El accidente ocurrido en la sierra de Chihuahua no fue solamente una tragedia carretera ni un episodio incómodo de cooperación binacional. Fue, sobre todo, una grieta. Por ella apareció, de golpe, una zona del Estado mexicano que suele permanecer en penumbra: la relación real —no la declamada— entre seguridad nacional, narcotráfico, inteligencia extranjera, federalismo político y soberanía efectiva. La muerte de dos funcionarios mexicanos y dos funcionarios estadounidenses, en el contexto posterior a un operativo contra laboratorios de drogas sintéticas, abrió una pregunta más grave que la disputa partidista que vino después: ¿quién conduce, quién autoriza, quién vigila y quién responde cuando personal extranjero participa, acompaña, entrena, asesora o gravita alrededor de operaciones sensibles dentro del territorio nacional?
A la fecha de cierre de este ensayo, 24 de abril de 2026, hay hechos acreditados, versiones oficiales contradictorias, reportes periodísticos con fuentes reservadas e inferencias analíticas que deben mantenerse separados. Está acreditado que murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación en la zona sur de Chihuahua; Manuel Genaro Méndez Montes, agente escolta; y dos funcionarios estadounidenses inicialmente identificados como personal vinculado a la Embajada de Estados Unidos. También está acreditado que, antes del accidente, autoridades mexicanas localizaron dos laboratorios de presunta producción de drogas sintéticas y un campamento en una zona colindante entre Morelos y Guachochi; el propio Gobierno de Chihuahua informó que en ese operativo participaron la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que sigue bajo disputa es el papel exacto de los estadounidenses: AP reportó, con base en un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con el asunto, que trabajaban para la CIA; la Embajada, el Departamento de Estado y la propia CIA no confirmaron públicamente identidades ni adscripción. Esa incertidumbre no disminuye la gravedad del episodio: la aumenta.
La reconstrucción cronológica revela el tamaño político del problema. El operativo se concentró en una zona serrana donde autoridades estatales reportaron el hallazgo de laboratorios clandestinos; uno de los predios tenía aproximadamente 850 metros cuadrados, y otro cerca de 40, con hornos, tambos, cilindros, acetona, contenedores y otros insumos. Esa descripción oficial no basta para cerrar técnicamente el caso, pero sí permite una inferencia razonada: lo localizado apuntaba a una capacidad clandestina de producción de escala relevante, no a una improvisación menor. Después vino el accidente. Las primeras versiones públicas asociaron a los cuatro fallecidos con el retorno del operativo; posteriormente, autoridades de Chihuahua matizaron y sostuvieron que los estadounidenses no habían participado directamente en el aseguramiento, sino que se encontraban en una capacitación en drones antes de integrarse al traslado. La distancia entre esas narrativas —la del retorno de un operativo y la de una presencia vinculada a capacitación— se convirtió en el primer síntoma de una administración deficiente de la información pública.
La reacción federal añadió otro nivel de tensión. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal no tenía conocimiento de una operación conjunta entre autoridades de Chihuahua y personal estadounidense, sostuvo que no puede haber agentes de ninguna institución estadounidense operando en campo mexicano y abrió la posibilidad de revisar si hubo violaciones a la ley. AP documentó, además, que el relato oficial se enredó cuando el gobierno federal reconoció participación del Ejército en el operativo, mientras persistían contradicciones sobre la presencia y el papel de los funcionarios estadounidenses reportados por ese medio como personal de la CIA. Más tarde, el discurso oficial cargó el peso político sobre el gobierno estatal de Chihuahua; el Senado pidió a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal César Jáuregui proporcionar detalles sobre el accidente y el contexto operativo; el Congreso local de Chihuahua, por su parte, rechazó una propuesta para llamar a comparecer a la mandataria estatal. La disputa institucional se transformó velozmente en un litigio partidista.
