millones de dólares cuyo origen nunca fue explicado satisfactoriamente. El caso Raúl Salinas no fue un escándalo aislado: fue la visibilización de un sistema de acumulación que había operado durante décadas en la más completa impunidad, protegido por la concentración del poder presidencial y por la subordinación del sistema judicial al Ejecutivo. El análisis del presidencialismo mexicano y sus mecanismos de concentración de poder —desarrollado a fondo en la obra histórica de Meyer (1995) y en los ensayos de Cosío Villegas (1972)— explica con precisión por qué ese tipo de acumulación era estructuralmente posible e institucionalmente invisible mientras el régimen se sostenía.

El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) intentó una reforma institucional parcial, con la creación del Instituto Federal Electoral autónomo y la reforma al Poder Judicial. Pero el sistema de corrupción política no se desmanteló: se reorganizó. La alternancia de 2000, con la victoria de Vicente Fox y el PAN, fue presentada —dentro y fuera de México— como el inicio de una nueva era de transparencia y rendición de cuentas. Esa expectativa se reveló, en buena medida, infundada. No porque el PAN fuera estructuralmente tan corrupto como el PRI —aunque tuvo sus propios escándalos—, sino porque la alternancia política no implica automáticamente una transformación institucional, y las instituciones heredadas del viejo régimen —ministerios públicos capturados, tribunales con cultura de subordinación política, burocracias acostumbradas al intercambio informal— no se reformaron con el cambio de partido en Los Pinos.

Los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2012) produjeron una paradoja: mayor apertura política y mayor violencia derivada del enfrentamiento con el crimen organizado, pero continuidad estructural de la corrupción en la administración pública, en los estados y en los cuerpos de seguridad. La guerra contra el narcotráfico lanzada por Calderón en 2006 produjo un ciclo devastador: al intentar romper las estructuras del crimen organizado, el gobierno aceleró su fragmentación y multiplicación, lo que aumentó la violencia y la competencia por el control de territorios y de instituciones. La corrupción policial y de los ministerios públicos no fue un efecto secundario de la guerra: fue una de sus causas estructurales más importantes. Las instituciones que debían combatir el crimen estaban, en proporciones variables, capturadas por él (Ríos, 2012).

El retorno del PRI con Enrique Peña Nieto (2012-2018) produjo la expectativa contraria: un partido de Estado experimentado, con capacidad de negociación y de reforma. El Pacto por México de 2012-2013 fue, en efecto, un ejercicio político notable que produjo reformas estructurales en sectores estratégicos. Pero el sexenio terminó sumergido en escándalos de corrupción que resumieron con precisión la continuidad del modelo patrimonial: la Casa Blanca de la primera dama adquirida a un contratista del gobierno; el tren México-Querétaro adjudicado de manera irregular; el gobierno del Estado de México —feudo priista del propio Peña Nieto— con niveles de deuda y de desviación de recursos que desafiaban la legalidad; y, sobre todo, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, que reveló con brutalidad la complicidad entre autoridades locales, policías y crimen organizado en el estado de Guerrero (Animal Político, 2015). Ayotzinapa no fue sólo un crimen: fue la demostración de que en partes del territorio mexicano el Estado había sido sustituido funcionalmente por redes de corrupción y violencia que actuaban con la complicidad o la impotencia total de las instituciones formales.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) llegó con el discurso anticorrupción más contundente de la historia reciente de México. Su diagnóstico era correcto en lo esencial: la corrupción había sido sistémica, había capturado las instituciones, y requería una transformación profunda. Pero sus métodos generaron contradicciones importantes. La concentración de poder en el Ejecutivo, la desarticulación o debilitamiento de organismos autónomos de supervisión, la construcción de obras públicas de gran escala —el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas— sin licitaciones competitivas ni supervisión externa eficaz, y la defensa de funcionarios acusados de irregularidades por razón de lealtad política reprodujeron, en forma nueva, algunos de los patrones del régimen que el presidente declaraba haber superado (Merino, 2024). La paradoja del anticorrupto que concentra poder es una de las más antiguas de la política: el argumento de que se necesita concentración para combatir la corrupción ignora que la concentración de poder sin rendición de cuentas es precisamente la condición que la produce.

El gobierno de Claudia Sheinbaum (2024-presente) ha continuado esa lógica con variaciones de estilo pero con continuidades estructurales en materia de discrecionalidad ejecutiva y de debilidad de contrapesos independientes. Las reformas electorales impulsadas en 2026 —un paquete que modificaba el mecanismo de elección de los 200 diputados de representación proporcional, eliminaba los 32 senadores plurinominales y recortaba 25% el financiamiento a los partidos, y que fue rechazado en el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2026 con 259 votos a favor y 234 en contra al no alcanzar la mayoría calificada de 334 necesaria para reformar la Constitución— ilustran con precisión cómo el discurso de democratización puede coexistir con una lógica de ventaja electoral estructural (CNN en Español, 2026; Infobae, 2026; La Jornada, 2026a). Que los aliados PT y PVEM votaran en contra de su propio gobierno —con el argumento explícito de que la reforma perjudicaría a los partidos de menor tamaño y a la pluralidad en el Congreso (La Jornada, 2026b)— fue, en sí mismo, un síntoma de que el diseño de la propuesta respondía menos a una agenda de pluralismo que a una de concentración de poder. No es que Sheinbaum sea corrupta en el sentido transaccional del término; es que el sistema político que administra sigue operando con lógicas de discrecionalidad, lealtad y concentración de poder que generan las condiciones estructurales para la corrupción, con independencia de las intenciones personales de quien lo encabeza.

La Dimensión Cultural: Normalización, Tolerancia y Participación Social

Una de las incomodidades más productivas del análisis de la corrupción en México es la que genera la siguiente observación: las encuestas de percepción y los estudios cualitativos muestran de manera consistente que amplios sectores de la población mexicana condenan la corrupción como fenómeno general, pero al mismo tiempo declaran haber pagado sobornos, tolerado irregularidades, recurrido a contactos para resolver trámites, o aceptado beneficios derivados de prácticas que en principio reprueban (Transparencia Mexicana, 2019; Latinobarómetro, 2021). Esta contradicción no es hipocresía simple: es el síntoma de una cultura política en la que las normas formales y las normas informales operan en registros distintos y frecuentemente contradictorios.

El análisis cultural de la corrupción requiere, sin embargo, una advertencia metodológica preliminar. El argumento de que la corrupción en México tiene raíces culturales profundas —en la tradición colonial, en el particularismo de la cultura política, en el familismo moral— puede convertirse fácilmente en un determinismo vulgar que culpa a los dominados de su dominación y absuelve a las estructuras de su responsabilidad. Banfield (1958) propuso el concepto de familismo amoral para explicar la falta de cooperación cívica en el sur de Italia, y autores como Harrison y Huntington (2000) han extendido argumentos similares a otras culturas, con resultados metodológicamente problemáticos: la explicación cultural se vuelve circular —la cultura explica la corrupción y la corrupción explica la cultura— y omite las condiciones históricas e institucionales que producen esa cultura. Usarlo sin estas cautelas sería un error grave.

La perspectiva de Bourdieu (1980) ofrece una alternativa más rigurosa. En lugar de postular una cultura nacional fija, propone analizar los habitus: sistemas de disposiciones duraderas que los actores incorporan a través de su experiencia en campos sociales específicos, y que orientan sus prácticas sin determinarlas mecánicamente. Las prácticas corruptas cotidianas en México —la mordida al policía de tránsito, el regalo al médico del IMSS para ser atendido con prontitud, el uso de palancas para conseguir un contrato, el pago informal al empleado de ventanilla para acelerar un trámite— no son el producto de una esencia cultural corrupta sino de habitus formados en la experiencia histórica de que las normas formales no garantizan por sí mismas los resultados, de que las relaciones personales y el pago informal son más confiables que el procedimiento oficial, y de que el Estado no distribuye sus bienes con imparcialidad sino con discrecionalidad. En ese contexto, la racionalidad de la mordida no es irracional: es la racionalidad del débil que navega un sistema donde la legalidad formal sólo protege a quienes ya tienen poder.

Esta perspectiva obliga a distinguir entre distintos tipos de participación social en la corrupción. El soborno pagado bajo coacción —el ciudadano que entrega dinero a un funcionario porque de lo contrario no obtiene el servicio al que tiene derecho— es radicalmente distinto del soborno pagado para obtener una ventaja competitiva ilegítima. El primero es una forma de victimización; el segundo, una forma de participación. La confusión entre ambos produce análisis moralmente torpes y analíticamente poco útiles. Sin embargo, la distinción no puede convertirse en una exculpación general: hay prácticas que están a medio camino —el pago de una gratificación para obtener antes lo que de todas formas obtendría, el uso de una relación personal para saltarse una fila o conseguir un permiso más rápidamente— que combinan victimización y coparticipación en proporciones difíciles de separar, y que se normalizan precisamente porque son tan comunes que dejan de percibirse como problemáticas.

La normalización tiene efectos que se extienden más allá de cada acto individual. Cuando las prácticas corruptas están suficientemente extendidas, producen un entorno de expectativas en el que quien se niega a participar se coloca en desventaja competitiva respecto a quienes sí participan. Este mecanismo —que Johnston (2005) llama syndrome of corruption— genera una trampa de equilibrio: todos preferirían que no existiera la corrupción, pero nadie puede permitirse individualmente ser el primero en salirse del sistema sin incurrir en costos desproporcionados. Este es precisamente el tipo de problema de acción colectiva que no puede resolverse mediante la voluntad individual de cada actor: requiere una transformación institucional que modifique los incentivos del conjunto.

El poder político mexicano ha entendido intuitivamente este mecanismo y lo ha administrado en su beneficio. La tolerancia selectiva de las prácticas corruptas menores cumple al menos tres funciones para el régimen: primera, genera una deuda moral difusa en la población, que participa en el sistema y por tanto tiene dificultades para condenar el sistema en su conjunto; segunda, produce mecanismos de control sobre actores que temen la exposición de sus propias prácticas; y tercera, perpetúa una cultura de tolerancia al incumplimiento normativo que dificulta la construcción de demandas ciudadanas consistentes de rendición de cuentas (Lomnitz, 2000). La corrupción no se reproduce sólo porque el poder político la practica: se reproduce también porque el poder político tolera su difusión social y encuentra en esa difusión una forma de administrar la sociedad.

Foucault (1975/2002) proporciona aquí una perspectiva complementaria que resulta particularmente fecunda. La normalización de la corrupción puede entenderse como una microfísica del poder: no sólo como coerción desde arriba sino como internalización desde abajo de un régimen de prácticas que produce sujetos adaptados a la informalidad, desconfiados de la legalidad formal, y orientados hacia la negociación informal como modo ordinario de relacionarse con el Estado. Este régimen de prácticas no necesita imponerse por la fuerza en cada transacción individual: se reproduce a través de la imitación, la socialización, la expectativa y el cálculo racional de adaptación. El ciudadano que paga la mordida no suele sentir que hace algo moralmente aceptable; siente que hace algo racionalmente necesario. Esa disociación entre moral declarada y práctica efectiva es el síntoma más preciso de la normalización.

La moral diferencial con la que los mexicanos tratan la corrupción es una manifestación adicional de este fenómeno. La gran corrupción —el gobernador que desvía miles de millones, el funcionario que compra mansiones con dinero público— genera indignación masiva y ocupa portadas. La corrupción propia —la mordida pagada, el favor pedido, la factura inflada— se racionaliza como necesidad, como pragmatismo o como respuesta obligada a un sistema injusto. Esta asimetría moral no es simple hipocresía: es el resultado de una experiencia social en la que la gran corrupción parece remota e impersonal mientras la pequeña corrupción se experimenta como parte del tejido cotidiano de la vida. Abordar el fenómeno requiere desnaturalizar ambas escalas, no sólo la grande.

Los Mecanismos de la Impunidad: Lo Visible y Lo Invisible

La persistencia de la corrupción en México no puede explicarse sólo por la debilidad de las instituciones de control o por la maldad de los actores. Requiere analizar los mecanismos —visibles y sutiles— que protegen sistemáticamente a los actores corruptos de las consecuencias de sus actos. Estos mecanismos operan en varios niveles simultáneos y se refuerzan mutuamente de maneras que hacen que ningún cambio parcial sea suficiente para desmantelar el sistema.

