MÉXICO DURANTE LOS SIGLOS XX Y XXI
Resumen
Este ensayo examina la corrupción en México como fenómeno político, institucional, histórico y cultural que atraviesa los siglos XX y XXI. Partiendo de una conceptualización teórica rigurosa, que distingue la corrupción de nociones vecinas como patrimonialismo, clientelismo, captura del Estado e impunidad, el trabajo argumenta que la corrupción en México no ha constituido una anomalía episódica ni una mera suma de actos individuales inmorales, sino una forma estable de articulación entre poder, institución, norma y beneficio privado. A través del análisis del régimen posrevolucionario, del partido hegemónico, de la tecnocratización neoliberal, de la alternancia política y de los gobiernos del siglo XXI, el ensayo reconstruye las metamorfosis históricas del fenómeno: sus modos de operar, sus vínculos con la gobernabilidad, su papel en la integración de élites y su resistencia estructural al cambio. Se desarrolla asimismo una tesis cultural que, sin incurrir en determinismo antropológico ni en esencialismo, muestra cómo ciertas prácticas corruptas se han naturalizado, tolerado o reproducido en amplios sectores de la sociedad mexicana, configurando un entorno que el poder político ha sabido administrar en su beneficio. El ensayo estudia luego los mecanismos visibles y sutiles que sostienen la impunidad —desde la opacidad burocrática y la fragmentación de responsabilidades hasta el cinismo cívico y la resignación moral— y concluye con un juicio estructural sobre las consecuencias de largo plazo del fenómeno y sobre los obstáculos profundos que enfrenta cualquier proyecto de desmantelarlo.
Palabras clave: corrupción, patrimonialismo, clientelismo, captura del Estado, impunidad, cultura política, México, siglo XX, siglo XXI, régimen político
El Estado Capturado: Corrupción, Poder e Informalidad
en México durante los Siglos XX y XXI
Introducción
Existe una forma peculiar de ceguera política que consiste en ver la corrupción exclusivamente en los demás: en los funcionarios venales, en los gobernadores saqueadores, en los partidos corruptos; y nunca en las estructuras que los producen, ni en las prácticas cotidianas que los reproducen, ni en la sociedad que a veces los tolera, los alimenta o los imita a escala menor. Ese déficit de mirada ha sido uno de los obstáculos más persistentes para comprender el fenómeno y, eventualmente, para confrontarlo con seriedad. El presente ensayo parte de la premisa opuesta: que la corrupción en México es un fenómeno político, histórico, institucional y cultural de largo aliento, que no puede reducirse a la suma de actos individuales reprochables ni a la maldad de élites específicas, y que para entenderlo es necesario analizar conjuntamente las estructuras que lo producen, los incentivos que lo sostienen, las instituciones que lo toleran y las prácticas sociales que, en distintos registros, lo reproducen.
El problema no carece de dimensión teórica. Una de las dificultades centrales para el análisis de la corrupción es precisamente su polisemia: el concepto cubre fenómenos tan distintos como el soborno pagado a un agente de tránsito, el desvío de fondos públicos hacia cuentas privadas, la colusión entre funcionarios y contratistas, la compra de votos, la captura regulatoria por grupos de interés o la subordinación del sistema de justicia a intereses políticos. Esta amplitud semántica no es casual: responde a que la corrupción opera en varios planos simultáneos —individual, organizacional, institucional, cultural— y a que sus manifestaciones varían según el tipo de régimen, el momento histórico y la escala de los actores involucrados. Construir un concepto analíticamente operativo, capaz de capturar esa complejidad sin perder precisión, es la primera tarea de este trabajo.
La segunda tarea es histórica. México ofrece uno de los casos más ricos y complejos para el estudio de la corrupción política en América Latina. No porque sus prácticas corruptas sean cualitativamente únicas —el fenómeno tiene paralelos en otras latitudes— sino porque la historia mexicana del siglo XX produjo un régimen que integró la corrupción de manera sistémica en sus mecanismos de gobernabilidad, reproducción de élites y control social. Comprender ese proceso —su origen posrevolucionario, su institucionalización bajo el partido hegemónico, su metamorfosis durante la transición democrática y su persistencia en el siglo XXI— es indispensable para entender qué clase de problema enfrentamos y por qué resiste con tanta eficacia los intentos de desmantelarlo.
La tercera tarea, más delicada, es cultural. Un análisis que culpe únicamente a las élites políticas sería parcial e intelectualmente deshonesto. Hay evidencia suficiente de que prácticas corruptas —en escala diversa, con distintos grados de conciencia y de compulsión— están normalizadas en amplios segmentos de la sociedad mexicana. Señalarlo no equivale a culpar al pueblo de su propio sometimiento, ni a absolver al Estado de su responsabilidad histórica. Significa reconocer que la corrupción, cuando alcanza cierto nivel de extensión, genera un entorno donde la participación o la tolerancia social se vuelven racionales en términos de supervivencia, adaptación o ventaja comparativa, y que ese entorno a su vez hace más difícil construir los contrapesos que podrían contenerla. El poder político, como se argumentará, no ignora esta dinámica: la administra.
El ensayo se organiza en torno a estas tres dimensiones. Comienza con la construcción del concepto de corrupción y su distinción de nociones afines. Continúa con la reconstrucción histórica del fenómeno en México, desde el régimen posrevolucionario hasta los gobiernos del siglo XXI. Analiza luego la dimensión cultural e institucional de su reproducción. Estudia los mecanismos visibles y sutiles que garantizan la impunidad. Y concluye con un juicio estructural sobre las consecuencias del fenómeno y sobre las condiciones de posibilidad de cualquier transformación genuina.
La Corrupción Como Concepto: Más Allá de la Desviación Individual
Definir la corrupción es más difícil de lo que parece. La definición más extendida en la literatura de ciencia política y economía institucional —uso del cargo público para beneficio privado— tiene el mérito de la claridad, pero el defecto de la estrechez (Rose-Ackerman, 1999; Klitgaard, 1988). Captura bien el cohecho, el desvío de recursos y el tráfico de influencias, pero deja fuera fenómenos que son igualmente corruptos en un sentido político más profundo: la captura regulatoria que beneficia a grupos privados sin pago explícito de sobornos; la colonización partidista de instituciones del Estado; la designación de cargos por lealtad política en lugar de competencia, cuando esa designación implica el sometimiento de la función pública al servicio faccionario; o la impunidad estructural que permite que crímenes de cuello blanco queden sin sanción porque sus autores forman parte de redes de protección política.