El problema es que el litigio partidista, aunque políticamente rentable, es analíticamente insuficiente. Puede y debe investigarse si autoridades estatales violaron procedimientos de cooperación, omitieron avisos, sostuvieron contactos irregulares o permitieron que servidores públicos locales actuaran fuera de los cauces previstos para tratar con personal extranjero. También puede y debe exigirse a Chihuahua que informe, con precisión documental, qué supo, qué gestionó, qué solicitó, qué comunicó, qué toleró y qué mandos estatales participaron en la operación o en sus márgenes. Pero esa obligación local de informar no debe confundirse con la responsabilidad federal de autorizar, acreditar, supervisar, coordinar y controlar la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. El estatus, la circunscripción, los límites de actuación, la coordinación superior y la cadena institucional de mando de personal estadounidense vinculado a tareas sensibles no son, por naturaleza, materias estatales: pertenecen al campo federal de la seguridad nacional, la política exterior, la inteligencia, la defensa y la cooperación bilateral. Convertir a la gobernadora en el centro absoluto del escándalo operó políticamente como una reducción conveniente. En materia de narcotráfico transnacional, seguridad nacional, contrainteligencia, presencia de agentes extranjeros, defensa, relaciones exteriores y coordinación estratégica con Estados Unidos, el centro de gravedad no está en el palacio estatal: está en el poder federal.
La Constitución mexicana no deja mucho margen para la fantasía federalista. La seguridad pública es una función coordinada entre órdenes de gobierno, pero la preservación de la seguridad nacional, la conducción de la política exterior, la disposición de la Fuerza Armada permanente, la legislación sobre seguridad nacional y la arquitectura superior de inteligencia pertenecen al núcleo federal del Estado. El artículo 89 faculta al Ejecutivo federal para preservar la seguridad nacional y disponer de la Fuerza Armada permanente; el artículo 73 permite al Congreso expedir leyes en materia de seguridad nacional; y el artículo 21, en su diseño vigente, asigna a la secretaría federal del ramo funciones de formulación, coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como auxilio al Ejecutivo en seguridad nacional y coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. La Ley de Seguridad Nacional, además, regula expresamente a los agentes extranjeros: pueden internarse temporalmente con fines de intercambio de información, pero la acreditación y circunscripción territorial corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina; los servidores públicos locales deben sujetarse a reglas estrictas de contacto e informar a las instancias federales competentes.
Ese marco jurídico produce una conclusión político-jurídica razonada: si los estadounidenses muertos eran sólo instructores, el gobierno federal debe explicar por qué la coordinación, acreditación, circunscripción territorial y supervisión de esa presencia no quedaron suficientemente claras ante la opinión pública. Si eran funcionarios de inteligencia —como reportaron AP y otros medios con fuentes reservadas, sin confirmación pública de Washington—, el problema es aún mayor. Si algún nivel federal conocía esa presencia, debe explicarse por qué no hubo conducción política transparente y por qué el esclarecimiento fue desplazado por la culpabilización periférica. Si la versión federal de desconocimiento es correcta, entonces el país enfrenta una falla grave de inteligencia, contrainteligencia o coordinación interinstitucional. Chihuahua puede tener responsabilidad por actos u omisiones propios; el Estado federal tiene que responder por lo que autorizó, conoció, toleró, permitió, ignoró o no supo detectar.
La disyuntiva es dura, pero no debe formularse como simplificación dogmática. Si la cadena federal fue informada, el caso exhibe opacidad, mala administración política y una posible contradicción entre el discurso soberanista y la práctica real de cooperación. Si no fue informada, entonces personal extranjero pudo moverse en el entorno de una operación sensible vinculada a narcotráfico sintético sin que los órganos federales de defensa, inteligencia, seguridad pública, relaciones exteriores y coordinación diplomática lo detectaran oportunamente. La primera hipótesis exhibe opacidad; la segunda, incompetencia. Ninguna absuelve al gobierno central.
La larga sombra: la CIA en México no empezó en Chihuahua
Chihuahua no inaugura la presencia estadounidense en el sistema mexicano de seguridad. La actual controversia sólo actualiza una historia larga, incómoda y deliberadamente intermitente en la memoria oficial. Desde la Guerra Fría, México fue territorio estratégico para la inteligencia estadounidense: frontera terrestre con Estados Unidos, puente latinoamericano, espacio de vigilancia sobre Cuba, la izquierda continental, diplomáticos soviéticos, movimientos estudiantiles y élites políticas nacionales. La estación de la CIA en México no fue un detalle marginal del paisaje diplomático; fue una plataforma de observación, penetración, intercambio y negociación con el poder mexicano.