Los mecanismos visibles son los mejor documentados. La debilidad del ministerio público como instancia de investigación autónoma ha sido estructural y deliberada: durante décadas, el fiscal general dependía directamente del presidente de la república, lo que garantizaba que las investigaciones podían activarse o desactivarse según la conveniencia política. La reforma de 2014 que creó la Fiscalía General de la República autónoma fue un avance formal, pero la autonomía funcional ha sido intermitente y cuestionada en la práctica. La selección corporativa de jueces, la cultura de subordinación política en el sistema judicial y la sobre-utilización del fuero protegieron durante décadas a los funcionarios con cargos de elección popular de cualquier investigación seria. La fragmentación de la responsabilidad burocrática —en la que cada decisión corrupta es producto de una cadena de trámites, firmas y avales que diluye la responsabilidad individual hasta hacerla prácticamente imposible de acreditar— es otro mecanismo legal que funciona como escudo de impunidad.

Pero los mecanismos sutiles son al menos igualmente importantes. La opacidad burocrática —la resistencia sistemática de las instituciones mexicanas a producir información sobre sus propios procesos de decisión— no es sólo un problema técnico de acceso a datos: es una tecnología política que hace que la corrupción sea difícil de probar y de narrar, incluso cuando es evidente. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue una innovación institucional valiosa, pero su efectividad ha dependido del apoyo político que ha recibido —apoyo que ha sido intermitente— y de la capacidad de los ciudadanos para formular solicitudes precisas sobre irregularidades que frecuentemente no conocen con suficiente detalle para formular la pregunta correcta.

Las lealtades cruzadas en las redes políticas constituyen otro mecanismo sutil pero poderoso. En el sistema político mexicano, los actores que podrían investigar o denunciar actos corruptos frecuentemente forman parte de las mismas redes que los protegen: los fiscales son designados por actores políticos que tienen sus propias historias corruptas; los auditores superiores deben sus cargos a las mismas mayorías parlamentarias que amparan a los funcionarios a auditar; los periodistas que investigan corrupción operan en un entorno de amenazas en el que el Estado —que debería protegerlos— es frecuentemente parte del problema. México fue durante varios años el país sin guerra más peligroso para los reporteros —formulación que Reporteros Sin Fronteras ha sostenido de manera recurrente en sus clasificaciones anuales—, con decenas de asesinatos de periodistas que cubrían corrupción y crimen organizado (Reporteros Sin Fronteras, 2024). Ese dato no es marginal: es la consecuencia lógica de un sistema en el que la impunidad se defiende también con violencia cuando las demás tecnologías de protección fallan.

La simulación de combate a la corrupción es uno de los mecanismos más sofisticados y menos estudiados. Todos los presidentes mexicanos desde al menos los años setenta han proclamado que su gobierno combatiría la corrupción con mayor energía que el anterior. Casi todos han creado nuevas dependencias, reformado leyes, diseñado programas y presentado como signos de compromiso con la transparencia lo que frecuentemente era una reorganización del sistema de corrupción bajo nuevas formas institucionales. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 fue un esfuerzo serio de reforma institucional que produjo mecanismos novedosos, pero su implementación fue saboteada sistemáticamente por actores políticos que firmaron la reforma y luego bloquearon su operación (Casar y Ugalde, 2018). La distancia entre el texto de la ley y su implementación efectiva es uno de los rasgos más constantes de la historia institucional mexicana, y es en sí mismo una forma de producción de impunidad.

El uso faccioso de la ley merece mención especial. La selectividad punitiva —la persecución penal que se activa contra opositores políticos y se desactiva para aliados— no es una anomalía del sistema legal mexicano: ha sido una de sus funciones políticas más importantes. La corrupción investigada y castigada no ha sido necesariamente la corrupción más grave, sino la corrupción políticamente inconveniente. Este patrón produce un efecto perverso: genera la percepción de que la ley no es un instrumento de justicia sino un arma política, lo que a su vez refuerza el cinismo social y la desconfianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía no cree que la ley se aplique con imparcialidad, la disposición a cumplirla voluntariamente se deteriora, y el ciclo de informalidad y corrupción se retroalimenta.

El cansancio cívico y la resignación moral son quizás los mecanismos más difusos pero más eficaces de reproducción de la impunidad. Después de décadas de escándalos que raramente producen consecuencias proporcionales, después de procesos judiciales que se arrastran durante años y terminan en sobreseimientos o en condenas simbólicas, después de reformas institucionales que prometen cambios y entregan continuidad, amplios sectores de la población mexicana han llegado a una conclusión que es racionalmente comprensible aunque sea cívicamente devastadora: que la corrupción es inherente al sistema, que nada puede cambiarla sustancialmente, y que lo más sensato es adaptarse a ella en lugar de combatirla. Este cinismo no es una patología individual: es el resultado acumulado de la experiencia histórica con un sistema que ha sabido protegerse de la reforma. Y es, en última instancia, el capital político más valioso que la corrupción posee.

Consecuencias, Costos y Juicio Estructural

Las consecuencias de la corrupción sistémica en México han sido profundas, multidimensionales y de largo plazo. Reducirlas a estimaciones monetarias —que existen y son reveladoras: diversas estimaciones recogidas por la OCDE ubican el impacto económico de la corrupción en México en un rango de entre 5% y 10% del PIB anual (OCDE, 2017)— sería empobrecerlas. La corrupción no sólo extrae renta; produce formas de vida deteriorada, institucionalidad degradada y ciudadanía mutilada.

El efecto sobre el Estado de derecho es quizás el más fundamental. Un Estado de derecho no es simplemente un sistema de normas escritas: es un sistema en el que las normas se aplican con imparcialidad, en el que nadie está por encima de la ley y en el que los derechos pueden ejercerse sin depender de la capacidad de pago o de las relaciones personales. La corrupción sistémica destruye ese principio de manera más eficaz que cualquier reforma legal puede reconstruirlo: cuando la aplicación de la norma depende de quien la pide, de cuánto puede pagar y de qué redes políticas lo respaldan, la norma deja de ser norma en el sentido sustantivo del término y se convierte en un texto cuya relevancia es contingente. O’Donnell (1993) llamó a este fenómeno zonas marrones: espacios del territorio nacional donde la autoridad del Estado es formalmente reconocida pero sustantivamente inexistente, y donde las transacciones políticas, económicas y sociales se rigen por normas informales que frecuentemente incluyen la violencia. En México, esas zonas marrones se han extendido de manera alarmante durante las últimas décadas.

El efecto sobre la desigualdad es igualmente severo. La corrupción actúa como un impuesto regresivo que pesa más sobre los pobres que sobre los ricos. El ciudadano sin recursos que necesita un servicio público tiene tres opciones: esperar indefinidamente en la fila oficial, pagar la mordida que no puede pagar fácilmente, o renunciar al servicio. El ciudadano con recursos puede pagar, o puede utilizar su red de contactos para obtener la misma cosa gratis. La desigualdad de acceso a los servicios públicos que produce la corrupción no es un efecto lateral del sistema: es parte de su lógica constitutiva. Los ricos se benefician de la corrupción no sólo cuando la practican sino también cuando la toleran, porque en un sistema donde los servicios públicos se distribuyen por corrupción, el que tiene más recursos para pagar siempre gana sobre el que tiene menos (Gupta et al., 2002).

El efecto sobre la seguridad ha sido devastador y documentado con brutalidad durante las últimas dos décadas. La complicidad entre autoridades y crimen organizado —que no es un fenómeno nuevo pero que alcanzó dimensiones sin precedente con la explosión del narcotráfico— produjo un ciclo en el que la corrupción policial y judicial permitió la expansión de las organizaciones criminales, cuya expansión a su vez aumentó la demanda de corrupción institucional para garantizar su operación. El resultado es un sistema en el que la violencia y la impunidad se retroalimentan: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda reportaba más de 110,000 casos sin resolver a julio de 2023 (Comisión Nacional de Búsqueda, 2023); los homicidios acumulados entre 2007 y 2023, según datos sexenales del SESNSP e INEGI, superaron las 400,000 víctimas (INEGI, 2023); y el sistema de justicia no resuelve más del 95% de los delitos que se le reportan. Estos números no son sólo consecuencia de la corrupción, pero la corrupción es una de sus condiciones estructurales más importantes.

El efecto sobre la confianza institucional y sobre la cultura cívica es el más difícil de cuantificar pero quizás el más dañino a largo plazo. Una sociedad que no confía en sus instituciones, que no espera que la ley se aplique con imparcialidad, que ha aprendido a navegar el Estado a través de relaciones informales en lugar de derechos formales, es una sociedad que tiene enormes dificultades para construir los bienes colectivos —salud pública, educación universal, seguridad, infraestructura— que requieren cooperación y contribución voluntaria. La desconfianza generalizada en las instituciones mexicanas —que los barómetros de opinión pública documentan de manera consistente— no es una patología cultural independiente: es el resultado acumulado de décadas de experiencia con un sistema que promete imparcialidad y entrega discrecionalidad.

Acemoglu y Robinson (2012) argumentan que la diferencia entre naciones prósperas y naciones pobres no reside en la geografía, la cultura ni en la dotación de recursos naturales, sino en la calidad de sus instituciones: las instituciones inclusivas producen prosperidad y las extractivas producen pobreza. México no es un país pobre en el sentido de carecer de recursos: tiene una economía que está entre las quince más grandes del mundo. Pero es un país con niveles de desigualdad y de pobreza estructural que no corresponden a esa dimensión económica, y que sí corresponden a la calidad de sus instituciones políticas. La corrupción sistémica no es la única causa de esa brecha, pero es una de las más importantes: desvía recursos que deberían ir a servicios públicos de calidad, protege a los actores que capturan las rentas del Estado en lugar de distribuirlas socialmente, y destruye los incentivos para la inversión productiva al sustituirlos por incentivos para la extracción de rentas.

El Poder Político y la Utilidad de la Corrupción

Una pregunta que el análisis no puede eludir es la más incómoda de todas: ¿por qué el poder político mexicano no ha querido realmente erradicar la corrupción? La respuesta no apela a la maldad de los gobernantes ni a ninguna conspiración planificada; apela a la racionalidad de los incentivos. La corrupción, para el poder político, cumple funciones que la legalidad estricta no puede cumplir, o no puede cumplir con la misma eficiencia.

La primera función es la de disciplina y control. Un actor político o burocrático que ha participado en prácticas corruptas —aunque sea bajo presión o como parte del sistema— es un actor controlable: su participación crea una vulnerabilidad que puede ser activada en su contra si se vuelve incómodo o díscolo. El conocimiento mutuo de las irregularidades de todos crea un equilibrio de terror que disuade las deserciones y las traiciones. El líder político que mantiene archivos informales sobre las corrupciones de sus subordinados —real o metafóricamente— tiene sobre ellos un poder que ninguna norma formal le da. Esta lógica se reproduce en todos los niveles del sistema, desde el presidente hasta el jefe de ventanilla.

La segunda función es la de recompensa y lealtad. En sistemas donde los salarios públicos son insuficientes para retribuir la expertise o la dedicación esperadas, donde la carrera burocrática no garantiza ascensos por mérito, y donde los recursos para políticas públicas son siempre insuficientes, la tolerancia de la extracción informal funciona como un complemento salarial no declarado. El funcionario que entiende que puede complementar su ingreso a través de prácticas corruptas toleradas tiene menos incentivos para buscar empleo en el sector privado, y más incentivos para mantener la lealtad al sistema que lo protege. Esta lógica es especialmente poderosa en los puestos medios de la burocracia, donde la retribución formal es baja y la discrecionalidad es alta.

La tercera función es la de incorporación de élites. En el sistema priista, la distribución de oportunidades de corrupción era un mecanismo de integración de los grupos que podían ser peligrosos si quedaban excluidos del reparto. El empresario que recibía contratos a precios favorables, el líder sindical que extraía rentas de sus trabajadores con la tolerancia gubernamental, el gobernador que administraba su estado con amplia discrecionalidad presupuestal: todos ellos eran actores que el sistema incorporaba a su lógica de beneficios y que por tanto tenían razones poderosas para defender ese sistema en lugar de cuestionarlo. La corrupción distribuida estratégicamente es, en este sentido, una forma de construcción de coaliciones y de producción de consenso entre las élites.

La cuarta función es la más política en sentido estricto: la corrupción como fuente de financiamiento político no declarado. Los partidos políticos en México —como en muchos países— requieren recursos que exceden ampliamente los que la ley les permite recibir por la vía del financiamiento público y los donantes declarados. El desvío de recursos públicos hacia campañas, la extracción de comisiones en contratos públicos que se reciclan como financiamiento político, y las contribuciones de grupos empresariales que reciben favores regulatorios son mecanismos bien documentados de financiamiento político corrupto (Ugalde, 2008). Eliminar esos mecanismos requeriría no sólo voluntad política —que falta— sino también la construcción de un sistema de financiamiento alternativo que los partidos tuvieran incentivos para aceptar.

