Todas las cifras monetarias están en pesos mexicanos (MXN) de 2025, salvo que se indique lo contrario. Las tasas de variación son las reportadas por las fuentes oficiales. Las cifras de incidencia delictiva citadas como “preliminares” corresponden al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y están sujetas a actualización.
La imagen más repetida del primer año de Claudia Sheinbaum es la de un país en calma macroeconómica: inflación bajo control, tipo de cambio sin sobresaltos, tasas que descienden con prudencia. Es la estampa de una vitrina bien iluminada. Pero detrás del vidrio la bodega acumula cajas que no caben en el inventario: cuentas de energía que no cierran sin apoyos extraordinarios, deuda cuyo servicio engorda, estados que reclaman participaciones y un gasto en seguridad y justicia que pierde aire justo cuando más le piden resultados. La estabilidad, así, luce más a escaparate que a arquitectura.
El presupuesto aprobado para 2025 delinea ese contraste con precisión quirúrgica. La Secretaría de Hacienda registró para este año un aumento del costo financiero de la deuda —el precio de haber gastado más en los años de obra y transferencias— que se come espacio del gasto que sí llega a territorio: escuelas, tribunales, patrullas, laboratorios forenses. A la vez, el Gobierno decidió sostener apoyos a Petróleos Mexicanos, la empresa más endeudada del país, y lo hizo con montos que por sí mismos definen la narrativa: recursos públicos para apuntalar una firma estatal en proceso de reordenarse, mientras se recortan partidas a funciones esenciales del Estado de derecho. No es un juicio moral; es la aritmética de un presupuesto que prioriza amortiguar pasivos y rescatar activos por encima de fortalecer la capacidad cotidiana de proteger, investigar y juzgar.
Ese reacomodo no es una inferencia; está documentado. En el Paquete Económico, el gasto no programable —donde se aloja, entre otros, el servicio de la deuda y las participaciones a estados— crece respecto de 2024, con un salto del costo financiero que la propia Hacienda ha reconocido en sus comunicados. En paralelo, el Ejecutivo planteó y el Congreso aprobó transferencias específicas para Pemex durante 2025, bajo la lógica de administrar vencimientos y mejorar el perfil financiero de la paraestatal. Si la intención es legítima —evitar un sobresalto sistémico—, el efecto es ineludible: menos holgura para lo demás. La compresión se siente con particular crudeza en seguridad y justicia: la función Seguridad Pública cae −19.09% real de $190,491 a $154,131.85 mmdp (PEF 2024→2025, Cámara de Diputados/DSIAE), y la Guardia Nacional queda con $33,799.75 mmdp aprobados. IMCO, en su análisis del PPEF, había estimado una caída de $68.8 a $32.2 mmdp (−55.2%); el monto aprobado en el PEF es el aquí citado (DSIAE).
El primer año del sexenio también estrenó una narrativa de seguridad que se apoya en un dato: la reducción de 25.3% del promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y julio de 2025 (cifra preliminar del SESNSP/SSPC), al pasar de 86.9 a 64.9 víctimas diarias. Es un indicador útil para marcar tendencia, pero es preliminar y depende de la ventana elegida. El propio Gobierno ha subrayado que se trata de una medición en curso. Como todo promedio, resume sin explicar: no dice qué fiscalías mejoraron su capacidad de investigación, qué fiscalías siguen rebasadas, ni cuánto del descenso obedece a desplazamientos geográficos del crimen organizado o a ciclos de violencia que descansan y reaparecen. Si se toma en serio, el dato exige una política pública a la altura: consolidar ministerios públicos, profesionalizar policías, limpiar catastros judiciales. Si se toma como bandera, el dato es una apuesta de comunicación que corre el riesgo de invertirse al primer repunte.
Mientras el promedio baja, la violencia contra las autoridades se mantiene como una herida abierta. Los conteos hemerográficos de Causa en Común registraron 412 policías asesinados en 2023 y 320 en 2024 —cifra anual cerrada—. En 2025, la misma organización contabiliza al menos 244 policías asesinados al último corte disponible. No hay discurso que resista esta estadística: son homicidios dirigidos, emboscadas en carreteras, ejecuciones en domicilios y ataques a custodios. La letalidad contra quienes portan un uniforme envía un mensaje doble: donde el Estado quiere estar, lo atacan; donde debería estar, no alcanza. La consecuencia no es abstracta: cuando un municipio pierde a su comisario o a un grupo de agentes en una noche, se rompen cadenas de mando, se interrumpen investigaciones y se alimenta el círculo de miedo que paraliza la vida pública.