El caso Winston Scott es indispensable. Scott, jefe de estación de la CIA en México entre 1956 y 1969, operó desde la Embajada de Estados Unidos y construyó relaciones directas con figuras centrales del régimen priista. Documentos desclasificados y trabajos históricos han mostrado que la red LITEMPO funcionó como un canal informal de intercambio político sensible con altos funcionarios mexicanos; entre los nombres asociados por esas investigaciones aparecen Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios. El National Security Archive documentó que Scott se apoyó en su relación con Díaz Ordaz, Echeverría y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil de 1968. Esa historia no pertenece al folclor conspirativo: forma parte del archivo histórico de la relación bilateral.
Ahí reside la importancia de Manuel Buendía. La CIA en México no debe leerse como una curiosidad de librero ni como una pieza de época. Buendía trabajó, desde el periodismo de investigación, una intuición que conserva vigencia: el problema de la CIA en México no era sólo la existencia de agentes extranjeros, sino la vulnerabilidad de las estructuras políticas mexicanas frente a circuitos de información, influencia, tolerancia, dependencia e intercambio con segmentos del poder nacional. Su libro, publicado por Ediciones Océano en 1984, ordenó materiales sobre presencia, redes, métodos y relaciones de la agencia estadounidense en México; sus columnas en Red Privada insistieron en los puntos de contacto entre opacidad estatal, seguridad, inteligencia, corrupción y zonas oscuras del poder. Conviene formularlo con prudencia: Buendía no “explicó” todos los episodios posteriores ni anticipó mecánicamente el presente; sí dejó una clave interpretativa poderosa para leerlo: la soberanía formal podía convivir con prácticas informales de subordinación, colaboración o negligencia.
Buendía vio, además, una deformación que sigue siendo actual: la inteligencia mexicana fue usada con frecuencia para la vigilancia política interna antes que para la defensa estratégica del Estado. Esa tradición produjo aparatos expertos en mirar adversarios domésticos, periodistas, disidentes o grupos sociales, pero menos sólidos para construir contrainteligencia profesional frente a agencias extranjeras o redes criminales transnacionales. La sombra de la Dirección Federal de Seguridad, la opacidad de los archivos y la dificultad para depurar responsabilidades históricas recuerdan que México no ha resuelto su relación con sus propios sótanos. En ese sentido, Chihuahua no es la aparición repentina de un fantasma: es la reapertura de una pregunta que la democracia mexicana nunca quiso responder del todo.
Carlos Ramírez, desde una lectura opinativa contemporánea de seguridad nacional, ha insistido durante décadas en que la relación México-Estados Unidos debe analizarse desde la intersección entre poder presidencial, agencias extranjeras, narcotráfico, subordinación bilateral y discurso de soberanía. Su aportación debe colocarse en su sitio: no es una fuente factual primaria del caso Chihuahua, sino una voz interpretativa que ayuda a entender la persistencia del problema. Lo útil en esa mirada es la insistencia en que la presencia de la inteligencia estadounidense en México no puede entenderse como anomalía, sino como una constante que cambia de forma: Guerra Fría, narcotráfico, terrorismo, migración, armas, fentanilo, ciberseguridad. En el caso Chihuahua, esa línea de lectura permite formular una pregunta incómoda: si la presencia extranjera ocurrió sin conocimiento del Estado mexicano, el fracaso nacional no está sólo en la audacia de Washington, sino en la fragilidad de México.