Una conceptualización más robusta requiere, en primer lugar, distinguir la corrupción de fenómenos con los que frecuentemente se confunde. El patrimonialismo, en el sentido weberiano, designa un tipo de dominación en el que el gobernante trata los bienes y recursos del Estado como extensión de su patrimonio personal, y en el que las relaciones políticas se organizan como relaciones personales de lealtad y dependencia (Weber, 1922/1997). El patrimonialismo no es idéntico a la corrupción, aunque la contiene: describe una lógica de poder en la que la distinción entre lo público y lo privado es estructuralmente borrosa, no sólo accidentalmente transgredida. El clientelismo, por su parte, es una forma de intercambio político en la que recursos, favores o protecciones se distribuyen a cambio de apoyo político o lealtad electoral (Scott, 1972). El clientelismo tampoco es idéntico a la corrupción, pero en sistemas donde los recursos públicos son el insumo principal del intercambio clientelar, ambos fenómenos se solapan de manera funcional. La distinción importa porque permite ver que no toda corrupción es clientelismo —hay corrupción que beneficia sólo a las élites sin retribución popular— y que no todo clientelismo es estrictamente ilegal, aunque usualmente implica un uso privado de bienes que deberían distribuirse según criterios de universalidad.
La impunidad, a su vez, no es corrupción sino su condición de posibilidad y su consecuencia más importante. Un sistema de impunidad estructural —en el que los actos corruptos raramente son investigados, los investigados raramente son procesados, y los procesados raramente son sancionados de manera proporcional— no es un accidente del sistema legal: es el resultado de arreglos institucionales, políticos y culturales que protegen a los actores corruptos de las consecuencias de sus actos (O’Donnell, 1999). Analizar la corrupción sin analizar la impunidad es como estudiar la enfermedad sin estudiar las condiciones que permiten que el organismo no la combata.
La captura del Estado es un concepto desarrollado originalmente por Hellman et al. (2000) para describir la capacidad de actores privados de moldear las reglas formales del juego —leyes, regulaciones, decretos— en su propio beneficio, mediante pagos u otras formas de influencia sobre funcionarios, legisladores o jueces. A diferencia del soborno transaccional, que obtiene una decisión puntual, la captura del Estado busca cambiar las reglas generales para que el entorno regulatorio favorezca sistemáticamente a quien captura. Esta distinción tiene consecuencias analíticas importantes: mientras el soborno es un abuso dentro de las reglas, la captura es un abuso de las reglas mismas. En México, ambas formas han coexistido y se han reforzado mutuamente.
Partiendo de estas distinciones, propongo entender la corrupción como el conjunto de prácticas mediante las cuales agentes con acceso a recursos, decisiones o funciones de carácter público —o cuasi-público— desvían ese acceso hacia fines privados, facciosos o de grupo, violando o eludiendo las normas formales o los principios de imparcialidad que deberían regir el ejercicio de ese acceso, y haciéndolo mediante intercambios ocultos, relaciones de lealtad selectiva, o la instrumentalización del poder para proteger la impunidad propia y la de sus redes. Esta definición tiene varias virtudes: incluye tanto la corrupción transaccional como la captura institucional; distingue entre corrupción de pequeña escala —burocrática o cotidiana— y corrupción política de gran escala; permite ver la corrupción como sistema y no sólo como acto; e incorpora la dimensión de impunidad como parte constitutiva del fenómeno, no como mero añadido.
Desde el punto de vista teórico, la literatura ha oscilado entre varios marcos explicativos. La teoría del principal-agente (Klitgaard, 1988; Rose-Ackerman, 1999) entiende la corrupción como problema de incentivos: los agentes del Estado tienen discrecionalidad y pueden ejercerla en beneficio propio si los mecanismos de supervisión son débiles y si el beneficio esperado supera el costo esperado del descubrimiento. Este marco es útil para pensar diseños institucionales de control, pero subestima la dimensión colectiva del fenómeno: cuando la corrupción no es la excepción sino la norma, el problema deja de ser de supervisión individual y se convierte en un problema de acción colectiva (Johnston, 2005). La teoría de la acción colectiva (Olson, 1965; Ostrom, 1990), aplicada a la corrupción, señala que cuando todos los actores corruptos se protegen mutuamente, el costo de salirse del sistema es más alto que el de permanecer en él: la honestidad se vuelve estratégicamente irracional en entornos de corrupción generalizada. North (1990) agrega una dimensión institucional fundamental: las instituciones —formales e informales— definen los incentivos de los actores, y cuando las instituciones informales de corrupción son más fuertes que las formales de rendición de cuentas, el sistema se reproduce de manera endógena.
Acemoglu y Robinson (2012) contribuyen con la distinción entre instituciones extractivas e inclusivas: las primeras concentran el poder y la riqueza en manos de élites, mientras las segundas distribuyen derechos y oportunidades de manera más amplia. La corrupción política sistemática es, en esta lectura, un síntoma de institucionalidad extractiva, no una distorsión de institucionalidad inclusiva. Bourdieu (1980) añade la dimensión simbólica: las prácticas corruptas no se mantienen sólo por incentivos materiales sino también por habitus instituidos —disposiciones incorporadas que hacen que ciertos intercambios informales parezcan naturales, normales, incluso obligatorios en ciertos campos sociales. Esta perspectiva es fundamental para entender la dimensión cultural del fenómeno, que se desarrollará más adelante.
La Corrupción Como Estructura: El Régimen Posrevolucionario y la Institucionalización del Intercambio Informal
Para entender la corrupción en México hay que comenzar por el principio institucional: la construcción del Estado posrevolucionario. Tras la guerra civil de 1910-1920 y la consolidación del régimen callista, México construyó un sistema político singular: un Estado fuerte en términos de capacidad de coerción y de integración de actores, pero débil en términos de Estado de derecho, autonomía institucional e imparcialidad. La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 —que se transformaría en Partido Revolucionario Institucional en 1946— fue el dispositivo central de esa construcción. El PRI no fue un partido político en el sentido liberal del término: fue un mecanismo de articulación del conjunto de actores políticos, económicos, sindicales y sociales relevantes bajo la tutela del Estado (Cosío Villegas, 1972; Meyer, 1995).
En ese sistema, la corrupción no era simplemente tolerada: era funcionalmente necesaria. El Estado posrevolucionario carecía de los recursos —materiales, legales y normativos— para construir una burocracia weberiana clásica, racionalmente organizada y pagada a través de salarios suficientes. En su lugar, construyó una burocracia patrimonial en la que el acceso al cargo era en sí mismo una forma de retribución, y en la que la extracción de rentas a través del ejercicio discrecional del poder era una compensación informal por la lealtad política prestada (Camp, 1993). El funcionario que accedía a una posición de poder entendía implícitamente que tenía derecho a explotar ese acceso dentro de ciertos límites, siempre que mantuviera la lealtad al sistema y no pusiera en peligro su estabilidad. La corrupción era, en ese sentido, una forma de salario político no declarado y de integración de élites al régimen.