Conclusión: Lo Que la Corrupción Revela

La pregunta con la que comenzó este ensayo —qué es realmente la corrupción en México, cómo se configuró y por qué persiste— puede responderse ahora con más precisión, aunque no con más sencillez. La corrupción en México no es una anomalía del sistema político: es una de sus estructuras constitutivas. No es un defecto de las instituciones: es una de sus funciones. No es un rasgo cultural inmutable: es el producto acumulado de elecciones institucionales, de incentivos diseñados o tolerados, y de experiencias históricas que han producido disposiciones adaptativas en actores a todos los niveles del sistema.

La tesis más importante de este ensayo es también la más incómoda: la corrupción en México ha persistido no a pesar del Estado sino en parte gracias a él, porque el Estado mexicano —en sus distintas configuraciones históricas— ha encontrado en la corrupción un instrumento de gobernabilidad, de integración de élites, de control social y de financiamiento político que la institucionalidad formal no podía proveer. Esto no absuelve a los actores individuales de su responsabilidad. Pero sí explica por qué el discurso anticorrupción, repetido por cada sexenio desde al menos los años setenta, no ha producido transformaciones estructurales: porque el anticorrupto que llega al poder hereda el sistema que produce la corrupción, y si no transforma ese sistema —sus incentivos, su cultura burocrática, su economía política— la corrupción se reproduce bajo nuevas formas independientemente de las intenciones declaradas del gobernante.

El análisis cultural, por su parte, no puede convertirse en una condena de la sociedad mexicana. Las prácticas corruptas normalizadas en amplios sectores de la población son, en su mayor parte, adaptaciones racionales a un sistema donde la norma formal no protege y donde el intercambio informal es más confiable. Desmantelarlas requiere transformar ese sistema, no condenar moralmente a quienes se adaptan a él. Pero también requiere reconocer que esa adaptación tiene costos propios y que su perpetuación —aunque comprensible individualmente— produce a escala colectiva el entorno de tolerancia que el poder político necesita para mantener su propio sistema de corrupción.

Los mecanismos de impunidad que sostienen el sistema son, como se ha mostrado, tanto visibles como sutiles. Los visibles —debilidad judicial, opacidad burocrática, selectividad punitiva— son los que las reformas institucionales intentan atacar. Los sutiles —cinismo cívico, resignación moral, normalización cultural, lealtades cruzadas— son los que las reformas institucionales raramente tocan, porque requieren transformaciones de cultura política que no se decretan ni se legislan. La construcción de una cultura de legalidad —en el sentido que O’Donnell (1993) le daba al Estado de derecho como práctica social, no sólo como texto normativo— es probablemente el desafío más profundo y de más largo plazo que enfrenta cualquier proyecto de transformación institucional en México.

¿Qué revela, en última instancia, la corrupción sobre el Estado y la sociedad mexicana? Revela que la separación entre lo público y lo privado —fundamento jurídico y ético del Estado moderno— ha sido históricamente porosa y contingente en México; que el poder político ha organizado esa porosidad en su beneficio; y que las instituciones que deberían garantizar la imparcialidad han sido frecuentemente instrumentalizadas para garantizar lo contrario. Pero revela también la resiliencia de una sociedad que, a pesar de todo, produce continuamente actores —periodistas, activistas, académicos, funcionarios honestos, ciudadanos indignados— que se resisten al sistema y que insisten en la posibilidad de una república distinta. Esa resistencia no es ingenua: es la única base sobre la que puede construirse algo diferente. La corrupción en México no es un destino: es una historia que todavía no ha terminado de escribirse.

Referencias

Acemoglu, D., y Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Deusto.

Animal Político. (2015, septiembre 7). El caso Iguala: lo que los expertos encontraron. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2015/09/el-caso-iguala-lo-que-los-expertos-encontraron/

Banfield, E. C. (1958). The moral basis of a backward society. The Free Press.

Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Les Éditions de Minuit.

Camp, R. A. (1993). Politics in Mexico. Oxford University Press.

CNN en Español. (2026, marzo 11). Derrota de Sheinbaum en el Congreso: Cámara de Diputados rechaza su reforma electoral, con el voto en contra de sus aliados. CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/mexico/sheinbaum-derrota-congreso-rechaza-reforma-electoral-orix

Casar, M. A., y Ugalde, L. C. (2018). Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Grijalbo / Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Infobae. (2026, marzo 11). Reforma electoral de Sheinbaum es rechazada con votos del PVEM y PT en contra. Infobae México. https://www.infobae.com/mexico/2026/03/11/reforma-electoral-de-sheinbaum-es-rechazada-con-votos-del-pvem-y-pt-en-contra/

Córdova, A. (1972). La formación del poder político en México. Era.

Cosío Villegas, D. (1972). El sistema político mexicano: las posibilidades de cambio. Joaquín Mortiz.

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (A. Garzón del Camino, Trad.; 32.ª ed.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1975)

Gupta, S., Davoodi, H., y Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of Governance, 3(1), 23–45. https://doi.org/10.1007/s101010100039

Haber, S., Razo, A., y Maurer, N. (2003). The politics of property rights: political instability, credible commitments, and economic growth in Mexico, 1876–1929. Cambridge University Press.

Harrison, L. E., y Huntington, S. P. (Eds.). (2000). Culture matters: how values shape human progress. Basic Books.

Hellman, J. S., Jones, G., y Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: state capture, corruption and influence in transition. World Bank Policy Research Working Paper No. 2444. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2444

Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. Yale University Press.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2023. INEGI. https://www.inegi.org.mx

Comisión Nacional de Búsqueda. (2023). Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: informe de casos sin resolver a julio de 2023. Secretaría de Gobernación. https://comisionacionaldebusqueda.segob.gob.mx

Johnston, M. (2005). Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy. Cambridge University Press.

La Jornada. (2026a, marzo 11). Rechaza San Lázaro la reforma electoral de Sheinbaum. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/11/politica/rechaza-san-lazaro-la-reforma-electoral-de-sheinbaum

La Jornada. (2026b, marzo 11). Por vez primera desde 2018, aliados del partido guinda rechazan una propuesta de enmienda constitucional. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/11/politica/rechaza-san-lazaro-la-reforma-electoral-de-sheinbaum

Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.

Latinobarómetro. (2021). Informe Latinobarómetro 2021: la recesión democrática de América Latina. Corporación Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org

Lomnitz, C. (2000). Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México (A. Sheridan, Trad.). CIESAS / Porrúa.

Merino, M. (2024). El Estado capturado: Cómo erradicar la corrupción sistémica en México. Editorial Terracota.

Meyer, L. (1995). Liberalismo autoritario: las contradicciones del sistema político mexicano. Océano.

Molinar, J., y Weldon, J. A. (1994). Electoral determinants and consequences of National Solidarity. En W. Cornelius, A. Craig y J. Fox (Eds.), Transforming state-society relations in Mexico: the national solidarity strategy (pp. 123–142). Center for U.S.-Mexican Studies, UCSD.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

O’Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual problems: a Latin American view with glances at some post-communist countries. World Development, 21(8), 1355–1369. https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90048-E

O’Donnell, G. (1999). Polyarchies and the (un)rule of law in Latin America. En J. E. Méndez, G. O’Donnell y P. S. Pinheiro (Eds.), The (un)rule of law and the underprivileged in Latin America (pp. 303–337). University of Notre Dame Press.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la OCDE sobre integridad en México: adoptando una postura más firme contra la corrupción. OCDE. https://doi.org/10.1787/9789264273207-es

Olson, M. (1965). The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Harvard University Press.

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Reporteros Sin Fronteras. (2024). Clasificación mundial de la libertad de prensa 2024. RSF. https://rsf.org/es/clasificacion-mundial-de-la-libertad-de-prensa-2024-el-periodismo-bajo-las-presiones-politicas

Ríos, V. (2012). Why did Mexico become so violent? A self-reinforcing violent equilibrium caused by competition and enforcement. Trends in Organized Crime, 16(2), 138–155. https://doi.org/10.1007/s12117-012-9155-y

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and government: causes, consequences and reform. Cambridge University Press.

Schedler, A. (2000). The democratic revelation. Journal of Democracy, 11(4), 5–19. https://doi.org/10.1353/jod.2000.0080

Scott, J. C. (1972). Comparative political corruption. Prentice-Hall.

Transparencia Mexicana. (2019). Índice nacional de corrupción y buen gobierno. Transparencia Mexicana. https://www.tm.org.mx

Ugalde, L. C. (2008). La negociación política del presupuesto en México, 1997–2006. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.

Warman, A. (1976). Y venimos a contradecir: los campesinos de Morelos y el Estado nacional. SEP/CIESAS.

Weber, M. (1997). Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva (J. Medina Echavarría et al., Trads.; 2.ª ed. en español, 13.ª reimp.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1922)

Hay fórmulas políticas cuyo éxito retórico depende de la rapidez con la que se dejan entender. “Nadie debe ganar más que el presidente” pertenece a esa clase de fórmulas. En una democracia fatigada por la desigualdad, por la sospecha de privilegio burocrático y por la distancia entre Estado y ciudadanía, la frase parece reunir sobriedad moral, pedagogía cívica y promesa de disciplina pública. Su fuerza, sin embargo, es también su pobreza. Lo que se presenta como una regla intuitiva de justicia puede ser, examinado con mayor cuidado, una simplificación severa del problema que pretende resolver.

El artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su fracción II, que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, art. 127). La regla existe, obliga y estructura hoy el derecho positivo mexicano. Pero de la existencia de una norma no se sigue su corrección sustantiva. La positivización constitucional de una solución puede probar su vigencia; no demuestra, por sí sola, su racionalidad económica, su congruencia institucional ni su armonía con los principios materiales de una república de poderes separados. La cuestión decisiva no es, por tanto, si el límite existe, sino si el criterio que adopta describe adecuadamente la realidad que pretende ordenar.

La primera tesis de este ensayo es que el salario presidencial, entendido como cifra nominal visible, no constituye un benchmark serio para organizar la cúspide retributiva de un aparato estatal heterogéneo. La remuneración formal del Ejecutivo no captura por sí sola la economía real del cargo, porque la Presidencia funciona dentro de una infraestructura pública

que desplaza hacia el presupuesto del Estado múltiples costos que otros servidores públicos, incluso de alto nivel, deben cubrir con su ingreso disponible. La segunda tesis es más profunda: hacer del presidente la referencia salarial superior del conjunto estatal no sólo simplifica mal una cuestión de economía pública; también expresa una determinada imagen del poder. Supone que la persona titular del Ejecutivo puede servir de medida material para valorar órganos que constitucionalmente no le son inferiores. Allí el problema deja de ser contable y se vuelve republicano.

El benchmark nominal y la ficción de la comparación limpia

Conviene comenzar por una distinción que a menudo se soslaya en el debate público. En materia de remuneraciones, salario nominal, remuneración total, ingreso disponible e ingreso real no son equivalentes. El salario nominal expresa la cantidad formalmente autorizada; la remuneración total incorpora prestaciones y otros componentes de compensación; el ingreso disponible remite a la porción del ingreso que queda una vez atendidas deducciones y cargas privadas; el ingreso real, finalmente, depende también de los costos que la persona efectivamente enfrenta o evita. En este último punto aparece un concepto decisivo para el presente argumento: el costo evitado. Una posición puede parecer salarialmente sobria y, no obstante, sostener una capacidad material de vida superior a la sugerida por su nómina visible porque parte significativa de los gastos de reproducción del cargo es absorbida por la institución.

Los datos presupuestarios de 2026 permiten advertir la insuficiencia de la comparación puramente nominal. El Presupuesto de Egresos de la Federación fija para la persona titular del Ejecutivo una remuneración ordinaria total líquida mensual neta de 134,290 pesos, una percepción ordinaria bruta líquida mensual de 193,706 pesos, una remuneración total anual neta de 2,073,878 pesos, una percepción ordinaria bruta anual de 2,882,131 pesos y una remuneración

anual máxima o de referencia de 3,206,868.21 pesos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025). Esas cifras tienen relevancia normativa indiscutible. El problema es creer que agotan el valor económico del cargo.

La propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ayuda, paradójicamente, a entender por qué no lo agotan. La ley excluye de la noción de remuneración diversos gastos propios del desarrollo del trabajo, entre ellos los asociados a residencias asignadas, oficinas, instalaciones, transportes, alimentación, seguridad, protección civil, equipamientos, enseres necesarios y gastos de viaje oficiales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021, arts. 3, 5 y 6). Jurídicamente, esa exclusión es razonable: no todo lo que el Estado gasta alrededor de un cargo puede equipararse a ingreso personal del funcionario. Pero la misma exclusión revela la insuficiencia del benchmark. Si el propio ordenamiento reconoce que existe un universo de recursos materiales esenciales para el cargo y que ese universo no aparece como salario, entonces la cifra salarial visible no puede presentarse honestamente como expresión suficiente de la economía real de la posición.