La evolución bilateral confirma esa continuidad. La Iniciativa Mérida, anunciada en 2007, institucionalizó un modelo de cooperación en seguridad que incluyó equipo, capacitación, inteligencia, fortalecimiento institucional y combate al crimen organizado. Años después, el Entendimiento Bicentenario sustituyó el marco retórico de Mérida por una agenda más amplia, orientada a seguridad, salud pública, armas, drogas sintéticas y cadenas criminales. La GAO ha señalado que desde 2008 la asistencia estadounidense a México se ha concentrado en promover el Estado de derecho y combatir el narcotráfico, y que el Entendimiento Bicentenario amplió el enfoque de Mérida al incorporar compromisos sobre reducción de demanda de drogas en Estados Unidos y flujo ilegal de armas hacia México. En ambos modelos, México ha defendido formalmente su soberanía y Estados Unidos ha perseguido intereses propios de seguridad nacional. La cooperación no es en sí misma ilegítima; lo ilegítimo es que se desarrolle en zonas grises, sin claridad de mando, sin rendición de cuentas y sin control democrático.
La tragedia chihuahuense se inserta, además, en un contexto nuevo: el narcotráfico sintético. Las grandes organizaciones mexicanas ya no son sólo redes de trasiego de drogas vegetales; son estructuras capaces de articular precursores químicos, laboratorios, rutas financieras, control territorial, armas, corrupción local, redes logísticas y mercados internacionales. La DEA sostuvo en su evaluación de 2025 que el tráfico de drogas sintéticas poderosas, incluido el fentanilo, representa una amenaza para la salud pública, el Estado de derecho y la seguridad nacional de Estados Unidos; la UNODC advirtió ese mismo año que la inestabilidad global fortalece a los grupos delictivos y empuja el consumo de drogas a niveles históricamente altos. No se trata de aceptar sin crítica la narrativa estadounidense, sino de reconocer que la economía criminal se sofisticó y que el Estado mexicano no puede responderle con propaganda.
El centro jurídico-político: narcotráfico, agentes extranjeros y responsabilidad federal
La tesis central debe formularse sin ambigüedad, pero con precisión: el escándalo construido alrededor de la gobernadora de Chihuahua funcionó en los hechos como una reasignación conveniente del foco público frente a problemas más graves. Esto no exonera al gobierno estatal de eventuales responsabilidades administrativas, políticas o legales. Significa que, desde el marco constitucional y la Ley de Seguridad Nacional, la conducción primaria de la seguridad nacional, la política exterior, la acreditación de agentes extranjeros, la cadena militar, la inteligencia y el control superior de estos asuntos recae en la Federación, sin que ello excluya responsabilidades estatales por actos u omisiones propios. La gobernadora puede ser requerida para informar lo que supo o hizo; el fiscal estatal puede ser llamado a explicar comunicaciones, solicitudes, omisiones o contradicciones; los mandos locales pueden incurrir en faltas. Pero el Estado mexicano no puede fingir que la soberanía se defiende desde el gobierno estatal cuando se compromete desde el centro.
El narcotráfico de alto impacto no es una suma de delitos locales. Es un fenómeno de delincuencia organizada con dimensión federal, transnacional, financiera, química, territorial, militar y diplomática. Los gobiernos estatales enfrentan sus efectos inmediatos —homicidios, extorsión, control territorial, policías penetradas, desplazamientos—, pero no poseen por sí mismos las herramientas para controlar fronteras, acreditar agentes extranjeros, perseguir redes internacionales de precursores, coordinar inteligencia estratégica, negociar con Washington, supervisar embajadas, conducir la política exterior o disponer de Fuerzas Armadas. Culpar al nivel estatal de la totalidad del problema es funcional para el oficialismo, pero intelectualmente deshonesto.
Después de casi siete años y medio de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, el país no puede reducir el debate a un accidente y a una acusación de “traición” local. El problema real es que el narcotráfico se ha adaptado, diversificado y sofisticado. La producción de metanfetamina y fentanilo exige laboratorios, precursores químicos, rutas marítimas, cadenas de corrupción, redes financieras y protección territorial. Si un laboratorio de gran extensión puede operar en la sierra de Chihuahua, la pregunta no es sólo quién iba en el vehículo accidentado, sino cómo se consolidó esa infraestructura criminal, durante cuánto tiempo funcionó, qué autoridades la ignoraron, qué redes la abastecieron y qué inteligencia falló antes de que fuera necesario llegar a destruirla. Los hallazgos reportados oficialmente —superficie, hornos, tambos, cilindros, contenedores y acetona— permiten sostener, como inferencia editorial razonada, que el caso apunta a una estructura clandestina de producción de escala considerable.