Este arreglo producía lo que Huntington (1968) llamó —de manera polémica y que debe tomarse con cuidado crítico— la función estabilizadora de la corrupción: en ausencia de mecanismos formales de distribución de recursos y de integración de grupos al sistema político, los intercambios informales y corruptos podían funcionar como lubricante de la gobernabilidad. La advertencia metodológica es obligatoria: el argumento de Huntington no equivale a justificar la corrupción ni a presentarla como virtud. Describe una mecánica funcional, no un ideal normativo. Su limitación principal es que no da cuenta de quién paga los costos de ese lubricante: precisamente los sectores que no tienen acceso al sistema de intercambios informales, es decir, los más pobres, los más débiles, los que no tienen padrino político.
El corporativismo priista fue el mecanismo institucional que articuló esa dinámica. La incorporación de los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas y los grupos populares al PRI no fue una integración democrática: fue una captura política mediante la cual el Estado obtenía lealtad y control social a cambio de prebendas, protecciones y acceso discrecional a recursos públicos (Córdova, 1972). Los líderes sindicales —los llamados charros— no representaban a sus trabajadores en el sentido democrático; los administraban en nombre del régimen. La corrupción sindical no era un desvío del sistema corporativista: era su principio de funcionamiento. El líder sindical corrupto era más útil para el régimen que el líder sindical honesto e independiente, porque el primero era controlable y el segundo no.
La distribución de la tierra después de la Reforma Agraria es otro ejemplo paradigmático. En teoría, la dotación ejidal debía responder a criterios técnicos y sociales. En la práctica, dependía de la voluntad discrecional de funcionarios agrarios, de la capacidad de los solicitantes para movilizar relaciones políticas y, en muchos casos, del pago de sobornos a distintos niveles de la cadena burocrática. La corrupción agraria no fue un accidente de la Reforma Agraria: fue el mecanismo a través del cual el Estado mantenía el control discrecional de la tierra como instrumento de poder político (Warman, 1976). Dar y quitar tierra era dar y quitar poder, y ese poder sólo se ejercía de manera legible y calculable a través de la corrupción, no a través de la norma.
El sistema electoral priista añade otra dimensión del fenómeno. La corrupción electoral —fraude, compra de votos, manipulación de resultados, uso de recursos públicos en campañas— no era simplemente un instrumento para ganar elecciones que el PRI de todos modos habría ganado. Era un dispositivo de reproducción de la lealtad y del control territorial. La comunidad que recibía beneficios a cambio del voto no sólo entregaba el voto: entregaba también una posición de dependencia y de deuda simbólica que el régimen podía activar en el futuro. La corrupción electoral funcionaba así como mecanismo de construcción de clientelas y de producción de ciudadanía administrada, no de ciudadanía autónoma (Schedler, 2000).
Conviene detenerse en la distinción entre corrupción burocrática y corrupción política, porque en el sistema priista ambas operaban de manera articulada pero diferenciada. La corrupción burocrática —cobro de comisiones en la expedición de permisos, mordidas a transportistas, pagos informales para acelerar trámites administrativos— era una forma de extracción de rentas de bajo nivel que el sistema toleraba y en muchos casos organizaba. La corrupción política —desvío de fondos públicos, adjudicación de contratos a empresas vinculadas con funcionarios, financiamiento ilegal de partidos— era una forma de acumulación de capital político y económico de alto nivel, reservada a los actores con acceso a las cúpulas del poder. Ambas coexistían en una cadena de extracción que iba desde el trámite más pequeño hasta la licitación más grande, y en la que cada nivel protegía a los demás porque todos participaban en el mismo sistema.
Tecnocratización, Liberalización y Alternancia: Metamorfosis Sin Ruptura
Los años ochenta introdujeron en México una transformación estructural que modificó la forma de la corrupción sin eliminar su sustancia. La crisis de la deuda de 1982, la adopción de programas de ajuste estructural y la liberalización económica progresiva transformaron el perfil de las élites gobernantes: los políticos tradicionales —los llamados dinosaurios— cedieron espacio a los tecnócratas, formados en universidades extranjeras, que hablaban el lenguaje de la eficiencia, la modernización y la transparencia. Esta transformación fue real en términos de estilo y de discurso, pero engañosa en términos de prácticas institucionales.
La privatización de empresas paraestatales durante los gobiernos de De la Madrid y especialmente de Salinas de Gortari (1988-1994) es quizás el ejemplo más paradigmático de cómo la modernización económica puede coexistir con la corrupción política de gran escala. La venta de Telmex, Bancomer, Televisa y decenas de otras empresas públicas a grupos privados se hizo a través de procesos que, en muchos casos, favorecieron a grupos con conexiones políticas privilegiadas, a precios que sistemáticamente subestimaban el valor real de los activos, y con condiciones regulatorias que garantizaban rentas monopólicas a los compradores (Haber et al., 2003). La privatización no fue simplemente un proceso de transferencia de propiedad: fue una redistribución masiva de rentas del Estado hacia redes de élites políticas y económicas vinculadas al gobierno. La corrupción, en este caso, no operó mediante sobornos individuales sino mediante la captura del proceso regulatorio y la instrumentalización de la política pública para beneficio de grupos específicos.
El gobierno de Salinas representó también una profundización de la lógica de concentración de poder personal en el Ejecutivo. El Programa Nacional de Solidaridad —Pronasol— fue presentado como una innovación de política social que descentralizaba recursos y promovía la participación comunitaria. En la práctica, fue un mecanismo sofisticado de clientelismo presidencial que concentraba la distribución de recursos bajo control directo de Los Pinos, cortocircuitando los mecanismos de distribución partidista existentes y construyendo una red de lealtades personales con el presidente (Molinar y Weldon, 1994). El Pronasol no fue corrupto en el sentido transaccional simple —no había sobornos explícitos en cada transferencia— pero fue una forma de uso privado de recursos públicos en el sentido político más pleno: subordinó la política social a los objetivos electorales del presidente.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la espiral de crisis del mismo año —levantamiento zapatista, crisis del peso, escándalos de corrupción en los más altos niveles del gobierno— pusieron al descubierto la fragilidad del sistema y la profundidad de su corrupción estructural. El hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, fue detenido en 1995 acusado de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico; en cuentas bancarias en Suiza se encontraron depósitos de cientos de millones de dólares cuyo origen nunca fue explicado satisfactoriamente. El caso Raúl Salinas no fue un escándalo aislado: fue la visibilización de un sistema de acumulación que había operado durante décadas en la más completa impunidad, protegido por la concentración del poder presidencial y por la subordinación del sistema judicial al Ejecutivo. El análisis del presidencialismo mexicano y sus mecanismos de concentración de poder —desarrollado a fondo en la obra histórica de Meyer (1995) y en los ensayos de Cosío Villegas (1972)— explica con precisión por qué ese tipo de acumulación era estructuralmente posible e institucionalmente invisible mientras el régimen se sostenía.
