La frase de Sheinbaum sobre los bloqueos agrícolas expone una paradoja: Morena nació politizando conflictos sociales, pero hoy descalifica a quienes hacen lo mismo
A finales de octubre, tractores cerraron carreteras en al menos 20 estados del país. Los productores de maíz del Bajío y Sinaloa exigían 7,200 pesos por tonelada. El gobierno ofrecía 6,050. Tras dos días de tensión, la Secretaría de Agricultura anunció un acuerdo: 950 pesos de apoyo directo por tonelada, créditos con tasas reducidas y seguros agropecuarios para pequeños productores.
Pero no todos levantaron los bloqueos. Y ahí surgió la frase que merece análisis.
«También hay otros intereses, no tan legítimos, en estos cierres de carreteras», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de octubre, según publicó La Jornada. La declaración trazó una línea: de un lado, demandas legítimas; del otro, intereses políticos que contaminan la protesta.
El problema es que Morena nació haciendo exactamente eso: politizar conflictos sociales.
La contradicción en el espejo
Antes de ser partido, Morena fue movimiento. Plantones, marchas, asambleas. El plantón de 2006 en Reforma. Las brigadas territoriales. El «voto por voto». Andrés Manuel López Obrador construyó su liderazgo convirtiendo el malestar ciudadano en agenda política. Claudia Sheinbaum se formó en esa tradición: activismo estudiantil, carrera académica, gestión pública siempre cercana a causas sociales.
Esa politización del descontento fue la herramienta. Sin ella, difícilmente Morena habría llegado al poder en 2018.
Lo que ayer fue virtud —transformar problemas sociales en batallas políticas— hoy se vuelve sospechoso cuando lo hacen otros. La politización no es el problema; el problema es quién politiza. Cuando lo hace el gobierno, es legítimo. Cuando lo hacen los agricultores, se convierte en maniobra turbia.
Más que semántica: una operación de poder
La frase presidencial no entra al fondo de las demandas. No discute si 7,200 pesos por tonelada es justo o si los 950 pesos de apoyo más créditos y seguros son suficientes. En cambio, debilita al mensajero sugiriendo que sus motivos no son puros.
Esta operación tiene nombre en la teoría política. Michel Foucault explicó que el poder no solo reprime: produce «verdad». Cuando el gobierno clasifica una protesta como «no tan legítima», no está describiendo la realidad; está construyéndola. Define quién merece ser escuchado y quién no.
Hannah Arendt enseñó que lo político es el espacio donde los distintos disputan sentidos comunes. Chantal Mouffe sostiene que la democracia requiere adversarios que batallan dentro de reglas compartidas. Antonio Gramsci mostró que la sociedad es un terreno de hegemonía donde proyectos compiten por volverse sentido común.
En todas estas lecturas, politizar no degrada: es el procedimiento normal de la democracia.
Los números detrás del conflicto
La brecha es real. Los agricultores pedían 7,200 pesos; el gobierno ofreció 6,050, argumentando que supera el precio internacional de referencia. El acuerdo incluyó 950 pesos de apoyo complementario (800 federales y 150 estatales), dirigido a unos 90,000 productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, con tope de 200 toneladas por productor. También se anunció la creación de un Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz.
Esto no es un «nuevo precio de garantía» nacional, como algunos medios inicialmente reportaron. Es un apoyo focalizado. La diferencia importa.
El desacuerdo tiene gramática de política pública: costos de producción, estacionalidad, márgenes de intermediación, impactos presupuestales, elasticidades, aranceles. Es política, no moral. Los bloqueos tienen costos —congestión, pérdidas, interrupción del abasto— y el Estado debe proteger los derechos de terceros. Pero esa es una discusión distinta a invalidar la demanda por ser «política».
Del movimiento al poder (y contra el movimiento)
El giro es histórico. Morena se forjó agregando demandas dispersas bajo un significante amplio: «el pueblo», «la regeneración». En esos años, politizar era la estrategia: convertir malestares particulares en proyecto nacional. Hoy, en el poder, esa misma lógica se invierte. Ya no se suman demandas; se expulsan cuando provienen de terceros.