La presencia de personal extranjero agrava la cuestión porque convierte un caso de seguridad pública en un asunto de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional no permite que agentes extranjeros ejerzan facultades reservadas a autoridades mexicanas ni que operen fuera de los límites de su acreditación; su papel, cuando es autorizado, debe circunscribirse a actividades de enlace e intercambio de información. Si ese marco se cumplió, el gobierno federal debe exhibir la ruta documental: acreditación, autorización, circunscripción territorial, objeto de la presencia, dependencia responsable, informes, cadena de mando y límites operativos. Chihuahua, por su parte, debe entregar la parte local del expediente: comunicaciones sostenidas, solicitudes formuladas, conocimiento de sus mandos, intervención de sus agentes y eventuales omisiones. Si el marco legal no se cumplió, la pregunta no puede agotarse en la conducta del gobierno estatal; debe dirigirse, ante todo, a las instancias federales que tenían la obligación de autorizar, supervisar, coordinar o detectar esa presencia. Ahí se separan con nitidez dos planos que el debate público quiso confundir: el deber local de informar y la responsabilidad federal de responder por la soberanía operativa del Estado.
La contradicción oficial resulta aquí especialmente delicada. Sheinbaum afirmó que no sabía de una operación conjunta y que no puede haber personal estadounidense operando en campo mexicano; al mismo tiempo, se reconoció que fuerzas federales mexicanas participaron en el operativo contra los laboratorios, y autoridades estatales sostuvieron después que los estadounidenses estaban vinculados a capacitación y no al aseguramiento directo. La pregunta se vuelve inevitable: si había elementos federales mexicanos en la operación, ¿qué supieron, qué reportaron y a quién? Si la Defensa no conocía la presencia extranjera, ¿cómo fue posible que una operación con participación militar y estatal se desarrollara en un entorno donde funcionarios estadounidenses terminaron integrados al traslado posterior? Si algún nivel federal sí lo sabía, ¿por qué la Presidencia dijo no saberlo? La discusión no puede quedarse en si la gobernadora contestó o no una llamada; debe ascender hacia el Ejército mexicano dentro de su cadena federal de mando, hacia la SSPC, la SRE, el Centro Nacional de Inteligencia, el Gabinete de Seguridad y la Presidencia de la República.
El siguiente cuadro resume el núcleo de responsabilidad, no como sustituto del ensayo, sino como mapa lógico del problema:
| Escenario | Implicación jurídica y política |
| Los estadounidenses sólo capacitaban y estaban acreditados | El gobierno federal debe mostrar autorización, circunscripción territorial, límites, informes y supervisión. |
| Los estadounidenses participaban en inteligencia operativa, como sugieren reportes periodísticos no confirmados oficialmente | El caso involucra seguridad nacional y exige control federal estricto. |
| Algún nivel federal conocía su presencia | Hay opacidad, mala conducción política y posible doble discurso soberanista. |
| La cadena federal no fue informada | Hay falla grave de inteligencia, contrainteligencia y coordinación institucional. |
| El gobierno estatal actuó por cuenta propia | Debe investigarse a Chihuahua, pero también la capacidad federal para controlar presencia extranjera en materia sensible. |
| Participó Sedena o alguna fuerza federal | La explicación debe elevarse a la cadena federal de mando, no descargarse primariamente sobre la autoridad estatal. |
Ese es el punto que el linchamiento político intenta borrar: aun cuando Chihuahua hubiera actuado irregularmente, la falla no termina en Chihuahua. Empieza ahí, pero asciende. La soberanía no es una consigna de conferencia matutina; es una capacidad administrativa, diplomática, militar, policial, jurídica y de inteligencia. Si no se sabe quién entra, qué hace, con quién se coordina, qué información recibe y bajo qué límites opera, la soberanía no se ejerce: se representa.