El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) intentó una reforma institucional parcial, con la creación del Instituto Federal Electoral autónomo y la reforma al Poder Judicial. Pero el sistema de corrupción política no se desmanteló: se reorganizó. La alternancia de 2000, con la victoria de Vicente Fox y el PAN, fue presentada —dentro y fuera de México— como el inicio de una nueva era de transparencia y rendición de cuentas. Esa expectativa se reveló, en buena medida, infundada. No porque el PAN fuera estructuralmente tan corrupto como el PRI —aunque tuvo sus propios escándalos—, sino porque la alternancia política no implica automáticamente una transformación institucional, y las instituciones heredadas del viejo régimen —ministerios públicos capturados, tribunales con cultura de subordinación política, burocracias acostumbradas al intercambio informal— no se reformaron con el cambio de partido en Los Pinos.
Los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2012) produjeron una paradoja: mayor apertura política y mayor violencia derivada del enfrentamiento con el crimen organizado, pero continuidad estructural de la corrupción en la administración pública, en los estados y en los cuerpos de seguridad. La guerra contra el narcotráfico lanzada por Calderón en 2006 produjo un ciclo devastador: al intentar romper las estructuras del crimen organizado, el gobierno aceleró su fragmentación y multiplicación, lo que aumentó la violencia y la competencia por el control de territorios y de instituciones. La corrupción policial y de los ministerios públicos no fue un efecto secundario de la guerra: fue una de sus causas estructurales más importantes. Las instituciones que debían combatir el crimen estaban, en proporciones variables, capturadas por él (Ríos, 2012).
El retorno del PRI con Enrique Peña Nieto (2012-2018) produjo la expectativa contraria: un partido de Estado experimentado, con capacidad de negociación y de reforma. El Pacto por México de 2012-2013 fue, en efecto, un ejercicio político notable que produjo reformas estructurales en sectores estratégicos. Pero el sexenio terminó sumergido en escándalos de corrupción que resumieron con precisión la continuidad del modelo patrimonial: la Casa Blanca de la primera dama adquirida a un contratista del gobierno; el tren México-Querétaro adjudicado de manera irregular; el gobierno del Estado de México —feudo priista del propio Peña Nieto— con niveles de deuda y de desviación de recursos que desafiaban la legalidad; y, sobre todo, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, que reveló con brutalidad la complicidad entre autoridades locales, policías y crimen organizado en el estado de Guerrero (Animal Político, 2015). Ayotzinapa no fue sólo un crimen: fue la demostración de que en partes del territorio mexicano el Estado había sido sustituido funcionalmente por redes de corrupción y violencia que actuaban con la complicidad o la impotencia total de las instituciones formales.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) llegó con el discurso anticorrupción más contundente de la historia reciente de México. Su diagnóstico era correcto en lo esencial: la corrupción había sido sistémica, había capturado las instituciones, y requería una transformación profunda. Pero sus métodos generaron contradicciones importantes. La concentración de poder en el Ejecutivo, la desarticulación o debilitamiento de organismos autónomos de supervisión, la construcción de obras públicas de gran escala —el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas— sin licitaciones competitivas ni supervisión externa eficaz, y la defensa de funcionarios acusados de irregularidades por razón de lealtad política reprodujeron, en forma nueva, algunos de los patrones del régimen que el presidente declaraba haber superado (Merino, 2024). La paradoja del anticorrupto que concentra poder es una de las más antiguas de la política: el argumento de que se necesita concentración para combatir la corrupción ignora que la concentración de poder sin rendición de cuentas es precisamente la condición que la produce.
El gobierno de Claudia Sheinbaum (2024-presente) ha continuado esa lógica con variaciones de estilo pero con continuidades estructurales en materia de discrecionalidad ejecutiva y de debilidad de contrapesos independientes. Las reformas electorales impulsadas en 2026 —un paquete que modificaba el mecanismo de elección de los 200 diputados de representación proporcional, eliminaba los 32 senadores plurinominales y recortaba 25% el financiamiento a los partidos, y que fue rechazado en el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2026 con 259 votos a favor y 234 en contra al no alcanzar la mayoría calificada de 334 necesaria para reformar la Constitución— ilustran con precisión cómo el discurso de democratización puede coexistir con una lógica de ventaja electoral estructural (CNN en Español, 2026; Infobae, 2026; La Jornada, 2026a). Que los aliados PT y PVEM votaran en contra de su propio gobierno —con el argumento explícito de que la reforma perjudicaría a los partidos de menor tamaño y a la pluralidad en el Congreso (La Jornada, 2026b)— fue, en sí mismo, un síntoma de que el diseño de la propuesta respondía menos a una agenda de pluralismo que a una de concentración de poder. No es que Sheinbaum sea corrupta en el sentido transaccional del término; es que el sistema político que administra sigue operando con lógicas de discrecionalidad, lealtad y concentración de poder que generan las condiciones estructurales para la corrupción, con independencia de las intenciones personales de quien lo encabeza.
La Dimensión Cultural: Normalización, Tolerancia y Participación Social
Una de las incomodidades más productivas del análisis de la corrupción en México es la que genera la siguiente observación: las encuestas de percepción y los estudios cualitativos muestran de manera consistente que amplios sectores de la población mexicana condenan la corrupción como fenómeno general, pero al mismo tiempo declaran haber pagado sobornos, tolerado irregularidades, recurrido a contactos para resolver trámites, o aceptado beneficios derivados de prácticas que en principio reprueban (Transparencia Mexicana, 2019; Latinobarómetro, 2021). Esta contradicción no es hipocresía simple: es el síntoma de una cultura política en la que las normas formales y las normas informales operan en registros distintos y frecuentemente contradictorios.
El análisis cultural de la corrupción requiere, sin embargo, una advertencia metodológica preliminar. El argumento de que la corrupción en México tiene raíces culturales profundas —en la tradición colonial, en el particularismo de la cultura política, en el familismo moral— puede convertirse fácilmente en un determinismo vulgar que culpa a los dominados de su dominación y absuelve a las estructuras de su responsabilidad. Banfield (1958) propuso el concepto de familismo amoral para explicar la falta de cooperación cívica en el sur de Italia, y autores como Harrison y Huntington (2000) han extendido argumentos similares a otras culturas, con resultados metodológicamente problemáticos: la explicación cultural se vuelve circular —la cultura explica la corrupción y la corrupción explica la cultura— y omite las condiciones históricas e institucionales que producen esa cultura. Usarlo sin estas cautelas sería un error grave.