Este punto exige un matiz indispensable. No todo gasto funcional equivale a beneficio privado, y sería analíticamente deshonesto imputar como ingreso disponible de la persona titular del Ejecutivo cada peso gastado en logística, seguridad o infraestructura presidencial. Sin embargo, el error opuesto es igual de grave: suponer que, por no ser salario en sentido jurídico, esos recursos son irrelevantes para comparar la capacidad material efectiva del cargo con la de otros servidores públicos. Una residencia funcional no se convierte automáticamente en renta apropiable; sí elimina, total o parcialmente, la necesidad de sufragar una vivienda equivalente.

Un esquema permanente de seguridad no equivale a efectivo; sí desplaza un costo que, en otras posiciones de alta exposición, tendría que ser asumido privadamente o no podría ser asumido en

absoluto. La movilidad oficial, la infraestructura operativa y el soporte institucional no son “dinero de bolsillo”; son, sin embargo, parte del entorno material que libera ingreso, reduce gastos y modifica la economía cotidiana de quien ocupa el cargo.

De ello se sigue que la comparación usual entre “lo que gana el presidente” y “lo que gana cualquier otro servidor público” descansa sobre magnitudes heterogéneas. De un lado se sitúa un salario visible sostenido por una infraestructura estatal de alta densidad; del otro, remuneraciones que con frecuencia deben financiar por sí mismas, total o parcialmente, vivienda, transporte, seguridad complementaria, conectividad, representación profesional y otros costos de reproducción material del cargo. La comparación salarial nominal produce así una ficción de equivalencia. Lo que parece una medida clara de austeridad es, examinado con más rigor, un indicador incompleto.

Esta ficción tiene consecuencias prácticas. La literatura especializada sobre sistemas retributivos del sector público ha mostrado que la compresión salarial excesiva puede deteriorar incentivos, dificultar la atracción y retención de perfiles especializados y empujar hacia mecanismos indirectos u opacos de compensación (IMF, 2024; OECD, 2024; World Bank, 2021). El problema no se reduce a competir con el sector privado; concierne, sobre todo, a la relación entre responsabilidad institucional, especialización funcional y estructura retributiva. Un Estado complejo no puede valorar del mismo modo la jefatura política del Ejecutivo, la independencia jurisdiccional, la regulación económica, la política monetaria o la alta especialización técnica. Cuando toda esa heterogeneidad queda aprisionada bajo un techo anclado a una cifra presidencial materialmente subespecificada, la austeridad deja de ser un principio de sobriedad y se convierte en una tecnología de simplificación institucional.

Sin embargo, el punto decisivo del debate aparece cuando se advierte que el benchmark presidencial no es un mero dato contable; es también una imagen del Estado. En efecto, usar al presidente como techo salarial universal supone que la persona titular del Poder Ejecutivo representa algo más que una función política central: representa la medida superior del valor institucional del aparato público. Esa presuposición es discutible incluso si se aceptara, por hipótesis, que el salario presidencial estuviera perfectamente calculado. El problema no radica únicamente en la mala medición del cargo, sino en la elección misma del cargo como parámetro cúspide.

Del error económico al problema de diseño del Estado

La teoría republicana y la teoría clásica de la separación de poderes ofrecen aquí una advertencia elemental. La división de poderes no fue concebida como una distribución administrativa de tareas dentro de una jerarquía unitaria, sino como una pluralización del poder para evitar su concentración. En Montesquieu, la libertad política exige que el poder frene al poder; en Madison, la separación institucional descansa precisamente en que cada órgano disponga de la energía necesaria para resistir la invasión de otro (Madison, 1788/2001; Montesquieu, 1748/2007). En ese horizonte, el Ejecutivo puede ser políticamente central sin convertirse por ello en la fuente de dignidad material de los demás poderes.

El presidencialismo moderno, desde luego, ha dotado al Ejecutivo de una visibilidad incomparable. Linz (1990) mostró cómo la elección presidencial concentra legitimidad democrática y personaliza el conflicto político. Sartori (1994) insistió, por su parte, en que el presidencialismo tiende a robustecer la centralidad del Ejecutivo en el imaginario político. Pero centralidad no es supremacía constitucional. Que el presidente sea el actor más visible del sistema no significa que el Legislativo y el Judicial deban quedar retributivamente ordenados

como apéndices de su figura. La república constitucional no distribuye dignidad institucional desde una persona, sino desde funciones diferenciadas con legitimidad propia.

Por ello, convertir al Ejecutivo en vara salarial dominante introduce una subordinación simbólica que merece ser tomada en serio. El símbolo no es superficial en derecho público. Las reglas también enseñan cómo debe imaginarse el Estado. Y una regla que dispone que nadie puede ganar más que el presidente no sólo comunica disciplina fiscal; comunica, además, que el presidente es la cima natural del valor público. El problema de esa pedagogía institucional es que desliza a la república hacia una representación unipersonal del mando. La estructura del Estado comienza a parecerse, no a una constelación de poderes constitucionalmente diferenciados, sino a una pirámide cuya altura material se mide desde la persona presidencial.

Se dirá que esta lectura carga excesivamente de simbolismo una regla salarial. Sin embargo, el propio debate político mexicano ha mostrado hasta qué punto el techo presidencial se ha convertido en emblema de un modo de concebir el poder público. No se lo presenta sólo como instrumento técnico de contención, sino como criterio moral y jerárquico: si alguien gana más que el presidente, algo en el orden republicano parecería haberse invertido. Pero esa intuición confunde la jefatura política del Ejecutivo con una superioridad institucional que la Constitución no reconoce. El presidente gobierna; no otorga legitimidad a los jueces, no funda al Congreso, no absorbe a los órganos constitucionales autónomos. Tomarlo como medida salarial superior de todos ellos es, por eso mismo, una forma sutil pero real de subordinar materialmente lo que jurídicamente se proclama autónomo.

Esto resulta particularmente visible cuando el parámetro presidencial se proyecta sobre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Los trabajadores de ambos poderes no son trabajadores del Ejecutivo. Sus deberes, riesgos, responsabilidades y lógicas institucionales no derivan del

presidente ni le son funcionalmente accesorios. La independencia judicial, por ejemplo, no depende sólo de reglas procesales o de nombramiento; también requiere condiciones materiales que reduzcan vulnerabilidades indebidas y hagan posible una carrera profesional digna y estable. La autonomía de los órganos técnicos y reguladores, del mismo modo, no puede descansar en discursos abstractos si su diseño retributivo queda subordinado a un parámetro fijado por un poder ajeno y políticamente cargado.

No se sostiene aquí que la separación de poderes exija una soberanía salarial absoluta de cada órgano. Todo Estado democrático necesita controles, transparencia, límites y criterios comunes. Pero una cosa es la coordinación constitucional de un sistema retributivo y otra muy distinta la subordinación generalizada a la cifra del Ejecutivo. La primera es compatible con la república; la segunda la tensiona. En la medida en que Legislativo, Judicial y órganos autónomos son constitucionalmente no subordinados, deberían disponer, al menos, de un margen racional de autonomía retributiva relativa, esto es, de la posibilidad de que sus estructuras salariales se construyan conforme a la complejidad, especialización y responsabilidad propias de sus funciones, bajo reglas objetivas y transparentes, no a partir de una obediencia material al referente presidencial.

La experiencia comparada permite advertir que el problema mexicano no es inevitable. En Estados Unidos, la tabla del Executive Schedule para 2026 fija el Level I en 253,100 dólares, pero el propio Office of Personnel Management mantiene regímenes diferenciados para el Senior Executive Service, posiciones senior-level, personal científico-profesional y jueces administrativos; además, la compensación del SES funciona como un sistema basado en desempeño con un rango propio y con topes agregados distintos (U.S. Office of Personnel

Management, 2026a, 2026b). En otras palabras, la cifra del vértice político coexiste con arquitecturas salariales no absorbidas por una sola magnitud.

En Canadá, la lógica también es de bandas y no de subordinación unipersonal. La página oficial sobre salary ranges and performance pay muestra rangos distintos para los grupos EX y DM y añade porcentajes de remuneración variable; para 2024-2025, por ejemplo, un DM-4 podía ubicarse entre 350,500 y 412,300 dólares canadienses, con un máximo de 39% de performance award (Government of Canada, 2025). Ese diseño no presupone que la sobriedad pública exija comprimir todo el sistema bajo la referencia personal del primer ministro, sino que la responsabilidad y la complejidad institucional ameritan escalas diferenciadas bajo reglas públicas.

El trasfondo mexicano y la defensa insuficiente de la austeridad simplificadora

El Reino Unido ofrece otra variante instructiva. El Senior Salaries Review Body no es una oficina ceremonial, sino un órgano que formula recomendaciones específicas sobre la remuneración del senior civil service, de la judicatura, de los oficiales superiores de las fuerzas armadas y de otros cargos altos del sector público. Su reporte de 2025 reitera precisamente esa lógica de revisión técnica y diferenciada por familias funcionales (Review Body on Senior Salaries, 2025). La lección no es que desaparezca el control político, sino que éste se ejerce sobre un dispositivo institucional más sofisticado que la simple apelación al salario del jefe de gobierno.

Nueva Zelanda profundiza aún más en la dirección de la transparencia diferenciada. La Public Service Commission publica de manera específica la remuneración de chief executives y explica que las remuneraciones de los líderes del sector público se determinan de manera distinta según el tipo de agencia; además, las tablas de 2025 reportan la evolución del promedio de

remuneración de secretaries of departments y chief executives of departmental agencies y separan el régimen aplicable a otras entidades públicas (New Zealand Public Service Commission, 2026a, 2026b). La comparación internacional, en suma, no sugiere que México deba copiar mecánicamente un modelo ajeno; sí muestra que las democracias administrativas maduras controlan y transparentan, pero raramente reducen toda la cúspide del Estado a un benchmark personal único.

El trasfondo mexicano vuelve la objeción todavía más significativa. El presidencialismo mexicano no fue sólo una forma de gobierno; fue durante décadas una cultura de organización del poder, una gramática de centralidad desde la cual el Estado tendió a leerse, administrarse y simbolizarse. Incluso cuando la transición democrática erosionó los poderes metaconstitucionales de la Presidencia, la imaginación pública del orden estatal siguió gravitando alrededor de la figura presidencial. En ese contexto, no sorprende que una regla presentada como austera y moralizadora reproduzca, sin decirlo, la vieja lógica de la centralidad presidencial. La novedad consiste en que esa centralidad ya no se expresa únicamente en facultades políticas o en capacidad de mando, sino en la pretensión de que el valor material del conjunto estatal se ordene desde la figura del Ejecutivo.

La propia historia jurídica reciente del tema confirma esa inestabilidad. Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversos preceptos de la primera Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y obligó, en los hechos, a una recomposición legislativa posterior; el comunicado oficial del Tribunal Pleno subrayó, entre otros aspectos, la insuficiencia normativa del diseño legal originalmente aprobado (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019). Esa secuencia no demuestra por sí sola la incorrección material del techo presidencial, pero sí

muestra que la materia fue abordada legislativamente con una mezcla de urgencia política y escasa fineza técnica. No es casual: cuando una solución se legitima ante todo por su rendimiento simbólico, suele posponer el trabajo más arduo del diseño institucional.

Conviene, con todo, tomar en serio las razones de quienes defienden la regla. Una democracia desigual tiene derecho a desconfiar de burocracias opulentas. La ciudadanía puede considerar inaceptable que ciertos altos funcionarios perciban remuneraciones ostensiblemente superiores a la del presidente. También es comprensible el temor a que un sistema diferenciado de salarios abra espacio a privilegios corporativos o a una tecnocracia inmune al control democrático. Esas preocupaciones son legítimas. El problema es creer que sólo pueden atenderse a través del techo presidencial universal.

La austeridad es un valor político atendible, pero no es el único. Weber (1978/2014) recordaba que el Estado moderno depende también de una administración profesional capaz. North (1990) y Acemoglu y Robinson (2012) mostraron, desde perspectivas distintas, que la calidad institucional no puede separarse del modo en que se estructuran incentivos, capacidades y márgenes de autonomía dentro del Estado. Una política retributiva razonable debe, por tanto, equilibrar moderación fiscal, legitimidad democrática, integridad pública y capacidad estatal. El techo presidencial universal fracasa justamente porque transforma ese equilibrio delicado en una regla única. Lo que gana en visibilidad lo pierde en precisión.