La distracción: del problema de Estado al teatro de la culpabilización
La operación discursiva posterior al accidente siguió una mecánica conocida. Primero, se singularizó el problema en un actor políticamente rentable: la gobernadora panista de Chihuahua. Después, se moralizó el conflicto bajo la categoría de soberanía violada por una autoridad local. Luego, se llevó el asunto al terreno de la comparecencia, la amonestación y el escarnio legislativo. Finalmente, el debate técnico —inteligencia, cadena de mando, acreditación de agentes, cooperación bilateral, responsabilidad federal— quedó desplazado por una narrativa de culpables periféricos.
Esa estrategia no es exclusiva de un gobierno ni de un partido. Es una técnica de poder: convertir un problema sistémico en una imputación personalizada; transformar una falla institucional en una escena de indignación; reemplazar la auditoría del Estado por el castigo simbólico de un adversario. En Chihuahua, esa técnica funcionó políticamente porque permitió al oficialismo colocarse como defensor de la soberanía mientras evitaba responder por las zonas grises de la cooperación real con Estados Unidos.
La paradoja es evidente. El mismo gobierno que reivindica una soberanía celosa frente a Washington opera en un país donde la cooperación de inteligencia con Estados Unidos nunca ha desaparecido. Reuters documentó en 2025, a partir de fuentes estadounidenses y mexicanas, una cooperación de larga data de la CIA con unidades mexicanas entrenadas, equipadas, financiadas o examinadas por la agencia; su reconstrucción subrayó que esas unidades operaban dentro de estructuras mexicanas y que el gobierno mexicano aprobaba las operaciones de captura. El punto no es afirmar operaciones unilaterales abiertas de la CIA en México; es advertir que la cooperación secreta o semisecreta ha existido y que, por esa misma razón, exige controles, reglas, reciprocidad y rendición de cuentas. Lo que no puede sostenerse es una soberanía retórica para el consumo interno y una cooperación ambigua para la gestión real de la crisis.
El intento del Senado de llamar a Campos y Jáuregui puede ser defendible como ejercicio de control político si busca esclarecer hechos. Pero cuando se convierte en teatro de acusación selectiva, pierde densidad institucional. Del otro lado, el rechazo del Congreso de Chihuahua a llamar a comparecer a la gobernadora tampoco constituye una absolución material; sólo revela que la mayoría local protegió políticamente a su Ejecutivo. Ambos gestos muestran lo mismo: el caso fue capturado por la disputa partidista antes de que pudiera convertirse en una investigación seria de Estado. Reuters reportó que una comisión del Senado pidió a Campos y Jáuregui proporcionar detalles sobre el accidente y comparecer ante comisiones legislativas; esa escena, por sí sola, no sustituye el deslinde federal.
La crítica al gobierno federal no exige defender a la gobernadora. Exige impedir que la rendición de cuentas sea sustituida por una narrativa conveniente. Si Chihuahua omitió avisos, ocultó información o permitió tratos indebidos con agentes extranjeros, debe investigarse. Si funcionarios estadounidenses excedieron su estatus, debe reclamarse diplomáticamente. Si autoridades federales fueron informadas y callaron, deben comparecer. Si no fueron informadas, deben explicar por qué los mecanismos de seguridad nacional fallaron. La investigación no puede descender sólo hacia el estado; debe subir hacia la Federación.
El caso recuerda una vieja intuición de Buendía: el poder mexicano es más opaco precisamente donde más solemne se vuelve. Habla de soberanía cuando no quiere hablar de dependencia; habla de legalidad cuando no quiere mostrar expedientes; habla de patriotismo cuando no quiere exhibir la cadena de decisiones. La CIA en México siempre ha sido, en ese sentido, menos un tema de “espías extranjeros” que un espejo de las debilidades internas del Estado mexicano.