La perspectiva de Bourdieu (1980) ofrece una alternativa más rigurosa. En lugar de postular una cultura nacional fija, propone analizar los habitus: sistemas de disposiciones duraderas que los actores incorporan a través de su experiencia en campos sociales específicos, y que orientan sus prácticas sin determinarlas mecánicamente. Las prácticas corruptas cotidianas en México —la mordida al policía de tránsito, el regalo al médico del IMSS para ser atendido con prontitud, el uso de palancas para conseguir un contrato, el pago informal al empleado de ventanilla para acelerar un trámite— no son el producto de una esencia cultural corrupta sino de habitus formados en la experiencia histórica de que las normas formales no garantizan por sí mismas los resultados, de que las relaciones personales y el pago informal son más confiables que el procedimiento oficial, y de que el Estado no distribuye sus bienes con imparcialidad sino con discrecionalidad. En ese contexto, la racionalidad de la mordida no es irracional: es la racionalidad del débil que navega un sistema donde la legalidad formal sólo protege a quienes ya tienen poder.
Esta perspectiva obliga a distinguir entre distintos tipos de participación social en la corrupción. El soborno pagado bajo coacción —el ciudadano que entrega dinero a un funcionario porque de lo contrario no obtiene el servicio al que tiene derecho— es radicalmente distinto del soborno pagado para obtener una ventaja competitiva ilegítima. El primero es una forma de victimización; el segundo, una forma de participación. La confusión entre ambos produce análisis moralmente torpes y analíticamente poco útiles. Sin embargo, la distinción no puede convertirse en una exculpación general: hay prácticas que están a medio camino —el pago de una gratificación para obtener antes lo que de todas formas obtendría, el uso de una relación personal para saltarse una fila o conseguir un permiso más rápidamente— que combinan victimización y coparticipación en proporciones difíciles de separar, y que se normalizan precisamente porque son tan comunes que dejan de percibirse como problemáticas.
La normalización tiene efectos que se extienden más allá de cada acto individual. Cuando las prácticas corruptas están suficientemente extendidas, producen un entorno de expectativas en el que quien se niega a participar se coloca en desventaja competitiva respecto a quienes sí participan. Este mecanismo —que Johnston (2005) llama syndrome of corruption— genera una trampa de equilibrio: todos preferirían que no existiera la corrupción, pero nadie puede permitirse individualmente ser el primero en salirse del sistema sin incurrir en costos desproporcionados. Este es precisamente el tipo de problema de acción colectiva que no puede resolverse mediante la voluntad individual de cada actor: requiere una transformación institucional que modifique los incentivos del conjunto.
El poder político mexicano ha entendido intuitivamente este mecanismo y lo ha administrado en su beneficio. La tolerancia selectiva de las prácticas corruptas menores cumple al menos tres funciones para el régimen: primera, genera una deuda moral difusa en la población, que participa en el sistema y por tanto tiene dificultades para condenar el sistema en su conjunto; segunda, produce mecanismos de control sobre actores que temen la exposición de sus propias prácticas; y tercera, perpetúa una cultura de tolerancia al incumplimiento normativo que dificulta la construcción de demandas ciudadanas consistentes de rendición de cuentas (Lomnitz, 2000). La corrupción no se reproduce sólo porque el poder político la practica: se reproduce también porque el poder político tolera su difusión social y encuentra en esa difusión una forma de administrar la sociedad.
Foucault (1975/2002) proporciona aquí una perspectiva complementaria que resulta particularmente fecunda. La normalización de la corrupción puede entenderse como una microfísica del poder: no sólo como coerción desde arriba sino como internalización desde abajo de un régimen de prácticas que produce sujetos adaptados a la informalidad, desconfiados de la legalidad formal, y orientados hacia la negociación informal como modo ordinario de relacionarse con el Estado. Este régimen de prácticas no necesita imponerse por la fuerza en cada transacción individual: se reproduce a través de la imitación, la socialización, la expectativa y el cálculo racional de adaptación. El ciudadano que paga la mordida no suele sentir que hace algo moralmente aceptable; siente que hace algo racionalmente necesario. Esa disociación entre moral declarada y práctica efectiva es el síntoma más preciso de la normalización.
La moral diferencial con la que los mexicanos tratan la corrupción es una manifestación adicional de este fenómeno. La gran corrupción —el gobernador que desvía miles de millones, el funcionario que compra mansiones con dinero público— genera indignación masiva y ocupa portadas. La corrupción propia —la mordida pagada, el favor pedido, la factura inflada— se racionaliza como necesidad, como pragmatismo o como respuesta obligada a un sistema injusto. Esta asimetría moral no es simple hipocresía: es el resultado de una experiencia social en la que la gran corrupción parece remota e impersonal mientras la pequeña corrupción se experimenta como parte del tejido cotidiano de la vida. Abordar el fenómeno requiere desnaturalizar ambas escalas, no sólo la grande.
Los Mecanismos de la Impunidad: Lo Visible y Lo Invisible
La persistencia de la corrupción en México no puede explicarse sólo por la debilidad de las instituciones de control o por la maldad de los actores. Requiere analizar los mecanismos —visibles y sutiles— que protegen sistemáticamente a los actores corruptos de las consecuencias de sus actos. Estos mecanismos operan en varios niveles simultáneos y se refuerzan mutuamente de maneras que hacen que ningún cambio parcial sea suficiente para desmantelar el sistema.
Los mecanismos visibles son los mejor documentados. La debilidad del ministerio público como instancia de investigación autónoma ha sido estructural y deliberada: durante décadas, el fiscal general dependía directamente del presidente de la república, lo que garantizaba que las investigaciones podían activarse o desactivarse según la conveniencia política. La reforma de 2014 que creó la Fiscalía General de la República autónoma fue un avance formal, pero la autonomía funcional ha sido intermitente y cuestionada en la práctica. La selección corporativa de jueces, la cultura de subordinación política en el sistema judicial y la sobre-utilización del fuero protegieron durante décadas a los funcionarios con cargos de elección popular de cualquier investigación seria. La fragmentación de la responsabilidad burocrática —en la que cada decisión corrupta es producto de una cadena de trámites, firmas y avales que diluye la responsabilidad individual hasta hacerla prácticamente imposible de acreditar— es otro mecanismo legal que funciona como escudo de impunidad.
Pero los mecanismos sutiles son al menos igualmente importantes. La opacidad burocrática —la resistencia sistemática de las instituciones mexicanas a producir información sobre sus propios procesos de decisión— no es sólo un problema técnico de acceso a datos: es una tecnología política que hace que la corrupción sea difícil de probar y de narrar, incluso cuando es evidente. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue una innovación institucional valiosa, pero su efectividad ha dependido del apoyo político que ha recibido —apoyo que ha sido intermitente— y de la capacidad de los ciudadanos para formular solicitudes precisas sobre irregularidades que frecuentemente no conocen con suficiente detalle para formular la pregunta correcta.