Hacia un diseño retributivo compatible con la república constitucional

Tampoco basta replicar que el artículo 127 ya resolvió definitivamente la discusión. Las constituciones resuelven controversias de forma positiva, pero la teoría constitucional existe precisamente porque la validez formal no liquida la discusión sobre el sentido material de las normas. Entre constitucionalidad formal y constitucionalidad material puede haber tensiones.

Una regla puede ser válida y, sin embargo, proyectar una racionalidad deficiente sobre la estructura del Estado. Criticar esa tensión no equivale a desconocer la Constitución; equivale, por el contrario, a tratarla como objeto de interpretación seria y no como oráculo autosuficiente.

La crítica sería insuficiente si sólo desmontara el techo presidencial sin ofrecer una salida. La alternativa no pasa por desregular salarios ni por conceder a cada poder libertad irrestricta para fijar remuneraciones. Pasa por sustituir la lógica unipersonal por una lógica institucional. Ello exige, en primer lugar, abandonar la idea de un benchmark único y adoptar bandas salariales diferenciadas por familia funcional, nivel de responsabilidad, autonomía constitucional, complejidad decisional y escasez técnica. Un juez constitucional, un regulador financiero, un alto directivo administrativo y un operador político de primer nivel pueden compartir estatura institucional sin ser retributivamente intercambiables. La igualdad republicana no exige uniformidad ciega; exige criterios públicos de justificación.

En segundo lugar, la comparación relevante no puede limitarse al salario nominal. Los sistemas retributivos deberían transparentar, hasta donde sea metodológicamente posible, la diferencia entre remuneración monetaria, prestaciones, beneficios en especie y costos funcionales absorbidos por el Estado. No para transformar todo gasto operativo en ingreso personal, sino para evitar que la contención simbólica de una cifra oculte la economía material real de ciertos cargos. En tercer lugar, la fijación de remuneraciones superiores no debería depender primordialmente de coyunturas políticas ni de la pedagogía moral del Ejecutivo.

Resulta más compatible con una república constitucional la intervención de un órgano técnico independiente o de una comisión especializada que produzca metodologías públicas, revise escalas con periodicidad, compare funciones equivalentes y someta sus decisiones a control democrático y transparencia.

Conclusión

Por último, una austeridad bien diseñada no es enemiga de la capacidad estatal. Un Estado sobrio puede pagar mejor de forma selectiva donde la responsabilidad, la complejidad o la autonomía institucional así lo exijan, siempre que lo haga bajo reglas objetivas, publicidad plena y control efectivo. Lo contrario —aplanar la cúspide del sistema bajo un referente presidencial incompleto— corre el riesgo de producir exactamente aquello que dice combatir: opacidad compensatoria, deterioro institucional y desprestigio del servicio público.

El problema del salario del Presidente de la República como techo salarial del servicio público en México nunca fue sólo un problema de monto. Fue, desde el principio, un problema de forma estatal. La crítica económica muestra ya algo decisivo: el salario visible de la jefatura del Ejecutivo no agota la economía real del cargo, porque omite los costos absorbidos por el Estado y, con ello, falsea la comparación con otros servidores públicos. Pero la crítica más profunda comienza donde termina esa constatación. Usar al presidente como parámetro retributivo superior del conjunto estatal no sólo adopta un benchmark defectuoso; insinúa que el valor institucional de los demás poderes puede medirse desde la persona del Ejecutivo.

Esa insinuación es incompatible con la promesa normativa de una república constitucional. México no es una monarquía salarial, ni un imperio administrativo, ni un régimen unipersonal en el que toda dignidad pública descienda materialmente de la cúspide presidencial. Es, al menos en su diseño constitucional, un Estado de poderes diferenciados, legitimidades concurrentes y autonomías que deben preservarse también en el plano material. Cuando el Ejecutivo se convierte en referencia retributiva dominante de órganos que no le son subordinados, el presidencialismo deja de ser sólo una tradición política y se convierte en criterio de organización salarial del Estado. La austeridad puede ser una virtud republicana. La

simplificación institucional, no. Una república seria no corrige los abusos levantando una pirámide retributiva coronada por la persona presidencial. Los corrige mediante reglas generales, transparencia integral, diferenciación funcional y órganos capaces de valorar cada responsabilidad pública según su complejidad, su autonomía y su contribución a la capacidad del Estado. Allí reside la diferencia entre una política salarial que sólo persuade y una arquitectura institucional que, además, merece ser defendida.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRemSP_190521.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2026.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Government of Canada. (2025). Salary ranges and performance pay. https://www.canada.ca/en/privy-council/programs/appointments/governor-council-appointments/compensation-terms-conditions-employment/salary-ranges-performance-pay.html

International Monetary Fund. (2024). How to set compensation for government employees. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/HowToNotes/2024/English/ HTNEA2024003.ashx

Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. Journal of Democracy, 1(1), 51–69.

Madison, J. (2001). Federalist No. 51. En A. Hamilton, J. Madison, & J. Jay, The Federalist Papers (C. Rossiter, Ed.). Signet Classics. (Trabajo original publicado en 1788)

Montesquieu. (2007). Del espíritu de las leyes (M. Blázquez & P. de Vega, Trads.). Tecnos. (Trabajo original publicado en 1748)

New Zealand Public Service Commission. (2026a). Chief executive remuneration. https://www.publicservice.govt.nz/system/leaders/appointing-leaders/leader-pay/chief-executive-remuneration

New Zealand Public Service Commission. (2026b). Public service leaders’ pay. https://www.publicservice.govt.nz/system/leaders/appointing-leaders/leader-pay

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Salary systems in public administration and their reforms. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/06/salary-systems-in-public-administration-and-their-reforms_40fa6658/8f08a005-en.pdf

Review Body on Senior Salaries. (2025). Senior Salaries Review Body Report: 2025. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/senior-salaries-review-body-report-2025

Sartori, G. (1994). Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives and outcomes. New York University Press.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2019, 20 de mayo). Acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 [Comunicado de prensa]. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5881

U.S. Office of Personnel Management. (2026a). 2026 executive & senior level employee pay tables. https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/2026/ executive-senior-level

U.S. Office of Personnel Management. (2026b). Salary Table No. 2026-EX. https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/salary-tables/ 26Tables/exec/html/EX.aspx

Weber, M. (2014). Economía y sociedad (J. Medina Echavarría et al., Trads.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1978)

World Bank. (2021). Public sector employment and compensation: An assessment framework. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/ 324801640074379484/public-sector-employment-and-compensation-an-assessment-framework

Claudia Sheinbaum no pierde oportunidad para señalar al Instituto Nacional Electoral como un elefante blanco de la democracia mexicana. Sus críticas al presupuesto del INE se han convertido en un estribillo político recurrente, alimentando la narrativa de que México gasta demasiado en sus instituciones electorales. Pero mientras la presidenta exige austeridad para los árbitros de la democracia, su gobierno mantiene abierta una generosa llave de recursos públicos hacia el exterior, especialmente hacia el régimen cubano. Las cifras oficiales revelan una contradicción brutal: la misma administración que regatea cada peso al INE derrama miles de millones en petróleo subsidiado a Cuba sin exigir el mismo nivel de escrutinio.

Este análisis confronta ambas realidades con números verificables y fuentes oficiales. No hay especulación, solo datos duros que exponen una austeridad selectiva: implacable con las instituciones democráticas internas, generosa hasta la opacidad con aliados ideológicos externos.

El INE bajo la lupa: críticas sin contexto

Cuando Sheinbaum critica el presupuesto del INE, omite sistemáticamente mencionar qué compra ese dinero. El Instituto tiene un presupuesto anual que ronda los 40,000 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación¹. Con ese monto organiza todos los procesos electorales federales y locales del país, fiscaliza los recursos de partidos políticos, mantiene un padrón electoral confiable para más de 98 millones de ciudadanos y promueve la educación cívica.

Para dimensionar: el caso específico que se ha usado como munición política es la elección judicial de 2025. El INE solicitó inicialmente 13,000 millones de pesos, pero finalmente se le asignaron 6,219 millones para este proceso extraordinario². Esta cifra —que representa el costo de organizar una elección sin precedentes para renovar al Poder Judicial— ha sido presentada por críticos oficialistas como evidencia de un gasto excesivo.

Recordemos ese número: 6,219 millones de pesos para elegir jueces en 2025.

Ahora comparémoslo con lo que el mismo gobierno considera un gasto «razonable» cuando el destinatario es Cuba.

El petróleo de la «solidaridad»: miles de millones para Cuba

Mientras el INE es sometido a un escrutinio público despiadado, los envíos de hidrocarburos mexicanos a Cuba operan bajo un manto de eufemismos contables. Gasolinas Bienestar, subsidiaria de Pemex, reporta estas transferencias ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) como «exportaciones» a «tasas de mercado prevalecientes»³. La realidad, sin embargo, es que Cuba —en crisis económica profunda y bajo sanciones internacionales— carece de capacidad de pago. Analistas energéticos y políticos coinciden: estos envíos funcionan de facto como subsidios encubiertos⁴.

Las cifras oficiales son contundentes:

• Segundo semestre de 2023: 6,300 millones de pesos (≈380 millones de dólares)⁵
• Enero-septiembre de 2024: 9,300 millones de pesos⁶
• Año completo 2024: ~600 millones de dólares⁷
• Primer semestre de 2025: 5,300 millones de pesos⁸

Hagamos la comparación que el discurso oficial evita:

Solo en los primeros seis meses de 2025, México envió a Cuba petróleo por 5,300 millones de pesos. Eso equivale al 85% del costo total de organizar la elección judicial ese mismo año (6,219 mdp).

Dicho de otro modo: en medio año, el petróleo regalado a La Habana casi alcanza el presupuesto de un proceso electoral federal completo. Y nadie en Palacio Nacional califica esto como un «gasto excesivo».

El menú completo del gasto exterior: médicos cubanos y Centroamérica

El petróleo no es el único flujo de recursos hacia el exterior:

Médicos cubanos: El IMSS pagó 472.4 millones de pesos a la entidad cubana Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A., según reportó El Universal⁹. Estimaciones del mismo medio sugieren un gasto agregado cercano a los 2,000 millones de pesos por este concepto¹⁰.

Sembrando Vida en Centroamérica: Según la Fundación Prisma, citando datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México asignó 82 millones de dólares para implementar este programa en la región: 31 millones para El Salvador, 31 para Honduras y 20 para Guatemala¹¹.

Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum exige al INE «racionalizar» gastos que están constitucionalmente mandatados y sujetos a auditoría pública exhaustiva.

Dos pesos, dos medidas: democracia vs. geopolítica

La disparidad en el tratamiento del gasto público es flagrante:

El INE: transparencia absoluta, beneficio cuestionado

• Gasto constitucional con rendición de cuentas total
• Cada peso auditado, debatido en el Congreso, público y escrutado
• Beneficio: elecciones libres, legitimidad democrática, paz social postelectoral, ejercicio de derechos políticos
• Crítica oficial: implacable, constante, politizada

El apoyo a Cuba: opacidad contable, beneficio difuso

• Gasto extrapresupuestal camuflado como «exportaciones»
• Sin fiscalización ciudadana efectiva, sin debate legislativo, sin auditoría de recuperación
• Beneficio: «diplomacia solidaria», «alianzas estratégicas» (no cuantificables)
• Crítica oficial: inexistente

La pregunta central es devastadora: ¿Por qué un gasto que sostiene la democracia mexicana merece más escrutinio que uno que sostiene a un régimen extranjero?

El doble discurso desenmascarado

La retórica de austeridad del gobierno de Sheinbaum se desmorona ante los números. No es austeridad republicana lo que practica, sino austeridad selectiva: implacable con las instituciones democráticas autónomas, inexistente con los gastos de lealtad ideológica.

Esta selectividad revela una jerarquía de valores preocupante:

• 6,219 millones para que 98 millones de mexicanos elijan a sus jueces = «excesivo»
• 5,300 millones en seis meses para enviar petróleo a Cuba = «cooperación internacional»

El mensaje implícito es claro: la democracia mexicana debe apretarse el cinturón, pero Cuba puede contar con la generosidad de Pemex, aunque la paraestatal esté endeudada y el país requiera inversión en salud, educación e infraestructura.

Conclusión: ¿A quién sirve realmente esta «austeridad»?

Si el gobierno de Sheinbaum fuera consistente en su discurso de racionalización del gasto público, debería someter todos los flujos de recursos al mismo nivel de transparencia y justificación. Pero la realidad muestra lo contrario: mientras los costos de la democracia interna se ventilan, critican y reducen, los subsidios encubiertos a regímenes extranjeros fluyen sin contrapeso ni debate.