Inteligencia, militarización y recursos estratégicos dilapidados
La pregunta más profunda es por qué México llega a este episodio con un aparato de inteligencia tan vulnerable a la ambigüedad. La transformación del Cisen en Centro Nacional de Inteligencia prometió superar la vieja tradición del espionaje político. Más recientemente, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública buscó regular la integración, funcionamiento y operación de un sistema de investigación e inteligencia para prevenir, investigar y perseguir delitos, con mecanismos de coordinación entre instituciones y autoridades. Sin embargo, la arquitectura legal no equivale a capacidad estratégica. Tener instituciones no significa tener inteligencia; tener bases de datos no significa entender amenazas; tener Fuerzas Armadas desplegadas no significa tener contrainteligencia.
La militarización agrava la paradoja. Durante los últimos años, México ha entregado a las Fuerzas Armadas responsabilidades crecientes en seguridad pública, infraestructura, aduanas, aeropuertos, trenes, empresas estatales, obras civiles y administración logística. Human Rights Watch sostuvo en su informe de 2026 que el gobierno mexicano continuó ampliando el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y civiles, y que el Congreso aprobó reformas para transferir la Guardia Nacional al control del Ejército. El problema no es reconocer la disciplina o capacidad operativa de soldados y marinos, sino cargarles funciones civiles mientras el país necesita capacidades altamente especializadas de inteligencia estratégica, análisis financiero, infiltración criminal, vigilancia tecnológica, control de precursores, cooperación internacional y contraespionaje.
Un Estado serio no confunde presencia territorial con inteligencia. Puede haber convoyes, retenes, patrullajes y decomisos, y al mismo tiempo carecer de comprensión estratégica de las redes criminales. Puede destruir un laboratorio y no desmontar la estructura que lo hizo posible. Puede detener operadores y no tocar circuitos financieros. Puede multiplicar discursos de soberanía y no controlar la actividad de agencias extranjeras. Puede militarizar la seguridad y seguir siendo ciego ante la arquitectura del crimen.
Chihuahua expuso esa contradicción. Si los dos funcionarios estadounidenses muertos eran efectivamente oficiales de la CIA, como reportó AP con fuentes reservadas y sin confirmación pública de Washington, México necesita saber qué hacían ahí. Si no lo eran, necesita saber por qué el caso produjo tal nivel de contradicción, opacidad y disputa sobre su papel. Pero más todavía necesita saber qué hace su propio sistema de inteligencia. La seguridad nacional no puede depender de filtraciones, versiones de prensa, rectificaciones estatales, silencios diplomáticos y conferencias presidenciales. Debe depender de expedientes verificables, controles legislativos, protocolos binacionales, responsabilidad administrativa y conducción profesional.
La dilapidación de recursos estratégicos se vuelve más grave cuando se compara con la sofisticación del adversario. Los grupos criminales no operan como pandillas rurales desarticuladas; integran tecnología, logística, finanzas, redes sociales, armas, corrupción, territorios y mercados internacionales. Frente a eso, la respuesta estatal no puede ser una mezcla de moral pública, improvisación operativa y desplazamiento de culpas. El Estado debe pensar como Estado: anticipar, penetrar, mapear, supervisar, auditar, coordinar y sancionar.
Soberanía real o soberanía teatral
El caso Chihuahua obliga a abandonar una comodidad histórica: creer que la soberanía se defiende con declaraciones. México ha convivido durante décadas con una soberanía dual. En el plano ceremonial, invoca no intervención, autodeterminación y respeto territorial. En el plano operativo, negocia cooperación, inteligencia, entrenamiento, tecnología, presión diplomática y prioridades de seguridad con Estados Unidos. Esa dualidad no es necesariamente una traición; puede ser una condición inevitable de la vecindad geopolítica. Lo que sí es inadmisible es administrarla con opacidad y usarla después como arma de propaganda interna.
La historia de la CIA en México enseña que las agencias extranjeras no penetran únicamente por fuerza propia. Penetran porque encuentran interlocutores, vacíos, intereses, complicidades, dependencias o negligencias. La red LITEMPO no fue sólo una operación de Winston Scott; fue también una historia de élites mexicanas dispuestas a compartir información, recibir beneficios, construir canales informales y usar la inteligencia para preservar poder. Buendía lo entendió: el problema no era únicamente la astucia del extranjero, sino la vulnerabilidad del sistema nacional.