Las lealtades cruzadas en las redes políticas constituyen otro mecanismo sutil pero poderoso. En el sistema político mexicano, los actores que podrían investigar o denunciar actos corruptos frecuentemente forman parte de las mismas redes que los protegen: los fiscales son designados por actores políticos que tienen sus propias historias corruptas; los auditores superiores deben sus cargos a las mismas mayorías parlamentarias que amparan a los funcionarios a auditar; los periodistas que investigan corrupción operan en un entorno de amenazas en el que el Estado —que debería protegerlos— es frecuentemente parte del problema. México fue durante varios años el país sin guerra más peligroso para los reporteros —formulación que Reporteros Sin Fronteras ha sostenido de manera recurrente en sus clasificaciones anuales—, con decenas de asesinatos de periodistas que cubrían corrupción y crimen organizado (Reporteros Sin Fronteras, 2024). Ese dato no es marginal: es la consecuencia lógica de un sistema en el que la impunidad se defiende también con violencia cuando las demás tecnologías de protección fallan.
La simulación de combate a la corrupción es uno de los mecanismos más sofisticados y menos estudiados. Todos los presidentes mexicanos desde al menos los años setenta han proclamado que su gobierno combatiría la corrupción con mayor energía que el anterior. Casi todos han creado nuevas dependencias, reformado leyes, diseñado programas y presentado como signos de compromiso con la transparencia lo que frecuentemente era una reorganización del sistema de corrupción bajo nuevas formas institucionales. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 fue un esfuerzo serio de reforma institucional que produjo mecanismos novedosos, pero su implementación fue saboteada sistemáticamente por actores políticos que firmaron la reforma y luego bloquearon su operación (Casar y Ugalde, 2018). La distancia entre el texto de la ley y su implementación efectiva es uno de los rasgos más constantes de la historia institucional mexicana, y es en sí mismo una forma de producción de impunidad.
El uso faccioso de la ley merece mención especial. La selectividad punitiva —la persecución penal que se activa contra opositores políticos y se desactiva para aliados— no es una anomalía del sistema legal mexicano: ha sido una de sus funciones políticas más importantes. La corrupción investigada y castigada no ha sido necesariamente la corrupción más grave, sino la corrupción políticamente inconveniente. Este patrón produce un efecto perverso: genera la percepción de que la ley no es un instrumento de justicia sino un arma política, lo que a su vez refuerza el cinismo social y la desconfianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía no cree que la ley se aplique con imparcialidad, la disposición a cumplirla voluntariamente se deteriora, y el ciclo de informalidad y corrupción se retroalimenta.
El cansancio cívico y la resignación moral son quizás los mecanismos más difusos pero más eficaces de reproducción de la impunidad. Después de décadas de escándalos que raramente producen consecuencias proporcionales, después de procesos judiciales que se arrastran durante años y terminan en sobreseimientos o en condenas simbólicas, después de reformas institucionales que prometen cambios y entregan continuidad, amplios sectores de la población mexicana han llegado a una conclusión que es racionalmente comprensible aunque sea cívicamente devastadora: que la corrupción es inherente al sistema, que nada puede cambiarla sustancialmente, y que lo más sensato es adaptarse a ella en lugar de combatirla. Este cinismo no es una patología individual: es el resultado acumulado de la experiencia histórica con un sistema que ha sabido protegerse de la reforma. Y es, en última instancia, el capital político más valioso que la corrupción posee.
Consecuencias, Costos y Juicio Estructural
Las consecuencias de la corrupción sistémica en México han sido profundas, multidimensionales y de largo plazo. Reducirlas a estimaciones monetarias —que existen y son reveladoras: diversas estimaciones recogidas por la OCDE ubican el impacto económico de la corrupción en México en un rango de entre 5% y 10% del PIB anual (OCDE, 2017)— sería empobrecerlas. La corrupción no sólo extrae renta; produce formas de vida deteriorada, institucionalidad degradada y ciudadanía mutilada.
El efecto sobre el Estado de derecho es quizás el más fundamental. Un Estado de derecho no es simplemente un sistema de normas escritas: es un sistema en el que las normas se aplican con imparcialidad, en el que nadie está por encima de la ley y en el que los derechos pueden ejercerse sin depender de la capacidad de pago o de las relaciones personales. La corrupción sistémica destruye ese principio de manera más eficaz que cualquier reforma legal puede reconstruirlo: cuando la aplicación de la norma depende de quien la pide, de cuánto puede pagar y de qué redes políticas lo respaldan, la norma deja de ser norma en el sentido sustantivo del término y se convierte en un texto cuya relevancia es contingente. O’Donnell (1993) llamó a este fenómeno zonas marrones: espacios del territorio nacional donde la autoridad del Estado es formalmente reconocida pero sustantivamente inexistente, y donde las transacciones políticas, económicas y sociales se rigen por normas informales que frecuentemente incluyen la violencia. En México, esas zonas marrones se han extendido de manera alarmante durante las últimas décadas.
El efecto sobre la desigualdad es igualmente severo. La corrupción actúa como un impuesto regresivo que pesa más sobre los pobres que sobre los ricos. El ciudadano sin recursos que necesita un servicio público tiene tres opciones: esperar indefinidamente en la fila oficial, pagar la mordida que no puede pagar fácilmente, o renunciar al servicio. El ciudadano con recursos puede pagar, o puede utilizar su red de contactos para obtener la misma cosa gratis. La desigualdad de acceso a los servicios públicos que produce la corrupción no es un efecto lateral del sistema: es parte de su lógica constitutiva. Los ricos se benefician de la corrupción no sólo cuando la practican sino también cuando la toleran, porque en un sistema donde los servicios públicos se distribuyen por corrupción, el que tiene más recursos para pagar siempre gana sobre el que tiene menos (Gupta et al., 2002).
El efecto sobre la seguridad ha sido devastador y documentado con brutalidad durante las últimas dos décadas. La complicidad entre autoridades y crimen organizado —que no es un fenómeno nuevo pero que alcanzó dimensiones sin precedente con la explosión del narcotráfico— produjo un ciclo en el que la corrupción policial y judicial permitió la expansión de las organizaciones criminales, cuya expansión a su vez aumentó la demanda de corrupción institucional para garantizar su operación. El resultado es un sistema en el que la violencia y la impunidad se retroalimentan: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda reportaba más de 110,000 casos sin resolver a julio de 2023 (Comisión Nacional de Búsqueda, 2023); los homicidios acumulados entre 2007 y 2023, según datos sexenales del SESNSP e INEGI, superaron las 400,000 víctimas (INEGI, 2023); y el sistema de justicia no resuelve más del 95% de los delitos que se le reportan. Estos números no son sólo consecuencia de la corrupción, pero la corrupción es una de sus condiciones estructurales más importantes.