No es anomalía mexicana. Las izquierdas en gobierno suelen tensarse con sus tradiciones de protesta. Pero aquí resulta más problemático porque el capital simbólico de Morena proviene precisamente de la politización del conflicto. Desautorizarla en manos ajenas instala una doble vara.
Sin el plantón de 2006, sin las marchas de 2012, sin la pedagogía territorial, difícilmente habría coalición social que llevara a Morena a la presidencia. Esa protesta pidió reconocimiento, no deslegitimación. La frase de 2025 contradice esa memoria: lo que entonces se exigió para el propio movimiento hoy se regatea a otros.
La falacia funcional
Separar «lo político» de «lo legítimo» es una falacia funcional. En democracia, la legitimidad nace de admitir que los intereses en juego son políticos y deben dirimirse con información, reglas y representación. Llamar «no tan legítimos» ciertos cierres no vuelve ilícita la pretensión; simplemente evita el debate de fondo.
Pierre Bourdieu explicó que quien nombra el mundo social impone clasificaciones y jerarquías. Si el gobierno se reserva la potestad de definir qué demandas son «legítimas» y cuáles «políticas», centraliza la validación simbólica y estrecha el perímetro de lo decible. La deslegitimación opera como tecnología de gobierno: neutraliza sin negociar.
El resultado práctico: el gobierno se queda con la exclusividad de la politicidad aceptable. Al resto se le exige una imposible pureza apolítica.
Tres claves para entender la trampa
Primero: la política no es ilegítima. Declarar «no tan legítimos» ciertos cierres por sus «intereses» no vuelve impropia la protesta. La reconoce por lo que es: una intervención en la distribución de poder y recursos.
Segundo: la separación entre «político» y «legítimo» es estrategia de control. Si solo se validan reclamos «despolitizados», el gobierno se arroga la curaduría discrecional de la agenda. Es una forma de concentrar autoridad simbólica en el Ejecutivo.
Tercero: deslegitimar sirve para justificar inacción o coerción. En vez de entrar al detalle —estructuras de costos, márgenes de intermediación, impactos fiscales—, la etiqueta de «intereses no tan legítimos» abarata decisiones duras: ignorar, posponer o reprimir. Esta es la perversidad: convertir un comodín moral en coartada para eludir la deliberación.
Gobernar con pluralidad o controlar con etiquetas
El gobierno no está obligado a concederlo todo. Pero sí a reconocer que todas las demandas sociales son, por naturaleza, políticas. Que la politización no es marca de infamia, sino condición de ciudadanía. Que deslegitimar al otro bajo el rótulo de «intereses no tan legítimos» empobrece la democracia y entorpece la gobernabilidad.
Si el apoyo de 950 pesos por tonelada, los créditos y los seguros no satisfacen a todos —y rara vez lo harán—, el camino es abrir mecanismos de interlocución verificables, transparentar criterios técnicos, publicar datos de costos e impacto fiscal, institucionalizar mesas con representación territorial y sectorial plural.
Las mejores políticas de desarrollo rural se construyen con los actores, no contra ellos.
La invitación final
Deslegitimar adversarios puede reducir costos políticos en el corto plazo, pero erosiona el capital democrático que el propio movimiento en el poder dice custodiar. Gobernar con visión plural exige más trabajo —datos, negociación, escucha—, pero fortalece la autoridad por convicción, no por exclusión.
Política y legitimidad no son antónimos. Si México quiere un campo con futuro, necesita más política —y mejor política—, no menos. Y un poder que recuerde que la politización del conflicto fue su cuna, no su enemigo.
Fuentes consultadas:
- La Jornada, 31 de octubre de 2025
- El País, 29 de octubre de 2025
- Versión estenográfica, Presidencia de la República, 29 de octubre de 2025
- La Jornada, 30 de octubre de 2025