El tablero económico tampoco concede tregua. La inversión fija bruta —el termómetro de la maquinaria, la obra física y el equipo productivo— cayó −1.4% mensual y −6.8% anual en junio de 2025 con cifras desestacionalizadas, según el Boletín de Indicador 511/25 del INEGI (4 de septiembre de 2025). Si el discurso del nearshoring prometía un salto de capacidad instalada, la estadística aún no lo valida en el ritmo ni en la composición esperada. Una economía que invierte menos hoy es un país que crece menos mañana; y un Estado que invierte menos en bienes públicos —incluida la justicia— es una república que posterga su madurez institucional.
Volvamos al presupuesto, que es donde se definen las prioridades sin adjetivos. El Presupuesto de Egresos 2025 formalizó una estructura que, al sumar el alza del costo financiero con apoyos a Pemex y reasignaciones hacia programas prioritarios, deja a las funciones de seguridad y justicia con menos combustible. Organizaciones como México Evalúa han documentado una caída de doble dígito en el gasto funcional de Estado de derecho frente a 2024, al tiempo que el Instituto Mexicano para la Competitividad subraya la reducción a la mitad del presupuesto de la Guardia Nacional en el documento aprobado. El argumento oficial —desmilitarizar la inversión y optimizar recursos— merece ser escuchado; la práctica demanda aterrizar la transición con calendarios, metas verificables y un piso mínimo de capacidades para fiscalías, poderes judiciales y policías estatales y municipales. El ajuste sin brújula no es reforma: es retracción.
Los apoyos a Pemex son otro nudo. Reuters reportó 136 mil millones de pesos en el PPEF 2025; en el PEF aprobado se mantuvieron transferencias a Pemex vía SENER por 136,349 mdp, conforme al CIEP. DOF/PEF 2025 es el ancla legal. La petrolera, por su parte, presentó un Plan Estratégico 2025–2035 que promete balances sanos y menor dependencia del erario. Ambas piezas —rescate y plan— pueden ser compatibles si hay gobierno corporativo efectivo, metas públicas y disciplina de ejecución. Pero el historial de la empresa obliga al escepticismo: cada peso transferido a Pemex sin transparencia estricta es un peso que no llega a patrullas mejor equipadas, laboratorios forenses acreditados o capacitación de ministerios públicos. Si el Estado decide mantener el salvavidas, debe exigir, con la misma firmeza, la tabla de salvación: proyectos rentables, reducción medible de pasivos y desempeño operativo verificable por auditores independientes.
Hay quien sostiene que el presupuesto es un acto de fe en el porvenir, y que el recorte a seguridad y justicia será compensado por eficiencias, coordinación y prevención. Ojalá. Pero el calendario institucional piensa en semanas y meses, y la criminalidad opera en horas. La evidencia muestra que el costo financiero de la deuda crece en 2025, que las transferencias ineludibles presionan la caja federal y que los apoyos a empresas públicas continúan. Ante ese marco, la única salida responsable es blindar lo irrenunciable: investigación criminal, justicia pronta, atención a víctimas. La paz no se improvisa; se presupuestan peritos, se mantienen cadenas de custodia, se pagan salarios dignos a policías y se invierte en tecnología que haga creíble la amenaza de sanción. Nada de eso es vistoso; todo eso salva vidas.
El gobierno, para ser justo, heredó inercias y compromisos. El gasto rígido no nació ayer y la dependencia de Pemex a transferencias tampoco. Pero la elección de prioridades sí es contemporánea: en un año en que podía enviarse la señal de que el Estado de derecho es la prioridad número uno, el recorte real a ese rubro y el golpe a la Guardia Nacional mandan el mensaje opuesto. El Ejecutivo replicará que hay una estrategia integral y que los homicidios bajan; opositores dirán que es maquillaje. Ambos atajos ignoran el punto: sin un presupuesto consistente con la promesa de seguridad y justicia, los indicadores pueden flotar por unos meses, pero la estructura se resentirá.
No se trata de negar avances. Si el promedio diario de homicidios preliminares cae, conviene reconocerlo y construir sobre esa base. La pregunta es si la reducción es sostenible sin inversión en capacidades locales. Las masacres a policías, concentradas en entidades específicas, exponen la fragilidad de los municipios y la persistente captura criminal de economías regionales. Cuando una policía estatal es blanco recurrente, lo que está en juego no es el conteo de casos, sino la gobernabilidad: carreteras sin vigilancia, cobros de piso que se normalizan, empresas que cancelan operaciones y familias que se desplazan. La seguridad —como la justicia— se desgasta por omisión presupuestal.