El efecto sobre la confianza institucional y sobre la cultura cívica es el más difícil de cuantificar pero quizás el más dañino a largo plazo. Una sociedad que no confía en sus instituciones, que no espera que la ley se aplique con imparcialidad, que ha aprendido a navegar el Estado a través de relaciones informales en lugar de derechos formales, es una sociedad que tiene enormes dificultades para construir los bienes colectivos —salud pública, educación universal, seguridad, infraestructura— que requieren cooperación y contribución voluntaria. La desconfianza generalizada en las instituciones mexicanas —que los barómetros de opinión pública documentan de manera consistente— no es una patología cultural independiente: es el resultado acumulado de décadas de experiencia con un sistema que promete imparcialidad y entrega discrecionalidad.
Acemoglu y Robinson (2012) argumentan que la diferencia entre naciones prósperas y naciones pobres no reside en la geografía, la cultura ni en la dotación de recursos naturales, sino en la calidad de sus instituciones: las instituciones inclusivas producen prosperidad y las extractivas producen pobreza. México no es un país pobre en el sentido de carecer de recursos: tiene una economía que está entre las quince más grandes del mundo. Pero es un país con niveles de desigualdad y de pobreza estructural que no corresponden a esa dimensión económica, y que sí corresponden a la calidad de sus instituciones políticas. La corrupción sistémica no es la única causa de esa brecha, pero es una de las más importantes: desvía recursos que deberían ir a servicios públicos de calidad, protege a los actores que capturan las rentas del Estado en lugar de distribuirlas socialmente, y destruye los incentivos para la inversión productiva al sustituirlos por incentivos para la extracción de rentas.
El Poder Político y la Utilidad de la Corrupción
Una pregunta que el análisis no puede eludir es la más incómoda de todas: ¿por qué el poder político mexicano no ha querido realmente erradicar la corrupción? La respuesta no apela a la maldad de los gobernantes ni a ninguna conspiración planificada; apela a la racionalidad de los incentivos. La corrupción, para el poder político, cumple funciones que la legalidad estricta no puede cumplir, o no puede cumplir con la misma eficiencia.
La primera función es la de disciplina y control. Un actor político o burocrático que ha participado en prácticas corruptas —aunque sea bajo presión o como parte del sistema— es un actor controlable: su participación crea una vulnerabilidad que puede ser activada en su contra si se vuelve incómodo o díscolo. El conocimiento mutuo de las irregularidades de todos crea un equilibrio de terror que disuade las deserciones y las traiciones. El líder político que mantiene archivos informales sobre las corrupciones de sus subordinados —real o metafóricamente— tiene sobre ellos un poder que ninguna norma formal le da. Esta lógica se reproduce en todos los niveles del sistema, desde el presidente hasta el jefe de ventanilla.
La segunda función es la de recompensa y lealtad. En sistemas donde los salarios públicos son insuficientes para retribuir la expertise o la dedicación esperadas, donde la carrera burocrática no garantiza ascensos por mérito, y donde los recursos para políticas públicas son siempre insuficientes, la tolerancia de la extracción informal funciona como un complemento salarial no declarado. El funcionario que entiende que puede complementar su ingreso a través de prácticas corruptas toleradas tiene menos incentivos para buscar empleo en el sector privado, y más incentivos para mantener la lealtad al sistema que lo protege. Esta lógica es especialmente poderosa en los puestos medios de la burocracia, donde la retribución formal es baja y la discrecionalidad es alta.
La tercera función es la de incorporación de élites. En el sistema priista, la distribución de oportunidades de corrupción era un mecanismo de integración de los grupos que podían ser peligrosos si quedaban excluidos del reparto. El empresario que recibía contratos a precios favorables, el líder sindical que extraía rentas de sus trabajadores con la tolerancia gubernamental, el gobernador que administraba su estado con amplia discrecionalidad presupuestal: todos ellos eran actores que el sistema incorporaba a su lógica de beneficios y que por tanto tenían razones poderosas para defender ese sistema en lugar de cuestionarlo. La corrupción distribuida estratégicamente es, en este sentido, una forma de construcción de coaliciones y de producción de consenso entre las élites.
La cuarta función es la más política en sentido estricto: la corrupción como fuente de financiamiento político no declarado. Los partidos políticos en México —como en muchos países— requieren recursos que exceden ampliamente los que la ley les permite recibir por la vía del financiamiento público y los donantes declarados. El desvío de recursos públicos hacia campañas, la extracción de comisiones en contratos públicos que se reciclan como financiamiento político, y las contribuciones de grupos empresariales que reciben favores regulatorios son mecanismos bien documentados de financiamiento político corrupto (Ugalde, 2008). Eliminar esos mecanismos requeriría no sólo voluntad política —que falta— sino también la construcción de un sistema de financiamiento alternativo que los partidos tuvieran incentivos para aceptar.
Conclusión: Lo Que la Corrupción Revela
La pregunta con la que comenzó este ensayo —qué es realmente la corrupción en México, cómo se configuró y por qué persiste— puede responderse ahora con más precisión, aunque no con más sencillez. La corrupción en México no es una anomalía del sistema político: es una de sus estructuras constitutivas. No es un defecto de las instituciones: es una de sus funciones. No es un rasgo cultural inmutable: es el producto acumulado de elecciones institucionales, de incentivos diseñados o tolerados, y de experiencias históricas que han producido disposiciones adaptativas en actores a todos los niveles del sistema.
La tesis más importante de este ensayo es también la más incómoda: la corrupción en México ha persistido no a pesar del Estado sino en parte gracias a él, porque el Estado mexicano —en sus distintas configuraciones históricas— ha encontrado en la corrupción un instrumento de gobernabilidad, de integración de élites, de control social y de financiamiento político que la institucionalidad formal no podía proveer. Esto no absuelve a los actores individuales de su responsabilidad. Pero sí explica por qué el discurso anticorrupción, repetido por cada sexenio desde al menos los años setenta, no ha producido transformaciones estructurales: porque el anticorrupto que llega al poder hereda el sistema que produce la corrupción, y si no transforma ese sistema —sus incentivos, su cultura burocrática, su economía política— la corrupción se reproduce bajo nuevas formas independientemente de las intenciones declaradas del gobernante.
El análisis cultural, por su parte, no puede convertirse en una condena de la sociedad mexicana. Las prácticas corruptas normalizadas en amplios sectores de la población son, en su mayor parte, adaptaciones racionales a un sistema donde la norma formal no protege y donde el intercambio informal es más confiable. Desmantelarlas requiere transformar ese sistema, no condenar moralmente a quienes se adaptan a él. Pero también requiere reconocer que esa adaptación tiene costos propios y que su perpetuación —aunque comprensible individualmente— produce a escala colectiva el entorno de tolerancia que el poder político necesita para mantener su propio sistema de corrupción.