La verdadera pregunta no es si México puede costear instituciones electorales robustas —la respuesta es que debe hacerlo—. La pregunta es: ¿Puede México seguir costeando una política exterior opaca que drena recursos públicos sin rendición de cuentas ni beneficios tangibles para su población?

Los números están sobre la mesa. El doble rasero, también. Lo que falta es que la ciudadanía exija la misma transparencia para el petróleo que se envía a Cuba que para los votos que se cuentan en México.

Porque si hay que hablar de costos excesivos, quizá deberíamos empezar por aquellos que ni siquiera aparecen honestamente en el presupuesto.

Fuentes

¹ Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2024/pef_2024_abro.pdf

² Redacción (31 de mayo de 2025). La elección judicial, un desafío logístico sin precedentes para el INE. El País. https://elpais.com/mexico/2025-05-31/la-eleccion-judicial-un-desafio-logistico-sin-precedentes-para-el-ine.html

³ Petróleos Mexicanos (31 de marzo de 2025). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278225000018/ck0000932782-20250331.htm

⁴ Wainer, A. (2023, abril 12). El petróleo mexicano que sostiene a Cuba. Foreign Affairs Latinoamérica. https://revistafal.com/el-petroleo-mexicano-que-sostiene-a-cuba/

⁵ Godoy, E. (2 de mayo de 2024). Pemex Reveals $380 Million in Fuel Sales to Crisis-Wracked Cuba. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-02/pemex-reveals-380-million-in-fuel-sales-to-crisis-wracked-cuba

⁶ Petróleos Mexicanos (30 de septiembre de 2024). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278224000031/ck0000932782-20240930.htm

⁷ García, A. (6 de mayo de 2025). Mexico’s Pemex increased crude shipments to Cuba in 2024, filing shows. Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/mexicos-pemex-increased-crude-shipments-cuba-2024-filing-shows-2025-05-06

⁸ Petróleos Mexicanos (30 de junio de 2025). Reporte 6-K ante SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000093278225000025/ck0000932782-20250630.htm

⁹ Ponce, J. (8 de agosto de 2024). IMSS erogó 472 mdp por la contratación de médicos cubanos. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imss-erogo-472-mdp-por-la-contratacion-de-medicos-cubanos

¹⁰ Redacción (25 de septiembre de 2024). México paga 2 mil millones de pesos por médicos cubanos. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-paga-2-mil-millones-de-pesos-por-medicos-cubanos-el-monto-entregado-en-euros-y-pesos

¹¹ Fundación Prisma (enero 2025). Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2025/01/Sembrando-Vida-y-Jovenes-Construyendo-Futuro-en-CA.pdf

El 3 de enero de 2026, las fuerzas especiales de Estados Unidos convirtieron a Caracas en un escenario operativo. La detención y extracción de Nicolás Maduro, un jefe de Estado en ejercicio, es un hecho verificado por cables y cobertura en tiempo real de agencias internacionales, acompañado por el cierre del espacio aéreo del Caribe ordenado por la FAA. Pero este evento explosivo no emerge de un vacío. Es el dramático epílogo de dos décadas de una trama compleja, donde la ilegitimidad crónica de un régimen interno chocó con la ilegalidad oportunista de una potencia externa. El resultado no es un nuevo amanecer, sino una noche incierta, cuyos riesgos los pagarán, una vez más, los venezolanos y la frágil arquitectura del continente.

La implosión de un régimen: La ilegitimidad como proyecto de Estado

Para comprender el evento de enero de 2026, es imperativo desmontar el mito de que el chavismo fue derrotado únicamente por fuerzas externas. Su caída, en gran medida, fue un suicidio institucional. El análisis político, lejos de la retórica ideológica, nos muestra una trayectoria clara: desde 1999, Venezuela transitó de un sistema democrático defectuoso a un autoritarismo competitivo y, finalmente, bajo Maduro, a un autoritarismo hegemónico.

Los hechos son contundentes y trazables. El régimen no fue víctima de un «golpe blando» mediático, sino que sistemáticamente desmanteló los contrapesos. La Unión Europea dejó asentado oficialmente que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 «no fueron libres ni justas». La Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora, fue judicialmente anulada. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral dejaron de ser árbitros para convertirse en herramientas del partido oficial. Este proceso no fue secreto; está documentado por la UE, el Centro Carter y Human Rights Watch.

La ilegitimidad no fue solo política, sino también social y económica. El Estado, capturado por una élite cívico-militar, transformó la renta petrolera en un mecanismo de cooptación y castigo. Los datos del Fondo Monetario Internacional no dejan lugar a dudas: Venezuela experimentó la contracción económica más profunda de la historia moderna de América Latina, con una caída estimada entre el 75% y el 80% del PIB desde 2013, la más aguda para un país no en guerra. La hiperinflación pulverizó salarios y ahorros. La diáspora, que alcanza a casi 7.9 millones de personas según ACNUR (2024/25), es el testimonio humano más elocuente de este fracaso. El régimen de Maduro, por tanto, perdió su legitimidad de origen (por el fraude electoral) y de ejercicio (por la destrucción del bien común y la represión sistemática). Sobrevivió por el control coercitivo de las Fuerzas Armadas —cuya cúpula se integró profundamente a la gestión de industrias estratégicas y a redes de corrupción documentadas por la justicia estadounidense— y de cuerpos parapoliciales, no por el consentimiento de los gobernados.

El garrote imperial: La ilegalidad como política exterior

Sin embargo, la respuesta de la administración Trump a esta tragedia no ha sido la de restablecer la legalidad, sino la de imponer su propia ley del más fuerte. La operación del 3 de enero no es una intervención humanitaria; diversos gobiernos, el Secretario General de la ONU y expertos en derecho internacional la califican como una acción contraria al derecho internacional, específicamente al Artículo 2(4) de la Carta de la ONU. Y aquí el análisis debe ser igualmente frío y fundamentado en el derecho.

El presidente Trump anunció que EE.UU. «va a administrar» Venezuela. Esta declaración, un hecho confirmado, es de una crudeza imperial que no se veía en el hemisferio desde hace décadas. El derecho internacional ofrece caminos para actuar frente a crisis humanitarias o regímenes criminales: el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que autoriza al Consejo de Seguridad a tomar medidas, incluyendo el uso de la fuerza. A esta hora no existe resolución del CSNU autorizando la fuerza. La justificación de «autodefensa» (Artículo 51) no ha sido acreditada públicamente con pruebas. Lo que queda, entonces, es el ejercicio del poder puro.

La ilegalidad es doble. A nivel internacional, se quebranta la piedra angular del sistema. A nivel interno de EE.UU., la acción se ejecutó en medio de cuestionamientos bipartidistas sobre su base legal y el respeto a la War Powers Resolution, tal como reporta The Guardian y lo han expresado legisladores. Trump no solo capturó a Maduro; desafió los controles domésticos e internacionales. La ironía es amarga: para llevar ante la justicia a un autócrata acusado de delitos, se pisotean los procedimientos democráticos y el derecho internacional. La lección que queda para el mundo, y especialmente para potencias como Rusia y China, es nefasta: las reglas son para los débiles.

La tormenta perfecta: Consecuencias probables en el laberinto venezolano

La opinión de este análisis es que la acción de Trump, lejos de resolver la crisis venezolana, la ha multiplicado y transformado en una amenaza regional de primer orden. No se anticipa un camino hacia la estabilidad, sino una serie de escenarios de alto riesgo.

La prospectiva más probable, en el corto plazo, es la de una insurgencia híbrida. Las Fuerzas Armadas venezolanas, fracturadas y con mandos vinculados a economías ilícitas, no se rendirán en bloque. Facciones leales, unidas a los temibles «colectivos» —los grupos parapoliciales que actuaron como brazo armado del chavismo— tienen todos los incentivos para resistir. El territorio venezolano, con su geografía compleja y sus fronteras porosas, es ideal para una guerra de desgaste. El apoyo externo a esta resistencia podría llegar de manera encubierta, convirtiendo a Venezuela en un nuevo teatro de conflicto por poderes.

El impacto regional será inmediato. Migración: Un nuevo y masivo éxodo venezolano presionará a Colombia, Perú, Ecuador y Chile hasta el límite. Seguridad: El flujo de armas, combatientes y actividades criminales a través de las fronteras se disparará. Economía: La volatilidad en el precio del petróleo y el aumento del riesgo-país para toda la región ahuyentará inversiones. El mensaje de Washington a las petroleras para que «reordenen el sector», confirmado por reportes de Argus Media del 3 de enero, garantiza que la inestabilidad será prolongada, pues cualquier arreglo será visto como un botín de guerra y no como una solución nacional.

Una hoja de ruta para América Latina: Entre la no intervención y la no indiferencia

Frente a este panorama desolador, los gobiernos de América Latina no pueden caer en la trampa del falso dilema: aplaudir la acción de Trump o defender la legacía de Maduro. Existe un camino estrecho, difícil, pero imprescindible, basado en el derecho, la soberanía y el pragmatismo.

Primero, debe haber una condena unánime y clara a la violación de la soberanía venezolana. No para blanquear al régimen anterior, sino para defender el principio de no intervención, que es un escudo para todos los países de la región, grandes y pequeños. El silencio hoy es una licencia para la intervención mañana.

Segundo, y de manera urgente, los países latinoamericanos, con el apoyo de la Unión Europea y Canadá, deben formar un Grupo de Contacto de Alto Nivel de emergencia. Su mandato no sería administrar Venezuela, sino presionar a Washington para que transfiera inmediatamente la autoridad a un mecanismo multilateral provisional bajo auspicio de la ONU. Este mecanismo debería tener un objetivo único y acotado: garantizar la asistencia humanitaria masiva y crear las condiciones mínimas de seguridad para la celebración de elecciones libres en un plazo estricto, supervisadas por organismos internacionales de máxima credibilidad.

Tercero, se debe activar la Corte Penal Internacional de lleno. La justicia para los crímenes del chavismo no puede quedar en manos de un tribunal estadounidense motivado por intereses políticos. Debe ser un proceso imparcial e internacional. Esto le quitaría a Washington el monopolio de la narrativa de la justicia.

Finalmente, América Latina debe releer su historia. La Doctrina Estrada, el principio de no intervención y el derecho de asilo no son reliquias del pasado. Son las herramientas que los Estados medianos y pequeños tienen para sobrevivir en un mundo de gigantes. La respuesta al fracaso de un proyecto nacional-popular no puede ser la imposición de un proyecto neoimperial. La tarea de reconstruir la democracia en Venezuela es titánica y le corresponde, en primer lugar, a los venezolanos. El rol del continente debe ser el de crear un cordón sanitario: contener la crisis humanitaria, aislar a los actores violentos de todos los signos y garantizar que cualquier solución emerja de la voluntad popular y no del cañón de un fusil extranjero. De lo contrario, el 3 de enero de 2026 no será recordado como el fin de una dictadura, sino como el inicio de una nueva y más oscura época de inestabilidad hemisférica.

Anexo Metodológico:
Hechos: Basados en reportes de agencias del 3 de enero de 2026 (AP, Reuters, ABC News) confirmando la operación y declaración presidencial; informe de la UE sobre las elecciones de 2018 (EUR-Lex); datos de ACNUR sobre migración (2024/25) y estimaciones del FMI sobre contracción del PIB (Biblioteca del FMI, Serie WEO).
Análisis: Basado en teoría política (autoritarismo competitivo/hegemónico), derecho internacional (Carta de la ONU) y economía política.
Opinión: Juicio crítico sobre las consecuencias de las acciones de ambos gobiernos y las posibles respuestas regionales.
Prospectiva: Escenarios basados en el análisis estructural de actores y patrones históricos de conflictos asimétricos, explícitamente etiquetados como tal.

Mérida no es solo una ciudad; es, o era, la anomalía estadística de México. En un país asolado por la inseguridad y el colapso de los servicios públicos, la capital yucateca se mantenía como un oasis de orden, plusvalía y cohesión social. Sin embargo, nuestra investigación revela que este estatus no es una garantía, sino el blanco de una conspiración técnica y política de dos frentes.

El destino de Mérida parece estar siendo sellado en despachos privados, donde la ambición económica de los nuevos grupos de poder de MORENA se cruza con la claudicación —pactada o negligente— de la vieja guardia del PAN. El objetivo: convertir a Mérida en una capital más del «molde MORENA», donde la dependencia del subsidio estatal sustituya a la autonomía municipal.

I. El «Manual de la Capital Caída»: ¿Mérida tras los pasos de Chilpancingo o Colima?

El patrón es histórico y recurrente. Cuando MORENA asedia una capital estatal gobernada por la oposición, el primer paso es el estrangulamiento fiscal. Al bloquear la actualización de las tablas catastrales y los derechos de piso bajo el eslogan de «proteger al pobre», no se busca justicia distributiva, sino la insuficiencia operativa.