La lectura contemporánea de Carlos Ramírez sirve aquí como marco interpretativo, no como prueba factual: México corre el riesgo de confundir soberanía con retórica y cooperación con subordinación inevitable. La exigencia que se desprende del caso es simple y severa: el Estado mexicano debe dejar de actuar como si la presencia estadounidense fuera escándalo sólo cuando se vuelve pública. Si existe cooperación, debe regularse; si hay operaciones encubiertas o semiencubiertas, deben investigarse; si hay agentes acreditados, deben conocerse sus límites; si hay agentes no acreditados, deben expulsarse o procesarse conforme a derecho; si hay autoridades mexicanas que los habilitan irregularmente, deben responder.
El cierre institucional del caso no puede ser una comparecencia de Campos ni una frase presidencial. Debe incluir, al menos, respuestas precisas: cuándo ingresaron los estadounidenses al país; bajo qué calidad migratoria y diplomática; si estaban acreditados como agentes extranjeros conforme a la Ley de Seguridad Nacional; qué dependencia federal autorizó o recibió notificación de su presencia; qué actividad realizaron en Chihuahua; si participaron en planeación, inteligencia, capacitación, vigilancia, análisis o campo; qué supo la Sedena; qué supo la SSPC; qué supo la SRE; qué supo el CNI; qué reportó la Embajada; qué informó Chihuahua; qué documentos existen; y qué sanciones proceden si hubo violaciones.
También debe revisarse la relación bilateral. México no puede combatir redes transnacionales sin inteligencia compartida, pero tampoco puede entregar zonas de operación a agencias extranjeras. Estados Unidos tiene intereses legítimos en frenar drogas sintéticas que matan a miles de sus ciudadanos; México tiene el deber irrenunciable de impedir que esa agenda se traduzca en intervención, unilateralismo o sustitución de autoridad. La cooperación sólo es soberana cuando es transparente para las instituciones responsables, controlada por normas mexicanas y sometida a rendición de cuentas.
La peor salida sería que el episodio terminara absorbido por la coyuntura: Morena acusando al PAN de traición; el PAN acusando a Morena de oportunismo; Washington guardando silencio oficial sobre la adscripción de sus muertos; Chihuahua protegiendo su versión; la Federación reclamando soberanía sin exhibir expedientes; y el crimen organizado reconstruyendo laboratorios en otro punto de la sierra. Esa sería la victoria perfecta de la distracción.
El Estado mexicano necesita menos teatralidad y más Estado. Necesita inteligencia profesional, contrainteligencia real, controles civiles, coordinación federal, archivos claros, protocolos binacionales, rendición de cuentas y una política de seguridad que no use al narcotráfico como campo de propaganda. Necesita Fuerzas Armadas concentradas en misiones estratégicas, no dispersas en encargos administrativos que erosionan su función principal. Necesita un gobierno federal que asuma que la soberanía no consiste en reprender gobernadores, sino en saber qué ocurre en el territorio, quién opera en él, qué intereses se mueven y qué autoridad manda.
Chihuahua no pregunta solamente qué hacían dos funcionarios estadounidenses en un traslado posterior a un operativo. Pregunta qué queda de la soberanía cuando el Estado no puede responder con claridad. Pregunta qué significa combatir al narcotráfico cuando los laboratorios aparecen como industrias clandestinas en territorios disputados. Pregunta qué valor tiene el nacionalismo si no produce inteligencia, control y responsabilidad. Pregunta, en última instancia, si México quiere seguir administrando sombras o construir, por fin, una política de seguridad nacional adulta.
La CIA en México no es un fantasma: es una historia. Y como toda historia larga de poder, no se resuelve negándola, caricaturizándola ni usándola contra adversarios locales. Se resuelve abriendo expedientes, deslindando responsabilidades, corrigiendo instituciones y dejando de confundir soberanía con escenografía. La tragedia de Chihuahua merece duelo; el país merece verdad. Y el Estado mexicano, si todavía quiere llamarse soberano, debe empezar por mirarse a sí mismo sin coartadas.
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