Los mecanismos de impunidad que sostienen el sistema son, como se ha mostrado, tanto visibles como sutiles. Los visibles —debilidad judicial, opacidad burocrática, selectividad punitiva— son los que las reformas institucionales intentan atacar. Los sutiles —cinismo cívico, resignación moral, normalización cultural, lealtades cruzadas— son los que las reformas institucionales raramente tocan, porque requieren transformaciones de cultura política que no se decretan ni se legislan. La construcción de una cultura de legalidad —en el sentido que O’Donnell (1993) le daba al Estado de derecho como práctica social, no sólo como texto normativo— es probablemente el desafío más profundo y de más largo plazo que enfrenta cualquier proyecto de transformación institucional en México.
¿Qué revela, en última instancia, la corrupción sobre el Estado y la sociedad mexicana? Revela que la separación entre lo público y lo privado —fundamento jurídico y ético del Estado moderno— ha sido históricamente porosa y contingente en México; que el poder político ha organizado esa porosidad en su beneficio; y que las instituciones que deberían garantizar la imparcialidad han sido frecuentemente instrumentalizadas para garantizar lo contrario. Pero revela también la resiliencia de una sociedad que, a pesar de todo, produce continuamente actores —periodistas, activistas, académicos, funcionarios honestos, ciudadanos indignados— que se resisten al sistema y que insisten en la posibilidad de una república distinta. Esa resistencia no es ingenua: es la única base sobre la que puede construirse algo diferente. La corrupción en México no es un destino: es una historia que todavía no ha terminado de escribirse.
Referencias
Acemoglu, D., y Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Deusto.
Animal Político. (2015, septiembre 7). El caso Iguala: lo que los expertos encontraron. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2015/09/el-caso-iguala-lo-que-los-expertos-encontraron/
Banfield, E. C. (1958). The moral basis of a backward society. The Free Press.
Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Les Éditions de Minuit.
Camp, R. A. (1993). Politics in Mexico. Oxford University Press.
CNN en Español. (2026, marzo 11). Derrota de Sheinbaum en el Congreso: Cámara de Diputados rechaza su reforma electoral, con el voto en contra de sus aliados. CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/mexico/sheinbaum-derrota-congreso-rechaza-reforma-electoral-orix
Casar, M. A., y Ugalde, L. C. (2018). Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Grijalbo / Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Infobae. (2026, marzo 11). Reforma electoral de Sheinbaum es rechazada con votos del PVEM y PT en contra. Infobae México. https://www.infobae.com/mexico/2026/03/11/reforma-electoral-de-sheinbaum-es-rechazada-con-votos-del-pvem-y-pt-en-contra/
Córdova, A. (1972). La formación del poder político en México. Era.
Cosío Villegas, D. (1972). El sistema político mexicano: las posibilidades de cambio. Joaquín Mortiz.
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (A. Garzón del Camino, Trad.; 32.ª ed.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1975)
Gupta, S., Davoodi, H., y Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of Governance, 3(1), 23–45. https://doi.org/10.1007/s101010100039
Haber, S., Razo, A., y Maurer, N. (2003). The politics of property rights: political instability, credible commitments, and economic growth in Mexico, 1876–1929. Cambridge University Press.
Harrison, L. E., y Huntington, S. P. (Eds.). (2000). Culture matters: how values shape human progress. Basic Books.
Hellman, J. S., Jones, G., y Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: state capture, corruption and influence in transition. World Bank Policy Research Working Paper No. 2444. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2444
Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. Yale University Press.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2023. INEGI. https://www.inegi.org.mx
Comisión Nacional de Búsqueda. (2023). Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: informe de casos sin resolver a julio de 2023. Secretaría de Gobernación. https://comisionacionaldebusqueda.segob.gob.mx
Johnston, M. (2005). Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy. Cambridge University Press.
La Jornada. (2026a, marzo 11). Rechaza San Lázaro la reforma electoral de Sheinbaum. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/11/politica/rechaza-san-lazaro-la-reforma-electoral-de-sheinbaum
La Jornada. (2026b, marzo 11). Por vez primera desde 2018, aliados del partido guinda rechazan una propuesta de enmienda constitucional. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/11/politica/rechaza-san-lazaro-la-reforma-electoral-de-sheinbaum
Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.
Latinobarómetro. (2021). Informe Latinobarómetro 2021: la recesión democrática de América Latina. Corporación Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org
Lomnitz, C. (2000). Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México (A. Sheridan, Trad.). CIESAS / Porrúa.
Merino, M. (2024). El Estado capturado: Cómo erradicar la corrupción sistémica en México. Editorial Terracota.
Meyer, L. (1995). Liberalismo autoritario: las contradicciones del sistema político mexicano. Océano.
Molinar, J., y Weldon, J. A. (1994). Electoral determinants and consequences of National Solidarity. En W. Cornelius, A. Craig y J. Fox (Eds.), Transforming state-society relations in Mexico: the national solidarity strategy (pp. 123–142). Center for U.S.-Mexican Studies, UCSD.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
O’Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual problems: a Latin American view with glances at some post-communist countries. World Development, 21(8), 1355–1369. https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90048-E
O’Donnell, G. (1999). Polyarchies and the (un)rule of law in Latin America. En J. E. Méndez, G. O’Donnell y P. S. Pinheiro (Eds.), The (un)rule of law and the underprivileged in Latin America (pp. 303–337). University of Notre Dame Press.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la OCDE sobre integridad en México: adoptando una postura más firme contra la corrupción. OCDE. https://doi.org/10.1787/9789264273207-es
Olson, M. (1965). The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Harvard University Press.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
Reporteros Sin Fronteras. (2024). Clasificación mundial de la libertad de prensa 2024. RSF. https://rsf.org/es/clasificacion-mundial-de-la-libertad-de-prensa-2024-el-periodismo-bajo-las-presiones-politicas
Ríos, V. (2012). Why did Mexico become so violent? A self-reinforcing violent equilibrium caused by competition and enforcement. Trends in Organized Crime, 16(2), 138–155. https://doi.org/10.1007/s12117-012-9155-y
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and government: causes, consequences and reform. Cambridge University Press.
Schedler, A. (2000). The democratic revelation. Journal of Democracy, 11(4), 5–19. https://doi.org/10.1353/jod.2000.0080
Scott, J. C. (1972). Comparative political corruption. Prentice-Hall.
Transparencia Mexicana. (2019). Índice nacional de corrupción y buen gobierno. Transparencia Mexicana. https://www.tm.org.mx
Ugalde, L. C. (2008). La negociación política del presupuesto en México, 1997–2006. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
Warman, A. (1976). Y venimos a contradecir: los campesinos de Morelos y el Estado nacional. SEP/CIESAS.
Weber, M. (1997). Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva (J. Medina Echavarría et al., Trads.; 2.ª ed. en español, 13.ª reimp.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1922)