• La Trampa del Catastro: Al impedir que Mérida recaude lo justo en las zonas de lujo, los conspiradores aseguran que la ciudad entre en un déficit de mantenimiento. Una ciudad sucia y bacheada es más fácil de «vender» como un fracaso administrativo en las urnas de 2027.
• La Ironía de la Pobreza: Mientras los regidores de MORENA protegen el bolsillo del tianguista de un ajuste de pesos, el Gobierno del Estado (MORENA) aplica el rigor legal para retener el 50% del aguinaldo de sus trabajadores hasta enero. El mensaje es claro: la compasión es una herramienta de marketing, no una política de estado.

II. Los Conspiradores del Silencio: La Entrega de la Ciudad

La investigación apunta a que la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada está operando en un territorio minado por su propio bando. La «excepción yucateca» está siendo demolida desde adentro:

1. El Eje Vila-Cetina: ¿Una Gubernatura por una Jubilación?

Resulta estadísticamente inexplicable que Mauricio Vila Dosal, tras liderar sistemáticamente los rankings de aprobación nacional, entregara el estado a la oposición con tal facilidad. La inacción de Álvaro Cetina, actual presidente del PAN estatal y hombre de absoluta confianza de Vila, refuerza la tesis del pacto. Cetina, aunque activo en redes sociales defendiendo su postura personal como diputado, ha evitado deliberadamente organizar al panismo como un bloque de resistencia. El PAN estatal no es una oposición; es un espectador de lujo en el funeral de su propia hegemonía.

2. El Caballo de Troya Municipal: Brenda Ruz Durán

El PAN municipal, bajo la batuta de la maestra Brenda Ruz Durán, ha dejado de ser un órgano político para convertirse en una estructura gremial de docentes adeptos a su figura, pero distantes —cuando no indiferentes— a la alcaldesa. Este vacío de apoyo institucional deja a la munícipe sin el «ejército» necesario para contrarrestar las arengas de MORENA en las colonias.

III. El Sabotaje del «Fuego Amigo»

Dentro del propio Ayuntamiento, la traición se viste de obediencia. Nuestra investigación detectó un patrón de omisión sistemática en direcciones operativas clave. Cuando un servicio falla, los funcionarios han adoptado una respuesta coordinada para erosionar la figura de la alcaldesa: «Son órdenes de ella».

Este uso de la «obediencia debida» como excusa para la ineficiencia es, quizás, la forma más insidiosa de sabotaje. Al interiorizar la culpa en la figura de Patrón Laviada, los funcionarios protegen sus propias ambiciones políticas futuras, mientras le entregan a la maquinaria mediática de MORENA —financiada con generosos contratos de comunicación estatal— la narrativa perfecta de una «alcaldesa que no puede con el paquete».

IV. Análisis Profundo: La Ambición Económica Detrás del Caos

¿Por qué destruir la joya de la corona? La respuesta es el control de la plusvalía.

Mérida vive un boom inmobiliario sin precedentes. Controlar el catastro y las licencias de construcción no se trata de «ayudar a los pobres», sino de tener la llave de entrada y salida para los grandes desarrollos vinculados al «Renacimiento Maya».

Los conspiradores saben que una Mérida autónoma y fuerte es un contrapeso al poder centralizado del Gobernador Joaquín «Huacho» Díaz Mena. Para que el proyecto político de MORENA sea total, Mérida debe dejar de ser una ciudad de ciudadanos libres y pasar a ser una ciudad de clientes dependientes.

V. Conclusión: El Destino de la Excepción

Mérida no merece el destino de otras capitales mexicanas que han visto su tejido social desmoronarse tras ser convertidas en botines de guerra política. Sin embargo, la historia nos enseña que las mejores ciudades no caen por la fuerza de sus enemigos, sino por la claudicación de sus líderes y la ambición de quienes, debiendo protegerlas, prefirieron negociar las llaves de la ciudad.

La alcaldesa Cecilia Patrón libra hoy una batalla contra dos relojes: el de la asfixia financiera de MORENA y el de la traición interna de un PAN que parece haber olvidado cómo ser oposición. Si los ciudadanos no despiertan ante esta conspiración de «guante blanco», la Mérida que conocemos pronto será solo un recuerdo en las crónicas de lo que pudo haber sido.

COLUMNA FINAL: EL PRECIO DE LA TRAICIÓN

La caída de las grandes ciudades rara vez ocurre por una invasión externa; casi siempre es un trabajo interno de demolición. En Mérida, los «conspiradores» han entendido que para ganar en 2027, no necesitan convencer al ciudadano, sino vencer su resistencia mediante el cansancio.

• El Silencio Comprado: La inacción de la cúpula estatal del PAN y la irrelevancia del comité municipal no son accidentes. Son el resultado de un cálculo político donde Mérida es la moneda de cambio para mantener privilegios grupales.
• La Trampa del «Buen Gobierno»: MORENA utiliza el presupuesto estatal para comprar lealtades mediáticas y para financiar el acoso en los tianguis, mientras el Ayuntamiento se desangra financieramente.
• El Ciudadano como Víctima: Al final, el meridano que espera el bacheo o el policía que vigila su colonia son quienes pagan la factura de este «juego de tronos».

Mérida está en una encrucijada: o despierta ante el sabotaje de sus propios funcionarios y la indiferencia de sus aliados, o se resigna a ser una capital más en la lista de ciudades que perdieron su brillo bajo el peso de la ambición política.

Cada mañana, desde hace siete años, México despierta con un ritual político sin precedentes en su historia democrática. La conferencia matutina presidencial no es simplemente un ejercicio de comunicación gubernamental: es un dispositivo de poder que fabrica realidad, establece enemigos, define verdades y programa percepciones. Lo que ocurre en ese escenario no es información; es teatro político en su expresión más sofisticada.

Michel Foucault advirtió que el poder no solo reprime, también produce: produce discursos, verdades, expertos y silencios. La Cuarta Transformación ha llevado esta premisa a su máxima expresión operativa. No gobierna «a pesar» del discurso ni «además» del discurso. Gobierna «a través» del discurso, convirtiendo la palabra en el andamiaje central de su estructura de dominación.

La Maquinaria Narrativa: Anatomía de un Sistema

La eficacia de la 4T no radica en la calidad de sus políticas públicas ni en la solidez de sus instituciones. Radica en algo mucho más profundo y perturbador: ha logrado instalar una gramática emocional que ordena el sentido común de millones de personas. Esta gramática opera sobre tres pilares inseparables: un pasado oscuro (la corrupción sistémica del «neoliberalismo»), un presente heroico (el gobierno como guía moral del pueblo) y un futuro redentor (la promesa de una nación finalmente liberada).

Cuando un movimiento político logra colocar a la ciudadanía dentro de una narrativa heroica donde cada persona se siente protagonista de un proceso histórico fundacional, la política deja de ser racional para volverse identitaria. Las fallas administrativas, la violencia persistente, los servicios públicos deteriorados no degradan el relato; lo refuerzan al atribuirlos al «enemigo histórico». Esta operación semántica es de una sofisticación brutal: cualquier crisis no cuestiona al gobierno, cuestiona a quienes «sabotean la transformación».

El corazón de esta maquinaria es la mañanera. No es casual que se realice todos los días, a la misma hora, con cobertura masiva. Como bien explicaría Foucault, es un ritual de verdad: un espacio donde se define qué versiones de la realidad «existen» cada jornada. El presidente o la presidenta no informan; establecen el marco interpretativo del día, nombran a los enemigos, dirigen la atención nacional y descalifican las voces críticas antes de que estas articulen su crítica. Es un mecanismo de gobierno simbólico donde los hechos importan menos que su interpretación, y la interpretación importa menos que la autoridad moral de quien la pronuncia.

El Enemigo Funcional y la Polarización Como Estrategia

Ernesto Laclau demostró que toda narrativa populista eficaz necesita dividir el mundo en dos campos morales irreconciliables. La 4T ha perfeccionado este esquema con una etiqueta deliberadamente imprecisa pero devastadoramente efectiva: «los conservadores». Este término no designa una ideología específica ni un grupo definido. Es un significante vacío que permite agrupar bajo una misma categoría moral negativa a periodistas críticos, académicos, organismos autónomos, empresarios, opositores políticos y cualquier voz disidente.

La brillantez táctica de esta operación radica en su maleabilidad. «Los conservadores» pueden ser simultáneamente la élite rapaz que saqueó al país durante décadas y los intelectuales que cuestionan una obra pública. Pueden ser los políticos corruptos del pasado y los activistas que defienden el medio ambiente. La imprecisión no es un defecto; es la característica central que permite su uso universal como arma de deslegitimación.

Esta estrategia genera dos efectos simultáneos: construye unidad interna mediante un enemigo común y neutraliza la crítica al convertirla en sospecha moral. Cualquier cuestionamiento técnico, cualquier señalamiento de irregularidades, cualquier advertencia institucional puede ser reinterpretado como «ataque de los conservadores». La política se ha moralizado hasta convertirse en un campo de virtud y pecado donde no hay espacio para matices ni complejidades.

La Ingeniería Emocional: Agravio, Gratitud y Orgullo

Pero ninguna narrativa política sobrevive solo con enemigos. Necesita también combustible emocional positivo. La 4T ha construido una arquitectura afectiva de tres pisos: agravio, gratitud y orgullo.

El agravio histórico es la emoción primaria. Décadas de abandono, corrupción y desprecio a las mayorías populares se convierten en la deuda moral que el régimen actual promete saldar. Este agravio no es solo colectivo; se vuelve personal. «Antes nadie nos veía, ahora sí». Esta sensación de reconocimiento después de la invisibilización es extraordinariamente poderosa porque toca la dignidad individual de millones de personas.

La gratitud es el pegamento simbólico. Los programas sociales no se narran como políticas redistributivas técnicas sino como actos de justicia histórica. Cada entrega de apoyo es un ritual que refuerza el vínculo: el beneficiario recibe algo tangible, el gobierno se presenta como proveedor legítimo, la transacción genera deuda emocional. Esta deuda no se expresa en discursos; se expresa en lealtad electoral. La oposición, por contraste, no genera gratitud porque carece de actos de contacto, rituales, símbolos y presencia territorial continua.

El orgullo nacionalista completa el triángulo. La 4T ha rescatado símbolos históricos —Juárez, Cárdenas, Madero, los héroes de la Independencia— y ha asociado el proyecto actual con esos momentos fundacionales. El ciudadano que apoya la transformación no solo vota por un partido: se inscribe en una tradición heroica. Este orgullo cumple funciones políticas precisas: moviliza identidad, genera cohesión y convierte la política en épica.

Las Técnicas de Propaganda Adaptadas al Siglo XXI

La propaganda moderna no necesita censurar ni prohibir. Basta con inundar, emocionar, marcar enemigos y desviar la atención. La 4T opera con una combinación sofisticada de técnicas documentadas en estudios sobre persuasión masiva, adaptadas al contexto democrático y digital mexicano.

La centralización narrativa es total. Existe un centro semántico que organiza todo el ecosistema comunicativo: la mañanera es la sala de máquinas, las vocerías gubernamentales repiten el guion, los gobernadores afines lo replican en sus estados, las redes sociales lo amplifican en formatos más breves. Esta coherencia vertical es algo que la oposición fragmentada jamás ha logrado construir.

La repetición obsesiva convierte frases en verdades intuitivas. «Primero los pobres», «no somos iguales», «humanismo mexicano», «conservadores». No es casual que estas fórmulas aparezcan todos los días en múltiples plataformas. La repetición genera familiaridad, y la familiaridad se percibe como verdad.

La sobrecarga informativa neutraliza crisis. Cuando surgen escándalos o datos incómodos, el gobierno no esconde: ahoga. Inunda el espacio público con anuncios, giras, acusaciones contra opositores, cifras parciales, videos emotivos, nuevas disputas. Esto genera tres efectos devastadores: distrae, fragmenta la atención pública e imposibilita la acumulación narrativa de daño. Cada escándalo borra el anterior porque la ciudadanía recuerda emociones, no detalles.

El Desastre Narrativo de la Oposición

La oposición mexicana no ha perdido por falta de votos ni por ausencia de cuadros técnicos. Ha perdido por falta de relato. Ha competido con discurso técnico contra discurso emocional, con datos contra pertenencia, con crítica contra identidad, con reacción contra iniciativa.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no constituyen un bloque. No comparten proyecto común ni marco narrativo unificador. Cada quien tiene su propio léxico, sus propios agravios, sus propios públicos. En lugar de un «nosotros» coherente, existe una colcha de retazos. La 4T, en contraste, habla como un solo cuerpo semántico.