La otra gran promesa del año —que el país aprovecharía la relocalización de cadenas de suministro— también necesita algo más que discursos. La serie de inversión fija de INEGI no sólo cayó en junio; el componente de maquinaria y equipo lleva meses moroso, y la construcción no residencial no arranca con la fuerza que implicaría un boom manufacturero. No hay milagros: si el Estado recorta inversión y las empresas frenan compras de equipo, la productividad se estanca y el ingreso real de las familias lo resiente. El bono demográfico y la oportunidad geoeconómica no esperan a que sanen las finanzas de Pemex.
Lo que un año enseña es claro: el país puede sostener la vitrina de la estabilidad un tiempo más, pero la bodega reclama orden. A la presidenta no le faltan diagnósticos —casi todos están publicados—; le faltan elecciones consistentes: blindar justicia y seguridad en el presupuesto, exigir a Pemex resultados con calendario y auditoría, y amarrar la inversión privada con certidumbre jurídica, energía confiable y Estado de derecho. No es una agenda maximalista; es la mínima ética.
El veredicto no puede ser complaciente. El primer año aprueba en disciplina retórica y suspende en la cartografía de las prioridades. Se puede aplaudir que baje el promedio diario de homicidios preliminares; es imposible celebrar que, al mismo tiempo, se mate a un policía casi cada día y se recorte el músculo del Estado de derecho. Se puede justificar que el costo financiero apriete; es inaceptable que ese apretón ocurra sin una cirugía mayor al gasto corriente ineficiente ni una exigencia férrea a las empresas públicas beneficiadas. La estabilidad de escaparate protege la imagen; el presupuesto mal priorizado compromete el futuro.
Veredicto editorial: México necesita menos épica y más técnica. Si 2025 fue el año de sostener la vitrina, 2026 debe ser el año de ordenar la bodega: recursos crecientes para seguridad y justicia, transparencia y condicionalidad estricta para Pemex, e inversión efectiva en lo que multiplica el crecimiento. Sólo así la estabilidad dejará de ser un decorado y empezará a ser una estructura.
Notas finales (fuentes verificables)
- Cámara de Diputados — DSIAE (Subdirección de Análisis Económico). Presupuesto público federal para la función Seguridad Pública, 2024–2025. Febrero de 2025. https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ASS-02-25.pdf
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (Decreto, DOF). 24 de diciembre de 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2025.pdf
- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Paquete Económico 2025: recortes al gasto e implicaciones para la competitividad. 10 de diciembre de 2024. https://imco.org.mx/paquete-economico-2025-recortes-al-gasto-e-implicaciones-para-la-competitividad/
- México Evalúa. Golpe presupuestario al Estado de derecho en el PEF 2025. 20 de diciembre de 2024. https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/12/20/golpe-presupuestario-al-estado-de-derecho-en-el-pef-2025/
- SHCP. Comunicado Núm. 39 — Finanzas públicas y deuda pública a julio de 2025 (costo financiero +11.4% real anual). 29 de agosto de 2025. https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-39-finanzas-publicas-y-deuda-publica-a-julio-de-2025
- INEGI. Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) — Boletín de Indicador 511/25: junio de 2025 (−1.4% m/m; −6.8% a/a; desest.). 4 de septiembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ifb/imfbcf2025_09.pdf
- Presidencia/SSPC — Gobierno de México. Disminuye 25.3% el homicidio doloso de septiembre 2024 a julio 2025; representa 22 homicidios diarios menos (cifra preliminar). 12 de agosto de 2025. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/disminuye-25-3-el-homicidio-doloso-de-septiembre-2024-a-julio-2025-representa-22-homicidios-diarios-menos
- Causa en Común. Registro de Policías Asesinados — series 2023–2025 (412 en 2023; 320 en 2024; conteo 2025 en actualización). Consulta: 8 de septiembre de 2025. https://www.causaencomun.org/registro-de-policias-asesinados
- Reuters. Mexico to extend $6.7 billion to cover oil producer Pemex’s debt in 2025. 15 de noviembre de 2024. https://www.reuters.com/business/energy/mexico-extend-67-billion-cover-oil-producer-pemexs-debt-2025-2024-11-15/
- CIEP — Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Presupuesto para energía 2025. De las propuestas a la asignación. 14 de enero de 2025. https://ciep.mx/presupuesto-para-energia-2025-de-las-propuestas-a-la-asignacion/
- Petróleos Mexicanos (Pemex). Plan Estratégico 2025–2035. 5 de agosto de 2025. https://www.pemex.com/saladeprensa/discursos/Documents/PemexPlanEstrategico2025-2035.pdf