El PAN sigue hablando de instituciones, contrapesos, legalidad y Estado de derecho mientras la 4T habla de pueblo, justicia, derechos y transformación. Es una batalla de códigos simbólicos desiguales. El PAN presenta argumentos; la 4T presenta historias. Y en política contemporánea, las historias siempre ganan.

El PRI nunca logró explicar su cambio. Pasó de ser «el partido de la estabilidad» a convertirse en «el partido del pasado». La 4T lo transformó en villano funcional, en la explicación moral del pasado negativo. Contra esa fuerza simbólica, la respuesta priista ha sido tecnocrática, dispersa o defensiva.

Movimiento Ciudadano domina las redes y el marketing político, pero carece de identidad clara frente a la 4T. Se percibe ambiguo, sin articulación nacional, fuerte en urbes pero débil en periferias. Es estética sin marco, forma sin fondo.

El PRD, otrora motor del progresismo mexicano, perdió su registro nacional en 2024. Su desaparición electoral es el símbolo más contundente de lo que ocurre cuando un partido pierde su narrativa y no logra distinguirse del proyecto que ocupó su espacio histórico. Fue absorbido por la misma fuerza que nació de sus entrañas.

El hallazgo fundamental es simple pero devastador: la oposición intenta convencer, la 4T intenta emocionar. Este desfase explica toda la derrota. La batalla no es de información, es de significado. Y el significado se construye con emoción organizada, no con datos técnicos.

La Desinformación Como Arma de Combate Simbólico

El ecosistema político mexicano está saturado de información falsa, manipulada o sacada de contexto. La desinformación no es accidente ni anomalía: es forma de combate. Sus funciones son confundir, cansar, polarizar, neutralizar el pensamiento crítico y saturar el espacio público.

Imágenes manipuladas digitalmente inventan símbolos. Videos recortados eliminan contexto y convierten un segundo de ironía en «confesión». Estadísticas reales se presentan sin periodo temporal, sin comparativo histórico, sin dimensión porcentual, produciendo interpretaciones engañosas aunque el dato base sea correcto. Un dato cierto puede convertirse en engaño si se omite el marco.

Cuentas falsas suplantan figuras mediáticas para publicar mensajes incendiarios. Errores administrativos aislados se presentan como prueba de conspiración sistémica. La desinformación circula más rápido que las correcciones porque apela a emoción, no a razón. Un mensaje falso que confirma prejuicios es más aceptado que un mensaje verdadero que los cuestiona.

Las Fisuras del Relato y el Horizonte Posible

El relato de la 4T, sin embargo, no es invulnerable. Tiene fisuras reales y aprovechables: el deterioro institucional visible, los problemas persistentes en servicios públicos, la inseguridad que no disminuye pese al discurso, el agotamiento emocional en clases medias, las contradicciones entre discurso moral y resultados tangibles, el desgaste por promesas incumplidas.

Cada fisura es un punto de entrada para una contra-narrativa. Pero solo si se construye con método, emoción y presencia territorial. La oposición necesita entender que no puede competir con un marco que ha instalado palabras como «transformación», «pueblo», «soberanía» y «humanismo» usando lenguaje de «procedimientos», «instituciones» o «tecnicismos legales».

La alternativa no puede ser anti-4T. La negación no moviliza. Tampoco puede ser nostalgia del pasado: nadie quiere regresar a lo anterior. No puede ser mera técnica: los números no emocionan. No puede ser un grito moral: la indignación sola no construye. Debe ser post-4T: una narrativa que reconozca aciertos donde existan, señale fallas con evidencia y empatía, ofrezca una visión de futuro más ambiciosa y conecte emocionalmente con aspiraciones ciudadanas.

Reflexión Final: El Significado Como Campo de Batalla

Este análisis no toma partido. No juzga moralmente. No recomienda votar por nadie. Su propósito es comprender cómo funciona el poder narrativo en el México contemporáneo. Ofrece herramientas analíticas para quien necesite operar en este campo, sea desde el gobierno, la oposición, el análisis académico o la ciudadanía crítica.

La narrativa política no es mentira ni verdad: es significado organizado. Y en democracia, el significado se disputa con métodos, no con magia. La 4T construyó su narrativa durante 18 años antes de llegar al poder. Una alternativa competitiva requiere tiempo, método y disciplina equivalentes.

Quien controla el marco semántico obliga al adversario a responder dentro de ese marco. Y quien responde dentro del marco del adversario ya perdió. Esta es la lección que la oposición mexicana aún no aprende. Mientras siga debatiendo «temas» sin entender que está debatiendo el marco mismo del discurso, seguirá compitiendo en un terreno donde las reglas las define su adversario.

La mañanera no es un capricho autoritario ni un exceso comunicativo. Es la manifestación más visible de una verdad incómoda: en la política del siglo XXI, quien controla la plataforma diaria del discurso controla la agenda pública, las prioridades nacionales, la jerarquía moral de los hechos y el prestigio o deslegitimación de los actores políticos.

El poder ya no se ejerce principalmente desde la norma, la fuerza o el presupuesto. Se ejerce desde el lenguaje, desde los significados que gobiernan lo posible y lo imposible. México vive bajo un régimen que ha comprendido esto con claridad absoluta. La pregunta no es si este modelo es bueno o malo. La pregunta es: ¿qué hacemos quienes entendemos cómo funciona?

La respuesta requiere honestidad brutal: construir una narrativa alternativa con la misma sofisticación, la misma coherencia y la misma capacidad de resonancia emocional. O resignarse a ser espectadores de un teatro donde nunca entenderemos el guion.

El México que emerge en este julio de 2025 es fundamentalmente distinto al que conocíamos hace siete años. La transformación política iniciada en octubre de 2018 ha configurado una nueva arquitectura institucional cuyas implicaciones apenas comenzamos a comprender.

El Ocaso de una Oposición Fragmentada

La desaparición del Partido de la Revolución Democrática tras las elecciones de 2024 representa más que la pérdida de un registro partidario: simboliza el fin de una era en la política mexicana. El PRD, cofundador de la izquierda moderna nacional y heredero de tradiciones socialdemócratas, llevó consigo al sepulcro una parte significativa de la memoria política del país.

Esta pérdida ha dejado al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y a Movimiento Ciudadano enfrentados a una realidad incómoda: su capacidad de articular una alternativa coherente se ha visto seriamente comprometida. La coalición ‘Va por México’, que en su momento representó un intento de reagrupamiento opositor, ha quedado huérfana de uno de sus componentes ideológicos más definidos.

La Captura del Poder Judicial

Quizás el momento más definitorio de este período haya sido la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025. La elección de una mayoría de ministros afines al gobierno representa un parteaguas en la historia judicial mexicana, comparable en sus implicaciones a los grandes reordenamientos constitucionales del pasado.

Las denuncias de irregularidades —incluyendo manipulación electoral, uso indebido de recursos públicos y presiones sobre magistrados— han sido documentadas por figuras como la exmagistrada presidenta Janeth Gutiérrez y organizaciones como Justicia Abierta y México Evalúa. La resonancia internacional, reflejada en medios como The Economist y El País, ha colocado a México en el radar de la preocupación democrática global.

Polarización Institucionalizada

La polarización ha dejado de ser un fenómeno discursivo para convertirse en una fractura estructural. Múltiples actores políticos, sociales y judiciales operan desde trincheras irreconciliables, erosionando la posibilidad de consensos mínimos indispensables para el funcionamiento democrático. La confianza en la neutralidad de las instituciones, particularmente la SCJN, se ha debilitado gravemente.

El Dilema de la Democracia Formal

México mantiene las formas externas de una democracia —elecciones, partidos, instituciones— pero ha vaciado de contenido sus mecanismos de equilibrio. Esta condición plantea preguntas de fondo: ¿cómo restaurar el equilibrio sin una oposición articulada y sin instituciones verdaderamente independientes?

La Urgencia de la Vigilancia Ciudadana

Ante este panorama, la sociedad civil, el periodismo crítico y la observación internacional adquieren un papel central. La pluralidad democrática solo sobrevivirá si existen espacios donde la crítica y el disenso sean posibles y protegidos.

Reflexiones para el Futuro

La gran pregunta que se abre es cómo responderán la oposición política, la sociedad civil organizada y la ciudadanía ante este nuevo equilibrio de poder. La restauración de la legitimidad del sistema exigirá no solo reformas normativas, sino una transformación cultural profunda. La vida democrática mexicana está en una encrucijada. La historia nos observa.

El primero de junio de 2025, en el corazón del Instituto Nacional Electoral —la herradura del Consejo General— ocurrió un hecho que no hizo ruido, pero que dejó eco: la presencia visible de militares, uniformados, sentados detrás de la presidencia del INE durante la jornada en que se vigilaba la inédita elección popular del Poder Judicial. No hablaron. No se movieron. No intervinieron. Pero estuvieron. Y su sola presencia reconfiguró el espacio: el poder civil fue atravesado, simbólicamente, por el poder militar.

La forma es fondo: el poder detrás del gesto

En política, la forma no acompaña al fondo: lo constituye. La entrada de soldados al recinto de deliberación electoral no quebró norma escrita alguna, pero quebró un principio inquebrantable de las democracias constitucionales: la subordinación del poder militar al poder civil. En una república moderna, esa subordinación no solo debe ser legal; debe ser visible, ritual, incontrovertible.

En un país marcado por un pasado autoritario, el uniforme verde en un espacio civil como el INE no es ni puede ser neutral. Es una ostentación pasiva de poder, una tutoría muda, un mensaje visual con consecuencias institucionales profundas.

¿Error, cálculo o estrategia?

¿Fue esta presencia militar una decisión premeditada para marcar territorio? ¿Un gesto calculado para mostrar vigilancia o control? ¿O fue simplemente una torpeza, una concesión protocolaria banalizada por una burocracia que ha dejado de distinguir los símbolos de la democracia?

Lo más inquietante es que la ambigüedad se vuelve funcional: en cualquier escenario, el resultado es el mismo. La figura militar ha sido normalizada como presencia tolerable en un espacio diseñado para la deliberación civil. El oficialismo busca degradar el hecho a “anécdota técnica”, pero lo que ocurrió fue, sin exageración, una intrusión simbólica en la soberanía electoral del país.

El silencio que habilita

Que algunos consejeros hayan declarado no haber sido consultados, y otros simplemente hayan callado, demuestra la desactivación del reflejo democrático de defensa institucional. Si el árbitro no salta, el poder se acomoda. Lo simbólico también necesita vigilancia, y esta vez, el ensayo de intrusión no fue repelido.

¿Fallaron los protocolos? ¿Se impuso la voluntad de la presidencia del INE sin deliberación colegiada? ¿Hubo presiones externas? La opacidad en estas preguntas sugiere una complicidad estructural por omisión. El poder militar no entra si el poder civil no deja la puerta entreabierta.

Resistencias posibles: de la memoria a la acción

Ante esta deriva, urge la reactivación del músculo cívico y la imaginación democrática. La resistencia no necesita ser ruidosa para ser efectiva. Pueden exigirse protocolos que impidan la presencia militar en recintos civiles; organizar protestas simbólicas que devuelvan la centralidad a la ciudadanía; o promover campañas pedagógicas que expliquen, con claridad, por qué la democracia requiere símbolos civiles intransigentes.

Una consigna sencilla puede empezar a reconstruir el muro simbólico: En el INE no se permiten uniformes. Tan básica como poderosa.

Comparaciones necesarias

Este episodio no es único ni aislado. En democracias formales como Turquía, Egipto o Brasil, la militarización comenzó con gestos simbólicos normalizados, legitimados por la narrativa oficial como necesarios o inocuos. La historia muestra que esos primeros gestos allanaron el camino a una tutela militar prolongada sobre instituciones civiles.

México aún está a tiempo de evitar ese desenlace. Pero la olla ya no está tibia: está al borde de la ebullición.

Epílogo: entre el aplauso y la rendición

Las democracias no mueren con estrépito, sino con reverencias. Y no siempre caen con bayonetas. A veces, basta con un uniforme sentado detrás de la presidencia del árbitro electoral. Un uniforme que no dice nada, pero lo dice todo.

La verdadera pregunta no es si los militares deben custodiar boletas. Es si deben estar presentes en la deliberación de quienes organizan y supervisan la voluntad soberana del pueblo. La respuesta es, y debe seguir siendo, no.

La escena ya ocurrió. El precedente ya fue plantado. Solo queda decidir si lo aceptamos como normal o si, por una vez, saltamos de la olla antes de que sea demasiado tarde.